Los productores piden al Gobierno retirar aceite de oliva del mercado para evitar que los precios sigan cayendo

El mercado del aceite de oliva lleva varios años de extrema tensión. Las últimas campañas estuvieron marcadas por la escasez y los elevados precios para los consumidores. Ahora que se recupera la cosecha, existe el peligro de que los productores sean los grandes perjudicados. Por ello, organizaciones como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias reclaman al Ministerio de Agricultura que active el mecanismo de retirada temporal de una parte de la oferta para estabilizar el mercado.

El motivo es el riesgo de que un exceso de oferta provoque una caída de los precios en origen por debajo de los costes de producción. El conflicto entre el campo y la industria envasadora también plantea dudas sobre la aplicación de esta medida, como recoge elEconomista.es. Además, se acerca el inicio de la campaña y el Gobierno debe decidir si activa esta herramienta regulatoria.

El umbral para activar la retirada de aceite

Para que el Ministerio pueda activar el mecanismo durante la campaña 2026-2027, la suma de las existencias iniciales y la producción estimada debe alcanzar al menos el 120% de la media de los dos niveles más altos de comercialización de las seis últimas campañas. En el ejercicio anterior no se activó esta medida. Sin embargo, las previsiones actuales apuntan a que esta campaña podría cumplir las condiciones necesarias. Según los datos recogidos por RTVE, Agricultura prevé una producción de 1,6 millones de toneladas, a las que se sumarían cerca de 357.000 toneladas de existencias de la campaña anterior. En total, la disponibilidad rondaría los 1,96 millones de toneladas.Este volumen apunta a que podría superarse el umbral de activación. No obstante, la decisión definitiva corresponde al Ministerio, que debe valorar las condiciones del mercado antes de poner en marcha el mecanismo.

En cualquier caso, es importante saber qué volumen de aceite quedaría temporalmente fuera de circulación. El proyecto de orden ministerial establece que la retirada no podrá superar el 20% de la producción estimada. Sin embargo, las estimaciones que maneja el sector sitúan el volumen en torno a las 190.000 toneladas, aproximadamente un 12% de la cosecha prevista. Desde el campo afirman que no pueden asumir las posibles pérdidas. Según los cálculos de COAG recogidos por RTVE, producir un kilo de aceite en el olivar tradicional cuesta 4,70 euros, un 57% más que en 2020. La organización agraria también señala que al agricultor se le paga a unos 3,30 euros por kilo. La diferencia supondría una pérdida de 1,40 euros por kilogramo.

¿Cuál es la consecuencia directa de este choque? La intervención del regulador para analizar el impacto de la medida. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado de los riesgos que plantea la propuesta. En su informe sobre la norma de comercialización del aceite de oliva, el organismo advierte de que retirar producto del mercado puede distorsionar su funcionamiento, limitar la oferta y reducir los incentivos para mejorar la calidad y la variedad de los aceites. También considera que la medida podría encarecer los precios para los consumidores.

En opinión de la CNMC, esta estrategia puede ayudar a mitigar las pérdidas de los productores en años de abundancia, pero también perjudicar a las familias si termina restringiendo la oferta y elevando los precios. Vuelve así a plantearse el difícil equilibrio entre la rentabilidad del campo y unos precios justos para los consumidores. Por otro lado, el dictamen advierte de la necesidad de evaluar los costes que asumirían los operadores obligados a retirar el producto y las consecuencias para el conjunto de la cadena de suministro. No obstante, no está demostrado que esos costes vayan a trasladarse íntegramente a los precios finales. La CNMC insta a Agricultura a justificar la necesidad de intervenir el mercado y a analizar sus efectos, especialmente sobre los hogares con menores rentas.

La recuperación de la cosecha, ante el dilema de los precios

Por otro lado, es importante tener en cuenta que estamos ante un momento sensible para los consumidores. En las últimas campañas, la sequía y las condiciones meteorológicas adversas han afectado a la producción y contribuido al encarecimiento del aceite de oliva virgen extra. Los hogares han tenido que asumir importantes incrementos de precios. Ahora que se recupera la cosecha, esperan cierto alivio en la cesta de la compra. Sin embargo, una intervención destinada a proteger la rentabilidad de los productores podría generar nuevas tensiones si limita la caída de los precios para el consumidor. El Ministerio de Agricultura tiene previsto tomar una decisión en la primera quincena de noviembre, según la información publicada por RTVE. Mientras las organizaciones agrarias reclaman medidas y la industria envasadora mantiene sus objeciones, el choque va más allá de la política agraria y afecta al delicado presupuesto de los hogares.

El mercado del aceite de oliva es especialmente sensible a los cambios en la producción y las existencias. En esta ocasión, el dilema es cómo proteger al productor de una posible crisis de abundancia sin perjudicar a los consumidores que esperan una bajada de precios.

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