Nuevo varapalo para los bolsillos de los contribuyentes y, de nuevo, Hacienda como brazo ejecutor.
El Ministerio, que desde hace apenas dos semanas está presidido por Arcadi España, se niega a ajustar la tarifa estatal del IRPF a la evolución de la inflación y los salarios. Una decisión que notarán y mucho, los ciudadanos este 2026
Y es que, aunque los salarios han crecido en los últimos años para hacer frente al aumento del coste de la vida tal y como refleja la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el INE, este incremento no se refleja ni se va a reflejar en una mayor capacidad real de gasto.
En la práctica, muchos contribuyentes están soportando una presión fiscal más elevada. De hecho, en la campaña del IRPF correspondiente a 2026, el sobrepago oscilará entre 250 y 2.160 euros dependiendo, claro está, del nivel de ingresos de cada persona.
¿Qué ocurre con las rentas de 25.000 y 30.000 euros?
El resultado varía según el territorio. Según cálculos realizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), para un contribuyente con una renta anual de 25.000 euros, el incremento de la carga fiscal se sitúa entre 250,73 euros en la Comunidad Valenciana y 263,37 euros en Extremadura.
Este diferencial cuantifica el sobreesfuerzo tributario derivado de la no actualización de los parámetros del impuesto —tramos, mínimos personales y deducciones— conforme a la evolución de la inflación. Es decir, la brecha existente frente a un escenario en el que el IRPF estuviera debidamente deflactado.
En otras comunidades como Madrid o Cataluña, la cifra se sitúa en 253,26 y 252,31 euros respectivamente.
Mientras que si los ingresos alcanzan los 30.000 euros, el impacto sigue creciendo. En Extremadura, los contribuyentes siguen a la cabeza teniendo que pagar 352,03 euros más.
En Cataluña la cifra rondaría los 347,29 euros, mientras en Andalucía, Aragón o Comunidad Valenciana, el sobreesfuerzo se situaría próximo a los 344 euros. También en regiones con menor presión relativa, como Madrid, la diferencia supera los 337 euros.
A partir de 45.000 euros de ingresos, el incremento fiscal supera los 500 euros
Y la cifra sigue subiendo. A partir de los 45.000 euros, el incremento fiscal ya supera sin parangón la barrera de los 500 euros. En Extremadura, este exceso aumenta hasta los 533,71 euros, en Asturias se sitúa en 528,02 euros y en Cataluña en 527,39 euros.
En la mayoría de territorios, incluyendo Andalucía, Aragón, Canarias o Castilla y León, la cifra ronda los 525 euros. Por su parte, en Madrid, el contribuyente paga 522,34 euros más de lo que correspondería si el impuesto estuviera adaptado a la inflación.
Las rentas altas se mueven entre los 700 y los 2.100 euros
El efecto se magnifica exponencialmente en los tramos superiores. Para ingresos de 70.000 euros anuales, el sobrepago se sitúa entre 750,97 euros de Baleares y los 769,93 euros de la Comunidad Valenciana. En la mayoría de regiones, la cifra ronda los 760 euros.
En el extremo más top de 400.000 euros, el impacto supera los 2.100 euros en todos los territorios. Sobresaliendo la Comunidad Valenciana con 2.163,36 euros, La Rioja con 2.155,46 euros y Asturias o Canarias con 2.152,30 euros. Tampoco se libra la capital de España con 2.134,92 euros adicionales.
La llamada “progresividad en frío” que explica el aumento fiscal
Esta subida se debe a un mecanismo conocido como “progresividad en frío”. Y sucede cuando los tramos del impuesto y los mínimos personales no cambian, a pesar de que aumentan los salarios y los precios.
O dicho de otra manera, los contribuyentes progresan en la escala tributaria pero con menor capacidad de compra real.
En este sentido, la situación es más llamativa si cabe si se tiene en cuenta que los salarios han crecido un 18,1% entre 2022 y 2026, según datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo.
A este impacto se suma que tampoco se han revisado ni el mínimo personal ni los 2.000 euros vinculados a otros gastos deducibles, pese a que el IPC con base en 2025 acumula un incremento del 15,8%.
España no cuenta con una ley o con un mecanismo automático que deflacte el IRPF cuando el IPC se dispara
Es importante tener en cuenta una cosa. Actualmente, España no dispone de un mecanismo automático que ajuste el IRPF a la inflación, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Francia, donde existen fórmulas legales para evitar que el aumento de precios eleve la carga fiscal real. De hecho, las ocasiones en las que sí se ha aplicado la deflactación del impuesto a nivel estatal han sido muy puntuales.
La primera se produjo en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, con el objetivo de neutralizar el efecto del IPC sobre los tramos del impuesto y evitar que las subidas salariales derivaran en un mayor esfuerzo fiscal.
Posteriormente, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó dos ajustes. El primero con el Real Decreto 2354/2004 del 23 de diciembre en 2005, mediante la actualización de los tramos conforme a una inflación cercana al 2%. Y el segundo en 2007 eon la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, en un contexto de revisión del sistema fiscal y de mejora del poder adquisitivo.
La última deflactación estatal tuvo lugar en 2015, ya con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, a través de una modificación de la escala de retenciones que incorporaba un ajuste aproximado del 2% en los tramos del IRPF.
Desde entonces, no se han vuelto a aplicar medidas similares a nivel estatal, aunque algunas comunidades autónomas han introducido ajustes parciales en sus tramos propios.
Estas tienen capacidad para actuar sobre el IRPF sí, pero de forma limitada, ya que solo controlan el tramo autonómico mientras el estatal depende del Gobierno central.
Esto les permite ajustar tipos, tramos o mínimos, pero no deflactar el impuesto en su totalidad. Entre 2022 y 2024, varias regiones como Madrid, Andalucía o Galicia aplicaron deflactaciones parciales para mitigar la inflación. Sin embargo, su impacto ha sido reducido porque la mayor carga fiscal sigue vinculada al tramo estatal, sin actualizar desde 2015.
Y sale ganando Hacienda elevando su recaudación
El efecto más inmediato de la progresividad en frío ha sido un incremento significativo de la recaudación fiscal por parte de Hacienda.
Al crecer los salarios en términos nominales sin que el impuesto se adapte, la Administración obtiene mayores ingresos sin introducir cambios explícitos en los tipos impositivos.
De hecho, una parte relevante de los máximos históricos de recaudación registrados en los últimos años, especialmente en 2025, se explica por este mecanismo.
A este contexto se añade un giro importante que tiene que ver con las diferentes autonomías: la deflactación del IRPF prácticamente ha desaparecido. En los momentos más duros de la inflación, muchas comunidades -en su mayoría gobernadas por el Partido Popular- ajustaron sus tramos para aliviar la carga fiscal.
Sin embargo, esa estrategia se ha abandonado. Con un IPC más moderado en 2025, los territorios dejaron de aplicar estas medidas y, en 2026, según los datos más recientes del REAF, la tendencia se ha consolidado sin apenas excepciones.
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