¿Jugamos todos los territorios de España con las mismas reglas? La propuesta, planteada inicialmente como una solución singular para Cataluña, se presenta con la intención de respetar la igualdad territorial y reforzar el autogobierno.
Sin embargo, la experiencia demuestra que, lejos de resolver las desigualdades, esta fórmula tiende a convertir la financiación de las comunidades en una herramienta política más, en la que los votos en el Congreso terminan decidiendo quién recibe más fondos.
El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para explorar un modelo propio de financiación ha levantado críticas tanto por su opacidad como por sus posibles consecuencias para el conjunto del Estado.
Y es que, las advertencias son claras: un sistema de financiación autonómica basado en cupos, si no se diseña con plena transparencia y justicia, puede acabar distorsionando la solidaridad interterritorial y debilitando las finanzas públicas, creando desigualdades profundas entre comunidades.
El precedente del cupo vasco y la deriva política
En España ya existe un precedente: el llamado cupo vasco. Este modelo concede a Euskadi y Navarra el derecho a recaudar la práctica totalidad de sus impuestos y pagar al Estado una cantidad pactada para cubrir los servicios generales.
En teoría, esta cifra se calcula con criterios objetivos y equitativos. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en una moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias para sacar adelante leyes clave, con rebajas o ajustes del cupo a cambio del apoyo de los partidos vascos.
La preocupación es que el nuevo sistema de financiación autonómica basado en cupos que se plantea para Cataluña siga un camino similar. Los primeros años podrían resultar razonablemente equilibrados, con una aportación justa al fondo de solidaridad para las regiones menos favorecidas.
Pero una vez que entran en juego los intereses políticos, las sucesivas revisiones del cupo podrían terminar dependiendo de la capacidad de presión de los partidos catalanes en el Congreso.
Una desigualdad que erosiona la cohesión
El riesgo principal de un sistema de financiación autonómica basado en cupos no es solo económico, sino también social y territorial.
Si una comunidad obtiene una financiación muy superior por habitante gracias a su capacidad de negociación, las demás regiones acabarán con menos recursos para financiar servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.
Esto no solo agrava las desigualdades entre territorios, sino que alimenta la percepción de trato injusto, lo cual erosiona la cohesión nacional.
Expertos en economía y derecho financiero coinciden durante estos días en diferentes medios de comunicación en que un sistema así, sin un marco legal claro y sin respetar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, abre la puerta a un país a dos velocidades.
Por un lado, las comunidades con mayor peso político o económico podrían acceder a un nivel de autogobierno financiero inalcanzable para otras.
Por otro, las regiones con menos influencia sufrirían una merma de ingresos que las obligaría a recortar servicios o endeudarse más, con el consiguiente aumento del coste de la deuda pública. Amén del aumento de la pobreza.
La ambigüedad de los acuerdos y la falta de garantías
Uno de los problemas más señalados de la propuesta actual es su falta de concreción. Tanto economistas como asociaciones profesionales denuncian la “ambigüedad calculada” del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones y ajustes arbitrarios en función de las circunstancias políticas.
Esta falta de transparencia no solo genera incertidumbre entre las demás comunidades, sino que debilita la confianza en la gestión financiera del Estado.
El secretario de los inspectores de Hacienda ha calificado el inicio de este modelo como un día “trágico” para los contribuyentes, pues supone un retroceso en el principio de igualdad ante los impuestos.
También advierte de que la eventual implantación de un sistema de financiación autonómica basado en cupos para Cataluña carece hoy por hoy de respaldo normativo y podría ser inconstitucional, al no respetar los principios de solidaridad recogidos en la Carta Magna.
Un sistema que debilita al Estado
Las consecuencias macroeconómicas de este modelo tampoco son menores. La salida de Cataluña del sistema común para gestionar sus propios impuestos dejaría un hueco importante en las arcas del Estado.
Cubrirlo implicaría un aumento del endeudamiento público a corto plazo y limitaría la capacidad de respuesta del Gobierno central ante crisis como la pandemia o desastres naturales.
Además, si otras comunidades siguieran el ejemplo catalán y exigieran su propio cupo, el sistema común de financiación autonómica quedaría seriamente amenazado.
Esta dinámica transformaría la financiación autonómica en un asunto puramente político, donde el dinero que recibe cada comunidad estaría directamente relacionado con los votos que puedan aportar sus partidos en el Congreso.
Un mecanismo que socava la igualdad de oportunidades y convierte la política fiscal en un instrumento al servicio de mayorías parlamentarias circunstanciales en lugar de un sistema justo y sostenible para todos.
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