Cada vez que sufrimos retrasos en los trenes, cortes eléctricos inesperados o largas esperas para conseguir una cita médica, solemos culpar a la gestión inmediata del servicio, pero ¿estamos en lo cierto?
Pocas veces miramos más allá del síntoma y analizamos la raíz del problema. Y esa raíz, en muchos casos, está en las decisiones presupuestarias tomadas años atrás, especialmente en la progresiva caída de la inversión pública.
En las últimas décadas, España ha vivido un cambio profundo en la composición de su gasto público. El incremento sostenido del gasto en pensiones ha ido ocupando un porcentaje cada vez mayor del presupuesto del Estado, desplazando así otras partidas clave, como la inversión en infraestructuras, tecnología o servicios públicos esenciales.
La consecuencia es clara: pedir una cita médica se ha vuelto una odisea, los trenes fallan más de lo que deberían y el mantenimiento de redes eléctricas se retrasa.
La calidad de los servicios públicos se decide en los presupuestos
Los servicios públicos no se degradan de un día para otro. Su deterioro responde a una lógica presupuestaria: cuando se recorta sistemáticamente la inversión, el sistema empieza a mostrar grietas. Un transporte eficiente, un sistema sanitario que funcione o una red eléctrica robusta no surgen espontáneamente. Son el fruto de años de financiación sostenida y planificación a largo plazo.
Desde hace más de una década, España ha entrado en lo que muchos expertos llaman una etapa de infrainversión pública. Según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y BBVA Research, la inversión pública ha pasado de representar el 3,5% del PIB en los años noventa a apenas el 1,8% en 2023. Este descenso no ha sido casual ni inevitable, sino resultado de decisiones políticas que han priorizado otros gastos, como el creciente coste de las pensiones.
El problema no es nuevo, pero sus efectos son cada vez más visibles
Uno de los episodios más recientes que ilustra esta tendencia fue la paralización del servicio AVE Madrid-Sevilla en la madrugada del 5 de mayo de 2025. Aunque no es posible establecer una relación directa sin un análisis técnico profundo, sí resulta revelador que este tipo de fallos coincidan con años de escasa inversión en mantenimiento y renovación de infraestructuras críticas. Pedir cita en un centro de salud también se ha vuelto más difícil, con agendas colapsadas y listas de espera crecientes.
Los recortes derivados de la crisis financiera de 2008 se cebaron con la inversión pública. La lógica era clara: recortar lo que parecía menos urgente. Pero ese enfoque cortoplacista no tuvo en cuenta que cada euro que no se invierte hoy en mantenimiento preventivo se convierte en cinco euros mañana en reparaciones de emergencia.
El efecto desplazamiento de las pensiones
El gasto en pensiones en España supera ya el 13% del PIB y sigue creciendo debido al envejecimiento de la población. Aunque este gasto es necesario y justo, su incremento sin una reforma profunda del sistema está absorbiendo una parte desproporcionada del presupuesto. Esta presión financiera hace que cada vez quede menos margen para dedicar recursos a otras áreas como infraestructuras, educación o sanidad.
Cuando el déficit público amenaza con descontrolarse, la inversión suele ser el primer sacrificio. Esto se debe a que, al no tener un impacto electoral inmediato, cortar en infraestructuras es políticamente menos arriesgado que recortar en salarios o servicios sociales. Pero el precio se paga más adelante, y de forma acumulativa.
Luces y sombras de la inversión actual
Es cierto que en los últimos años ha habido intentos de revertir esta tendencia. En 2024, el Ministerio de Transportes alcanzó su mayor nivel de inversión en 13 años, con 10.000 millones de euros destinados a infraestructuras, destacando especialmente los 5.629 millones de euros en ferrocarril, según datos de ejecución de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
España también lidera a nivel europeo en inversión en infraestructuras digitales, con un 91% de cobertura de fibra óptica frente al 56% de la media europea. Pero estos avances no deben hacer perder de vista que sectores como el tratamiento de residuos, el ciclo integral del agua o la lucha contra el cambio climático siguen siendo otros grandes olvidados (aunque estos son solo algunos ejemplos)
¿Y qué ocurrirá cuando llegue la próxima crisis?
Si el gasto en pensiones sigue creciendo y no se acomete una reforma que lo haga sostenible, el riesgo es claro: cuando llegue la próxima recesión, se volverán a recortar las partidas menos visibles pero estratégicamente vitales.
La inversión en servicios públicos quedará otra vez relegada, y sus efectos seguirán deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos.
El diseño institucional español no favorece la estabilidad en la inversión. Muchos expertos apuntan: se necesita un pacto de Estado que garantice financiación estable y evaluaciones rigurosas basadas en rentabilidad social. Sin ese compromiso político, seguirán primando los intereses cortoplacistas frente a la visión a largo plazo.
Un país que invierte mal, vive peor
España no está ahorrando cuando recorta en inversión pública: está hipotecando su futuro. Trenes que no funcionan, hospitales desbordados y sistemas eléctricos obsoletos no son anomalías, sino síntomas de una política que ha antepuesto lo urgente a lo importante durante demasiado tiempo. Solo con planificación, inversión sostenida y responsabilidad intergeneracional será posible revertir esta tendencia.
La calidad de vida no se defiende con discursos, sino con presupuestos. Cada fallo en nuestros servicios públicos nos recuerda que sin inversión no hay progreso, y que las decisiones de ayer están moldeando el bienestar de hoy.