Multan con 30.000 euros a la responsable de un local de Albacete por supuestamente permitir fumar porros: la Justicia anula la sanción

El olfato policial no basta para hundir un negocio. La Justicia acaba de anular una multa de 30.001 euros que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impuso a la responsable de un establecimiento de Albacete por, supuestamente, permitir el consumo de drogas en su interior. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha confirmado el pasado 6 de octubre una sentencia previa que tumba la sanción, originada tras una inspección realizada en julio de 2021.

En concreto, los agentes intervinieron cuatro cigarrillos que, por su aspecto y olor, identificaron como porros. La Administración lo consideró tolerancia del consumo, pero obvió un detalle que en los tribunales resulta letal: la cadena de custodia, la garantía legal de que la prueba no ha sido manipulada, presentaba importantes irregularidades. La sentencia de primera instancia, ratificada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, detectó periodos de tiempo sin explicación ni control sobre el paradero de las muestras. En su recurso, la Junta defendió que, al ser un procedimiento administrativo, no hacía falta el mismo rigor que en la jurisdicción penal y que la simple declaración de los policías era prueba suficiente.

En multas grande se exige el máximo rigor

Sin embargo, los magistrados han sentenciado que estas irregularidades impiden garantizar que los cigarrillos analizados por la Administración fueran exactamente los mismos que se confiscaron en el local. A este fallo en el protocolo se sumó la imposibilidad de que la responsable del local realizara un contraanálisis, lo que limitó sus posibilidades de defensa. El TSJ rechaza que estemos ante un simple defecto formal y advierte de que la percepción de los agentes no sustituye a la ciencia. “Que la infracción no consista en el consumo, tenencia o tráfico, sino en la tolerancia, en nada influye para que deba demostrarse cumplidamente que lo consumido era droga”, apunta la resolución. La Justicia no afirma que las sustancias fueran inocuas, sino que la Junta fracasó a la hora de acreditarlo con el rigor que exige tal castigo económico.

Y es que el tamaño del golpe no es una anécdota. De acuerdo con la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos de Castilla-La Mancha, permitir o tolerar actividades ilegales relacionadas con las drogas se tipifica como una infracción muy grave. Así, el marco sancionador no deja lugar a dudas: los castigos económicos van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros. La Junta aplicó la sanción en la franja más baja posible de la norma, pero para un negocio de hostelería de barrio, asumir una pérdida repentina de 30.000 euros supone a menudo el cierre fulminante.

El cerco sobre los dueños de los locales es cada vez más estrecho, por lo que cualquier resquicio procedimental puede convertirse en un salvavidas. El sector hostelero vive bajo la lupa de las inspecciones: aforos, ruidos, horarios... un control estricto que no perdona ni los tropiezos de contratación (como el reciente caso de un bar multado con 4.000 euros por tener a una camarera sin dar de alta) ni los problemas de orden público. En este escenario de vigilancia, la exigencia probatoria de los tribunales actúa como el único contrapeso real ante el rodillo administrativo.

Imagen | Generada con IA

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