La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables.

Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, una fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público.

Este volumen convierte al pasado ejercicio en el más elevado dentro de la serie histórica. El análisis de los datos revela además que el incremento registrado en el último año explica buena parte del crecimiento acumulado en este tipo de adjudicaciones durante el último lustro.

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El procedimiento negociado sin publicidad está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y se utiliza en situaciones específicas en las que la Administración considera que no resulta adecuado recurrir a una licitación abierta. Sin embargo, su uso suele generar debate porque reduce el nivel de competencia empresarial frente a los procedimientos abiertos.

Más de 36.700 millones adjudicados desde 2021

El aumento de este mecanismo en los últimos años ha sido notable. Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado formalizó contratos mediante este sistema por un valor acumulado de 36.727 millones de euros.

Durante dicho periodo se han registrado 15.721 contratos o lotes adjudicados mediante negociación directa con empresas invitadas. Si se divide el volumen total adjudicado entre el número de expedientes formalizados, la cuantía media de cada contrato supera los 2,3 millones de euros.

Este dato permite observar que no se trata únicamente de contratos de pequeña dimensión, sino de adjudicaciones con un volumen económico considerable dentro del gasto público estatal.

El peso de este procedimiento dentro del conjunto de la contratación pública también resulta significativo. Desde 2021, la Administración General del Estado ha licitado contratos por un importe superior a 190.000 millones de euros. Dentro de ese volumen total, las adjudicaciones mediante negociado sin publicidad representan aproximadamente el 20% de la contratación estatal.

El crecimiento se concentra en 2025

La evolución de la serie muestra que el ejercicio 2025 ha marcado un punto de inflexión. Más del 60% de todo el dinero adjudicado mediante este procedimiento desde 2021 se concentra precisamente en el último año.

Los datos del panel estadístico de Oirescon muestran además que el mayor incremento se produjo en el tramo final del ejercicio, cuando se registró el pico trimestral más elevado desde que se dispone de registros comparables.

Entre los factores que explican este aumento destacan las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito del material militar y de equipamiento estratégico.

Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad.

Qué significa el procedimiento negociado sin publicidad

El mecanismo de negociación directa permite a la Administración contratar sin publicar previamente una licitación abierta. En lugar de convocar un concurso público al que puedan presentarse todas las empresas interesadas, el organismo contratante invita directamente a determinados proveedores y negocia con ellos las condiciones del contrato.

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Este sistema está previsto en la legislación española para situaciones excepcionales. Entre los supuestos que permiten utilizarlo figuran los contratos que solo puede ejecutar un proveedor concreto, los casos de urgencia que no permiten esperar a los plazos de un procedimiento ordinario o aquellos proyectos con características técnicas muy específicas que limitan la competencia.

A pesar de estar regulado por ley, su utilización suele ser objeto de seguimiento por parte de organismos de supervisión porque reduce la concurrencia empresarial.

Ojo, que los contratos menores quedan fuera de estas cifras

Uno de los aspectos más relevantes de los datos publicados es que el volumen de 23.116 millones no incluye los contratos menores. Este tipo de adjudicaciones constituyen otra modalidad de contratación directa, pero están limitadas por ley a importes más reducidos y siguen un procedimiento distinto.

Por tanto, las cifras analizadas corresponden exclusivamente a contratos negociados sin publicidad que superan los umbrales económicos establecidos para los contratos menores.

Los organismos encargados de supervisar la contratación pública utilizan este tipo de indicadores para evaluar el nivel de competencia en el mercado de compras públicas.

Cuando una administración recurre con frecuencia a procedimientos sin convocatoria pública, el número de empresas que pueden optar al contrato se reduce considerablemente.

La competencia como garantía de eficiencia

La Comisión Europea analiza periódicamente el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros a través de distintos indicadores del mercado interior. Uno de los elementos clave que evalúan estas herramientas es el grado de competencia en los procedimientos de adjudicación.

Las instituciones comunitarias consideran que la competencia entre empresas es un factor esencial para garantizar la eficiencia del gasto público. Cuando varias compañías compiten en un concurso abierto, la presión competitiva suele favorecer ofertas más ajustadas al presupuesto y mejores condiciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas Europeo también ha advertido en diversos informes que la falta de competencia en los procesos de contratación puede afectar a la eficiencia del gasto público.

Cuando las administraciones negocian directamente con un número reducido de proveedores, disminuye la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar las condiciones del contrato.

Imágenes | El País, Pixabay

El uso de créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias alcanzó en 2025 un nivel sin precedentes en lo que a las cuentas públicas españolas se refiere.

A falta de datos definitivos sobre el cierre del ejercicio del año anterior, el volumen de gasto ejecutado al margen de los Presupuestos Generales del Estado ya supera con holgura el registrado durante el peor momento de la pandemia, cuando el contexto sanitario justificó medidas excepcionales de enorme alcance económico.

Las cifras publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado confirman una tendencia que se ha acelerado durante los últimos meses. Hasta el 30 de noviembre de 2025, las modificaciones de crédito ascendían a 75.446 millones de euros, una cantidad que bate todos los registros previos.

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Además, refleja el uso intensivo de mecanismos extraordinarios para financiar el gasto público en un ejercicio marcado por la prórroga presupuestaria.

Un volumen de gasto que supera el de la crisis sanitaria

El dato resulta especialmente significativo si se compara con el año 2020, cuando el impacto del covid obligó a desplegar un esfuerzo presupuestario sin precedentes.

Entonces, las modificaciones de crédito alcanzaron los 74.303 millones de euros a cierre de noviembre, cifra que ahora ha sido superada en más de un punto porcentual. Al cierre definitivo del ejercicio 2025, el gasto extraordinario se situó en 76.077 millones, lo que confirma una tendencia al alza sostenida mes a mes.

Este crecimiento contrasta con la evolución posterior a la pandemia. En 2021 el importe se redujo de forma notable hasta los 17.459 millones, en 2022 ascendió ligeramente hasta los 18.905 millones y en 2023 descendió a 14.048 millones.

La diferencia fundamental es que durante esos ejercicios existían Presupuestos Generales del Estado en vigor, una situación que no se ha producido ni en 2024 ni en 2025.

El resultado ha sido un incremento del 50% en las modificaciones de crédito respecto al ejercicio anterior, cuando ya se rozaron los 50.000 millones.

El volumen actual equivale al 38% del límite de gasto no financiero planteado por el Gobierno para 2025, un techo que fue rechazado por el Congreso y que nunca llegó a entrar en vigor.

Qué son las modificaciones de crédito y por qué se disparan

Las modificaciones presupuestarias permiten alterar los créditos inicialmente aprobados para adaptarlos a nuevas necesidades.

Pueden adoptar distintas formas, desde créditos extraordinarios para partidas inexistentes hasta suplementos, ampliaciones, transferencias entre partidas o incorporaciones de remanentes no utilizados.

Aunque se trata de herramientas legales y habituales en la gestión pública, su uso masivo genera controversia cuando se convierten en el principal instrumento de ejecución presupuestaria.

En la práctica, permiten al Ejecutivo ampliar el gasto sin pasar por el control parlamentario que implica la aprobación de unos nuevos Presupuestos.

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En 2025, este recurso se ha utilizado de forma intensiva, lo que ha provocado que el volumen de gasto ejecutado fuera de las cuentas prorrogadas alcance cifras históricas.

La ausencia de nuevos Presupuestos ha reforzado esta dinámica, consolidando un modelo basado en ajustes continuos y decisiones discrecionales.

Los ministerios con mayor volumen de gasto extraordinario

El análisis por departamentos revela importantes diferencias. El Ministerio de Economía encabeza el uso de modificaciones presupuestarias, con más de 13.000 millones de euros ejecutados hasta noviembre.

Le sigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con más de 8.500 millones, una cifra vinculada en gran medida a las necesidades del sistema de pensiones.

El Ministerio de Defensa ocupa el tercer lugar, con 6.335 millones de euros, y destaca por el fuerte incremento registrado respecto al ejercicio anterior. Solo en noviembre, el aumento interanual fue del 158%, reflejo del impulso al gasto militar y a las inversiones vinculadas a infraestructuras y operatividad.

En el ámbito de las inversiones, las partidas destinadas a infraestructuras militares superaron los 1.700 millones, mientras que las inversiones operativas rozaron una cifra similar.

En paralelo, las inversiones civiles mostraron movimientos dispares, con transferencias negativas en algunas partidas y aumentos relevantes en otras destinadas a reposición y funcionamiento de servicios.

Transferencias y presión sobre el gasto público

Otro de los capítulos más relevantes ha sido el de las transferencias. La Seguridad Social recibió más de 8.200 millones de euros adicionales para hacer frente al pago de las pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo ante la insuficiencia de cotizaciones.

Las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales rozaron los 10.000 millones, mientras que las subvenciones a empresas privadas alcanzaron cifras próximas a los 220.000 millones.

En contraste, el Fondo de Contingencia registró una dotación negativa cercana a los 3.000 millones, lo que reduce el margen de maniobra ante posibles imprevistos futuros.

Imágenes | EDATV, Pixabay

La última memoria de impacto normativo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que acompaña al borrador del real decreto para subir las pensiones en 2025, revela un dato sin paliativos: la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá cuando era ministro supone ya un sobrecoste de casi 32.900 millones de euros al año para las arcas públicas.

Una cantidad enorme, comparable al pago anual de intereses de la deuda, y que multiplica la inversión estatal en ámbitos como la investigación o la defensa.

Sin embargo, detrás de esta realidad económica hay una cuestión social difícil de obviar: sin esta reforma, millones de pensionistas hoy serían más pobres.

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O lo que es lo mismo: un dilema que refleja muy bien la situación a la que se enfrentan las políticas públicas.

Por un lado, mantener el poder adquisitivo de los mayores es clave para que no caigan en la pobreza. Por otro, ese esfuerzo presupuestario consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades sociales o productivas.

Un aumento sostenido y acumulativo

Desde la entrada en vigor de la reforma en 2022, las pensiones contributivas se actualizan conforme al IPC y las mínimas se vinculan al umbral de la pobreza. Esto ha significado aumentos anuales del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024 y del 2,75% previsto para 2025.

La factura de estas subidas, sumadas año tras año, alcanza ya los mencionados 32.900 millones, una cifra que prácticamente se ha quintuplicado en comparación con 2021, antes de la reforma.

A modo de ejemplo, en 2021 la actualización de pensiones costó 1.464 millones, mientras que en 2023, año de inflación desbocada, el gasto para las revalorizaciones llegó a 14.174 millones.

El pago total de las pensiones en España asciende actualmente a 170.000 millones de euros al año, absorbiendo gran parte del aumento del gasto público de los últimos ejercicios.

Las pensiones contributivas concentran la mayor parte del incremento, con 5.950 millones de los 7.166 previstos para la actualización de 2025. Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital suponen el resto del desembolso.

Tres factores detrás del aumento

El crecimiento de esta partida presupuestaria no se explica solo por la reforma normativa. También influyen otros dos factores: el aumento sostenido del número de pensionistas y el progresivo incremento de la pensión media que perciben los nuevos jubilados.

Aunque la diferencia entre las pensiones de quienes se incorporan al sistema y quienes salen de él por fallecimiento se ha reducido, los nuevos perceptores suelen cobrar algo más, lo que contribuye a elevar el gasto.

La reforma, además de indexar las pensiones al IPC, ha vinculado las mínimas al umbral de la pobreza y ha ampliado el complemento por brecha de género, que para 2025 experimentará un aumento adicional del 5%.

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Todo ello supone un esfuerzo económico mayor, pero también busca una mayor equidad en el sistema y evitar que las pensiones más bajas queden por debajo de los mínimos dignos.

Un esfuerzo que desplaza otras políticas

La reforma de las pensiones tiene un claro efecto en las cuentas del Estado: resta margen para otras políticas públicas. Según los datos del COFOG, entre 2008 y 2022 solo las pensiones de jubilación han absorbido casi el 38% del aumento del gasto público total.

En términos de PIB, han pasado de representar un 6,3% en 2008 a un 10,2% en 2022, mientras que partidas como la vivienda han reducido su peso a menos de la mitad en el mismo periodo. También superan holgadamente a la inversión en ciencia, innovación y defensa.

Se trata, por tanto, de una auténtica dicotomía. El gasto en pensiones asegura que millones de mayores con rentas bajas o medias no caigan en la pobreza y puedan mantener un nivel de vida digno. Pero la magnitud del esfuerzo impide destinar esos mismos recursos a mejorar otros ámbitos esenciales para el desarrollo económico o la cohesión social.

La sostenibilidad futura de este esquema, por tanto, dependerá en buena medida de la evolución demográfica y de la capacidad del mercado laboral para generar ingresos suficientes.

Nuevas pensiones mínimas y umbral de la pobreza

La reforma también ha tenido un impacto relevante sobre las pensiones mínimas, que ahora están ligadas a la evolución del umbral de la pobreza. Según las previsiones para 2025, la pensión mínima de jubilación para quienes tienen cónyuge a cargo se situará en 1.127,20 euros mensuales, y en 874,10 euros para quienes no lo tienen.

Las pensiones de viudedad para titulares con cargas familiares también alcanzarán los 1.127,20 euros. Por su parte, el umbral de la pobreza estimado para 2025 se eleva hasta los 11.944,88 euros anuales, un 8,7% más que en 2023. Esto garantiza que las pensiones mínimas sigan por encima de esa línea de pobreza relativa.

La pregunta ahora es cómo asegurar que el sistema siga siendo sostenible y equitativo a largo plazo, equilibrando las necesidades de los pensionistas actuales con las posibilidades financieras del Estado y las generaciones futuras. Todo un desafío del que difícilmente alguien tiene una fórmula mágica, al menos a día de hoy.

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Dentro del paquete de medidas económicas que el Gobierno de coalición puso en marcha el martes pasado para hacer frente a los efectos negativos del coronavirus en la economía de España se encuentran los avales públicos.

El remedio del Gobierno de coalición es inyectar 117 mil millones de euros públicos, de los que 100 mil millones, son avales públicos que buscan garantizar la liquidez de las empresas y autónomos en este situación de alarma sanitaria por el coronavirus.

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¿Qué es un aval?

Un aval es una garantía de pago. Los avales los suelen pedir las entidades bancarias a la hora de conceder un préstamo o un crédito. El avalista es la persona, o en este caso que se hace cargo de la deuda en caso de que el prestatario, persona a la que se le concede el préstamo o crédito, no lo puede hacer frente al pago.

Es decir, un aval funciona como un contrato de afianzamiento a través de este una entidad bancaria confía en que un tercera va a cumplir con sus obligaciones financieras a la hora de devolver las cuotas con los interés.

Cuando se pide un aval, lo que se pretende es consolidar una garantía de que se va a cobrar las obligaciones financieras contraídas. Cuando una entidad bancaria lo solicita a una persona que pide un préstamo o crédito, el objetivo es asegurarse de que va a recibir el dinero aún en el caso que no se pueda hacer frente a los pagos.

Los avales públicos se añade a la línea Thomas Cook de financiación para el sector turístico

Los avales públicos se van a realizar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas garantías permitirán a las entidades bancarias poner entre 20 mil y 50 mil millones de euros en créditos a interés bajo.

Se prevé que la cantidad necesaria que necesita el sistema son alrededor de 30 mil millones de euros para paliar los efectos económicos del coronavirus. Con estos avales públicos se consigue:

• Que las empresas, independientemente como estén, puedan acceder de forma rápida a liquidez.
• En el caso de que alguno de estos préstamos acabasen siendo impagados, no perjudicaría a la entidad bancaria que los ha concedido.

Todos los sectores se pueden acoger a estas líneas de crédito y el objetivo es que las empresas dispongan de liquidez para poder hacer frente a los gastos fijos que tienen en sus empresas y que por falta de facturación provocada por el coronavirus no se pueden hacer frente.

En paralelo, existe otra partida de créditos para el sector turísticos, que entre las entidades bancarias se conoce ‘línea Thomas Cook’, por 400 millones de euros, que hace frente el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A parte de los avales públicos se autoriza 2 mi millones para las empresas exportadoras

El Real decreto permite ampliar la capacidad de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10 mil millones de euros para facilitar la liquidez a las empresas (PYMES y autónomos), a través de líneas de financiación de este organismo, y así conseguir paliar los efectos económicos del coronavirus.

Durante el período de 6 meses, el Real Decreto autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2 mil millones de euros a cargo del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internalización para créditos circulantes de las empresas exportadoras.

Los avales públicos se pueden aplicar a cualquier necesidad de la empresa

Los avales públicos servirán para cubrir tanto la renovación de préstamos ya existentes como para lograr nuevas líneas de financiación concedidas por entidades bancarias y, por tanto, hacer frente a los efectos negativos ocasiones por el coronavirus.

Los créditos obtenidos mediante la obtención de estos avales públicos podrán servir a las empresas y los autónomos para hacer frente al pagos de facturas, resolver necesidades de material o de tesorería de la empresa, incluyendo los vencimiento de obligaciones de entidades bancarias o de la Agencia Tributaria, es decir, para pagar impuestos.

Durante la semana pasada el Gobierno ya realizó una moratoria de las obligaciones fiscales para empresas y autónomos para que puedan aplazar hasta 30 mil euros del IRPF, IVA o el Impuesto de Sociedades durante 6 meses, con una carencia de 3 meses, sin costes ni intereses.

Esta moratoria para las PYMES y los autónomos sólo iba dirigido a aquellas empresas y autónomos que facturasen como máximo 6 millones de euros el año pasado, por lo tanto, estos avales públicos permitirán a las empresas con mayor volumen de facturación hacer frente a los impuestos, además de ser destinado al pago de las nóminas de los empleados.

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En este país la gestión empresarial sigue siendo la asignatura pendiente. Prueba de ello es que UGT-A ha dotado 115.000 euros por si tuviera errores en la imputación de facturas de cursos pagados con dinero público y tuviera que devolver finalmente este dinero. Es completamente asumible, es muy normal que una empresa se equivoque en las imputaciones presupuestarias que se llevan a cabo y que se le cuelen gastos de unas partidas a otras. Me recuerda mucho a esos constructores que se compraban coches de gama alta e imputaban el coste de la compra a una promoción en curso. Es completamente lógico.

Pues no, no tiene lógica ni es un error, porque si una organización, sea la que sea, es capaz de asumir estos errores, es lógico pensar que más que errores existe intencionalidad y que ahora, la excusa perfecta tiene un cierto tono similar a la monarquía: "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir".

Este tipo de errores, en cadenas de verificación de gastos que pasan por diferentes manos y diferentes organismos, no tienen explicación alguna, al igual que tampoco la tiene la negativa a pedir un cambio diametral de concepto en una serie de facturas y que se imputen en partidas presupuestarias que no son las correctas. Si son errores, el sindicato no es de fiar en la gestión presupuestaria y si no lo son, peor aún.

UGT-A tiene la espada de damocles en la cabeza, porque hay que tener la cara muy dura para afirmar que el cambio de concepto que le pidieron al decorador del mitin organizativo de la huelga de 2010 es un error tal y como vemos en el vídeo de cabecera. Existen correos electrónicos desde UGT-A respaldando esta petición por lo que la intencionalidad y malversación de fondos públicos está más allá de las dudas razonables.

Pero como suele ocurrir con todos estos casos de delitos contra la Hacienda Pública, quedarán impunes y sin responsables de ningún tipo.

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El último escándalo con la gestión de fondos públicos salpica de lleno a UGT-A, tal y como está publicando El Mundo desde hace un par de semanas. El medio comandado por Pedro J. ha publicado diversas facturas imputadas a partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía destinadas a formación de trabajadores que no se han usado en estos menesteres y sí para otros gastos de la organización sindical. El importe global, sin estimar pero cada día salen a la luz varias decenas de miles de euros que agravan el problema.

Desde UGT-A han usado parcialmente estos fondos para pagar los costes de impresión de su revista, gastos generales para preparar su Congreso, la presencia en la huelga general del 2010 o incluso comidas en la Feria de Sevilla que poco tienen que ver con estas políticas activas. La respuesta del sindicato: tirar balones fuera y desde la Junta de Andalucía, callan por ahora. Está claro, que en este país quién no corre, vuela y el dinero público sigue siendo un plato muy goloso para todos.

El modus operandi de estos trapicheos con dinero público

El mecanismo usual para llevar a cabo estos engaños requiere la colaboración completa de las empresas que prestan los servicios, dado que se produce un falseamiento de los conceptos facturados. Prueba de ello es el testimonio de este empresario al que le hicieron cambiar el concepto de la factura. ¿Por qué? Porque las auditorias de fondos públicos se basan en las descripciones conceptuales, una memoria justificativa que se puede falsear sin problemas y poco más. Sería interesante ver ya un tirón de orejas judicial a estas empresas que no dejan de colaborar activamente con estos fraudes.

Hablando de empresas, llama poderosamente la atención también la falta de infraestructuras a priori de algunos empresarios para llevar a cabo determinadas tareas tal y como denuncia Ausbanc. Por ejemplo, preparar el envío de 180.000 revistas a un coste de 5 céntimos por unidad, tal y como ocurre con la empresa del presidente de Facua, es cuanto menos llamativo, máxime aún si no ha contado con empleados o subcontratación de esta tarea. La respuesta de la empresa por ahora: no sabe/no contesta y los servicios se han prestado realmente.

Las dietas, sospechosos pagos no sujetos a IRPF

Para la AEAT, cualquier empresa que pague dietas es sospechosa de dichos pagos, para evitar la tributación por IRPF y la cotización a la Seguridad Social. Esta tesis la mantiene siempre la AEAT y es la empresa la encargada de demostrar que son pagos reales de dietas.

En UGT-A se ha optado por un sistema de liquidación de dietas realmente curioso, dado que todos los pagos están redondeados a 400/500 euros/mes por miembro de la ejecutiva, se liquidan 22 días laborables de dietas de manera indiscriminada y el número de kilómetros es cuanto menos llamativo. ¿Por qué se hace esto? Porque así se evitan pagar impuestos por estas dietas y a efectos de informes fiscalizados, los salarios recibidos por los receptores son menores.

Aquí, sería muy lógico que la Fiscalía que ya ha solicitado una investigación a fondo de toda esta información, traslade a la AEAT y a la Agencia Tributaria la demostración fehaciente de estas dietas y que no corresponden con pagos salariales encubiertos, obviando las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF, tal y como hacen mal muchas empresas y que el propio sindicato critica y persigue acertadamente cuando localiza estas irregularidades.

El peligroso clientelismo sindical

Si un sindicato tiene trapicheos oscuros con empresas y con la gestión de fondos públicos difícilmente puede defender adecuadamente a sus representados y por extensión a todos los trabajadores que entran en las negociaciones de convenios colectivos. En el caso de UGT-A, la sombra de la duda es realmente alargada y pone de manifiesto como es preferible sindicatos más autónomos y mejor autofinanciados como puede ser por ejemplo la CNT que este tipo de estructuras cuya sombra de corrupción es alargada.

En los sindicatos mayoritarios están apareciendo indicios realmente graves de la hipotética existencia de delitos, sindicatos que en simultáneo son los que más fondos públicos gestionan para actividades directas con los trabajadores, con la formación y con la reinserción laboral.

Este tipo de gestiones que salen a la luz, son las que ponen de manifiesto unos problemas que habría que atajar de raíz y que probablemente, queden en meros titulares y no se depuren adecuadamente las responsabilidades civiles y penales si las hay. Mientras tanto, seguimos destinando fondos a formación de trabajadores que no se usan para tal.

En El Blog Salmón | CEOE, trabajadores y sindicatos en el caso de Arturo Fernández: cobardes, El futuro de los sindicatos

En EEUU, si un ciudadano denuncia una actuación de fraude fiscal, impago de multas, intereses u ocultación de dinero público y dicho expediente finaliza con una inspección en la que se comprueba realmente el fraude, el denunciante recibe un premio por parte del Gobierno. Este premio que se recibe puede alcanzar el 30% del dinero recuperado en impuestos con un límite de 10 millones de dólares.

En España, por contra, no se permite ni siquiera la denuncia anónima y aunque el Gobierno ha planteado una especie de premio para los denunciantes de los pagos en efectivo para operaciones de más de 2.500 euros, el premio en sí, es que no se pagaría la sanción puesto que sólo denunciaria el propio defraudador y no se aplicaría a un tercero. Esta misma tarde, lanzaba en Twitter esta pregunta:

Pagaríaias 10 euros por denunciar ante la Agencia Tributaria de manera anónima? Lo pregunto en serio y se agradece feedback

— Remo (@Remo_) noviembre 4, 2012

A día de hoy, creo firmemente que el número de denuncias tributarias es tan bajo por la imposibilidad de mantener un sistema anónimo de denuncias y a la vez, tal y como me comentaban en Twitter, los incentivos para la denuncia son más negativos que positivos, si el denunciado se entera que tú eres el denunciante, por ejemplo.

Asimismo, en el campo laboral, es imposible presentar una denuncia que no sea presencial y en los casos que se denuncian, se suele actuar tarde, a deshoras y mal, por lo que no siempre se obtienen las situaciones irregulares que se desean en la regulación de las relaciones laborales.

Ahora bien, si en España tuvíeramos incentivos económicos para denunciar el fraude fiscal, el volumen de economía sumergida sería más pequeño por los propios incentivos económicos que se generan. Cualquier persona podría ejercer como “inspector de Hacienda” a comisión, extremo que me parece muy positivo a día de hoy. ¿Opiniones?

PD: Gracias a @JPSerranoH por las fuentes.

En El Blog Salmón | Qué pasa con el fraude fiscal, Procedimientos para denunciar el fraude fiscal ante la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo
Imagen | Gaelx

Os dejo un documental ya antiguo sobre el papel de las ongs, Con ánimo de lucro. Desde una posición ideológica que entiendo es muy diferente a la mía las conclusiones a las que llegamos son muy similares. Hay muchas ongs que no son tales, son organizaciones totalmente gubernamentales, tiran del dinero publico para financie sus proyectos y para financiarse sus vidas.

Esperad a ver el final del documental, en un momento parece que pierde el pulso, pero se acaban poniendo las cartas sobre la mesa con aquella visita a la niña.

Ya comenté en su momento que no era mala cobertura para un negocio particular la constitución de una ong. Hubo quien se sorprendió. Yo lo hice con su sorpresa.

PD: lo del alcalde tiene su punto, lo de la iglesia no tanto (y eso que no soy precisamente proclerical).

Más información | Conanimodelucro En El Blog Salmón | Políticos, dinero público y las ONGs, Los nuevos telepredicadores laicos y los viejos métodos

Hoy es un día para felicitar a todos los Bankeros, tanto a los titulares de las acciones de BFA-Bankia como a todos los consejos de administración de los últimos 10 años de Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja La Rioja, Caixa Laietana, Caja de Ávila y Caja Canarias. El balance de BFA presenta un agujero patrimonial de 13.365 millones de euros.

Es decir, para que lo entendamos facilito, hay que poner directamente en la entidad 13.635 millones de euros para que la entidad valga cero y se liquide pagando a todo el mundo. ¿Y sabéis quién va a poner este dinero? bien, habéis acertado, porque el paganini es el FROB y por extensión todos los españoles. Pero tranquilos, que no queda aquí la historia, aún hay más dado que el coste total del rescate de BFA-Bankia será de 35.500 millones de euros de dinero público.

De los 23.500 millones iniciales que se estimaron para BFA-Bankia, resulta que ya son en total 35.500 millones de euros porque el plan de recapitalización aprobado consiste en inyectar 19.000 millones de euros en BFA y su pase íntegro al Estado y en octubre, una ampliación de capital de 12.000 millones de euros directos para Bankia. Ahora, el ministro de Economía nos dirá que ese dinero se captará en los mercados, que los inversores correrán raudos y veloces a la entidad y bla, bla, bla…

La verdad será que el FROB tendrá que volver a sacar el talonario y habremos consumido en una sola entidad 31.000 millones de euros y las arcas públicas asumirán el riesgo completo de la cuarta entidad financiera del país. Desde hoy, todos somos BANKEROS.

En El Blog Salmón | Bankia en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, Bankia: yo no quiero pagar los platos rotos de políticos y Bankeros

Se ha levantado cierta polémica desde Fedea con Esperanza Aguirre y la Comunidad de Madrid por la concesión de un premio de investigación a Juan Ramón Rallo. En Nada es Gratis critican la casi nula labor investigadora de Rallo frente otros candidatos. A posteriori, en esa misma entradalos comentarios de la entrada que enlazo, se ha conocido que Fedea también presentó para el premio a Jesús Fernández Villaverde, economista con un extensísimo curriculum de investigación y que no cabe duda que es de los mejores economistas menores de 40 de España. Además, Fedea ya consiguió ese premio el año pasado en otro de sus economistas.

El premio en cuestión tiene una dotación económica de 21.000 euros (hay otro de 42.000 euros para un matemático) y tanto en comentarios de dicha entrada como en otras valoraciones que se han realizado de dicho premio, se critica el “pago político y divulgador” a una determinada ideología, sin primar la verdadera labor académica. Lo que a mí me llama la atención es que un organismo como Fedea, que está aconsejando sistemáticamente recetas de austeridad, control del gasto público y que han colocado a Luís Garicano en el programa de análisis para la reforma de las universidades con el objetivo de meter la tijera, no ponga el grito en el cielo de manera previa por estos “despilfarros” de dinero público y sólo saquen los premios a relucir si no son premiados (ojo, no digo que Fernández Villaverde no sea merecedor del premio, que lo es).

Ni que decir tiene, que el Instituto Juan de Mariana que hace gala de su financiación ajena a los recursos públicos y el propio premiado, (me comentan por Twitter que el Instituto Juan de Mariana no recibe un solo euro de este premio) Juan Ramón Rallo, deberían replantearse seriamente ingresar dicho premio en sus arcas públicas y renunciar a la dotación económica, simplemente por coherencia con el discurso al que nos tienen acostumbrados. Aquí todos pregonamos austeridad, menos impuestos y control del despilfarro, apuntando a reformas estructurales en Sanidad, Educación, Pensiones o cualquier otra pata del gasto público.

Pero si resulta que mi organización o alguno de sus miembros, como fue Fedea el año pasado, o ahora Juan de Mariana con Rallo reciben 21.000 euros de dinero público, se nos olvida la austeridad y entonces hablamos de excelencia, curriculums y la trayectoria investigadora de un grupo de dos economistas propuestos no por ellos, sino por sus respectivas organizaciones.

Curioso rasero éste que abanderan algunos economistas y fundaciones cuando les toca recibir a ellos una porción de la tarta del dinero público.

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Imagen | Humberto Terenziani