El campo español lleva años buscando cultivos con más margen. Y la historia de Juan José Chacón ayuda a entender por qué el pistacho se ha convertido en una de las grandes apuestas agrícolas en Castilla-La Mancha.

Según recoge Vozpópuli a partir de una entrevista en La Sexta, este agricultor de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, pasó de moverse en cultivos tradicionales como la viña, el olivo y el cereal a construir una explotación de 160 hectáreas dedicada al pistacho.

De un crédito de 6.000 euros a 160 hectáreas de pistacho

La historia empezó en 2010. Chacón decidió pedir un préstamo de 6.000 euros para cambiar el rumbo de su explotación agrícola. Hasta entonces trabajaba con cultivos habituales en buena parte del campo manchego: viña, olivo y cereal.

El salto no fue inmediato, pero sí muy rápido en términos agrícolas. El propio agricultor asegura que, entre 2010 y 2016, logró triplicar el capital invertido. “Entre 2010 y 2016 triplicamos el capital”, explicó.

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De invertir 6.000 euros a ganar 650.000 euros al año : el boom del pistacho para agricultores como Juan José

La clave no estuvo solo en plantar pistacho. También estuvo en qué hizo después con el dinero que iba entrando.

Chacón optó por una estrategia muy clara: reinvertir los beneficios en nuevas plantaciones. En la práctica, eso significaba comprar más tierra, ampliar superficie y aumentar la producción. Ese proceso le ha llevado hasta las 160 hectáreas de pistacho que maneja actualmente.

El salto de ingresos: de 40.000 a 650.000 euros al año

La comparación es la que convierte el caso en llamativo. Según su propio testimonio, antes ingresaba unos 40.000 euros anuales con el cereal y el olivo. Con el pistacho, asegura haber llegado a 650.000 euros al año.

No es una diferencia menor. Es el tipo de cifra que explica por qué tantos agricultores empiezan a mirar más allá de los cultivos tradicionales cuando los precios bajos, la competencia exterior y la incertidumbre reducen los márgenes.

Chacón, además, sostiene que su explotación todavía tiene recorrido. Si mantiene esta evolución, calcula que podría alcanzar los 2 millones de euros en apenas dos años.

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Su defensa del cultivo es rotunda: “No hay producto en el campo que se iguale al pistacho. Ni en inversión, ni en producción, ni en rentabilidad”.

Y todavía fue más lejos al describir lo que, en su opinión, puede suponer este fruto seco para quienes lo produzcan: quien se dedique al pistacho podrá vivir de ello “como un marqués”.

La lectura económica: más margen en un campo con menos certezas

El caso de Juan José Chacón no explica por sí solo todo el futuro del campo español. Pero sí resume una tendencia de fondo: muchos productores están buscando cultivos alternativos con más rentabilidad, más estabilidad y mejor margen.

El pistacho ha entrado justo en esa conversación. Especialmente en Castilla-La Mancha, donde este cultivo ha pasado de ser una apuesta minoritaria a convertirse en una opción observada por agricultores que vienen de sectores más presionados.

El problema es que no todos los cambios de cultivo son replicables de forma automática. Hace falta tierra, capital inicial, tiempo, capacidad de reinversión y asumir el riesgo de una transición agrícola. Pero el caso de Chacón muestra por qué el pistacho se ha ganado tanta atención: cuando funciona, puede cambiar por completo la economía de una explotación.

En definitiva, el pistacho ya no aparece solo como una promesa agrícola. Para algunos productores, se ha convertido en un negocio de alto margen. Y para agricultores como Juan José Chacón, en la diferencia entre sobrevivir con cultivos tradicionales y multiplicar los ingresos de una finca.

Imagen: La Sexta.

Mediante el uso de contenedores marítimos reciclados, el proyecto consigue desestacionalizar un cultivo tradicional logrando ingresos recurrentes. La iniciativa propone una alternativa de autoempleo sostenible frente a las dinámicas cambiantes del mercado laboral tradicional.

El reciclaje y la agricultura no solo salvan el medio ambiente, sino que también pueden llenar los bolsillos de quienes se atreven a innovar. En Gáldar (Gran Canaria), un emprendedor ha demostrado que los residuos urbanos son una mina de oro alimentaria. Reutilizar toneladas de posos de café para producir setas frescas todo el año es la fórmula con la que Max, un joven belga afincado en la isla, ha revolucionado la producción agrícola local. Su historia, difundida en el canal de YouTube MP DANCAUSA por María Pilar Dancausa, pone de relieve cómo el campo, como explicaban en Cope, se está convirtiendo en el refugio idóneo para quienes huyen de las oficinas.

El valor económico de la economía circular

Max y su compañera Cristina, ambos titulados en veterinaria, detectaron una brecha clara en el mercado insular: no existía producción local de setas y prácticamente todo el consumo dependía de las importaciones de la península. Decidieron actuar bajo un enfoque de residuo cero. "Siempre nos ha encantado el tema de la sostenibilidad", apunta Max, quien ahora ejerce como trabajador autónomo.

La idea central surgió al ver que se podía "aprovechar de un desecho para ser un producto muy local", rompiendo la estacionalidad de un alimento típicamente otoñal. La clave de su eficiencia operativa radica en los insumos gratuitos. Recogen la borra del café que los restaurantes y bares locales desechan diariamente. Para Max, "es una pena, hay tantas toneladas que se tiran al vertedero", un coste de oportunidad que su modelo de negocio absorbe sin pagar por la materia prima.

A esto se suma la optimización de las instalaciones de cultivo. En lugar de construir naves industriales, adquieren contenedores de barco a bajo coste cuando las empresas portuarias deben renovarlos. Gracias al aislamiento de estas estructuras portuarias y al clima favorable de Canarias, el consumo energético para mantener la temperatura estable es mínimo.

El proceso: de la incubación a la rentabilidad del hongo

El método biológico y logístico se divide en dos fases diferenciadas dentro de la infraestructura reconvertida. En primer lugar se encuentra la incubación. Durante dos semanas, la borra de café recolectada se mezcla con el micelio y otros desperdicios orgánicos de la zona, tales como paja u hojas de platanera. "Mezclamos todo adentro con la borra de café y el desecho orgánico, y lo dejamos dos semanas", aclara el agricultor. Actualmente compran el micelio a productores del archipiélago, aunque su meta a largo plazo es autoabastecerse para controlar todo el ciclo.

Pasado ese periodo, los cubos se trasladan a un segundo contenedor destinado a la fructificación, donde el micelio da su fruto y las setas brotan al exterior a través de perforaciones en los recipientes. Su catálogo incluye desde la tradicional seta ostra hasta la cotizada melena de león, muy demandada por sus propiedades medicinales. "La idea es poder cultivar todas las setas que podamos", añade sobre sus planes de expansión.

Desafíos laborales y diversificación comercial

El proyecto cumple un año de trayectoria enfocado firmemente en el mercado interior de Gran Canaria. El producto compite directamente en frescura y calidad contra las importaciones de larga distancia. En el plano financiero, la operación arroja un beneficio notable: "A lo mejor sacamos por kilo entre 4 y 5 de rentabilidad", confirma Max, cuyo objetivo inmediato es refinar la eficiencia para reducir aún más los costes de producción.

Por supuesto, el autoempleo agrícola presenta sus propios retos de gestión y de futuro legal. Mientras en el mercado laboral tradicional surgen debates sobre la estabilidad y expertos como el abogado Ignacio Solsona recuerdan que "si se tienen muchas lagunas en la vida laboral no se cobra el 100% de la pensión; no suman tiempo de cotización a la Seguridad Social y eso afecta a la edad de jubilación", emprender por cuenta propia exige un esfuerzo administrativo hercúleo que, según Max, "la gente no ve".

Para esquivar las barreras logísticas que impiden exportar setas frescas a otras islas debido a su fragilidad, el negocio ya diversifica con productos procesados. Destaca el café de setas, una alianza con la firma canaria Café Ortega que fusiona café ecológico con polvo de melena de león. El crecimiento se ejecuta "poco a poco", según detalla el productor.

Al final, la rentabilidad económica se alinea con la vocación. Frente al hastío de las profesiones digitales, la tierra ofrece una retribución tangible. En palabras del propio productor, "cuando recolectas el producto y ves que tiene valor añadido porque la gente lo come y le gusta, tiene una satisfacción personal que es mucho mayor que trabajar detrás de un portátil". La experiencia demuestra que la innovación en el sector primario no solo limpia el entorno, sino que abre vías de negocio viables para el tejido económico local.

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La Unión Europea destinará más de 400 millones de euros al sector hortofrutícola español en 2026. La cifra, relevante en sí misma, llega en un momento especialmente delicado para el campo europeo, donde los costes elevados y la presión regulatoria creciente chocan con la aplicación del acuerdo comercial con Mercosur.

En este contexto, la lectura inmediata puede ser clara: Bruselas refuerza el apoyo a uno de los sectores más expuestos. Sin embargo, debemos matizar qué hay realmente detrás de ese dinero: no se trata de una ayuda extraordinaria ni un escudo diseñado para proteger al sector de los efectos de Mercosur, sino un instrumento ya existente dentro de la Política Agraria Común (PAC). Y esto es relevante. Muy, muy relevante.

Mercosur entra en juego

España ha comunicado a Bruselas sus necesidades de financiación para los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) en 2026. Es un mecanismo habitual dentro de la Política Agraria Común: cofinanciado, recurrente y orientado a modernizar el sector, no a protegerlo de shocks externos concretos.

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En pocas palabras, esos 413 millones sirven para mejorar competitividad, organización, sostenibilidad o gestión de crisis, pero no están diseñados para compensar el cambio en las reglas del comercio internacional que se avecina.

Mientras se anuncia ese apoyo financiero, la UE avanza en paralelo en la aplicación del acuerdo con Mercosur. Según la propia Comisión Europea, el tratado empezará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo de 2026.

La lógica del acuerdo es clara: abrir mercados. El Ministerio de Economía resume el intercambio con la idea de que Mercosur eliminará aranceles sobre el 93 % de las exportaciones agroalimentarias europeas, mientras que la UE liberalizará el 82 % de las importaciones procedentes del bloque.

Sobre el papel, esto es un win-win: todos ganan. Más acceso para productos europeos como aceite de oliva, vino, porcino o frutas y hortalizas. Sin embargo, la realidad es más compleja, puesto que abrir mercados también implica abrir la puerta a más competencia.

Las reglas del juego

El verdadero conflicto es que el debate gira en torno a un problema que se ha invisibilizado parcialmente por las administraciones: el campo español se enfrenta más a una asimetría regulatoria que a un problema de falta de ayudas.

Es decir, los productores europeos operan bajo estándares ambientales, laborales y fitosanitarios muy exigentes. Desde límites en pesticidas hasta costes energéticos o requisitos burocráticos crecientes. Por el contrario, los competidores de Mercosur pueden producir en muchos casos con menores costes regulatorios.

El resultado es evidente: no compiten en igualdad de condiciones.

Las organizaciones agrarias llevan semanas señalando precisamente este punto. El malestar no se centra solo en los volúmenes de importación, sino en la falta de reciprocidad en las exigencias productivas.

En este contexto, los 413 millones pierden peso: el dinero puede ayudar a adaptarse, pero no corrige una diferencia estructural en costes y normas.

Ni Bruselas se fía

De hecho, la propia UE ha reconocido implícitamente ese riesgo. El Consejo aprobó el pasado 5 de marzo un reglamento específico para reforzar las salvaguardias agrícolas frente a Mercosur.

El objetivo es poder reaccionar más rápido si el aumento de importaciones provoca daños en sectores sensibles. No obstante, si hace falta diseñar mecanismos de emergencia antes de que el acuerdo entre en vigor, ¿no será que el problema sobrepasa con creces la teoría?

Así, las PAC no son ningún salvavidas frente a Mercosur. La UE enfrenta un desafío más allá de la competitividad, pidiendo a los agricultores que produzcan bajo unas reglas exigentes mientras abre el mercado a productos que no siempre cumplen esas mismas condiciones. Un problema que no se soluciona con financiación.

En los últimos meses, diversas publicaciones en redes sociales parecen haber querido sentar cátedra. Afirmando que en España se están arrancando olivos de forma masiva para instalar plantas solares.

Algunos mensajes, de hecho, aseguran que se han destruido cientos de miles de árboles, incluso apuntan a supuestas expropiaciones promovidas por la administración.

Sin embargo, los datos oficiales y el análisis de expertos desmontan esta narrativa. España no solo no está eliminando olivos de forma sistemática, sino que en la última década ha aumentado notablemente su número.

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Las sucesivas subidas del salario mínimo han afectado negativamente a las empresas pequeñas

Aunque sí existen casos concretos en los que la instalación de proyectos de energías renovables ha implicado la retirada de parte del olivar, las cifras reales están muy lejos del alarmismo que circula en redes.

Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la superficie de olivar en España ha mantenido un incremento constante. En 2024, ésta era de 2.827.147 hectáreas, lo que representa un aumento del 1,4% solo en ese año.

En un periodo más amplio, entre 2012 y 2017, la superficie de olivar en España ya había aumentado un 2,6%. Sin embargo, otros análisis como el de Plataforma Tierra, indican que, en los últimos 10 años, la superficie total de olivar ha aumentado en un 10,6%.

Jaén como ejemplo de la polémica

La polémica más citada gira en torno a siete plantas fotovoltaicas que la empresa Greenalia promueve en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo, en la provincia de Jaén. Las instalaciones ocupan una superficie total de 554 hectáreas y han generado oposición por parte de colectivos locales, como la Plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, que afirma que estos proyectos implicarán la tala de hasta 100.000 olivos.

Esa cifra, sin embargo, no está respaldada por datos oficiales. Greenalia ha respondido públicamente que, tras realizar un recuento con ortofotografías y documentación técnica, el número de olivos que se verán afectados asciende a 35.932, incluyendo los necesarios para las líneas de evacuación subterráneas.

Además, según la empresa, se han alcanzado acuerdos con más del 85% de los propietarios implicados y se han reducido notablemente las hectáreas respecto al diseño inicial de los proyectos.

Expropiación, pero con justiprecio

Uno de los elementos más sensibles en este tipo de proyectos es la utilización de la figura de la expropiación forzosa, algo que puede generar rechazo social. La Ley del Sector Eléctrico permite declarar de utilidad pública las instalaciones con una potencia superior a 3 megavatios, lo que habilita a tramitar expropiaciones con compensación económica.

A este pago se le denomina “justiprecio” y puede fijarse por mutuo acuerdo, por hojas de aprecio presentadas por los afectados o mediante resolución de un jurado técnico independiente.

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Esto significa que los propietarios de los terrenos no pierden su tierra sin más, sino que reciben una indemnización que incluye el valor de la superficie, los cultivos y el rendimiento asociado. En algunos casos, los acuerdos permiten incluso la recuperación del uso del terreno una vez instaladas las líneas eléctricas, si estas van enterradas, como ocurre en varios de los proyectos citados.

Más olivos, no menos. Los datos lo confirman

Frente a los mensajes catastrofistas, los datos del Ministerio de Agricultura y del propio sector olivarero apuntan en una dirección muy distinta. España cuenta actualmente con más de 300 millones de olivos, una cifra superior a la que tenía hace una década.

De hecho, el olivar no ha parado de crecer, especialmente en su modalidad intensiva y superintensiva, adaptada a nuevos modelos de cultivo y más competitiva en los mercados internacionales.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades donde más se ha expandido la superficie dedicada al olivo, aunque también ha aumentado en otras zonas como Aragón, Valencia y Cataluña. No hay indicios de una disminución masiva de este cultivo, sino todo lo contrario.

¿Y si se eliminan árboles para proyectos solares?

Lo cierto es que algunos proyectos de plantas fotovoltaicas sí requieren la retirada de olivos. Pero incluso sumando todas las estimaciones más altas, el número de árboles afectados representa una porción mínima del total.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha indicado que los parques solares actuales ocupan alrededor de 50.000 hectáreas, lo que equivale al 0,2% de la superficie agraria útil de España. En Andalucía, donde se concentra gran parte del olivar nacional, los proyectos solares proyectados apenas suponen el 0,6% de la superficie cultivable.

Es importante entender que se trata de una convivencia entre agricultura y transición energética, no de un reemplazo masivo de cultivos por paneles solares. El desarrollo de energías renovables no está sustituyendo de forma generalizada a los cultivos, sino que, en muchos casos, se implanta en terrenos de baja productividad agrícola o en fincas donde los propietarios han alcanzado acuerdos voluntarios.

Por qué se exageran estos datos en redes sociales

La viralización de cifras como “100.000 olivos han sido arrancados” responde, en muchos casos, a mensajes descontextualizados o directamente erróneos. Diversos expertos, han desmentido estas informaciones en redes, recordando que España no está sacrificando su olivar para producir energía solar, y que los procesos de expropiación o tala de árboles están sometidos a estricta regulación y revisión pública.

La instalación de renovables debe hacerse con respeto al territorio, por supuesto. Pero también sin caer en la desinformación.

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En España, a nadie nos sorprende que nos digan que la bolsa de la compra se ha disparado. Estos tres últimos años lo hemos notado en el bolsillo, pero también ha sido evidente en el supermercado, donde la fruta —sobre todo aquella más estacional—, los productos cárnicos y el aceite de oliva han aumentado muchísimo de precio.

Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y la crisis de la inflación, nuestro país ha acumulado una inflación superior al 27,7 % de los alimentos, 3 puntos por encima de la eurozona. Pero ¿a qué se debe? ¿Y por qué no podemos comparar nuestra situación con lo que ocurre en Alemania, Italia o Francia? ¿Tanto peso tienen los salarios en la ecuación? ¿El SMI no debería haber ayudado a reducir presión a las subidas constantes en el IPC?

El peso que tiene un sueldo

Resulta complejo separar el aumento del precio de los alimentos de los sueldos y el coste de la energía, que se han considerado dos de las principales razones. (Y, al final, asumir subidas de precios del producto o servicio que sea dependerá, principalmente, de los ingresos y el consumo.)

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Los sueldos parecen la causa más probable de las dificultades para ajustar el bolsillo a la cesta de la compra. En 10 años, los salarios han crecido un 3,4 % mientras que, para inicios de 2023, la vivienda se había incrementado  un 8,5 % también.

A día de hoy, esta última cifra sabemos que es muy superior (3,9 % durante 2023; 4,3 % en el primer trimestre de este año solo), pero a excepción de las rentas bajas y muy bajas, que han visto cierto repunte gracias al incremento del sueldo mínimo interprofesional entre 2018 y 2024 (54 %), el aumento de los salarios es poco notable.

Si bien el salario medio en España, según el INE, es superior a 2.128 euros (datos de 2022), la curva en la distribución de los salarios anuales permite observar sin dificultad que la mayor parte de la población se encuentra en rentas inferiores a los 20.000 euros anuales.

Pues aquí tenéis las distribuciones de salarios para 2018 y 2022 con microdatos. El lunes os comento en mi columna cosas de esas como las modas, las medianas y los efectos del salario mínimo. pic.twitter.com/nFw01TqlL4

— Manuel Hidalgo (@Manuj_Hidalgo) September 25, 2024

En otras palabras, los sueldos han subido, pero el coste de la vida ha subido más, con un incremento muchísimo más rápido en condiciones complejas, como la pandemia o la guerra de Ucrania, así como los problemas derivados en cuestiones de energía y consumo. Mal asunto.

Cuánto cuesta producir

En relación con este último punto, los costes de producción, transporte y distribución se han disparado. Esto afecta especialmente a alimentos como el aceite de oliva, cuyo proceso es intensivo en energía, pero también a productos frescos que dependen del transporte refrigerado.

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Y los precios del gas, ¿por qué España es diferente? Qué efecto ha tenido el cambio de base y la inclusión del mercado libre en el índice español. pic.twitter.com/sinj6GavLq

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En España, estos problemas han supuesto una mayor presión al mercado, no tan acuciante en países como Francia o Italia, con economías agrícolas más resilientes, que se han visto menos impactadas. No obstante, ¿es esta la única razón?

Todo sube, por ahora

Desde 2020, los productos que más han visto aumentar su precio en España son los alimentos básicos de la cesta de la compra.

Según la OCU, el aceite de oliva ha experimentado un aumento del 225 %, pasando de 2,35 euros por litro de marca blanca a 7,66 euros, lo que lo convierte en uno de los productos más afectados.

Otros productos básicos, como el azúcar y el zumo de naranja han subido entre un 80 y un 90 %. De igual modo, los productos frescos, como frutas y verduras, han aumentado más del 20 % en promedio, ¡y esta es la subida más moderada que se ha percibido! En cambio, el resto de los productos de alimentación, como carnes, pescados, pastas y conservas se han incrementado entre un 34 y un 47 %.

Impacto en el consumo

En España, este aumento de precios ha tenido un impacto directo en los hábitos de consumo. Muchos hogares se han visto obligados a reducir o limitar la variedad y calidad de la dieta.

La media de aumento en el precio (superior al 38 %) se ha visto muy superior a otros países del sur de Europa, como Italia, Francia o Portugal, que no han acumulado una inflación tan alta, mientras que la población de países más fuertes económicamente, como Alemania, no se ha visto tan afectada en el ámbito familiar pese a existir subidas similares a la española.

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Esto pasó con los precios de las frutas, mucha estacionalidad en España. pic.twitter.com/VF5w2gWLDP

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

A grandes rasgos, las familias españolas sienten que el dinero cada vez rinde menos, con una cesta de la compra que no ha dejado de aumentar su precio desde 2020.

España ha subido las cifras del IPC un 2,4 % internanual, por encima de la medida de la eurozona, y siendo este muy superior a Italia (1,3 %) o Alemania (2 %). En lo que se refiere a alimentos, según cifras de julio de 2024, frente a los incrementos de Alemania (1,7 %), Italia (0,8 %) Y Francia (0,5 %), España ha seguido subiendo hasta un 3 %, duplicando o triplicando los costes que soportan sus vecinos europeos.

Medidas ineficaces

El Banco de España ha propuesto varias medidas para intentar controlar el impacto de la inflación. Una de ellas es establecer una política monetaria restrictiva para controlar el endeudamiento (la opción clásica).

Además, se han implementado controles de precios en sectores clave como la energía y los alimentos, con el fin de frenar su escalada y se ha insistido sobre la necesidad de incentivar la producción, con visos de aumentar la oferta de productos y reducir precios.

Todo ello, se ha intentado acompañar con el impulso de políticas de consumo responsable y de producción propia de alimentos, para reducir la dependencia del mercado. Medidas poco eficaces y que no pueden generar un alivio real en el corto o medio plazo.

¿Por qué España?

La clave de los menores incrementos en otros países, como Francia o Italia, parece estar relacionada con una mayor capacidad de control de los productos esenciales para la alimentación. La agricultura y ganadería española ha ido perdiendo peso en Europa, y apoyándose progresivamente en las importaciones, tanto desde la Unión Europea, como de fuera.

Por tanto, la principal diferencia entre países se debe en parte a las redes de producción de sus economías agrícolas, así como a políticas más efectivas de distribución de alimentos y control de precios.

Francia, por ejemplo, ha sido más eficiente en la aplicación de medidas que protegen tanto a los consumidores como a los productores locales, minimizando los márgenes de comercialización y evitando grandes diferencias entre los precios que reciben los agricultores y lo que pagan los consumidores.

4/
Al final, ¡qué pasó con los precios de la alimentación?

Hay que tener en cuenta que en España el precio del aceite de oliva pesa mucho y es lo que más ha subido. Hay que estar preparado para la bajada. pic.twitter.com/Qr7MQgkyQ5

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En cambio, en España, está claro que se han engordado los márgenes... bastante más. Si bien los productores han aumentado precio, probablemente para compensar subidas de costes (combustible, fertilizantes, etc.), es el salto entre el ganadero y agricultor y el punto de venta donde la cosa se descontrola. Aquí, esta cifra puede llegar a multiplicarse por seis.

Algunos ejemplos que han mantenido cierto control, según la OCU, son los huevos, ¡que han subido más de un 60 % estos años!, el pollo, las patatas o los tomates (¿han subido menos estos productos?, parece que sí y, aun así, todos somos conscientes del aumento).

Manzanas, plátanos y otros productos vegetales y animales han ido aumentando el precio, así como los sospechosos habituales: aceite de oliva, azúcar, zumo, huevos, arroz, zanahorias, yogures, salmón, macarrones...

Nada cambia (mucho), seguimos ahogados

En resumidas cuentas, el aumento del 35 % en los precios de los alimentos desde 2020 en España ha sido una carga pesada para la mayoría de los hogares. A pesar de las medidas propuestas y de cierta desaceleración de la inflación general, los alimentos continúan siendo el sector más afectado.

Mientras tanto, nuestros vecinos han controlado el problema, lo que quizá nos debería hacernos cuestionar si las políticas españolas están siendo eficientes o necesitamos que se barajen nuevas soluciones para un alivio real para las familias.

Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

En los medios, hace años que se viene avisando del problema: no estamos concienciados, ni gobiernos ni consumidores, pero la transición ecológica tiene un precio. A medida que pasa el tiempo, ese precio puede ser cada vez mayor, e incluso volverse inasumible.

El actual modelo lineal de economía hace que se genere un impacto enorme en relación con residuos y gases efecto invernadero. La aerolinea Lufthansa, que impondrá un aumento del coste por pasaje de entre 1 y 72 euros por cuestiones medioambientales y el impuesto de 100 € por vaca a los agricultores daneses sientan las bases de la discusión.

Frenar el cambio climático a base de impuestos

El objetivo será acelerar las medidas y acciones para reducir los efectos del cambio climático —ya hablamos de frenar o controlar los efectos, no de detenerlo y esto no es casual—, que pasan por replantear las formas de consumo, logística, transporte y extracción de materias primas.

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El gran obstáculo es que solo el 36 % de los consumidores están dispuestos a pagar un pequeño aumento del precio, y solo el 10 % se plantea pagar más por un producto ético y sostenible.

Lufthansa se adelanta a los gobiernos

Lufthansa plantea un impuesto medioambiental de un máximo de 72 € por viaje, con el objetivo de reducir las emisiones y utilizar un combustible más sostenible para sus jets.

Las tasas oscilarán entre 1 euro y 72 euros según el tipo de billete y el país, afectando a los estados de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Suecia.

La regulación europea plantea la obligación de aumentar el uso de combustible sostenible (SAF) entre 2025 (2 %), 2030 (6 %) y un aumento gradual hasta el 70 % para 2050.  La aviación es responsable de un 2 % de las emisiones mundiales de forma directa, pero se considera un sector muy difícil de descarbonizar, puesto que no es fácil reemplazarlo por otro tipo de energía.

Lufthansa, Europe’s biggest airline group, will introduce a surcharge of up to €72 per flight next year to cover the rising costs of alternative "green" fuels needed to lower aircraft emissions. The German company says it expects "billions in the future" in additional costs. pic.twitter.com/s0tKCVAxY2

— Javier Blas (@JavierBlas) June 25, 2024

Dicho de otro modo, Lufthansa se adelanta con unas medidas medioambientales que, más pronto que tarde, el resto de las aerolíneas también van a repercutir en los usuarios.

Sin embargo, EasyJet, al menos por ahora, se ha desmarcado de este incremento en el coste para el cliente final, y señalaba que son los gobiernos quienes tienen que ofrecer incentivos a las aerolíneas.

Dinamarca ya grava las emisiones del ganado

Asimismo, poco a poco, cogen impulso otros impuestos medioambientales como gravar la huella de carbono del ganado bovino, que está teniendo una acogida variada. Por ejemplo, las voces críticas que intentan desviar hacia otros sectores y actividades contaminantes.

Sin embargo, la propia industria es consciente. Si sumas emisiones de producción, transporte y procesamiento, el sector ganadero es responsable de más del 80 % de las emisiones GEI agrícolas y, de forma directa, del 18 % de las emisiones de forma directa. En otras palabras, la carne para todos es un lujo difícil de sostener.

Denmark to charge farmers €100 a cow in first carbon tax on agriculture https://t.co/VplP9Lxub2

— Financial Times (@FT) June 25, 2024

Por esta razón, Dinamarca se plantea introducir una tasa de 672 coronas (96 dólares) para el ganado antes de 2035. ¿El objetivo de esta medida? Utilizar los impuestos para reforestar, crear zonas de humedales (para ayudar a los objetivos de la nación contra el cambio climático) y, en definitiva, transformar los campos daneses.

El país es uno de los mayores exportador de lácteos y carne de cerdo, y la agricultura es su principal fuente de emisiones. Por lo tanto, pese a las quejas de los agricultores europeos por los impuestos a su actividad de los últimos meses, el gobierno y los principales partidos han decidido establecer un impuesto de 300 coronas (43 dólares) por tonelada de dióxido de carbono equivalente, para 2030. Esta tasa aumentará hasta las 750 coronas (108 dólares) en 2035, pero admitirá una reducción de un 60 % sobre la renta, por lo que el costo real por tonelada comenzará en 120 coronas (16,09 euros) y aumentará a 300 coronas (40,22 euros) para 2035.

Cambio de hábitos, si te tocan el bolsillo

Todo indica que el camino que acogerá Europa es este.

En la misma línea, Europa aprobó a finales de 2023 un impuesto sobre el carbono de los productos importados, que podría acabar siendo una de las políticas medioambientales más importantes de la historia. El porqué lo encontramos en su efecto en cadena, que puede hacer que las industrias de altas emisiones empiecen a "limpiar su producción".

Quizá no todo el mundo está dispuesto a cambiar sus hábitos frente a los efectos del cambio climático, pero, como suele ocurrir con estas cuestiones, el cambio estructural ya está aquí, y parece evidente que afectará a lo que comemos, consumimos y a dónde viajamos.

El chocolate está cada vez más caro. Eso no es una novedad, ya que estamos viendo inflación en el supermercado. Pero el caso del chocolate es diferente, porque no es algo coyuntural a un fenómeno monetario, sino que se debe al cambio climático y es algo sobre lo que se lleva avisando desde 2010. ¿Seguiremos pudiendo permitirnos comer chocolate en el futuro?

El chocolate se produce con cacao, y la mayor parte del cacao se cultiva en Ghana y Costa de Marfil. Solo estos dos países producen más de la mitad del cacao del mundo y se están viendo fuertemente afectados por el cambio climático. Algo que voy a acabar notando en mi cesta de la compra, en la que se suele incluir una tableta de chocolate negro de alto porcentaje de cacao.

En 2010 ya os contamos se estaba apostando por la subida de precios del chocolate

Que el chocolate sería más caro y escaso en el futuro es algo que se lleva moviendo desde hace unos 20 años. En 2010 ya os avisamos de los movimientos de la firma de inversiones de Londres Armanjaro. Esta empresa se estableció en 1998 y ya en 2002 tenía subdivisiones en Nigeria y Costa de Marfil para tener mejor información del mercado del chocolate.

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En Agosto de 2002 Armanjaro compró el 5% de la producción mundial de semillas de cacao a través de Euronext Liffe, 204.380 toneladas mediante futuros. Obtuvo un beneficio del 5%, algo más de diez millones de libras antes de impuestos. El 17 de julio de 2010 Armanjaro compró 240.100 toneladas de cacao, el 7% de la producción mundial por 658 millones de libras provocando la mayor subida de precios desde 1977. La idea era venderlo poco a poco, pero lo acabó vendiendo en el mismo año. En 2013 Armanjaro empezó a perder dinero, así que vendió su división de trading de cacao y vendió el resto de su negocio del cacao en 2014.

El precio del chocolate sube ahora

Si en 2010 ya había quién se estaba haciendo de oro gracias al chocolate, existen ciertos patrones que están empujando la demanda hacia arriba del precio. Empecemos porque en los países en desarrollo están aumentando su consumo, entre 2010 y 2014 en China se incrementó el consumo un 75%, siendo este bastante bajo si lo comparamos con occidente (sólo 40 gramos por persona al año)

África Occidental produce el 70% de la producción mundial de cacao del mundo. Según Mark Lundy del Centro Internacional de Agricultura Tropical, en 2030 habrá habido un fuerte impacto en la producción mundial en esta zona debido al cambio climático.

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En concreto ya en este año, en Costas de Marfil y Ghana que ha llovido torrencialmente y que generan el 55% de la producción de cacao mundial, se espera una reducción de la producción este año del 28% en Costa de Marfil y 40% en Ghana. Además los precios subieron un 134% desde su mínimo en 2023. En año y medio la tonelada de cacao ha pasado de 2.000 a 6.000 euros. Estas subidas por supuesto atraen el interés de especuladores en todo el mundo. Además por problemas de producción en Brasil y Ucrania, también sube el precio del azúcar, necesaria para hacer el chocolate dulce.

¿Vemos por dónde vamos? En Armanjaro predijeron el futuro, pero se adelantaron demasiado en el tiempo. Si hubiera aguantado unos años con su estrategia, seguramente estarían ganando mucho dinero ahora.

Chocolate en el futuro gracias al I+D

¿Podremos seguir comiendo chocolate en le futuro o será un lujo inalcanzable? Existe bastante trabajo de I+D para culltivar el cacao en otros lugares. En Francia el Insistitut National de la Recherche Agronomique pretende desarrollar granos resistentes al cambio climático, el problema es que estos no dan un chocolate tan bueno. En España el CSIC ha conseguido cultivar cacao por primera vez en la historia en Europa Continental, en invernaderos y polinizando manualmente (intentan conseguir polinizar con insectos europeos).

No obstante, como destacan los propios científicos del CSIC, el cacao es una planta bastante “exquisita” en sus exigencias para crecer, por lo que no resultará fácil producir cacao fuera de los lugares cuyo clima es más adecuado. Las temperaturas no pueden bajar de quince grados.

También están los intentos de la World Cocoa Foundation desde 2016 para ayudar a los productores a adaptarse al cambio climático, incluyendo pagarles más. Gigantes como Lindt & Sprungli, Mars o Nestlé pretenden ayudar a los agricultores para adaptarse. Estos gigantes necesitan que el cacao siga produciéndose en grandes cantidades para seguir produciendo chocolate. 

Probablemente la necesidad de continuar con el negocio será la que haga que el chocolate siga estando en los supermercados, aunque probablemente más caro de lo que hemos estado pagando por ellos. Porque, quizás, ha llegado el fin del chocolate barato. Mientras voy a por un poco, que elegir las imágenes del artículo me ha hecho desearlo.

Cuando vamos a hacer la compra, vayamos a donde vayamos, observamos como los precios en determinados productos o alimentos no cesan de crecer. Sin embargo, hay uno en concreto que ha acaparado la atención de todos los españoles, y también de sus bolsillos, hablamos del aceite de oliva.

El aceite de oliva, pieza fundamental en la dieta mediterránea por sus múltiples beneficios y su aporte en una alimentación sana y equilibrada, parece estar solo al alcance de las carteras más voluminosas. Semana a semana hemos ido viendo como su precio se iba disparando hasta que ahora ya sí ha sobrepasado los 12 euros el litro en algunas marcas.

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El campo español amenazado: esto implicaría la entrada de Ucrania en la UE

Con este disparate de mercado, la población de a pie no hace más que preguntarse: ¿qué ocurre con el aceite de oliva? ¿Volverá a su precio de origen? Vamos a adentrarnos en este producto, conocido como el oro líquido, una forma de llamarlo que ahora cobra más sentido que nunca.

La sequía es la causa de la subida de los precios

Sí, todos somos testigos del nefasto año que llevamos a nivel meteorológico. La lluvia parece evaporado y además de en los embalses, también se repercute en el precio de algunos productos del supermercado. Es el caso del aceite de oliva, que tras una cosecha devastadora su producción parece haberse reducido a prácticamente la mitad.

Esto parece venir de lejos y es que ya el pasado año la situación parecía compleja. En el 2022, los campos españoles recolectaron la mitad de lo que se recolecta en un año de funcionamiento normal, es decir unas 660.000 toneladas. Ahora el panorama parece haberse agravado más aún y todo nos hace encomendarnos a un otoño con un clima algo más favorable.

España es el principal exportador de aceite de oliva en el mundo, y esto lo han notado agricultores y toda una cadena de logística. Como hemos anunciado, la sequía parece haber arrastrado a la aceituna española a un final desolador y como resultado un incremento de los precios de casi un 15,4% según datos de la OCU, desde la primera quincena del mes de julio.

Los datos del Ministerio de Agricultura al respecto hablan por sí solos. Y es que en las últimas semanas se ha pagado por cada 100 kilos una media de 615,31 euros, cuando en el año 2010 se pagaba a 230 euros y en 2020 se situó por debajo de los 200 euros.

Con esta subida sustantiva, la media del producto ha pasado de los 8,16 euros a los 9,42 euros por litro, llegando en algunos casos a verse precios rondando los 12 euros la botella. Según la propia OCU, únicamente una marca parece haber rebajado su precio un 1%, Mar de Olivos, mientras que múltiples marcas blancas han tenido una subida del 30% en solo 45 días.

Andalucía, la comunidad autónoma que produce más del 40% del aceite mundial, situó en el mes de agosto el precio en 8,20 euros por kilogramo, es decir un 116% más en comparación con el mismo mes de 2020.

Más allá de la falta de lluvias

Pero para agravar todavía más la situación, los agricultores españoles son conscientes de que no solo es cuestión de culpabilizar a la meteorología, sino que otros ámbitos tampoco parecen remar a favor de obra. Es el caso de los altos precios de los costes de producción, como la energía, los sistemas de riegos, los precios de los fertilizantes y los combustibles, la mano de obra o incluso los gastos administrativos.

En otro orden y en consonancia con la actualidad política y económica que atraviesa el mundo, con la invasión bélica de Rusia sobre Ucrania, los precios del aceite de girasol, otra alternativa al de oliva, sufrieron una subida destacada, y es que Ucrania era uno de los principales exportadores de este tipo de aceite. A raíz de este hecho, la demanda por el aceite de oliva aumentó considerablemente y con ello el consumo, por lo que las reservas en las almazaras bajaron cuantiosamente.

Además es remarcable el carácter volátil de los precios de los alimentos y es que si algo caracteriza la situación es la incertidumbre derivada en los precios de las materias primas y por consiguiente de los propios alimentos. La escasez del cereal, la prohibición de exportación de determinados alimentos o los costos laborales han contribuido al aumento de los precios. No obstante, los productos alimentarios son un 10,8% más caros que en julio del 2022.

Con semejante escenario todo parece indicar que los precios de nuestro oro líquido continuarán al alza. Los precios se han duplicado en el último año y cuadruplicado desde agosto del 2020, y parece que seguirá así irremediablemente. Las reservas se encuentran en mínimos históricos, las cosechas no tienen buenas perspectivas y el cambio climático continúa haciendo de lo suyo.

En el panorama económico actual, caracterizado por un enfoque hacia la producción industrial y los servicios en las economías desarrolladas, la agricultura a menudo ha sido relegada a un segundo plano. Este sector, considerado a priori de bajo valor añadido, ha sido eclipsado por la prominencia de otras industrias.

Sin embargo, en medio de este escenario, emerge un país europeo que desafía esta premisa arraigada, demostrando que la agricultura puede ser una fuente significativa de prosperidad económica y desarrollo sostenible. Ese país no es otro que los Países Bajos, que hoy en día figura entre las principales naciones exportadoras de alimentos a nivel mundial en términos de valor bruto.

La transformación de los Países Bajos en un gigante agrícola no es fruto del azar, sino del ingenio y la tenacidad que caracterizan a esta nación. A pesar de su tamaño reducido y su apariencia geográfica compacta, los Países Bajos han logrado establecerse como una potencia agrícola a nivel global, desafiando las expectativas tradicionales. A través de una combinación magistral de tecnología avanzada, enfoque sostenible y creatividad innovadora, han logrado transformar la agricultura en un pilar económico fundamental.

Para comprender el éxito del modelo agrícola holandés, podemos centrar nuestra atención en un sector particularmente revelador: el cultivo de tomates. En este contexto, emergen dos países que se destacan como referentes: Holanda y España. Curiosamente, estos países presentan modelos de producción dispares entre sí, lo que nos permite apreciar la diversidad de enfoques y estrategias en el mundo agrícola actual.

Los Países Bajos, partiendo de un entorno geográfico hostil con pocas menos horas de sol que sus competidores, ha impulsado un enfoque pionero en la agricultura y ha logrado transformar su territorio en un mar de invernaderos tecnológicamente avanzados.

Estas estructuras, que combinan hábilmente la tecnología de punta con la gestión eficiente de recursos, permiten la producción constante y controlada de una amplia variedad de cultivos, incluyendo el tomate. Este enfoque, conocido como agricultura en interiores, ha revolucionado la forma en que se cultivan y cosechan los alimentos. Los resultados son impresionantes: la reducción del consumo de agua y tierra, la minimización del uso de pesticidas y la optimización de los rendimientos.

La agricultura en interiores implica el cultivo de cultivos en un entorno controlado, como invernaderos o granjas verticales. Esto se puede lograr mediante técnicas como la hidroponía, que es un método de cultivo sin suelo, o la aeroponía, un método que permite el cultivo en una neblina de agua. La agricultura en interiores reduce notablemente la cantidad de tierra y agua requerida para el cultivo, y a su vez disminuye el uso de pesticidas y otros químicos.

Se estima que los Países Bajos cuentan con aproximadamente 24.000 hectáreas de cultivos en invernaderos, lo que equivale a casi el doble del tamaño de Manhattan. Estos invernaderos utilizan cantidades reducidas de fertilizantes y agua, logrando cosechar en una hectárea lo que requeriría 10 hectáreas de cultivo convencional.

La ventaja de este modelo es que predomina la automatización, lo que permite que los trabajadores del sector están orientados a puestos técnicos que supervisan los sistemas de control climático, riego y fertilización o bien ingenieros encargados de diseñar y mantener la infraestructura de los invernaderos y sistemas tecnológicos adecuados. La automatización permite así el desarrollo de una estructura laboral de alto valor añadido.

Como resultado, ofrecen un tomate excepcionalmente competitivo. Si observamos su precio, en junio de este año se encontraba en los 120 euros por 100kg, frente a los 126 euros de España, 147 euros de la UE, 149 euros de Italia o los 270 euros de Francia.

Uno de los principales factores que ha permitido a los Países Bajos liderar la agricultura sostenible es su empleo de tecnología avanzada. La agricultura de precisión es una técnica agrícola que hace uso de la tecnología para optimizar la producción agrícola.

Esto implica la recolección de datos relativos a diversos factores que influyen en el crecimiento de los cultivos, tales como la humedad del suelo, los niveles de nutrientes y las poblaciones de plagas. Estos datos se utilizan para tomar decisiones informadas acerca de la gestión de los cultivos, lo que reduce el desperdicio y mejora la eficiencia mientras se minimiza el impacto ambiental.

Los Países Bajos son líderes en la implementación de estrategias de manejo integrado de plagas (MIP). Esta técnica busca reducir el empleo de pesticidas al utilizar métodos naturales de control de plagas, como controles biológicos y manipulación del hábitat. Los controles biológicos consisten en emplear depredadores naturales, como mariquitas o avispas parasitarias, para controlar las poblaciones de plagas.

El modelo del tomate español

Cada país juega con sus cartas. Y, como contrapunto, España, cuenta con su clima cálido y soleado, adoptando una estrategia diferente en el cultivo de tomates. Aprovechando sus condiciones naturales, gran parte de la producción se realiza al aire libre.

Aquí encontramos la primera diferencia. La agricultura en invernaderos es un pilar clave del sector del tomate en los Países Bajos. La inversión en tecnologías de control climático, riego automatizado y monitoreo de cultivos es alta. Pero, en España, la tecnología también desempeña un papel importante, pero la diversidad climática permite un equilibrio entre el cultivo en invernaderos y al aire libre.

Se busca competir en costes laborales y no en la mayor eficiencia de la producción por hectárea cultivada, y es en ese punto en el que Marruecos se presenta como su principal competidor, ya que gozan de modelos similares, pero la actual ventaja de costes de Marruecos lo lleva a ganar terreno.

Marruecos aumenta, desde 2011, sus exportaciones de tomate a la UE a un ritmo del 3% anual, aunque su cuota de mercado en la UE y Reino Unido (6%) está muy lejos de la española que se sitúa en el 23%. La clave en este punto es que paralelamente las ventas del tomate español promedian caídas anuales del 3%.

El sector agrícola español atraviesa una situación crítica motivada por tres factores condicionantes: la elevada inflación, la pertinaz sequía y la situación de preferencia de Ucrania en la comercialización de ciertos productos como el cereal.

En los últimos meses son varios los países de la Europa del Este que han manifestado públicamente sus quejas frente a las ayudas de la UE hacia la agricultura ucraniana. Tras más de 17 meses de guerra, la exención arancelaria concedida a los cereales ucranianos en el verano de 2022 ha provocado un ‘reventón’ en la política de precios.

Los gobiernos de Polonia, Eslovaquia y Hungría han manifestado su deseo de vetar la entrada de grano ucraniano en sus mercados, lo cual podría poner en tela de juicio el sólido apoyo a Kiev por parte de los Veintisiete. La situación del campo español es menos preocupante, ya que necesita de esos cereales para satisfacer la demanda. No obstante, sí que preocupa en el sector agrícola nacional la llegada sin medida del grano ucraniano que podría condicionar los precios del cereal.

A largo plazo, Ucrania podría valerse de esta posición preferente, una vez que entrase en la UE, para cosechar beneficios económicos al atraer inversión extranjera, convirtiéndose en uno de los bloques comerciales más ricos del planeta en materia agraria.

Impacto en el precio del cereal español

Tras China, España es el país que más cereales ha importado procedentes de Ucrania desde el inicio del conflicto armado. De hecho, desde que Naciones Unidas y Turquía alcanzaran un acuerdo en julio de 2022 con Rusia para permitir el acceso de cereal ucraniano mediante un corredor seguro por el Mar Negro, España ha importado 4,9 millones de toneladas de cereal (trigo, maíz, cebada y aceite de girasol). Le sigue Turquía, con un total de 3 millones de toneladas.

Es cierto que a diferencia de otros países del este de Europa, la llegada de cereal ucraniano beneficia para abastecer el mercado, ya que no se cuenta con la suficiente producción nacional. No obstante, el hecho de que el cereal llegue libre de aranceles destruye las limitaciones del mercado y empuja a que los productores españoles se vean obligados a bajar los precios de sus productos.

José Robles, responsable nacional de cultivos herbáceos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), asegura que en un año normal el mercado español importa aproximadamente la mitad de los cereales que consume, dedicados tanto a la producción alimentaria como al pienso de la ganadería. Así pues, la moderación de precios durante los últimos meses los ha devuelto a niveles previos a la guerra. Según datos de COAG, Ucrania es proveedor del 28% del maíz, el 13% del trigo, el 31% de las tortas de aceite vegetal y el 16% de las leguminosas.

Como país importador, España no marca el precio de los cereales en un mercado atenuado por los fuertes vaivenes de la especulación. De este modo, si el grano de Ucrania se está vendiendo, por ejemplo, a 200 euros, el campo español se ve imposibilitado a vender el suyo por 205, tiene que venderlo sí o sí.

Todo apunta a quese renovará el pacto, pues se sospecha que Moscú no querrá acabar con la actual ‘rueda del mercado’. No obstante, durante las últimas semanas los precios del trigo blando han caído en un 2,6%, del maíz en un 1,78% y de la cebada en un 2,56%. En lo que va de año, el trigo blando ha bajado un 22,79%, el trigo duro un 21,17%, el maíz un 19,72% y la cebada un 24,86%.

Según datos de ACCOE, para la cosecha de cereales de otoño-invierno se prevé un descenso notable de la producción con respecto a 2022, de tal modo que se superarán por poco las 8 millones de toneladas, siendo la peor producción final de las tres últimas décadas. Será incluso inferior a los niveles récord de 1995 y 2015 donde apenas se superaron los 11 millones de toneladas. Los rendimientos medios serán de 1.530 kilos por hectárea frente a los 2.430 kg/ha de 2022 y los 3.320 kg/ha de 2021.

Situación crítica en el campo español

Hay que esperar para ver si el pacto se prorroga, pero las limitaciones de las cuencas hidrográficas están llevando a que el 76% de los campos españoles se vean perjudicados por la ausencia de precipitaciones. Se trata de algo que afecta especialmente a los cultivos de secano como el cereal. Y es que el olivar, el viñedo y los cereales representan más del 50% de la superficie de cultivo de España.

La respuesta que precisa España

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Córdoba (UPA), Miguel Cobos, asegura que la solución para el campo español pasa por acabar con el trato preferente concedido al grano ucraniano por parte de Bruselas.

El objetivo debe ser apoyar la Ley de la cadena agroalimentaria, que supondría una rebaja laboral y fiscal a los agricultores, mejoraría las infraestructuras y potenciar el uso del agua y del regadío sostenible, entre otras propuestas eficientes. España manifiesta su posición de respaldo a Ucrania, pero el campo solicita que se impongan los mismos aranceles y requisitos que se exigen a otro países de fuera de la UE.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, asegura que se trata de una excepción significativa que afecta al funcionamiento del mercado único y que debe justificarse adecuadamente. En 2022, España importó casi 2.000 millones de euros en grano procedente de Ucrania, sobre todo maíz, por lo que no puede permitirse prescindir del grano ucraniano.

Las próximas horas serán claves para conocer si se cumple con las exigencias de los países de Europa del Este de que el grano fluya y no se paralice en su territorio, así como de otros gobiernos como España, que respaldan a Ucrania y que precisan de su producción como apoyo al campo español, especialmente en tiempos de sequía.