El comienzo del año ha dado lugar a una cifra simbólica que resume muy bien la política económica desplegada desde 2018: el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanza el centenar de incrementos impositivos y de cotizaciones sociales acumulados a lo largo de sus años en el poder.
Este umbral no es únicamente una referencia numérica. Representa un modelo de gestión caracterizado por una recaudación creciente, una intervención fiscal constante y un aumento sostenido del esfuerzo exigido a contribuyentes y empleadores.
Una barrera fiscal con efectos inmediatos
Las medidas que entraron en vigor el 1 de enero refuerzan, más si cabe, esta tendencia. Las cotizaciones sociales vuelven a incrementarse con la elevación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que alcanza ya el 0,9%, encareciendo de forma directa el coste laboral.
A ello se suma el endurecimiento de la llamada Cuota de Solidaridad, que grava los salarios más altos con tipos que superan el 1,4% en los tramos superiores, al tiempo que la base máxima de cotización rebasa los 5.100 euros mensuales.
El impacto no se limita al mercado de trabajo. La fiscalidad inmobiliaria también se ve afectada por la revisión al alza de los coeficientes aplicables a la plusvalía municipal, lo que penaliza especialmente las transmisiones de vivienda a corto plazo.
Todo ello se produce mientras el debate sobre nuevos tributos energéticos y medioambientales, como el que afecta al diésel, sigue latente y genera incertidumbre en amplios sectores de la clase media.
Recaudación récord sin saneamiento financiero
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Estado ha ingresado aproximadamente 513.000 millones de euros adicionales. Se trata de un volumen de recursos sin precedentes recientes, obtenido a través de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, en un periodo marcado por la recuperación pospandemia y por una inflación elevada.
Sin embargo, este aumento de ingresos no ha tenido como contrapartida una mejora equivalente de las cuentas públicas. La deuda del conjunto de las administraciones se ha incrementado en torno a 507.000 millones de euros en el mismo intervalo, lo que evidencia que el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos no ha servido para reducir el endeudamiento estructural.
El resultado es un balance casi simétrico entre lo recaudado de más y lo adeudado, una paradoja que alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto público.
Pérdida de poder adquisitivo generalizada
El efecto combinado de impuestos, cotizaciones e inflación ha erosionado la capacidad de compra de la mayoría de los hogares.
Datos oficiales y estimaciones económicas coinciden: cerca del 80% de la población reconoce haber perdido poder adquisitivo desde 2018.
Aunque los salarios nominales han aumentado, el ritmo ha sido insuficiente para compensar la subida de precios y la mayor carga fiscal, especialmente ante la negativa del Gobierno a ajustar los tramos del IRPF a la inflación.
El deterioro es transversal. Los empleados públicos figuran entre los más afectados, con pérdidas acumuladas que superan los 5.900 euros en rentas medias durante el periodo más reciente con datos consolidados.
En los salarios más bajos del sector público, la merma también resulta significativa. En el ámbito privado, trabajadores con sueldos en torno a los 26.000 euros anuales han visto reducirse su capacidad de compra en más de 2.000 euros, mientras que en las rentas medias-altas el impacto supera ampliamente los 5.000 euros.
Ni siquiera los pensionistas han quedado al margen. Pese a la revalorización vinculada al IPC, el cambio de fórmula aplicado en 2021 dejó sin actualizar un ejercicio clave, precisamente cuando la inflación alcanzó máximos. Como consecuencia, una pensión media ha perdido más de 1.200 euros en términos reales.
El reflejo social de la presión fiscal
La evolución de los precios de los alimentos ilustra con claridad este escenario. La cesta de la compra es hoy cerca de un 40% más cara que al inicio de la etapa socialista, lo que ha transformado un gasto básico en una fuente constante de preocupación para miles de familias. Llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío cotidiano, incluso para hogares que antes mantenían una situación holgada.
Este contexto económico tiene un correlato social preocupante. Más de un tercio de los menores en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, uno de los peores registros de la Unión Europea. En el conjunto de la población, el porcentaje supera el 25%, situando al país entre los Estados miembros con peores indicadores en este ámbito.
El Gobierno suele defender su gestión apoyándose en el crecimiento del PIB nominal, pero este avance no se traduce en bienestar real por habitante. Cuando se descuenta el efecto de la inflación y de la mayor carga tributaria, el crecimiento pierde buena parte de su significado práctico para los ciudadanos.
El inicio de 2026 confirma la continuidad de este enfoque. Lejos de una corrección, las nuevas medidas profundizan en una estrategia orientada a sostener un gasto público en expansión, mientras la deuda sigue creciendo de forma silenciosa.
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