El acceso a la vivienda es una de las preocupaciones sociales más importantes en España. Los anuncios del Gobierno sobre planes para aumentar la oferta pública y facilitar el alquiler asequible han sido ambiciosos sí, pero la ejecución real del presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es decepcionante.
Las cifras oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado muestran que 2024 como el de menor grado de ejecución presupuestaria de todo el gabinete, pese a contar ya con un presupuesto reducido.
Esta brecha entre las promesas políticas y la capacidad de ejecución real genera desconfianza y pone en evidencia las debilidades estructurales para materializar políticas de vivienda a gran escala en España. ¿También la voluntad política real al respecto?
Qué reflejan los datos de la ejecución presupuestaria
A cierre de 2024, el Ministerio de Vivienda había reconocido solo un 32,7% de las obligaciones presupuestarias sobre el crédito definitivo, según los datos contables.
Aunque desde fuentes oficiales siempre han defendido que el grado de compromiso sobre el presupuesto llega a más del 95%, lo cierto es que la ejecución efectiva —es decir, el dinero realmente transferido y pagado— se mantiene muy por debajo de las expectativas.
Este desfase se explica en parte porque muchas partidas están condicionadas a que otras administraciones y entidades presenten justificaciones de los proyectos para poder recibir los fondos. Pero eso no cambia el hecho de que los ciudadanos siguen sin ver resultados tangibles en el parque público de vivienda.
Para expertos en finanzas públicas, esta forma de medir los compromisos como si fuesen ejecución efectiva es poco ortodoxa, ya que lo relevante para valorar la acción política son los pagos reales y no las promesas o las previsiones de gasto. La diferencia entre el dinero comprometido y el efectivamente invertido revela que las iniciativas no se traducen a tiempo en resultados sobre el terreno.
Por qué se ejecuta tan poco
El Ministerio de Vivienda actúa más como financiador que como ejecutor directo. A diferencia de otras carteras como Transportes, que tiene capacidad para contratar y construir infraestructuras, Vivienda canaliza recursos hacia comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades financieras que, a su vez, desarrollan los proyectos. Esto ralentiza los plazos y diluye la responsabilidad final sobre los resultados.
La construcción de vivienda pública y los programas de rehabilitación, además, dependen de trámites urbanísticos complejos, concesión de licencias y acuerdos interadministrativos que suelen demorarse meses o incluso años. Esta lentitud choca con la urgencia que percibe la ciudadanía ante un mercado inmobiliario con precios crecientes y escasa oferta asequible.
La decepcionante línea de crédito del ICO
Uno de los ejemplos más claros de la baja ejecución presupuestaria del ministerio es la línea de préstamos para vivienda social a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 2.200 millones de euros en 2024. Esta línea fue activada en julio de ese año, pero a cierre de diciembre no había registrado ningún pago en los registros presupuestarios oficiales.
El ICO asegura que ya ha aprobado operaciones por valor de 726 millones de euros para financiar la construcción de más de 6.000 viviendas y que los fondos están en manos de promotoras y constructoras. Sin embargo, como estos préstamos no se formalizaron ni se contabilizaron antes del cierre del ejercicio, no figuran como ejecutados. Esta situación ilustra bien la desconexión entre la velocidad de las operaciones financieras y los ritmos contables de la administración pública.
Desde el Ministerio de Vivienda explican que la línea de crédito del ICO tiene un horizonte de ejecución hasta 2026 y que el arranque fue lento debido a las negociaciones con bancos y la necesidad de validar los requisitos europeos del Plan de Recuperación.
El propio ICO ha ampliado la línea hasta los 3.300 millones en 2025 y asegura que hay más de 1.600 millones en estudio para nuevas promociones. Sin embargo, estos fondos aún no están adjudicados ni computan en la ejecución presupuestaria.
Otras partidas también poco ejecutadas
El informe de la Intervención General refleja que las principales partidas del ministerio presentan igualmente un grado de realización bajo. La ordenación y fomento de la edificación cerró 2024 con un 45,7% ejecutado; la rehabilitación y recuperación de entornos residenciales con un 46,3%, y la construcción de vivienda de alquiler social con un 51,7%.
Solo la partida de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda alcanzó un 92,8%, destacando por encima de la media.
Comparado con otros departamentos del Gobierno, Vivienda sigue quedando muy por detrás: Trabajo y Economía Social ejecutó el 60,4% de su presupuesto; Política Territorial y Memoria Democrática, el 67,2%, e Industria y Turismo, el 68,6%.
La urgencia social frente a la lentitud administrativa
El contexto no puede ser más delicado. El alza de los alquileres, el encarecimiento de la vivienda en propiedad y la falta de opciones asequibles para jóvenes y familias están alimentando un problema social de primer orden.
El propio ministerio sigue a lo suyo: resalta el éxito del programa de avales para la compra de primera vivienda, que ha beneficiado ya a más de 5.500 hogares. Pero la crisis de acceso sigue creciendo a mayor ritmo que las soluciones.
Y es que, las explicaciones técnicas sobre la complejidad de los productos financieros y la dependencia de justificaciones administrativas no terminan de convencer a una opinión pública que espera resultados inmediatos.
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