La Agencia Tributaria intentó frenar la exoneración por una derivación de responsabilidad vinculada a antiguas deudas empresariales
El Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid ha rechazado esa tesis: una derivación tributaria no basta por sí sola para acreditar mala fe
Un matrimonio madrileño que arrastraba una situación grave de insolvencia ha conseguido cancelar 77.472,50 euros de deuda sin perder sus tres viviendas en propiedad. Según explica elEconomista.es, el caso lo ha llevado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y ha terminado con una resolución del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid. El punto más relevante no es solo el perdón de la deuda, sino que el juzgado ha rechazado la oposición de la Agencia Tributaria.
Hacienda sostenía que la deudora había actuado de mala fe por una derivación de responsabilidad tributaria vinculada a antiguas deudas empresariales. El juzgado, sin embargo, recuerda que esa derivación no convierte automáticamente a una persona en deudora de mala fe ni bloquea por sí sola el mecanismo de segunda oportunidad.
La diferencia es importante. Una cosa es que exista una deuda derivada de la actividad de una empresa. Otra, que se demuestre una conducta fraudulenta concreta, deliberada y personal.
La deuda total era mucho mayor: 234.717,50 euros
La situación del matrimonio empezó tras el hundimiento de su negocio y la imposibilidad de afrontar las obligaciones financieras acumuladas. El texto original apunta a dos causas principales: la crisis de la empresa y los avales personales firmados durante años de actividad.
La deuda total ascendía a 234.717,50 euros. Pero una parte relevante correspondía a préstamos hipotecarios que el matrimonio seguía pagando con normalidad.
Ahí está una de las claves del caso: las hipotecas estaban al corriente de pago. Por ese motivo, quedaron fuera de la exoneración.
El matrimonio ha podido conservar tres viviendas. Dos de los inmuebles pertenecen a ambos al 50%. La tercera es la vivienda habitual y figura como propiedad íntegra de uno de ellos.
La deuda finalmente cancelada asciende a 77.472,50 euros, lo que permite a la familia mantener su patrimonio inmobiliario y estabilizar su situación económica.
La oposición de Hacienda: más de 26.000 euros en sanciones tributarias
El conflicto central llegó por una deuda superior a 26.000 euros derivada de sanciones tributarias relacionadas con la antigua empresa.
La Agencia Tributaria defendía que la mera existencia de esa derivación bastaba para considerar que la deudora había actuado de mala fe. Y, si había mala fe, debía quedar fuera del mecanismo de segunda oportunidad.
La defensa del matrimonio sostuvo lo contrario. Se apoyó en la doctrina reciente del Tribunal Supremo, según la cual no basta con que exista una derivación tributaria para impedir la exoneración. La Administración debe acreditar una conducta fraudulenta concreta, deliberada y personal del administrador.
Y eso, según la resolución, no ocurrió en este procedimiento.
Durante el proceso quedó acreditado que la insolvencia no procedía de un fraude ni de un vaciamiento patrimonial, sino del colapso económico provocado por impagos empresariales en cadena.
También se demostró que la deudora sufría desde hacía años una grave enfermedad psiquiátrica directamente relacionada con la presión económica y empresarial vivida durante la crisis de la compañía.
Además, el matrimonio siguió intentando recuperar créditos pendientes para pagar a los acreedores. No ocultó patrimonio ni realizó maniobras para eludir pagos. De hecho, conservó los inmuebles porque siguió pagando regularmente las cuotas hipotecarias incluso en los peores momentos.
Insolvencia no es lo mismo que mala fe
La resolución judicial es especialmente dura con la posición de Hacienda. El magistrado distingue entre una infracción cometida por una sociedad y la responsabilidad personal de quien la administraba.
La Agencia Tributaria describió conductas negligentes u omisivas, pero no actuaciones fraudulentas equivalentes al dolo.
José Domínguez, letrado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y director jurídico del procedimiento, resume así el alcance del fallo: “Esta resolución deja claro que Hacienda no puede utilizar automáticamente una derivación tributaria para bloquear una segunda oportunidad sin demostrar un comportamiento realmente fraudulento”.
Domínguez añade:
El Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid ha realizado un análisis especialmente valiente y riguroso de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, diferenciando claramente entre insolvencia y mala fe.
El juzgado concluye que impedir la exoneración en un caso así sería desproporcionado y contrario a la finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad. Su objetivo, recuerda la resolución, es permitir que personas honestas arruinadas por circunstancias económicas sobrevenidas puedan rehacer su vida.
Desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento destacan que el fallo “supone un mensaje muy importante frente a oposiciones automáticas de la Administración basadas únicamente en derivaciones tributarias”.
La entidad insiste en que “la buena fe no puede negarse sin pruebas reales de fraude” y señala que cada vez más juzgados están aplicando la doctrina del Tribunal Supremo para proteger a autónomos, empresarios y familias que actuaron de forma honesta pese al fracaso de sus negocios.
Imagen: Magnific.
Ver todos los comentarios en https://www.elblogsalmon.com
VER 0 Comentario