En los últimos años, España ha experimentado un incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional como parte de una clara estrategia para combatir la desigualdad salarial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con menores ingresos.
Esta política, como no, ha generado un intenso debate entre economistas, empresarios y responsables políticos. Mientras algunos destacan su papel como herramienta redistributiva, otros alertan: tiene efectos no deseados sobre el empleo y la viabilidad de pequeñas empresas.
Un estudio reciente de Fedea, elaborado por los economistas Marcel Jansen, Florentino Felgueroso, Jorge Casanova y David Catalán, ha proporcionado nueva evidencia empírica sobre esta cuestión, centrando el análisis en el impacto de la subida del SMI en 2019, que supuso un incremento del 22% en un solo año (de 735,9 € a 900 € mensuales en 14 pagas).
Utilizando datos del Panel Empresa-Trabajadores (PET), se ha podido observar cómo reaccionaron las plantillas de diferentes tipos de empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas.
La difícil tesitura de la pyme
El estudio se basa en un enfoque comparativo que permite medir el efecto causal de la subida del SMI sobre la evolución del empleo y los salarios. Inspirado en la metodología de Harasztosi y Lindner (2019), los investigadores han comparado el comportamiento de empresas con distintos grados de exposición al nuevo salario mínimo. Esta exposición se mide a través del porcentaje de trabajadores que cobraban en torno al SMI antes de la reforma.
Aunque no se dispone de datos directos sobre productividad o márgenes de beneficio, los autores han utilizado el tamaño de la empresa como variable proxy, asumiendo que las empresas más grandes tienden a tener mayor poder de mercado y capacidad para absorber aumentos de costes, mientras que las pequeñas son mucho más vulnerables.
¿Quiénes fueron los más afectados?
Los resultados son concluyentes: el 21% de las empresas analizadas se vieron afectadas por la subida del SMI, y en estas, el 12% de sus trabajadores tenían salarios por debajo del nuevo umbral.
La afectación, sin embargo, varía enormemente en función del tamaño empresarial. En las microempresas (menos de 5 empleados), el 100% de los trabajadores estaba directamente impactado por la medida. En contraste, en las grandes empresas (más de 250 empleados), solo un 2% de los empleados percibía un salario cercano al mínimo legal.
Este dato refleja la alta concentración de salarios bajos en empresas pequeñas, que no solo tienen estructuras más frágiles, sino también una menor capacidad de reorganización interna ante un aumento súbito de costes laborales.
Impacto directo sobre el empleo y los salarios
Uno de los efectos más visibles del aumento del SMI en 2019 fue el ajuste en las plantillas. En aquellas empresas donde todos los empleados se vieron afectados, el crecimiento salarial fue del 11,4%, pero el empleo cayó un 4,5%. Es decir, la política tuvo un efecto redistributivo, pero también implicó pérdidas de puestos de trabajo.
En promedio, el 40% del incremento salarial teórico se vio contrarrestado por despidos o falta de nuevas contrataciones. En el caso de las microempresas, este porcentaje fue aún mayor, evidenciando una mayor rigidez para adaptarse a los cambios normativos.
Además, el estudio revela que los efectos negativos no se limitaron a la reducción del número de empleos. También se observó una mayor rotación laboral, con aumentos simultáneos en los flujos de entrada y salida de trabajadores. Esta volatilidad ha tenido consecuencias en la calidad del empleo, con un descenso en los contratos indefinidos y una mayor recurrencia a contratos parciales y temporales.
Una respuesta desigual entre tipos de empresa
Mientras que las empresas pequeñas registraron los mayores efectos adversos, las medianas también experimentaron dificultades, aunque en menor grado. En muchos casos, las empresas medianas recurrieron a reorganizaciones internas o sustitución de perfiles laborales, priorizando contratos más flexibles para contener el impacto.
En el extremo opuesto, las grandes empresas mostraron una notable resiliencia. Su bajo nivel de exposición al SMI, unido a mayores márgenes y recursos tecnológicos, les permitió afrontar el cambio sin necesidad de reducir plantilla o alterar significativamente sus dinámicas laborales.
¿Qué pasó con los trabajadores desplazados?
Uno de los datos más preocupantes del estudio es la ausencia de movilidad ascendente entre los trabajadores que perdieron su empleo tras la subida del SMI. No existe evidencia de que se hayan reubicado en puestos mejor remunerados o de mayor productividad.
En algunos casos, los trabajadores pasaron a empleos incluso más precarios, lo que contradice uno de los argumentos habituales a favor de estas políticas: que obligar a pagar más puede “filtrar” a los empleados más productivos hacia mejores oportunidades.
Este resultado sugiere que el mercado laboral español, caracterizado por una alta dualidad y segmentación, no siempre facilita transiciones fluidas hacia empleos de mayor calidad, sobre todo para los perfiles más vulnerables.
En términos agregados, el efecto de la subida del SMI sobre el empleo puede parecer reducido: una caída de entre 0,5 y 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento del empleo, que en ese año fue del 3%. Sin embargo, este impacto se concentra en segmentos muy específicos del tejido productivo, lo que genera desigualdades y distorsiones importantes en el corto plazo.
La medida también ha tenido implicaciones fiscales. Por un lado, ha generado un aumento en la recaudación por cotizaciones sociales y un leve incremento del consumo entre los trabajadores que mantuvieron sus empleos. Por otro, ha forzado a muchas pequeñas empresas a operar en condiciones más frágiles, y en algunos casos, a reducir o suspender su actividad.