
El Real Decreto 723/2026 obliga a las empresas a detallar las condiciones laborales, incluidos el salario, los horarios y los procedimientos de extinción del contrato
El contrato de trabajo ha cambiado. Desde el pasado 5 de octubre ha entrado en vigor el Real Decreto 723/2026, que incorpora disposiciones de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y obliga a las empresas a especificar mejor las condiciones de sus contratos. En concreto, deberán facilitar a sus trabajadores información sobre los siguientes aspectos, según informa El Español:
- El salario base y sus complementos.
- La duración y organización de la jornada de trabajo.
- Las condiciones de las vacaciones, es decir, cómo se determinan.
- La entidad encargada de gestionar determinadas prestaciones de la Seguridad Social.
El objetivo es que el empleado tenga claro cuáles son las condiciones de su contrato. Además, se establecen obligaciones de información para determinadas relaciones laborales, incluidas algunas especiales, y para los empleados públicos, con las particularidades previstas para cada colectivo.
Las grandes batallas se dan sobre todo en el periodo de prueba. Este es un periodo en el que pueden romperse las cartas. La norma obliga a informar sobre su duración y sus condiciones. También regula los supuestos en los que pueden establecerse periodos de prueba superiores a los límites ordinarios, que pueden alcanzar los seis meses en determinados casos. Estas ampliaciones deben ajustarse a los supuestos previstos legalmente y contar con la justificación correspondiente. Por ejemplo, una suspensión de la relación laboral puede ser relevante para valorar la idoneidad de la persona trabajadora, pero esto no implica que el periodo de prueba pueda alargarse automáticamente en todos los casos. Por otro lado, cuando el trabajador sea contratado mediante una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), también debe facilitarse información sobre la empresa usuaria y el motivo de la puesta a disposición.
Pero ¿qué pasa con aquellos contratos que ya tenemos firmados? Los trabajadores en activo pueden pedir a su empresa que les proporcione la información que no figure en la documentación que ya tienen. Una vez que la empresa recibe la petición, dispone de un plazo de 30 días hábiles para facilitarla. El objetivo de esta norma es que los trabajadores conozcan las condiciones de su contrato y evitar que queden en la incertidumbre.
Por otro lado, se ha puesto en el centro de atención el tema de las bajas por no superar el periodo de prueba. En el mercado laboral, este asunto es motivo de preocupación. Después de la reforma laboral se ha observado un aumento de las bajas de trabajadores indefinidos por no superar el periodo de prueba, que suman millones de ceses. No obstante, estas cifras no implican que todas las extinciones sean fraudulentas. La norma obliga a informar sobre la duración y las condiciones del periodo de prueba, pero esto no impide que el contrato pueda extinguirse legalmente durante ese periodo. Es decir, no significa que todas estas extinciones sean despidos ordinarios.
Además, este decreto puede tener efectos en la búsqueda de candidatos. Por ejemplo, al exigir más información sobre el salario y los horarios, se refuerza la transparencia de las condiciones laborales. Por ello, se ha hablado del posible fin de las ofertas con la expresión "salario según convenio", aunque esta fórmula no está prohibida en los anuncios de trabajo. También es cierto que, si la empresa tiene que explicar cómo se calculan los conceptos variables y cómo se organizan los turnos, proporcionar información clara durante el proceso de selección puede ayudar a evitar malentendidos. Teóricamente, la ley contribuye a iluminar una relación que siempre ha sido asimétrica. Aunque siempre quedará la duda en el momento de cobrar la nómina.
Imagen | Ministerio de Trabajo
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