¿Quién forma parte del 10% más rico? Depende, y mucho, de dónde vivas. Según un análisis reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral para situarse entre el 10 % de mayores rentas varía hasta 20.000 euros entre comunidades autónomas.
Este dato oculta una realidad clave para entender uno de los grandes puntos ciegos del IRPF en España: un impuesto común aplicado con tramos estatales a realidades económicas profundamente distintas.
Desigualdad territorial
Mientras en Madrid o Cataluña se necesitan más de 60.000 euros brutos anuales para entrar en ese segmento (rentas altas), en regiones como Extremadura basta con superar los 41.000 euros.
La razón principal está vinculada con el IRPF, que es un tributo progresivo, pero cuya progresividad no se traduce de igual manera en todos los territorios. En pocas palabras, la estructura salarial y los precios de la vivienda y servicios hacen que 60.000 euros en Madrid no tengan el mismo poder adquisitivo que en Zamora o en Badajoz.
Sin embargo, el tratamiento fiscal sí es el mismo: una persona con ese sueldo tributará igual viva donde viva, salvo por los pequeños ajustes autonómicos. Por lo tanto, el resultado es que, en términos efectivos, el IRPF penaliza más a los contribuyentes de comunidades con salarios más altos.
Es paradójico, sin duda, debido a que la mayoría de estas comunidades (en especial, capitales de provincia como Barcelona, Madrid o Valencia, entre otras) son también las que más aportan al sistema en términos absolutos.
Vivir en capitales, caro en impuestos
La comparación se vuelve más llamativa si atendemos a otro dato del informe: el 25 % más rico de Extremadura empieza en apenas 27.600 euros, frente a los 42.400 euros de Cataluña.
Esto significa que un madrileño con 40.000 euros anuales no es considerado "rico" en su comunidad, pero sí lo sería en la mayoría del país… sin que eso tenga ningún reflejo fiscal compensatorio.
Según el análisis de la Agencia Tributaria, las comunidades con mayores ingresos medios declarados en 2022 fueron Madrid (31.393 euros), Cataluña (29.693 euros) y Baleares (28.956 euros), mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (22.647 euros), Castilla-La Mancha (23.256 euros) y Andalucía (23.420 euros).
La diferencia supera los 8.700 euros brutos anuales entre la primera y la última. Estas brechas no solo reflejan distintos niveles de renta, sino también distintas realidades de gasto: desde el precio del alquiler al coste de servicios básicos.
Una realidad que genera tensión frente al principio de justicia redistributiva, que nos dice que los impuestos deberían ajustarse no solo a la renta, sino también al contexto económico y social en que esa renta se produce.
Teletrabajo, oportunidad
En este contexto, el auge del teletrabajo no es solo una cuestión de conciliación o productividad: puede ser también una herramienta redistributiva para algunos.
Las diferencias territoriales en umbrales de renta alta evidencian que vivir en Madrid y trabajar para una empresa en remoto puede implicar pagar más impuestos sin tener un mayor nivel de vida. Y al revés: mudarse a una comunidad más barata puede suponer conservar ingresos altos con un tratamiento fiscal más favorable.
Esto refuerza los argumentos a favor de proteger el teletrabajo, evitar trabas burocráticas o normativas y fomentar políticas de atracción de talento hacia zonas con menor densidad económica.
Sin embargo, hoy por hoy, los empleos de alta presencialidad (incluso en modelos híbridos) y la dificultad de encontrar trabajos 100 % remotos en España —donde el teletrabajo ha crecido, pero sigue muy debajo de la media europea— dificultan esta posibilidad.
Un IRPF ajustado al territorio
Como pregunta final, nos surge una duda difícil de resolver. ¿Tiene sentido mantener un IRPF con tramos únicos a nivel nacional? ¿Es una medida equitativa cuando las realidades económicas son tan dispares?
Algunas voces abogan por una revisión del sistema que tenga en cuenta el coste de vida, o al menos por corregir el sesgo de los tramos autonómicos, que actualmente apenas compensan la desigualdad territorial. Por ahora, Madrid, Cataluña y Baleares seguirán siendo las comunidades que más aportan y más tributan… aunque no necesariamente donde se vive mejor.