Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

La capacidad de las infraestructuras eléctricas de España no está evolucionando como debería. Esta situación ha llevado a la Comisión Europea a lanzar una nueva advertencia sobre la necesidad de acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones para evitar problemas de competitividad, seguridad de suministro y aumento de los precios energéticos. No quiere oír de un nuevo apagón.

Dentro de las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo, Bruselas considera prioritario que España abandone progresivamente el denominado modo de operación reforzada de la red eléctrica.

Se trata de un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad del sistema en circunstancias determinadas, pero que está generando importantes repercusiones económicas.

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Pero ¿cuál es la razón? la fórmula, inicialmente concebida como una medida preventiva, ha adquirido un carácter recurrente en determinados periodos, incrementando la dependencia de tecnologías convencionales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico español

Un sistema que sigue dependiendo de los ciclos combinados

El modo de operación reforzada obliga al operador del sistema a recurrir con mayor frecuencia a centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural para garantizar parámetros técnicos esenciales, especialmente la estabilidad de la tensión en la red.

Aunque este recurso permite reforzar la seguridad del suministro, también supone una mayor utilización de combustibles fósiles en un contexto donde la Unión Europea busca acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética exterior.

Tras el gran apagón registrado el 28 de abril de 2025, se impulsaron diversas medidas correctoras basadas en las conclusiones técnicas elaboradas por los organismos europeos encargados de supervisar las redes eléctricas.

Sin embargo, las instituciones comunitarias consideran que estas actuaciones representan únicamente una parte de la solución y que es necesario abordar reformas más profundas.

El objetivo es lograr que el sistema eléctrico pueda operar con normalidad apoyándose en una mayor capacidad de red y almacenamiento, reduciendo así la necesidad de recurrir constantemente a mecanismos extraordinarios.

La expansión renovable avanza más rápido que las infraestructuras

Uno de los principales desafíos identificados por la Comisión Europea es el desequilibrio existente entre el crecimiento de la generación renovable y la capacidad real de las infraestructuras para absorber esa energía.

España se ha convertido en uno de los líderes europeos en potencia solar y eólica instalada. Sin embargo, numerosos proyectos se encuentran con dificultades para conectarse a la red debido a limitaciones técnicas, congestiones y retrasos administrativos.

La situación afecta tanto a nuevas instalaciones energéticas como a proyectos industriales que necesitan acceder a capacidad eléctrica para desarrollar sus actividades.

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Según el análisis comunitario, la red de transporte y distribución requiere importantes actuaciones de modernización para adaptarse a un escenario donde la electricidad tendrá un papel cada vez más relevante en sectores como la movilidad, la climatización o los procesos industriales.

El almacenamiento energético sigue siendo insuficiente

El almacenamiento aparece como otro de los grandes retos pendientes según Bruselas.

La capacidad de almacenar energía resulta fundamental para aprovechar al máximo la producción renovable y garantizar el equilibrio entre generación y demanda.

Cuando existe excedente de electricidad procedente de fuentes solares o eólicas, las baterías y otros sistemas de almacenamiento permiten conservar esa energía para utilizarla posteriormente cuando sea necesaria.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento antes de finalizar la década. Sin embargo, a comienzos de 2026 las previsiones apuntaban a poco más de 8 gigavatios disponibles o comprometidos.

La Comisión considera que acelerar el despliegue de estas tecnologías será esencial para reducir restricciones, minimizar vertidos de energía renovable y reforzar la estabilidad de la red.

El impacto económico preocupa a Bruselas

Más allá de las implicaciones técnicas, la Comisión Europea también pone el foco en las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

El mantenimiento prolongado del modo de operación reforzada genera gastos adicionales para el sistema eléctrico. Diversas estimaciones del sector cifran en alrededor de 2.300 millones de euros el impacto acumulado asociado a este mecanismo durante los primeros meses de 2026.

Estos importes terminan afectando de una u otra forma a consumidores domésticos, empresas e industrias intensivas en energía, especialmente en un momento en el que la competitividad energética se ha convertido en un factor estratégico para la economía europea.

La preocupación es aún mayor en sectores industriales que compiten en mercados internacionales y para los que cualquier incremento en la factura energética puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a otros países.

La fiscalidad energética

El informe comunitario también analiza otro elemento relevante: la estructura impositiva aplicada a la energía.

Aunque Bruselas no plantea cambios concretos, sí observa que la diferencia entre los precios mayoristas de la electricidad en España y la media europea no siempre se traslada íntegramente al consumidor final.

Imágenes | Kyasarin, Vallentina_

El campo español lleva años buscando cultivos con más margen. Y la historia de Juan José Chacón ayuda a entender por qué el pistacho se ha convertido en una de las grandes apuestas agrícolas en Castilla-La Mancha.

Según recoge Vozpópuli a partir de una entrevista en La Sexta, este agricultor de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, pasó de moverse en cultivos tradicionales como la viña, el olivo y el cereal a construir una explotación de 160 hectáreas dedicada al pistacho.

De un crédito de 6.000 euros a 160 hectáreas de pistacho

La historia empezó en 2010. Chacón decidió pedir un préstamo de 6.000 euros para cambiar el rumbo de su explotación agrícola. Hasta entonces trabajaba con cultivos habituales en buena parte del campo manchego: viña, olivo y cereal.

El salto no fue inmediato, pero sí muy rápido en términos agrícolas. El propio agricultor asegura que, entre 2010 y 2016, logró triplicar el capital invertido. “Entre 2010 y 2016 triplicamos el capital”, explicó.

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De invertir 6.000 euros a ganar 650.000 euros al año : el boom del pistacho para agricultores como Juan José

La clave no estuvo solo en plantar pistacho. También estuvo en qué hizo después con el dinero que iba entrando.

Chacón optó por una estrategia muy clara: reinvertir los beneficios en nuevas plantaciones. En la práctica, eso significaba comprar más tierra, ampliar superficie y aumentar la producción. Ese proceso le ha llevado hasta las 160 hectáreas de pistacho que maneja actualmente.

El salto de ingresos: de 40.000 a 650.000 euros al año

La comparación es la que convierte el caso en llamativo. Según su propio testimonio, antes ingresaba unos 40.000 euros anuales con el cereal y el olivo. Con el pistacho, asegura haber llegado a 650.000 euros al año.

No es una diferencia menor. Es el tipo de cifra que explica por qué tantos agricultores empiezan a mirar más allá de los cultivos tradicionales cuando los precios bajos, la competencia exterior y la incertidumbre reducen los márgenes.

Chacón, además, sostiene que su explotación todavía tiene recorrido. Si mantiene esta evolución, calcula que podría alcanzar los 2 millones de euros en apenas dos años.

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Su defensa del cultivo es rotunda: “No hay producto en el campo que se iguale al pistacho. Ni en inversión, ni en producción, ni en rentabilidad”.

Y todavía fue más lejos al describir lo que, en su opinión, puede suponer este fruto seco para quienes lo produzcan: quien se dedique al pistacho podrá vivir de ello “como un marqués”.

La lectura económica: más margen en un campo con menos certezas

El caso de Juan José Chacón no explica por sí solo todo el futuro del campo español. Pero sí resume una tendencia de fondo: muchos productores están buscando cultivos alternativos con más rentabilidad, más estabilidad y mejor margen.

El pistacho ha entrado justo en esa conversación. Especialmente en Castilla-La Mancha, donde este cultivo ha pasado de ser una apuesta minoritaria a convertirse en una opción observada por agricultores que vienen de sectores más presionados.

El problema es que no todos los cambios de cultivo son replicables de forma automática. Hace falta tierra, capital inicial, tiempo, capacidad de reinversión y asumir el riesgo de una transición agrícola. Pero el caso de Chacón muestra por qué el pistacho se ha ganado tanta atención: cuando funciona, puede cambiar por completo la economía de una explotación.

En definitiva, el pistacho ya no aparece solo como una promesa agrícola. Para algunos productores, se ha convertido en un negocio de alto margen. Y para agricultores como Juan José Chacón, en la diferencia entre sobrevivir con cultivos tradicionales y multiplicar los ingresos de una finca.

Imagen: La Sexta.

Hay frases que explican mejor el mercado laboral que muchas estadísticas. “No me hago rico, pero estoy mejor que en muchos sitios” resume bastante bien la experiencia de algunos trabajadores de IKEA en España: un sueldo ajustado, pero acompañado de condiciones que, dentro del comercio, pueden resultar más competitivas que en otros empleos de base.

Según recoge El Español, algunos empleados de IKEA en España hablan de sueldos de unos 1.300 euros mensuales, incluyendo complementos. La cifra no es especialmente alta en términos absolutos, pero obliga a mirar algo más que la nómina nominal.

La pregunta de fondo es sencilla: cuánto gana realmente un trabajador de IKEA y qué parte de esa remuneración depende del salario base, los complementos, las pagas extra o los beneficios añadidos.

Un sueldo modesto, pero en la parte alta de algunos puestos base

Los datos citados por El Español muestran una horquilla bastante clara. Según HuffPost, en 2023 el salario base anual para un empleo de IKEA en categoría de personal base era de 15.705,65 euros brutos. Prorrateado en 12 mensualidades, eso equivale a unos 1.308 euros al mes si se incluyen las pagas extra.

Otros portales rebajan algo esa referencia. Jooble estima que el salario promedio de un trabajador de IKEA en España ronda los 13.536 euros anuales, lo que supondría aproximadamente 1.128 euros al mes en jornadas completas.

Indeed, por su parte, recoge opiniones internas de empleados que mencionan salarios cercanos a los 1.180 euros mensuales para puestos de base. En esas valoraciones también aparecen críticas: algunos trabajadores consideran que los sueldos son “muy bajos para el esfuerzo exigido”.

Con ese marco, los 1.300 euros mensuales quedan en la parte alta del rango para empleados de base, especialmente si se tienen en cuenta complementos y pagas extra. No es una cifra que permita grandes márgenes de ahorro o gastos extraordinarios, pero sí puede resultar más atractiva que otras alternativas comparables dentro del comercio.

Lo que IKEA añade más allá de la nómina

La remuneración no se limita al sueldo que entra cada mes en la cuenta. IKEA ofrece beneficios adicionales como comedor subsidiado, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos para empleados. Esos elementos no sustituyen a una subida salarial, pero sí pueden mejorar la percepción global del empleo.

Además, IKEA negoció en 2023 con los sindicatos una subida media del 6,68% en los complementos salariales. Según el texto original, esas mejoras se incorporaron desde 2024 y situaron a la plantilla con uno de los salarios fijos más altos del sector de la distribución en España.

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La clave está en que ese paquete puede hacer que el salario real de un trabajador supere los 1.300 euros mensuales si se suman complementos y beneficios. Pero el matiz es importante: eso no convierte el sueldo en alto, sólo lo hace algo más competitivo frente a otros empleos de base.

También hay una segunda cara. En opiniones compartidas en Indeed se repite una idea: el ambiente puede ser “bueno”, pero la carga de trabajo es intensa. Algunos empleados señalan que los salarios no compensan del todo el esfuerzo físico ni los turnos rotativos.

El artículo original también recoge una crítica reciente relacionada con Reino Unido e Irlanda. Allí IKEA habría prometido subidas salariales, mientras que no contemplaría aumentos similares para la plantilla española por ahora. Esa diferencia ha generado preocupación entre empleados.

En este punto, la negociación colectiva se vuelve decisiva. El convenio del sector de grandes almacenes regula muchas condiciones salariales y complementos, así que buena parte de las mejoras depende del acuerdo colectivo vigente y de la capacidad de negociación con los sindicatos.

Para quienes ascienden dentro de la compañía, la foto cambia. Puestos como coordinador, técnico o jefe de sección pueden superar esos niveles base. En esos casos, los 1.300 euros mensuales ya no serían un techo, sino más bien un punto de partida.

En definitiva, el caso de IKEA muestra una realidad bastante frecuente en el comercio: un salario que sigue siendo modesto, pero que puede ganar atractivo si se acompaña de complementos, beneficios y cierta estabilidad. La frase del trabajador funciona porque no vende una situación ideal. Describe algo más cotidiano: no cobrar mucho, pero sentir que se está algo mejor que en otros sitios.

Imagen: IA generada por Magnific.

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento tan complicado como dispar. Encontrar una vivienda sigue siendo difícil, pero no tanto como hace unos pocos meses.

Y es que, por un lado, la escasez de vivienda disponible sigue situando la compra de un piso o una casa prácticamente en máximos históricos. Aunque ojo, también se nota una cierta bajada de los precios en algunas ciudades. Grandes capitales como Madrid o Barcelona se resisten.

Sin embargo, aunque esta caída de los precios empezara a generalizarse por todo el país de una manera continua y sostenida, los nuevos compradores podrían toparse con una ley que promete encarecer aún más los precios.

Una modificación que llega desde Bruselas

Una nueva modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) promete crispar aún más el mercado y, de paso, la relación entre administraciones públicas, promotores, constructores y profesionales del sector.

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Los ayuntamientos tienen suelo para miles de viviendas, pero muchísimos proyectos siguen atrapados en suelo que nadie mueve

La actualización normativa, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado mes de diciembre, pretende adaptar la construcción española a los nuevos objetivos europeos de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad. ¿Y esto qué significa? Pisos nuevos más caros.

De hecho, según los cálculos realizados por el Colegio de Aparejadores de Madrid, la aplicación de las nuevas exigencias técnicas podría incrementar el precio medio de una vivienda de nueva construcción en hasta 18.000 euros.

La pregunta es, ¿este esfuerzo económico terminará siendo asumido por las promotoras o acabará repercutiendo directamente en el comprador final?

El objetivo: edificios climáticamente neutros

Una de las principales razones que justifican la reforma es la adaptación de la normativa española a la Directiva Europea sobre eficiencia energética en edificios aprobada en 2024.

El objetivo comunitario pasa por alcanzar un parque inmobiliario con emisiones prácticamente nulas antes de mediados de siglo. Para ello, Bruselas ha establecido una hoja de ruta que obliga a endurecer progresivamente los requisitos constructivos.

La nueva regulación contempla que los edificios públicos de nueva construcción cumplan con criterios de neutralidad climática a partir de 2028. Dos años después, esta exigencia se extenderá al conjunto de nuevas edificaciones residenciales.

La intención es reducir el consumo energético de los inmuebles, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible.

Aparcamientos para bicicletas y nuevas exigencias urbanas

Entre las nuevas medidas también figura la obligación de incorporar espacios específicos para bicicletas en los edificios residenciales.

La propuesta establece la necesidad de habilitar dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada vivienda construida, salvo que exista una normativa municipal que contemple exigencias inferiores.

Además, se fijan dimensiones mínimas para estos espacios y se reserva una parte de las plazas para bicicletas de gran tamaño o destinadas a personas con movilidad reducida.

Más protección frente a incendios

La reforma también endurece los requisitos de seguridad contra incendios. Las nuevas exigencias afectan especialmente a las fachadas, donde se refuerzan las condiciones de comportamiento frente al fuego de los materiales empleados en la envolvente exterior de los edificios.

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El aviso sobre la vivienda en España: “Millones de españoles se van a arruinar en cinco años por comprar su vivienda”

El objetivo es reducir el riesgo de propagación rápida de las llamas y adaptarse a los sistemas constructivos más modernos.

Los garajes también estarán sujetos a mayores controles. La creciente presencia de vehículos eléctricos ha llevado a introducir mejoras en ventilación, sectorización y sistemas de protección específicos para este tipo de espacios.

Otra novedad relevante es la incorporación obligatoria de alarmas autónomas de detección de humo en edificios residenciales, una medida que ya se aplica desde hace años en numerosos países europeos.

La energía solar gana protagonismo

La nueva versión del CTE apuesta claramente por incrementar la producción de energía renovable dentro de los propios edificios.

Para ello se incorpora una exigencia específica relacionada con la generación mínima de energía fotovoltaica. El planteamiento deja atrás el modelo anterior basado en obligaciones parciales y pasa a integrar la captación solar como un elemento esencial dentro del diseño de los inmuebles.

La intención es que las nuevas promociones aprovechen al máximo su potencial energético mediante instalaciones capaces de reducir el consumo procedente de fuentes convencionales.

Las voces críticas con la renovación del CTE no han tardado en llegar. Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) han presentado alegaciones al proyecto desde una perspectiva técnica con el objetivo de compatibilizar los objetivos medioambientales con la viabilidad económica de las promociones.

Conforme está el mercado inmobiliario y la escasez de obra, ¿es ahora el momento de esta supuesta subida de precio extra?

Imágenes | Scott Blake, Sherise Van Dyk

El mercado del alquiler por habitaciones se ha convertido en una salida para perfiles muy distintos. Jóvenes que no pueden emanciparse solos, madres con bebés que buscan una habitación y también pensionistas que encuentran cada vez más puertas cerradas. El problema es que, cuando la vivienda se comparte, el precio no es la única barrera: también entra en juego la convivencia.

Según recoge El Español, Alba Aldehuela, propietaria de un piso compartido, explicó en el programa Y Ahora Sonsoles que no alquilaría habitaciones a jubilados. No lo planteó como una cuestión económica, sino como una decisión vinculada a su día a día, a su edad y al tipo de entorno que quiere en la vivienda en la que también reside.

Una propietaria joven en plena crisis del alquiler

Alba tiene 25 años y es propietaria de un inmueble que alquila por habitaciones. El piso está en Madrid, una ciudad donde, según ella misma reconoce, hay mucha demanda de vivienda.

Su caso resulta llamativo porque cruza dos realidades de la misma crisis. Por un lado, los jóvenes tienen problemas para independizarse por falta de ingresos suficientes. Por otro, los jubilados se encuentran con el rechazo de algunos arrendadores, especialmente cuando buscan una habitación en un piso compartido.

En el caso de Alba, el piso fue comprado por su padre. Ella lo explicó así: "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

Esa frase es importante porque cambia el marco del alquiler. No se trata de una vivienda que la propietaria explote desde fuera, sino de una casa en la que ella vive. Y desde ahí justifica su criterio: "Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno".

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"Es mi preferencia"

La propietaria asegura que ha notado la presión de la vivienda de forma directa. No solo le escriben jóvenes. También, según contó, "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Aun así, Alba sostiene que la situación general no elimina su margen para decidir con quién comparte casa. "Es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día", explicó.

Su argumento gira siempre sobre la misma idea: la compatibilidad en la convivencia. No dice que una persona mayor le moleste, pero sí que no encaja con lo que busca para su piso. "No es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

La frase resume bien la tensión del caso. En un mercado con mucha demanda, el propietario puede elegir. Y cuando la oferta escasea, esa elección pesa mucho más sobre quien busca vivienda.

El filtro de edad convertido en filtro de convivencia

Alba explica su criterio por el momento vital en el que se encuentra. Busca personas de su mismo rango de edad y con rutinas parecidas.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", señaló.

Ahora ya no está en esa etapa universitaria. Está trabajando. Pero el patrón, según ella, sigue siendo similar: quiere compartir con "el mismo perfil de persona".

También añadió otro matiz: vive en otra comunidad autónoma distinta a la de su familia y está "lejos de mi familia". Por eso insiste en que no busca discriminar, sino construir un entorno que le resulte cómodo y compatible.

El ejemplo que utilizó fue muy gráfico: "Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana". Con esa frase intentó explicar que una persona jubilada podría tener horarios, expectativas y rutinas muy distintas a las de alguien de 25 años.

Y cerró su razonamiento así: "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad".

Un caso pequeño que enseña un problema grande

La historia de Alba no va solo de una propietaria joven que alquila habitaciones. Va de cómo el alquiler compartido está dejando de ser una solución puntual para estudiantes y se está convirtiendo en una salida para perfiles cada vez más diversos.

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Ahí aparece el choque. Una habitación puede ser la única opción viable para alguien que no puede pagar una vivienda completa. Pero si esa habitación está dentro de una casa donde también vive el propietario, el acceso depende de una decisión muy personal: con quién quiere convivir, qué horarios acepta y qué tipo de vida considera compatible.

En definitiva, el caso muestra una de las caras más incómodas de la crisis de la vivienda. Cuando faltan pisos asequibles, incluso una habitación se convierte en un bien escaso. Y en ese escenario, los filtros personales de los propietarios pueden acabar funcionando como una barrera añadida para colectivos que ya lo tienen difícil, como los jubilados.

Imágenes: programa Y ahora Sonsoles.

España puede presumir de récord de empleo, pero esa foto tiene una segunda lectura mucho menos cómoda. La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con más de 21,8 millones de ocupados, una cifra que el Gobierno ha utilizado para defender la fortaleza del mercado laboral. El dato oficial del cuarto trimestre elevó incluso la ocupación hasta los 22.463.300 trabajadores.

El problema es que el número total de ocupados no cuenta toda la historia. La tasa de actividad se mantiene en torno al 58%, lo que significa que una parte muy relevante de la población en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Y, al ampliar el foco, aparecen jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos. Es decir, muchas personas que consumen servicios públicos, pero no todas contribuyen al sistema a través del empleo.

El récord de ocupación no elimina el problema de fondo

La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y especialista en política fiscal, abordó este desequilibrio en el pódcast TruthTime Project, donde habló de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es especialmente duro: a su juicio, el sistema “ya ha explotado” porque una parte creciente de las pensiones se financia mediante deuda pública.

La clave está en cómo funciona el sistema español. Las pensiones públicas se basan en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Mientras la base de cotizantes crece y la población activa es suficiente, el mecanismo puede sostenerse con menos tensión.

Pero la ecuación cambia cuando hay más pensionistas, menos nacimientos y una parte importante de la población fuera del mercado laboral. Ahí es donde Poole sitúa el principal punto débil de España: un país envejecido, con baja natalidad y con una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos.

Su frase resume esa preocupación: “En España, solo el 37% de la población trabaja”. Y añade otra idea que condensa su diagnóstico: somos “un país muy grande sostenido por muy pocos”.

Conviene matizar el dato. Las estadísticas laborales oficiales pueden medirse de varias maneras y no todas responden exactamente a la misma pregunta. No es lo mismo calcular ocupados sobre población total que medir tasa de actividad, tasa de empleo o población en edad de trabajar. Pero la advertencia de Poole apunta a una tensión real: la base que sostiene el sistema es más estrecha de lo que sugiere el titular del récord de empleo.

Pensiones, deuda y una factura que se traslada al futuro

La presión sobre las cuentas públicas ya es uno de los grandes debates económicos de España. El gasto en pensiones sigue aumentando y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para cubrir todos los pagos.

No es una preocupación aislada. Organismos como la AIReF llevan tiempo avisando de que el envejecimiento obligará a tomar decisiones importantes si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En su evaluación más reciente, la autoridad fiscal concluye que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes.

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Poole va más allá en su interpretación. Sostiene que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho más alto que el que aparece en las cifras oficiales. En otras palabras, el país estaría sosteniendo una parte del sistema “tirando de crédito” y desplazando el coste hacia las próximas generaciones.

Esa es la parte incómoda del debate. No se trata únicamente de pagar las pensiones de hoy, sino de saber qué margen fiscal quedará mañana para financiar sanidad, dependencia, educación, inversión pública o cualquier otra política.

El esfuerzo fiscal también entra en la ecuación

Poole también pone el foco en el sistema fiscal español. Su tesis es que muchos trabajadores no perciben de forma completa cuánto pagan realmente en impuestos y cotizaciones, porque buena parte de ese coste se descuenta automáticamente de la nómina.

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Eso hace que el esfuerzo fiscal sea menos visible. El trabajador recibe su salario neto, pero no siempre interioriza el coste laboral completo, las cotizaciones sociales o el peso agregado de IRPF y otros tributos.

La economista considera además que España soporta una presión fiscal elevada para el nivel salarial del país. La comparación con otros países europeos, según su argumento, no puede hacerse solo mirando impuestos: también hay que mirar los sueldos. Con salarios más altos, una carga fiscal elevada puede ser más asumible. Con salarios más ajustados, el impacto se nota directamente en el ahorro, el consumo y los gastos básicos de las familias.

Ayudas, incentivos y demografía

Otro punto de su crítica está en algunas ayudas sociales. Poole sostiene que, en determinados casos, pueden generar incentivos débiles para incorporarse al mercado laboral. No plantea el problema solo como una cuestión de gasto, sino como un equilibrio delicado entre protección social y estímulo al empleo.

Pero, para ella, el núcleo del problema sigue siendo demográfico. España tiene cada vez menos nacimientos y una población cada vez más envejecida. Eso implica menos trabajadores futuros y más presión sobre un sistema público que depende de las cotizaciones presentes.

En definitiva, el récord de ocupación es una buena noticia, pero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cuántas personas trabajan, cuánto cotizan y durante cuánto tiempo podrán sostener un gasto público cada vez más condicionado por las pensiones y el envejecimiento.

Después de más de seis décadas recorriendo los cielos, Joan Prince Crandall ha decidido poner fin a una carrera que comenzó en 1959 y que la ha convertido en LA figura más longeva de la aviación comercial.

Con 66 años de servicio ininterrumpido, Delta Air Lines la considera la auxiliar de vuelo con más antigüedad de toda la industria aérea.

Y no es para menos, su trayectoria ha sido testigo de una transformación radical del transporte aéreo. Desde los pequeños aviones de hélice de mediados del siglo XX hasta los modernos gigantes capaces de transportar a más de 300 pasajeros.

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Crandall ha vivido en primera persona algunos de los cambios más importantes de la historia de la aviación. “Esa ha sido mi carrera, de azafata a auxiliar de vuelo”, explicó durante una entrevista a CNN en la que repasó una vida dedicada a conectar personas y destinos alrededor del mundo.

Controles de peso y prohibido casarse

Cuando Joan Prince Crandall inició su carrera profesional, el perfil que buscaban las aerolíneas poco tenía que ver con el actual. La imagen, la edad y la apariencia física tenían un peso determinante en los procesos de selección.

“Las aerolíneas quieren a mujeres jóvenes con una apariencia glamurosa”, recordó. En aquella época, los uniformes seguían las tendencias de moda del momento y las compañías ponían especial atención en la imagen que proyectaban sus tripulaciones.

Su primer destino fue Pacific Airlines, una compañía regional estadounidense que operaba aeronaves como el Martin 404, el Fairchild F-27 y el legendario Douglas DC-3, un avión con capacidad para apenas 24 pasajeros que marcó una época en la aviación comercial.

Sin embargo, detrás de aquella imagen elegante existían numerosas limitaciones para las trabajadoras. Algunas compañías imponían estrictos controles de peso, prohibían el matrimonio y obligaban a retirarse a edades que hoy resultarían impensables. “En esta era, esas políticas nunca habrían sucedido”, afirmó Crandall al recordar aquellos años.

Joan Prince Crandall cuando era una joven auxiliar de vuelo. Cortesía de Joan Prince Crandall para CNN

Los cambios que revolucionaron la aviación

La veterana profesional fue testigo de la transición más importante del sector: el paso de los aviones de hélice a los reactores comerciales.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las aerolíneas comenzaron a incorporar aeronaves mucho más rápidas, silenciosas y eficientes. Aquella evolución transformó completamente la experiencia de vuelo y permitió conectar ciudades que hasta entonces requerían escalas y largas horas de viaje.

Para Crandall, aquellos avances siguen siendo algunos de los momentos más emocionantes de toda su carrera. La evolución tecnológica permitió ampliar rutas, aumentar la seguridad y multiplicar el número de pasajeros transportados cada año.

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También fue testigo de la llegada del Boeing 747, un modelo que revolucionó el transporte aéreo internacional y abrió la puerta a la expansión masiva del turismo mundial.

La lucha por los derechos de las mujeres

Más allá de los cambios tecnológicos, la auxiliar de vuelo destaca otro acontecimiento que marcó profundamente su profesión: la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos.

La incorporación de la protección frente a la discriminación por razón de sexo modificó las condiciones laborales de millones de mujeres y tuvo un impacto directo en el sector aéreo. “Cambió la vida para ti y para mí, y para las mujeres en el país, pero fue un gran cambio para las auxiliares de vuelo”, señaló en su entrevista.

Gracias a esta evolución legislativa, las trabajadoras dejaron de enfrentarse a restricciones relacionadas con el matrimonio o la maternidad.

El papel de la azafata de vuelo ahora es más importante

Aunque muchos pasajeros siguen asociando el trabajo de los auxiliares de vuelo al servicio en cabina, la realidad es mucho más compleja.

Durante sus más de seis décadas de experiencia, Crandall ha visto cómo las funciones de estos profesionales adquirían una importancia creciente en materia de seguridad operacional.

Hoy los auxiliares son responsables de gestionar evacuaciones, coordinar emergencias médicas, controlar situaciones de riesgo y garantizar que los procedimientos de seguridad se cumplan correctamente. “El trabajo es más difícil, es más largo”, explicó al comparar las condiciones actuales con las de sus primeros años.

La diferencia también se aprecia en el tamaño de las aeronaves. Mientras que los aviones de hélice en los que comenzó apenas transportaban unas pocas decenas de pasajeros, un Airbus A350 de Delta puede superar los 300 ocupantes en determinadas configuraciones.

El relevo para una nueva generación

Antes de su retirada, Crandall tuvo la oportunidad de conocer a nuevas profesionales que comienzan ahora el mismo camino que ella inició hace más de medio siglo.

Ahora, tras 66 años surcando los cielos, su próximo proyecto será escribir un libro y seguir viajando por placer. Eso sí, esta vez lo hará sentada entre los pasajeros y no al frente de la cabina.

Imágenes | CNN

En este contexto de transformación sectorial, nuevas fórmulas como el rent to rent emergen como una alternativa muy lucrativa para obtener rentabilidad rápida sin necesidad de comprar un inmueble.

El engranaje del 'rent to rent' y sus números

La inversión en vivienda en España se disparó más de un 30 % el año pasado respecto al ejercicio anterior, registrando máximos históricos. Tal y como explica la información publicada por El Español a partir del informe Real Estate Market Outlook 2026 de la consultora CBRE, las perspectivas para los próximos meses apuntan a que este apetito inversor se mantendrá al alza de forma clara. El entorno económico acompaña gracias a unos tipos de interés estables en el entorno del 2 % y unas condiciones de financiación cada vez más favorables. Sin embargo, este bum coincide con una profunda crisis de acceso a la vivienda y un encarecimiento del alquiler que aviva el debate sobre los límites de estos modelos de negocio.

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La mecánica de esta fórmula es tan sencilla sobre el papel como lucrativa en la práctica: consiste en arrendar una propiedad completa a su dueño para, inmediatamente después, subarrendar sus estancias de forma independiente a terceros. Rocío, una especialista en inversión inmobiliaria que compagina cinco viviendas en régimen de alquiler tradicional con la gestión de 75 habitaciones enfocadas al subarriendo, conoce al detalle este modelo. Hace unos meses, desgranaba las claves de su éxito en el pódcast Libertad Inmobiliaria, conducido por el inversor Carlos Galán.

Los márgenes que maneja explican por qué el sistema gana adeptos con rapidez. Rocío obtiene un beneficio mínimo de 410 euros por cada piso que gestiona bajo este formato. Además, el capital inicial que destina a amueblar y acondicionar los inmuebles se suele recuperar en un plazo de entre seis y siete meses. Para lograrlo, realiza un desembolso contenido pero estratégico. "Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir. También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día", explica la inversora, matizando que este coste puede variar según si el perfil del propietario es más tradicional o inversor.

Radiografía del inmueble idóneo para el subarriendo

El primer paso del negocio requiere convencer al propietario original del piso. La estrategia comercial es directa: ofrecer una renta algo superior a la que se pide en el mercado a cambio de liberar al dueño de cualquier gestión o problema con los inquilinos. "Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso", resume Rocío sobre el principal gancho de esta fórmula.

A partir de su experiencia, la inversora ha definido con precisión las características del activo que funciona mejor para maximizar la rentabilidad. Su piso estándar se ubica en un barrio trabajador, cuenta con tres habitaciones y un salón independiente que termina reconvertido en una cuarta habitación habitable. Por lo general, son fincas sin ascensor que solo requieren una reforma básica, tipo lavado de cara. La única exigencia clave es que el cuarto de baño se encuentre en buen estado, pero "sin dejarme un dineral" en las mejoras, apunta la experta.

El caso real de Bilbao: costes y rentabilidades

Llevar esta teoría a la práctica requiere poner el foco en una localización concreta. Tomando como referencia el mercado inmobiliario de Bilbao, que es donde Rocío despliega su actividad habitual, las cuentas mensuales resultan muy ilustrativas. Un piso de estas características se alquila al propietario por unos 950 euros mensuales. Posteriormente, cada una de las habitaciones se subarrienda por un precio de unos 400 euros. De este modo, los ingresos brutos mensuales se sitúan alrededor de los 1.600 euros.

A esa facturación total hay que descontarle los gastos corrientes, principalmente los suministros de la vivienda. Tras esa deducción, se llega al rendimiento neto final. Rocío insiste en que, en un piso típico, el beneficio mínimo debe rondar los 410 euros, una cantidad que equivale prácticamente al precio de una habitación entera. Este colchón financiero resulta vital para la viabilidad del negocio, puesto que permite asumir periodos puntuales con alguna estancia vacía sin que la operación deje de ser rentable.

Aunque Rocío empezó comprando viviendas antes de dar el salto a la gestión de habitaciones, defiende que para quienes carecen de un gran capital de partida el orden ideal puede ser el opuesto. "Mi camino ha sido primero invertir y después gestionar pisos rent to rent. Al final, gestionar habitaciones no es algo muy complejo, simplemente tienes que saber los pasos, aprender un poco de los errores del resto", argumenta. El modelo se convierte así en una barrera de entrada muy baja para generar flujos de caja desde el primer momento. En definitiva, la acumulación de estos rendimientos mensuales puede funcionar como una palanca de ahorro acelerado a medio plazo, sirviendo para acumular el dinero de la entrada de un piso de inversión que mucha gente todavía no tiene.

Imágenes | YouTube (Libertad Inmobiliaria)

La transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo continúa sin materializarse pese a que la reforma fue aprobada por el Congreso de los Diputados a comienzos de 2023.

La medida formaba parte de la nueva Ley de Empleo y se presentó como una de las principales herramientas para modernizar las políticas activas de empleo, mejorar la coordinación entre administraciones y adaptar el organismo a los nuevos retos del mercado laboral. Sin embargo, más de dos años después, nada más se sabe.

Una reforma aprobada pero pendiente de ejecución

La Ley de Empleo impulsada por el Gobierno durante 2022 y ratificada posteriormente por el Parlamento contemplaba la creación de la Agencia Española de Empleo como sustituta del actual SEPE. El objetivo era dotar al organismo de una estructura más flexible y moderna, con mayor capacidad de gestión y autonomía operativa.

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No obstante, la norma eso sí, no fijó un plazo concreto para aprobar el real decreto que debía desarrollar la nueva entidad. Y claro, esta ausencia de calendario ha permitido que el proyecto permanezca congelado en el tiempo.

Durante los primeros meses tras la aprobación de la ley se llegó a plantear una implantación relativamente rápida. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales de 2023 alteró las prioridades políticas y el proceso quedó relegado. Desde entonces, la iniciativa parece guardada en un cajón.

Qué pretendía cambiar la Agencia Española de Empleo

La creación de la nueva agencia buscaba responder a varios desafíos históricos del sistema público de empleo. Uno de los principales objetivos era reducir determinadas rigideces administrativas y facilitar una gestión más ágil de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios.

Además, la reforma pretendía fortalecer la colaboración entre el Estado y los servicios autonómicos de empleo, mejorando el intercambio de información y la coordinación de las políticas activas dirigidas a desempleados y empresas.

Otro de los propósitos era impulsar la digitalización del organismo y reforzar su capacidad para ofrecer servicios personalizados a quienes buscan trabajo. Todo ello en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la escasez de profesionales en determinados sectores y la necesidad de adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral.

Algunos cambios sí han comenzado a aplicarse

Aunque la agencia sigue sin ver la luz, algunas de las medidas incluidas en la Ley de Empleo sí han empezado a desarrollarse.

Entre ellas destaca la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para orientar a los demandantes de empleo y facilitar procesos de intermediación laboral.

También se ha avanzado en la elaboración de perfiles individualizados para los usuarios y en la creación de itinerarios personalizados destinados a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia de modernización prevista en la ley sí, aunque representan únicamente una parte de la reforma global diseñada inicialmente.

La colaboración con las empresas sigue pendiente

Uno de los aspectos que permanece sin avances relevantes es la cooperación con las compañías privadas dedicadas a la selección y gestión de talento.

Durante la fase inicial de elaboración de la reforma se llegó a plantear que las empresas estuvieran obligadas a comunicar todas sus vacantes al futuro organismo estatal.

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Finalmente, esa propuesta se suavizó durante la tramitación parlamentaria y la obligación quedó limitada a aquellas compañías que utilizaran los servicios públicos de empleo. La intención era disponer de una radiografía más precisa de los puestos vacantes existentes en España

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Falta respaldo presupuestario y administrativo para una transformación de gran envergadura? ¿Existen demasiadas diferencias sobre el modelo de gestión que debería adoptar el nuevo organismo? ¿Han tenido algo que ver los últimos cambios dentro del propio SEPE?

Un proyecto clave para el mercado laboral español

Lo único cierto es que mientras el proyecto permanece pendiente, España continúa enfrentándose a desafíos estructurales (y crónicos) como el desempleo de larga duración, la escasez de determinados perfiles profesionales y las dificultades para conectar la oferta y la demanda de trabajo de forma más eficiente.

Imágenes | El Mundo, Nk Ni