España ha sido y es un país de contrastes: el paro va bien, o sea está en mínimos históricos. Pero el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, va más que mal. Horrible. De hecho, está a un paso del colapso.
Se trata de una situación especialmente alarmante porque no se produce en un escenario de crisis o de incremento masivo del desempleo, sino en un momento donde el mercado laboral muestra cifras más positivas. Y donde, a priori, las oficinas del SEPE no están desbordándose gente.
Sin embargo, la crisis interna del SEPE pone en evidencia algo más profundo: realmente no funciona en el engranaje de la administración pública.
El colapso del sistema, lejos de ser una anomalía puntual, parece responder a una tendencia estructural de deterioro en los servicios públicos que, si no se ataja, podría tener consecuencias graves para millones de ciudadanos que dependen de este organismo para acceder a una prestación básica.
Una cita previa que no llega nunca
La escena ya no es la de largas colas a las puertas de las oficinas del SEPE, como ocurría años atrás. Ahora, el obstáculo principal es lograr una cita previa. Conseguir una es tan complicado que muchos usuarios acaban recurriendo a gestorías o incluso grupos de mensajería que venden citas por dinero.
Esta situación ha sido denunciada por los propios sindicatos, que alertan de la existencia de mafias organizadas que acaparan los turnos para luego revenderlos.
La situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que tramitar la solicitud de una prestación por desempleo tiene plazos legales muy ajustados. Muchos ciudadanos se ven obligados a dedicar días enteros solo a intentar conseguir atención, en ocasiones sin éxito.
En teoría, la posibilidad de hacer el trámite online está disponible, pero la realidad es que muchos trabajadores no se sienten seguros gestionando algo tan importante sin ayuda presencial.
Razones: plantillas reducidas y sobrecarga laboral
El SEPE arrastra una pérdida de plantilla que supera los 3.000 trabajadores en la última década. A pesar de que administrativamente debería contar con más de 12.000 efectivos, apenas tiene activos unos 7.400, de los cuales alrededor de 4.500 atienden al público en oficinas.
Esta falta de personal es una de las causas clave del colapso. La consecuencia directa es que hay oficinas sin ningún trabajador, otras con solo uno o dos, y muchas más sin capacidad para cubrir la demanda.
A esto se suma una sobrecarga continua de tareas, agravada por las últimas reformas que han ampliado el número de subsidios y las gestiones necesarias. Los trabajadores denuncian que no solo no se refuerzan las plantillas, sino que muchos de ellos están asumiendo funciones para las que no tienen categoría profesional ni retribución adecuada.
Una tecnología que complica más que ayuda
Uno de los ejemplos más claros de este deterioro es la implantación del sistema informático ALMA. Pensado para modernizar el SEPE, ha resultado ser un quebradero de cabeza para los funcionarios.
Tareas que antes se hacían en cinco minutos ahora pueden requerir media hora, cuando el sistema no se cuelga directamente, algo que ocurre varias veces al día según denuncian los propios trabajadores.
El sistema, adjudicado por contrato a una gran consultora, ha sido señalado por su mal rendimientoy su falta de adaptación a las necesidades reales de los usuarios. En lugar de facilitar el trabajo, ha generado más retrasos, fallos y frustración tanto entre empleados como entre quienes acuden en busca de ayuda.
Ciudadanos desatendidos y dinero público en riesgo
El colapso del SEPE no solo afecta a quienes intentan solicitar una prestación. También pone en peligro el seguimiento de cobros indebidos, la revisión de ERTE o el control de las ayudas entregadas.
Si la administración no detecta a tiempo errores o fraudes por falta de personal o de medios técnicos, el resultado puede ser una pérdida de millones de euros para las arcas públicas.
A esto se suma que, en muchos casos, el ciudadano puede perder el derecho a cobrar una prestación si no consigue cita dentro del plazo legal. Aunque hay funcionarios que hacen un esfuerzo extraordinario para evitar que esto ocurra, el sistema está al límite.
Una administración, ¿que se desmorona?
Lo más inquietante de todo es que esta situación se está produciendo cuando el desempleo está en niveles históricamente bajos. Si el sistema no es capaz de responder en un momento favorable, ¿qué ocurrirá si la situación económica empeora?
El SEPE se ha convertido en un ejemplo preocupante de cómo la administración pública está empezando a funcionar muy mal. Y lo que antes se resolvía con paciencia, ahora requiere tiempo, dinero y en muchos casos, contactos o favores.
Aunque desde el Ministerio de Trabajo se insiste que el SEPE va bien, los datos y testimonios muestran lo contrario. La ministra Yolanda Díaz apunta, de nuevo, al pasado y a los recortes como causa del problema, pero lo cierto es que ni las últimas ofertas de empleo ni las soluciones tecnológicas están resolviendo el colapso.
Se trata de un servicio esencial para garantizar la protección social en momentos de vulnerabilidad de los ciudadanos. Sin embargo, el SEPE también está viviendo su propia vulnerabilidad. ¿Alguien pone sus esfuerzos por ayudarlo?