Un trabajador vasco de 60 años logras una pensión de 3.260 euros brutos más un extra de 1.470 tras denegársela la Seguridad Social

Un trabajador vasco de 60 años logras una pensión de 3.260 euros brutos más un extra de 1.470 tras denegársela la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revoca la decisión inicial y le concede el grado de Gran Invalidez

Redacción El Blog Salmón

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Arrancar a trabajar con un 78% de discapacidad visual, pasar casi cuatro décadas hasta convertirse en directivo de la ONCE y acabar perdiendo prácticamente el poco resto de visión funcional que conservaba, además de sufrir una pérdida auditiva, hasta necesitar ayuda para comer o salir a la calle, exige una resistencia extraordinaria. Sin embargo, la Seguridad Social consideró que su empeoramiento no justificaba concederle la Gran Invalidez. Cuando dejó su puesto en febrero de 2024, no se le reconoció este grado. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha corregido esa decisión.

Además de la pensión máxima, percibirá un complemento para afrontar los gastos de asistencia. La Administración, cuyo criterio había avalado inicialmente un juzgado de Vitoria, argumentaba que su ceguera era preexistente y que su entorno laboral ya estaba adaptado a sus necesidades.

La autonomía personal, clave para reconocer la Gran Invalidez

La diferencia entre la incapacidad permanente absoluta y la Gran Invalidez también está en la autonomía personal. Los magistrados no se han limitado a examinar su diagnóstico, retinosis pigmentaria genética, sino que han valorado sus limitaciones funcionales mediante la escala de Barthel. El trabajador obtuvo 65 puntos sobre 100, una puntuación que refleja dependencia moderada. Necesita ayuda para actividades cotidianas como vestirse, alimentarse o desplazarse. Estas circunstancias han llevado al tribunal a apartarse del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Conseguir el grado más alto de incapacidad no significa cobrar el 100% del último sueldo. La base reguladora teórica de este profesional alcanzaba los 3.650,06 euros mensuales, pero el sistema establece un límite para las prestaciones más elevadas. Por eso, la sentencia le reconoce 3.267,60 euros brutos al mes, correspondientes a la pensión máxima de 2025. En 2026, esta cuantía ha subido hasta los 3.359,60 euros mensuales. El tope legal impide cobrar por encima de esa cantidad.

El complemento de la Gran Invalidez permite remunerar a quien atiende al beneficiario. El artículo 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social establece una fórmula que combina el 45% de la base mínima de cotización y el 30% de la última base del trabajador. No obstante, existe un mínimo garantizado: nunca puede ser inferior al 45% de la pensión principal. En este caso, ese porcentaje de los 3.267,60 euros equivale a 1.470,42 euros adicionales. Como el cálculo ordinario daba una cantidad inferior, se ha aplicado el mínimo legal.

El caso ilustra la tensión entre la norma y su aplicación en los tribunales. Tener una patología preexistente no impide obtener la Gran Invalidez, pero el empeoramiento de una enfermedad tampoco garantiza automáticamente esta prestación. Lo determinante es demostrar las limitaciones funcionales y, especialmente, la necesidad de ayuda para realizar actos esenciales de la vida cotidiana. Tras décadas de cotización, una enfermedad degenerativa no garantiza por sí sola la máxima cobertura. En este caso, las pruebas médicas y la pérdida de autonomía han sido decisivas. El resultado: 4.738,02 euros brutos mensuales, entre pensión y complemento.

Imagen | Narmin Aliyeva (vía Pexels)

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