El mercado del alquiler por habitaciones se ha convertido en una salida para perfiles muy distintos. Jóvenes que no pueden emanciparse solos, madres con bebés que buscan una habitación y también pensionistas que encuentran cada vez más puertas cerradas. El problema es que, cuando la vivienda se comparte, el precio no es la única barrera: también entra en juego la convivencia.

Según recoge El Español, Alba Aldehuela, propietaria de un piso compartido, explicó en el programa Y Ahora Sonsoles que no alquilaría habitaciones a jubilados. No lo planteó como una cuestión económica, sino como una decisión vinculada a su día a día, a su edad y al tipo de entorno que quiere en la vivienda en la que también reside.

Una propietaria joven en plena crisis del alquiler

Alba tiene 25 años y es propietaria de un inmueble que alquila por habitaciones. El piso está en Madrid, una ciudad donde, según ella misma reconoce, hay mucha demanda de vivienda.

Su caso resulta llamativo porque cruza dos realidades de la misma crisis. Por un lado, los jóvenes tienen problemas para independizarse por falta de ingresos suficientes. Por otro, los jubilados se encuentran con el rechazo de algunos arrendadores, especialmente cuando buscan una habitación en un piso compartido.

En el caso de Alba, el piso fue comprado por su padre. Ella lo explicó así: "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

Esa frase es importante porque cambia el marco del alquiler. No se trata de una vivienda que la propietaria explote desde fuera, sino de una casa en la que ella vive. Y desde ahí justifica su criterio: "Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno".

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"Es mi preferencia"

La propietaria asegura que ha notado la presión de la vivienda de forma directa. No solo le escriben jóvenes. También, según contó, "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Aun así, Alba sostiene que la situación general no elimina su margen para decidir con quién comparte casa. "Es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día", explicó.

Su argumento gira siempre sobre la misma idea: la compatibilidad en la convivencia. No dice que una persona mayor le moleste, pero sí que no encaja con lo que busca para su piso. "No es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

La frase resume bien la tensión del caso. En un mercado con mucha demanda, el propietario puede elegir. Y cuando la oferta escasea, esa elección pesa mucho más sobre quien busca vivienda.

El filtro de edad convertido en filtro de convivencia

Alba explica su criterio por el momento vital en el que se encuentra. Busca personas de su mismo rango de edad y con rutinas parecidas.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", señaló.

Ahora ya no está en esa etapa universitaria. Está trabajando. Pero el patrón, según ella, sigue siendo similar: quiere compartir con "el mismo perfil de persona".

También añadió otro matiz: vive en otra comunidad autónoma distinta a la de su familia y está "lejos de mi familia". Por eso insiste en que no busca discriminar, sino construir un entorno que le resulte cómodo y compatible.

El ejemplo que utilizó fue muy gráfico: "Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana". Con esa frase intentó explicar que una persona jubilada podría tener horarios, expectativas y rutinas muy distintas a las de alguien de 25 años.

Y cerró su razonamiento así: "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad".

Un caso pequeño que enseña un problema grande

La historia de Alba no va solo de una propietaria joven que alquila habitaciones. Va de cómo el alquiler compartido está dejando de ser una solución puntual para estudiantes y se está convirtiendo en una salida para perfiles cada vez más diversos.

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Ahí aparece el choque. Una habitación puede ser la única opción viable para alguien que no puede pagar una vivienda completa. Pero si esa habitación está dentro de una casa donde también vive el propietario, el acceso depende de una decisión muy personal: con quién quiere convivir, qué horarios acepta y qué tipo de vida considera compatible.

En definitiva, el caso muestra una de las caras más incómodas de la crisis de la vivienda. Cuando faltan pisos asequibles, incluso una habitación se convierte en un bien escaso. Y en ese escenario, los filtros personales de los propietarios pueden acabar funcionando como una barrera añadida para colectivos que ya lo tienen difícil, como los jubilados.

Imágenes: programa Y ahora Sonsoles.

Durante años se asumió que China terminaría reequilibrando su modelo económico. Menos dependencia de las exportaciones y la inversión masiva. Más consumo interno. Más clase media gastando. Más servicios. Más “normalización”. Pero la transición nunca terminó de producirse.

China sigue funcionando como una potencia industrial gigantesca apoyada sobre un consumidor relativamente débil. Y cuando un país produce mucho más de lo que su propia población puede absorber, necesita colocar el excedente fuera.

Por eso las exportaciones chinas no son simplemente una historia de competitividad. También son una necesidad interna. El consumidor chino sigue sin tirar de la economía con suficiente fuerza. La crisis inmobiliaria dañó enormemente la confianza de los hogares. El paro juvenil continúa elevado. La incertidumbre laboral persiste. Las familias siguen ahorrando mucho porque no sienten suficiente seguridad económica

Los austeros chinos

Occidente suele interpretar el elevado ahorro chino como una cuestión cultural. Esto es parcialmente cierto, de hecho el ahorro de las empresas chinas es equivalente al de otros países, pero son los consumidores los que ahorran un gran porcentaje de su sueldo. Además es una respuesta racional a un entorno incierto. Si la vivienda pierde valor, el empleo es menos estable y la protección social sigue siendo limitada, los hogares ahorran más y consumen menos.

Si comparamos la tasa de ahorro de China con otras grandes economías, la diferencia es muy alta. En 2024, la de china fue de un 43,4%, por comparar la de EEU de un 17,1%, la de Alemania, Japón y España de un 25,3% (datos del Banco Mundial).

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Una economía como la china no necesita ahorradores, necesita consumidores gastando.

Porque el viejo motor alternativo también se está agotando. Durante décadas, China compensó el bajo consumo interno mediante construcción, infraestructuras, crédito y expansión inmobiliaria. Pero ese modelo ya no puede crecer al mismo ritmo. El exceso de deuda y la saturación del sector inmobiliario han reducido enormemente su capacidad para sostener el crecimiento.

Nos queda la industria. China tiene probablemente la mayor maquinaria industrial jamás construida en tiempos de paz. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, acero, electrónica, maquinaria pesada, productos químicos, barcos, componentes industriales. La escala es colosal. El país produce muchísimo más de lo que su mercado interno puede absorber hoy.

Pero esa capacidad industrial no puede quedarse parada. Cerrar fábricas implica desempleo, caída de ingresos locales, tensiones financieras y riesgo de inestabilidad social. Para el Partido Comunista Chino, mantener activa la producción no es solo un objetivo económico. Es una cuestión política.

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Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas

Por eso China necesita seguir exportando, no solo para crecer también para sostener empleo, actividad industrial y estabilidad interna. El problema es que cuanto más necesita exportar China, más tensiones genera con el resto del mundo (incluida la UE y España).

Europa teme que los vehículos eléctricos chinos destruyan parte de su industria automovilística. Estados Unidos acusa a Pekín de inundar mercados con sobrecapacidad subvencionada. Cada vez más países levantan barreras comerciales para proteger sectores estratégicos.

El mundo lleva años pidiendo a China que consuma más y dependa menos de las exportaciones

Muchos países e instituciones del mundo quieren resolver este problema de la economía china, hay propuestas (como esta del FMI de 2025) sobre como China podría transicionar a una economía más basada en el consumo interno y menos en las exportaciones. Pero el propio modelo político y económico chino sigue favoreciendo la inversión, la producción industrial y el ahorro antes que el consumo doméstico.

Mientras el consumidor chino no gane peso real dentro de la economía, el país seguirá dependiendo de colocar fuera su exceso de producción. Y eso significa más exportaciones, más presión competitiva global y más conflictos comerciales.

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Europa lleva años prometiendo el euro digital. Hong Kong ya ha puesto a sus bancos a mover stablecoins

Cambiar eso no es sencillo. Porque obligaría a redistribuir más renta hacia los hogares, reforzar el estado del bienestar, reducir la dependencia industrial y aceptar un crecimiento potencialmente más bajo en el corto plazo. El Partido Comunista Chino es consciente de este problema. Hace años que el plan quinquenal chino incluye pasar a una economía de consumo basada en la fuerza de los hogares. Esto es un motivo por el que la economía de EEUU es tan fuerte, sus consumidores gastan mucho, no dependen de otros para mantener su economía en marcha.

El consumidor chino tendría que consumir mucho más para equilibrar realmente la economía. Pero mientras eso no ocurra, China seguirá necesitando exportar más y más.

Imagen | ELG21, orthys, himurasaeta

El dato no es “preocupante”: es directamente una señal de alarma que los mercados suelen ignorar hasta que ya es tarde. Estados Unidos, el mayor motor de consumo del mundo, está enviando dos señales simultáneas que rara vez aparecen juntas sin consecuencias: desplome histórico de la confianza del consumidor y aumento visible del estrés financiero en la vida cotidiana.

Por un lado, el índice de la University of Michigan Survey of Consumers acaba de marcar un mínimo histórico desde que existen registros en 1952. Una lectura de 47,6 no solo es baja: es peor que durante la crisis financiera de 2008, peor que en plena pandemia y peor que el shock inflacionario de 2022. Cuando los estadounidenses dicen que nunca se han sentido tan pesimistas, no es una percepción menor, es un cambio de comportamiento en potencia.

Este indicador es una encuesta y no significa que la situación sea sensiblemente peor que en 1973 o 2008, pero un cambio de dirección nos indica que el consumidor de EEUU, no está bien.

Por otro lado, una señal mucho más silenciosa, y probablemente menudo más fiable, está emergiendo en paralelo: el repunte del uso de casas de empeño. Según Bloomberg, el encarecimiento de la gasolina, impulsado por la guerra en Irán, está llevando a más hogares a empeñar objetos personales para conseguir liquidez inmediata. No es una estadística glamurosa, pero claramente funciona como un indicador adelantado de tensión económica real.

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Mientras que Europa da vueltas al euro digital, en Hong Kong ya han lanzado su stablecoin

Estas dos dinámicas están conectadas por un mismo hilo: el consumo. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo global.

Estados Unidos representa cerca del 70% de su PIB a través del consumo de los hogares. Eso significa que no solo importa cuánto produce el país, sino cuánto están dispuestos a gastar sus ciudadanos. Cuando la confianza se hunde y las expectativas de inflación suben, hasta el 4,8% a un año vista, el comportamiento cambia. La gente empieza a recortar gastos, pospone compras grandes y prioriza lo esencial. Es un ajuste silencioso, pero poderoso.

Cuando el consumidor estadounidense se contrae, el mundo rara vez sale indemne

El problema es que el mundo entero depende de ese consumo. Europa exporta bienes industriales y de lujo a Estados Unidos. China depende en gran parte de la demanda externa para sostener su producción de prácticamente todo (electrodomésticos, automóviles, textil, electrónica, juguetes…) América Latina exporta materias primas cuyo precio está ligado al ciclo global. Si el consumidor estadounidense pisa el freno, el impacto se transmite como una onda expansiva: menos importaciones, menor producción global, caída de beneficios empresariales y ajustes en el empleo.

Lo que hace especialmente delicado el momento actual es la causa del shock. No se trata de una burbuja financiera como en 2008 o del auge del uso de la IA, sino de un encarecimiento rápido de bienes esenciales como la energía combinado con incertidumbre geopolítica. Este tipo de shock es más difícil de contener porque afecta directamente al día a día de los hogares.

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Además, hay un factor psicológico clave: la brecha entre datos “duros” y percepción. El empleo en Estados Unidos sigue relativamente fuerte y el consumo agregado no se ha desplomado aún. O mejora el sentimiento, o quizás los estadounidenses sigan recortando consumo.

Aquí es donde entra el riesgo de recesión global. No porque ya esté ocurriendo, sino porque las condiciones previas empiezan a alinearse. Caída de la confianza, aumento de expectativas de inflación, presión sobre los ingresos reales y señales de estrés financiero en los hogares.

La gran incógnita es que sucederá en las próximas semanas. Si los precios de la energía se estabilizan y la tensión geopolítica se reduce, el golpe podría quedarse en un susto. Pero si los precios se mantienen altos y la incertidumbre persiste, el ajuste podría intensificarse en los próximos meses.

La próxima recesión global, si llega, puede que no empiece en los bancos ni en los datacenters. Puede empezar en algo mucho más cotidiano: en millones de estadounidenses decidiendo gastar un poco menos al hacer la compra.

Vía | Bloomberg, MDM y Heather Long

Imagen | oohsnap e Inteligencia Artificial

En la carrera espacial global sobre el futuro del dinero, Europa avanza con cautela, mientras Asia acelera sin complejos. El contraste se ha vuelto especialmente visible entre el proyecto del euro digital del Banco Central Europeo y los avances de Hong Kong en activos digitales vinculados al dinero público y privado.

En la Unión Europea, el euro digital sigue en fase de preparación y diseño, su legislación no ha sido aprobada siquiera. El Banco Central Europeo (BCE) lleva años explorando su diseño, impacto y encaje legal, pero todavía no existe una fecha definitiva de lanzamiento. El proyecto se encuentra en una fase de preparación que incluye decisiones políticas clave sobre privacidad, intermediarios bancarios y límites de uso.

El BCE insiste en que el euro digital no es una criptomoneda ni un stablecoin, sino una forma digital de dinero, equivalente al efectivo pero en formato electrónico. Sin embargo, el proceso es lento (y esta velocidad is not a bug, it's a feature): Europa teme desestabilizar su sistema bancario y también enfrenta fuertes debates políticos sobre control estatal y privacidad financiera.

En Asia el ritmo es otro

Cuando hace década y media hablábamos de que el futuro de las finanzas podría pasar por Shanghai y Hong Kong, parecía ciencia ficción, ahora se habla de China en muchos foros como un rival equivalente de EEUU en muchos campos, aunque todavía no en las finanzas. La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha impulsado en paralelo varios proyectos de dinero digital, incluyendo el e-HKD, una moneda digital de banco central (CBDC), y un ecosistema regulado para stablecoins.

Técnicamente el e-HKD no es una stablecoin privada ni tampoco es una CBDC (Central Bank Digital Currency, como sería el Euro Digital), en la práctica representa una implementación funcional de dinero emitido por el banco central, ya probado en pilotos con instituciones financieras y casos de uso reales como pagos programables, transferencias y tokenización de activos.

Además, Hong Kong ha dado pasos más agresivos en la regulación de stablecoins privadas, estableciendo marcos legales para permitir su emisión bajo supervisión (en Europa se regula por la MiCA). De momento ha elegido a los dos bancos privados que actualmente emiten sus billetes el HSBC y el Standard Chartered (ambos con sede central en Londres, pero una fortísima presencia en Hong Kong desde la época colonial).

Hong Kong quiere convertirse en un hub de pagos en Asia y por eso mueve ficha en un mercado ya competitivo, porque el Banco de la República Popular ya lanzó el e-CNY o Reminbi Digital en los juegos olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021). En la torre de arquitectura High Tech del HSBC y en su vecina más estilizada y discreta del Standard Chartered, ya hay gente trabajando en estos proyectos.

Una percepción creciente en los mercados: mientras Europa debate, Asia implementa

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha hecho ya muchos informes sobre las stablecoins y las CBDC, con enfoques muy divergentes. En Asia, la estrategia suele ser experimental y orientada a la adopción; en Europa, normativa y centrada en el riesgo sistémico.

Este contraste no es solo técnico, sino geopolítico. El control de la infraestructura del dinero digital podría definir la próxima década financiera, desde los pagos internacionales hasta la tokenización de activos y la soberanía monetaria.

En ese contexto, Hong Kong se posiciona como laboratorio financiero de Asia con una fuerte competencia por parte de Singapur y Shanghai, mientras Europa intenta no perder el control del cambio sin precipitarse.

La pregunta de fondo es si la prudencia europea será una ventaja a largo plazo o una desventaja frente a jurisdicciones que ya están desplegando sistemas en producción.

 Cada cierto tiempo sale algún “influencer” afirmando que los Estados están “expropiando” los planes de pensiones privados. Suele poner como ejemplo lo que pasa en algún país de nuestro entorno (como Latinoamérica o Europa). Sin embargo, cuando se analizan en profundidad los casos que suelen citarse como ejemplo, el patrón que aparece es distinto: no se trata de confiscaciones arbitrarias del ahorro, sino de reformas institucionales en sistemas donde la cotización es obligatoria y está sujeta a reglas públicas. Es decir, lo que cambia no es la propiedad en sentido estricto, sino el marco en el que se generan y reconocen los derechos de pensión.

Así que las recientes noticas de Colombia, Argentina, Polonia y Portugal no son tales, vayamos una a una para analizar qué ha pasado en cada caso.

Colombia: elección de régimen y traslado de derechos

El sistema colombiano se estructura en dos regímenes excluyentes: el Régimen de Prima Media gestionado por Colpensiones (reparto) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), basado en cuentas de capitalización gestionadas por entidades privadas. La afiliación es obligatoria, pero el trabajador puede elegir entre ambos.

Esta dualidad está recogida en la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Pensiones:

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Dado que el trabajador puede cambiar de régimen bajo determinadas condiciones, la normativa prevé mecanismos de traslado. En esos casos, no hay “pérdida” ni “expropiación”, sino reconocimiento de derechos equivalentes: semanas cotizadas o capital acumulado que se trasladan o se compensan actuarialmente.

En 2024, la reforma impulsada por el gobierno colombiano introdujo una ventana adicional para facilitar el cambio de régimen a personas cercanas a la jubilación, precisamente para corregir decisiones tomadas con información imperfecta. Esta medida refuerza la lógica del sistema: si la cotización es obligatoria pero el régimen es elegible, es coherente que los derechos se ajusten cuando el trabajador se traslada.

Argentina: del sistema mixto a la reestatización

Argentina suele citarse como el ejemplo más claro de “expropiación”, pero incluso aquí conviene matizar. En 1993 se instauró un sistema mixto mediante la Ley 24.241, que permitía a los trabajadores elegir entre el régimen público de reparto o un sistema de capitalización individual gestionado por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).

En 2008, en el contexto de la crisis financiera internacional, el gobierno eliminó el sistema de capitalización y transfirió los fondos a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), reintegrando a todos los afiliados al sistema público de reparto.

Este proceso implicó el traspaso de activos financieros al Estado, lo que explica que se perciba como una expropiación. Sin embargo, jurídicamente se configuró como una unificación del sistema de pensiones: los ahorros acumulados se transformaron en derechos dentro del régimen público. Es decir, no desaparecieron, sino que cambiaron de naturaleza (de cuentas individuales a derechos de pensión futuros).

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Polonia: reconfiguración del sistema y reasignación de deuda

Polonia introdujo en 1997 un sistema de tres pilares: un régimen público de reparto gestionado por ZUS, un pilar obligatorio de capitalización (OFE) y mecanismos voluntarios de ahorro (IKE, IKZE, PPE).

En 2013, el gobierno llevó a cabo una reforma clave: los bonos del Estado en manos de los fondos OFE fueron transferidos al sistema público (ZUS) y cancelados. Esto redujo la deuda pública explícita, transformándola en obligaciones implícitas del sistema de reparto (reforma recomendada por la UE).

De nuevo, no se trató de una incautación directa de cuentas privadas en sentido puro, sino de una reasignación de activos dentro de un sistema obligatorio diseñado por el propio Estado. Los afiliados mantuvieron derechos de pensión, pero bajo una estructura distinta.

Portugal: integración de un régimen sectorial

En Portugal, hasta 2011 existía un régimen específico para empleados bancarios, el CAFEB (Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários), que funcionaba como sistema alternativo y obligatorio dentro del sector.

Durante la crisis de deuda soberana, el Estado integró este régimen en la seguridad social general, como parte de un proceso de consolidación fiscal y simplificación institucional.

Esta integración supuso el traslado de obligaciones y derechos al sistema público. No implicó la desaparición de las prestaciones, sino su asunción por otro marco institucional.

Los planes de pensiones en España son diferentes

Una diferencia entre todos estos sistemas y los planes de pensiones españoles es su carácter diferencial. En España, los planes de pensiones son muy diferentes a estos sistemas. La contribución al plan de pensiones por parte de los trabajadores siempre ha sido voluntaria, son un de hecho un producto que contratamos directamente en nuestra entidad financiera, nunca en un organismo público y menos todavía con una contribución obligatoria, no se obliga a nadie a tenerlos.

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Además, los planes de pensiones en España siempre han tenido un carácter complementario, nunca se han pensado como para reemplazar a la pensión principal. Los planes de pensiones siempre han sido una pequeña parte del conjunto de las rentas de jubilación, son más bien unos fondos de inversión con limitaciones y una fiscalidad diferente.

Además en España existe otro aspecto. La contribución máxima a los mismos se ha ido reduciendo con el tiempo, de 8.000 a 6.000, a 2.000 y después a los 1.500 de ahora. Además ya son rescatables a los 10 años, yo por ejemplo ya puedo rescatar aproximadamente un 25% de mi plan de pensiones. No digamos ya aquellos que se han jubilado, pero optan por no hacerlo. La cantidad “atrapada” en el sistema es cada vez menor para el gobernante que quiera hacer uso de ella en caso de necesidad.

Así que a la vez que la tentación de expropiar es menor, sigue habiendo muchos no interesados. La retroactividad de las normas no está bien vista jurídicamente, existe un lobby (inverco) y podría no ser aceptable dentro de las normas de la UE. Además, aproximadamente un 25% de los españoles tiene un plan de pensiones, aunque muchos sólo lo tengan porque les da mejores condiciones para la hipoteca. Eso hace que los planes de pensiones sean mucho menos interesantes de ser “expropiados” cada día que pasa.

Los cuatro casos analizados muestran una realidad más compleja que el relato de la expropiación. En todos ellos, el punto de partida es un elemento común: la cotización obligatoria dentro de sistemas diseñados por el Estado. A partir de ahí, los gobiernos han introducido cambios que pueden ser más o menos discutibles, pero que responden a cambios de lógicas.

En todos los casos, los derechos de los cotizantes no desaparecen sin más, sino que se transforman. El problema real no es tanto la “expropiación”, sino la inseguridad regulatoria: en productos diseñados para décadas, los cambios en las reglas del juego pueden alterar de forma significativa el resultado final.

En los últimos años se está produciendo un fenómeno global cada vez más visible: los millonarios se mudan. No por guerra ni por trabajo, sino por impuestos. En un mundo donde el capital es extremadamente móvil, cada vez más países diseñan políticas para atraer a las grandes fortunas. El resultado es una competencia fiscal internacional que puede beneficiar a algunos países… y perjudicar a otros. España empieza a verse afectada por esta dinámica.

California vs Florida: el ejemplo clásico de migración fiscal

Uno de los ejemplos más claros ocurre dentro de Estados Unidos. Durante años, miles de contribuyentes con altos ingresos han abandonado estados con impuestos elevados como California o Nueva York para trasladarse a estados con menor presión fiscal como Florida o Texas.

Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta. Esto significa que un multimillonario puede ahorrar millones de dólares al año simplemente cambiando su residencia fiscal. La reciente reforma fiscal de California está echando a los milmillonarios de sus fronteras. Marck Zuckerberg por ejemplo se acaba de comprar una casa en Florida, siguiendo a los fundadores de

Datos analizados por SmartAsset muestran que miles de hogares con ingresos superiores a 200.000 dólares han abandonado California y Nueva York en dirección a estados con impuestos más bajos.

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Este fenómeno demuestra una realidad económica simple: cuando los impuestos cambian mucho entre territorios en los que es fácil mudarse, el capital y los contribuyentes más ricos tienden a moverse.

La competencia global por los millonarios

Este fenómeno no ocurre solo dentro de Estados Unidos. A escala mundial, la movilidad de grandes patrimonios está creciendo rápidamente. Según el Henley Private Wealth Migration Report, más de 142.000 millonarios cambiarán de país de residencia en 2025, una cifra récord. Muchos países compiten activamente para atraerlos. Por ejemplo en Londres los precios de las viviendas de lujo caen, porque la reforma fiscal hace que los millonarios busquen otras opciones.

Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el mayor imán mundial de millonarios gracias a la ausencia de impuesto sobre la renta, la seguridad, y a programas de residencia para inversores. Es cierto que los hechos de la última semana hacen que Dubai parezca un lugar mucho menos interesante para residir, pero dependiendo de cómo evolucione la situación puede que vuelva a serlo en cuestión de semanas.

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Estados Unidos continúa siendo uno de los principales destinos por su tamaño económico y oportunidades de inversión. Aunque haya estados como California o la ciudad de Nueva York donde piensan en “eat the rich” como política, otros muchos como Florida o Texas están encantados de atraer a los más ricos.

Otros lugares que tradicionalmente buscan que los ricos se muden allí son Singapur y Suiza. Singapur atrae grandes fortunas por su estabilidad política, su sistema financiero y sus impuestos relativamente bajos. Suiza mantiene su atractivo histórico gracias a su sistema financiero y acuerdos fiscales especiales. Pero esto no es novedad, la cuestión es que empieza a haber más competencia por los ricos, desde donde antes no la esperábamos: el resto de la UE.

Fuego amigo

Italia, por ejemplo, ha atraído a miles de millonarios gracias a un régimen fiscal especial que permite pagar un impuesto fijo sobre ingresos generados en el extranjero durante 15 años.

Portugal, Grecia e Italia se han convertido en destinos especialmente atractivos dentro de la Unión Europea gracias a regímenes fiscales diseñados para nuevos residentes con alto patrimonio. Mismo clima, cultura similar y mudarse es casi igual de fácil que hacerlo en España.

El caso de Portugal es uno de los más claros. Abogados fiscales y asesores patrimoniales han señalado que estas ventajas fiscales podían atraer a contribuyentes de alto patrimonio que actualmente viven en España hacia Portugal. Lisboa está muy cerca, para un sevillano más que Barcelona, y no se da la imagen de paraíso fiscal. Para un gallego Oporto está más cerca que Madrid y las similitudes entre el portugués y el gallego hacen las cosas más fáciles. S no, que se lo digan al hermano del presidente del gobierno, que estableció su residencia en Portugal por motivos fiscales.

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Durante años, el país ha ofrecido el régimen de “residentes no habituales”, que permitía pagar impuestos reducidos o incluso nulos sobre determinadas rentas durante diez años. Este sistema atrajo a jubilados ricos, inversores y profesionales extranjeros, incluidos muchos españoles.

Por ejemplo, algunos directivos españoles se trasladaron a Portugal para cobrar sus planes de pensiones bajo ese régimen fiscal más favorable, lo que ha generado disputas con la Agencia Tributaria española. ¿Merece la pena? Pues tengamos en cuenta que aunque el límite de las aportaciones ahora es de 1500 euros anuales, cuando se lanzaron el limite era de 6.500 euros anuales, 8.000 para mayores de 52 años. Un trabajador de altos ingresos de 45 años que ha ido aportando el máximo y jubilado a los 65 se puede encontrar sin muchos aspavientos con unos 150.000-200.000 euros en el plan de pensiones (con una rentabilidad mediocre). Un año disfrutando de Portugal puede suponer un fuerte ahorro fiscal.

Otro factor reciente es el cambio en algunas políticas de atracción de inversión en España. Durante años existió la llamada “Golden Visa”, un programa que permitía obtener residencia en España a cambio de inversiones significativas, como comprar vivienda por al menos 500.000 euros. Este sistema funcionó como herramienta para atraer capital extranjero.

Sin embargo, el programa fue eliminado en 2025. Algunos analistas consideran que esta decisión llegó justo cuando comenzaba a aumentar la salida de grandes patrimonios del país, con países como Malta, Grecia o Portugal atentos.

Según estimaciones económicas citadas por varios análisis, España podría perder alrededor de 500 grandes patrimonios y miles de millones en capital debido a la movilidad internacional de grandes fortunas.

Por qué esto puede ser un problema para España

El motivo por el que esta tendencia preocupa a economistas y gobiernos es sencillo: los contribuyentes más ricos pagan una parte muy importante de los ingresos fiscales. Cuando un pequeño número de grandes patrimonios se traslada a otro país, el impacto fiscal puede ser desproporcionadamente alto. En España por ejemplo el 1% de los más ricos paga el 21% del IRPF.

Además, cuando un millonario cambia de residencia, no solo se mueve su patrimonio personal y sus gastos. También pueden moverse sus inversiones, sus empresas, su capital financiero y su red empresarial. Y sus próximas ideas de negocio, puede que sean en el nuevo lugar de residencia.

Por eso algunos economistas hablan de una “carrera fiscal a la baja”: si algunos países reducen impuestos para atraer a los más ricos, otros se ven presionados a hacer lo mismo para evitar perderlos.

En ese contexto, España se enfrenta a un dilema cada vez más común en la economía global: mantener un sistema fiscal progresivo fuerte o adaptarse a una competencia internacional cada vez más intensa por atraer a los contribuyentes más ricos del mundo.

El Partido Comunista Chino tiene claro que tienen un problema de natalidad importante. Los gerifaltes chinos quieren más bebés, aunque el pueblo chino parece que pasa de tenerlos. El PIB no deja de ser producto per cápita por trabajador por número de trabajadores, pero ¿y si no hay nuevos trabajadores y se van jubilando? Es cierto que en China se empiezan a encontrar algunas fábricas muy avanzadas que ni siquiera encienden las luces, porque apenas hay humanos trabajando, pero la industria de servicios necesita trabajadores, así como el ejército soldados.

No obstante, en China la situación es diferente. Es el único país que estableció una política del hijo único (Singapur siendo una ciudad estado y teniendo problemas demográficos  recomendaba parar al llegar a los dos hijos), con lo que ahora se ve en un envejecimiento acelerado. China implementó formalmente la política del hijo único entre 1979/1980 y 2015 como una de las medidas de control demográfico más estrictas del mundo. El objetivo era frenar un crecimiento poblacional considerado excesivo por el liderazgo del Partido Comunista Chino y se aplicaron multas, sanciones administrativas y restricciones en servicios públicos a las familias que violaban la norma.

Se permitieron algunas excepciones, por ejemplo en zonas rurales, minorías étnicas o cuando ambos padres eran hijos únicos, la práctica también incluyó casos documentados de ligaduras de trompas forzadas, implantes de dispositivos intrauterinos obligatorios y sanciones económicas severas para quienes tuvieran más hijos que los permitidos.

Durante décadas esta política redujo drásticamente las tasas de fertilidad en China, generando sesgos de género por la preferencia tradicional por hijos varones, abandono infantil y una ruptura en la estructura familiar tradicional. El envejecimiento poblacional se aceleró a medida que las cohortes más jóvenes se redujeron y las mayores crecieron en proporción.

El sistema de planificación familiar se comenzó a flexibilizar antes de su abolición formal. Entre 2013 y 2015 se ampliaron excepciones para permitir un segundo hijo en ciertos casos. En 2016 se autorizó formalmente a las parejas a tener dos hijos y en 2021 se extendió la política para permitir hasta tres hijos por pareja, eliminando las sanciones administrativas y económicas por superar el número máximo permitido de hijos. Estos pasos muestran que el cambio fue gradual y acumulativo, más que un abandono abrupto de toda política demográfica.

Pese al fin de la política restrictiva, las tasas de natalidad en China continuaron disminuyendo. La tasa de natalidad fue de 6,39 nacimientos por 1000 habitantes en 2023 y se situó en 5,63 por 1000 en 2025, el nivel más bajo desde 1949, con solo 7,92 millones de nacimientos, muy por debajo de lo necesario para mantener el reemplazo generacional. La fertilidad promedio ronda 1 hijo por mujer, muy inferior al umbral de 2,1 necesario para mantener el tamaño de la población; estimaciones externas incluso ubican la tasa en torno a 0,9 en 2025. China no es ajena a la tendencia mundial de reducir el número de hijos por mujer (sin juzgar que esto sea bueno o malo ni sus causas, en el mundo tenemos menos hijos, y eso es imparable).

La población total de China cayó en 3,39 millones en 2025, con más muertes que nacimientos, 11,31 millones frente a 7,92 millones, reflejando un cambio natural negativo de la población. Estos datos muestran que la eliminación de las restricciones no revirtió la tendencia demográfica a la baja; más bien, las cifras sugieren que factores socioeconómicos contemporáneos como el alto coste de la vivienda, la educación y el cuidado infantil, además de las presiones laborales, pesan más que el simple acceso a permisos legales de tener más hijos.

Ante este descenso continuo, el gobierno chino ha implementado una serie de políticas pro-natalistas. En 2025 China anunció un subsidio nacional de unos 3600 yuanes, aproximadamente 500 dólares, por cada hijo menor de tres años cada año, diseñados para aliviar parte de los costes de crianza. Además, diversas provincias y ciudades han ofrecido incentivos locales sustanciales, con algunos lugares proporcionando subsidios que llegan a cifras equivalentes a decenas de miles de dólares para familias con más hijos, junto con ayudas de vivienda y servicios de salud gratuitos.

El gobierno ha incrementado el subsidio de guarderías y cuidado infantil, y ampliado los permisos de maternidad y paternidad para reducir la penalización laboral asociada con tener hijos. También ha promovido campañas sociales que buscan incentivar el matrimonio y la familia, aunque el impacto cultural de estas iniciativas es difícil de medir.

Hacia 2026, China eliminó exenciones fiscales sobre anticonceptivos, mientras ofrecía exenciones fiscales para servicios de guardería y preescolar con la intención de desincentivar el uso de controles de natalidad y reducir barreras económicas para las familias. Incluso se ha pensado como la opción de facilitar el acceso a la vivienda o a vivienda más grande. También sucede que existen barreras culturales y muchas nuevas generaciones, en edad de tener hijos, están acostumbradas a familias de hijo único. Además muchas familias piensan que ya tienen que hacerse cargo de los cuatro abuelos, no quieren añadir a eso la carga de tener un segundo hijo.

Los resultados de estas políticas son mixtos, en el mejor de los casos. En 2016 cuando se autorizó el segundo hijo, hubo un pequeño repunte de nacimientos, pero ha seguido bajando la tasa de fertilidad. En algunas ciudades como Tianmen se han reportado aumentos temporales en nacimientos gracias a paquetes agresivos de incentivos. Sin embargo, a nivel nacional los aumentos parecen limitados o temporales, con evidencia de que muchos nacimientos adelantados reflejan cambios de calendario más que una reversión estructural de tendencias demográficas. Muchas parejas jóvenes siguen renuentes a tener hijos, citando preocupaciones económicas, presión laboral y prioridades profesionales, lo que limita la eficacia de los incentivos gubernamentales.

Pero no todo es la política de la China Popular del hijo único. Pensemos en el país más cercano a china, Taiwán (eran el mismo país hasta la guerra civil que ganó el partido comunista sobre el Kuomintang, que se refugió en la isla). Las tasas de natalidad y fertilidad en Taiwán muestran incluso cifras más bajas que las de China continental. Es cierto que Taiwán se desarrolla antes que China, pero nunca tuvo políticas que limitaran la cantidad de hijos que se podían tener.

En 2023 la tasa de fertilidad estimada fue de 0,89 hijos por mujer en Taiwán, comparada con 1,00 en China. La tasa de natalidad fue de 5,76 nacimientos por 1000 personas en Taiwán, frente a 6,39 en China en el mismo año. Los datos más recientes sugieren que Taiwán podría experimentar una caída aún más drástica, con estimaciones indicando que la fertilidad total podría caer por debajo de 0,72 en 2025, lo que representaría una de las tasas más bajas del mundo si se confirma. En Taiwán, las cifras de nacimientos han disminuido durante años, con proyecciones de menos de 120.000 nacimientos anuales en 2025 y una tendencia persistente de más muertes que nacimientos, reflejando un intenso proceso de envejecimiento demográfico similar al de China.

China ha pasado de imponer una política restrictiva de hijo único a intentar revertir una caída demográfica preocupante mediante incentivos económicos, apoyo social y reformas fiscales. A pesar de estas medidas, las tasas de natalidad continúan muy por debajo del nivel de reemplazo, y la población sigue envejeciendo y reduciéndose en términos netos. El problema de la demografía va a marcar el siglo XXI, pero eso va más allá del control de Beijing.

El nuevo orden mundial que Donald Trump está marcando no recuerda al siglo XX post segunda guerra mundial, con su predominio de instituciones multilaterales y derecho internacional, sino a un sistema mucho más anterior de camarillas de poder. Esto no es algo que digo yo, sino que es el trabajo de Stacie E. Goddard y Abraham Newman profesores de las universidades Welleslley y Georgetown respectivamente.

Este trabajo explica que bajo un orden neo-royalista, el poder se estructura en torno a líderes con su círculo de confianza, donde las alianzas personales y favores discrecionales a menudo prevalecen sobre normas institucionales que empezaron a surgir tras la paz de Westfallia en 1648 y que se acabaron de materializar en el orden mundial de Naciones Unidas, la OMC, el Banco Mundial y el FMI surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

La Paz de Westfalia (1648) puso fin a la Guerra de los Treinta Años y estableció los principios del sistema internacional moderno: soberanía estatal, equilibrio de poderes y respeto por fronteras reconocidas, creando un marco legal y normativo para las relaciones internacionales. Este modelo inspiró gran parte de la diplomacia del siglo XX: las decisiones de los estados se guiaban por reglas y tratados, no por favores personales ni gestos simbólicos.

El neo‑royalismo de la era Trump rompe este patrón. Mientras Westfalia representaba un orden de reglas impersonales, el enfoque de Trump en pleno siglo XXI refleja un orden de corte. La política exterior estadounidense bajo Donald Trump está adoptando rasgos que parecían confinados a las cortes absolutistas del Antiguo Régimen: sistemas informales de favores, símbolos de estatus y redes de elites privilegiadas que buscan acceso y reciprocidad, más que estructuras impersonales basadas en reglas del juego neutras. Esta lógica que estos académicos han empezado a denominar neo-royalismo, refleja una versión moderna de crecimiento de camarillas de poder, donde las relaciones personales y los intercambios simbólicos compiten con la diplomacia tradicional.

En Versalles el rey era el centro absoluto. Los nobles tenían que residir ahí y se agrupaban en camarillas intentando conseguir el favor del rey. La corte estaba llena de ceremonias y rituales que servían para mostrar lealtad, marcar jerarquía y distribuír prestigio. Se entregaban tierras y títulos para aumentar el prestigio. Además esa cercanía al rey permitía tener a los nobles bien vigilados, de cerca.

Regalos, inversiones e influencias

En noviembre de 2025, una delegación de altos ejecutivos suizos de varias de las principales firmas del país, incluidas marcas de lujo como Rolex, Richemont (dueña de IWC, Cartier y otras marcas) y otros, visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. En ese encuentro, le entregaron al presidente un reloj de mesa Rolex de oro de edición limitada y un lingote de oro de un kilo, obsequios valorados en decenas de miles de francos suizos.

Pocos días después, el Gobierno de Estados Unidos anunció que reduciría los aranceles sobre productos suizos del 39% al 15%, en un acuerdo comercial que además incluye un compromiso de inversión de las empresas helvéticas por 200.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cinco años.

La coincidencia ha desatado críticas y una petición formal en el parlamento suizo para que se investigue si los regalos podrían constituir un soborno o influencia indebida ante decisiones ejecutivas de aranceles, elevando el debate más allá de la pura economía y hacia versiones modernas de favores cortesanos en política global. En EEUU se debate si ha sido o no un soborno y en la MSNBC lo han calificado de "compra de influencias".

En otro episodio simbólico de esta política de favores, el CEO de Apple, Tim Cook, se reunió con Trump en el Despacho Oval en un momento en que la administración evaluaba aranceles de hasta el 100% sobre semiconductores importados para privilegiar la producción estadounidense.

Antes de que la medida entrase en vigor, Cook anunció inversiones masivas de Apple, otros 100.000 millones de dólares adicionales para expandir la producción nacional, y en ese contexto, se entregó a Trump una placa de cristal con base de oro de 24 quilates como gesto simbólico. Poco después a los aranceles a los productos chinos se excepcionaron ordenadores portátiles y teléfonos móviles.

Aunque el valor de los regalos no siempre se traduce literalmente en decisiones políticas, la proximidad entre estos gestos y las decisiones arancelarias o de inversión crea un patrón que recuerda a las diplomacias de corte más que a economías de mercado impersonales y con reglas claras para todos.

La lógica del neo-royalismo también se percibe en temas energéticos. En enero de 2026, Trump convocó a ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, Chevron, ExxonMobil, Shell, ENI y Repsol entre ellas, a una reunión en la Casa Blanca para debatir el futuro de la producción de crudo en Venezuela.

El presidente instó a estas compañías a invertir alrededor de 100.000 millones de dólares de capital privado para revitalizar la industria petrolera venezolana tras la intervención política, y líderes como el CEO de Repsol anunciaron su disposición a triplicar la producción de crudo en Venezuela en los próximos años y reforzar inversiones en Estados Unidos, recordando que invertiría 21.000 millones en EEUU. ¿Por qué? Porque si Repsol se niega hay más petroleras en el mundo deseando sentarse en la reunión de la Casa Blanca.

Además, representantes de Chevron, Shell, Repsol y ENI aseguraron que aumentarían de inmediato sus inversiones en el país caribeño, una demostración de cómo los compromisos empresariales, los encuentros en la Casa Blanca y los factores geopolíticos se entrelazan.

Estos movimientos no solo representan decisiones de mercado, sino alianzas corporativas con implicaciones políticas profundas, que van más allá de simples acuerdos comerciales para involucrarse en la reconstrucción de sectores enteros en países estratégicos.

También están las relaciones personales. No ha sido el presidente Trump quién ha presentado su plan para Gaza, sino su yerno Jared Kushner. 

Símbolos personales: el Nobel de la Paz de Machado como tributo

Un ejemplo paradigmático de lo simbólico en esta nueva era fue la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 por parte de María Corina Machado a Donald Trump. Aunque el propio premio no puede legalmente transferirse, el gesto fue altamente publicitado y funcionó como un acto cortés que trasciende la diplomacia tradicional, en el que el reconocimiento personal se convierte en un mensaje político global. No ha gustado en Oslo y la fundación Noble explica que el premio es transferible, pero creo que a MCM le sale más a cuenta tener el favor del inquilino de 1600 Pennsylvania Avenue que el de Inkognitogata 18.

Este tipo de ritual, un líder reconociendo a otro con un símbolo de prestigio, tiene menos que ver con el respeto institucional del siglo XX y más con las redes personales de legitimidad en el escenario del neo-royalismo. Si los nobles ofrecían tierras en Versalles a cambio de favores, Trump acepta “un Nobel”.

Los años que quedan del mandato de Trump van a ser una política exterior en la que EEUU no se va a comportar como se ha comportado hasta ahora. Y después, veremos que sucede.

Hace tan sólo 50 años invertir en Singapur era una excentricidad reservada para algunas multinacionales con presencia en Asia y empresas del sudeste asiático. Hoy el mundo ha cambiado y los ultra‑ricos están llevando su oro físico a Singapur. Esta no es por un capricho de ricos que han visto “Crazy Rich Asians”, sino una respuesta calculada a la creciente incertidumbre económica, geopolítica y financiera global.

A medida que los mercados se sacuden con tensiones internacionales, inflación persistente y dudas sobre la estabilidad de las grandes economías occidentales, la seguridad de tener activos tangibles ha hecho que el metal dorado vuelva a ser la moneda de confianza para las élites. En este contexto, Singapur ha emergido no solo como un centro financiero global, sino como un santuario físico para proteger lo que históricamente ha representado la riqueza portable.

El movimiento de oro es real. Cerca del aeropuerto de Changi en un anodino parque empresarial se levanta The Reseve, un edificio de varias plantas diseñado específicamente para albergar enormes cantidades de oro y metales preciosos bajo llave. Su capacidad de almacenamiento es de toneladas y esperan llenarla. Más cerca del aeropuerto se encuentra Le Free Port, que aunque más centrado en arte, también admite oro de inversores privados y tiene acceso directo a las pistas del aeropuerto.

¿Por qué los ricos eligen Singapur para guardar oro? Porque la jurisdicción de Singapur reduce el riesgo de que el estado quiera apropiarse. Desde The Reserve destacan su fondo soberano, sus pensiones financiadas (y añado la falta de problemas de vivienda), sus buenas relaciones internacionales y su dependencia del exterior. Es decir, afirman que sería contraproducente para el gobierno de Singapur confiscar el oro de The Reserve en una crisis.

Por otro lado el trato premium y la cercanía al aeropuerto, hacen que un multimillonario pueda ir en avión privado, guardar su reserva de oro y volverse a casa en poco tiempo en una de las jurisdicciones más seguras del mundo.

Cómo Singapur ha logrado convertirse en el imán definitivo para los ricos (y por qué el mundo está observando con asombro)

Singapur no siempre fue sinónimo de riqueza global. Hasta hace dos décadas, pocos lo consideraban una alternativa real a centros tradicionales como Suiza, Nueva York o Londres. Hoy, esta ciudad‑estado no solo atrae capital y activos, sino también a las élites más acaudaladas del planeta, incluidas decenas de milmillonarios que han decidido radicar allí su residencia, sus inversiones y sus estructuras de gestión de patrimonio. Y los centimillonarios también, ya hay más en Singapur que en París, Chicago o Ginebra.

Según datos recientes de UBS, Singapur fue el destino escogido en 2024 por 47 milmillonarios que trasladaron su base económica al país, acumulando más de 155.000 millones de dólares en riqueza combinada. Este número representa un salto enorme respecto a años anteriores y confirma que el flujo de capital y personas ultra‑ricas no solo está empezando, sino acelerándose con fuerza.

¿Por qué Singapur? La respuesta, se resume en varios factores interrelacionados:

Primero, estabilidad política y legal. En un mundo donde la polarización, el proteccionismo fiscal y la incertidumbre regulatoria son moneda corriente, Singapur ofrece claridad y previsibilidad. Esto es especialmente atractivo para quienes buscan planificar su legado y proteger su patrimonio ante cambios bruscos de política en otras jurisdicciones. No hay más que oír una entrevista dada por algún líder político de Singapur para darse cuenta de que están varios niveles por encima de la clase política de muchos otros países.

Segundo, un ecosistema financiero sofisticado. La ciudad‑estado ha invertido décadas en construir un mercado de servicios financieros robusto: banca privada de élite, gestión de grandes fortunas, family offices, plataformas de inversión y una infraestructura de activos tangibles como metales preciosos y bienes raíces de lujo. El número de family offices, estructuras de gestión y planificación patrimonial de ultra‑ricos, ha crecido exponencialmente, reflejando la consolidación de Singapur como centro de gestión global de riqueza. Además se puede conseguir visado por inversión al abrir un Family Office.

Tercero, ventajas fiscales claras. Aunque Singapur no es un paraíso fiscal en el sentido tradicional, su sistema impositivo, que carece de impuestos sobre ganancias de capital y sucesiones, y sus normas claras sobre residencia fiscal, permiten a los individuos conservar más de su riqueza sin enfrentarse a regímenes fiscales opacos o arbitrarios.

Cuarto, calidad de vida y atractivo familiar. El país combina seguridad ciudadana, educación de nivel mundial y una calidad de vida que muchas capitales europeas o norteamericanas ya no pueden igualar, especialmente en contextos de riesgo y polarización. Es un lugar en el que se puede criar a una familia sin muchas complicaciones y pasar desapercibido si se quiere.

Incluso ante presiones, como mayores requerimientos de diligencia sobre el origen de fondos tras escándalos financieros recientes, la estrategia de Singapur ha sido equilibrar rigor regulatorio con facilidad para hacer negocios, ajustando tiempos de establecimiento de family offices y agilizando procesos para mantener su competitividad global.

El resultado es innegable: mientras otros centros tradicionales pierden atractivo frente a crisis políticas o cambios fiscales, Singapur se posiciona como el nuevo polo de atracción del capital global ultra‑rico, donde no solo se protege la riqueza, sino se maximiza en un entorno percibido como seguro, estable y orientado al futuro. Y por supuesto, seguro para guardar el oro.

Spoiler: la nueva tasa de basuras no solo no cubre el coste… ¡sino que deja un agujero de 2.000 millones! Eso significa exactamente lo que dice el titular. Si los números cuadraran, la tasa tendría que subir, en algunos municipios, casi duplicarse.

Porque resulta que la gran reforma “para que quien contamina pague” ha acabado siendo, en muchos ayuntamientos, “quien paga, paga… pero no lo suficiente”.

El dato bomba que ha encendido a los inspectores

Los inspectores de Hacienda Local han sacado la calculadora y lo que les ha salido es esto:

• Coste real de la gestión de residuos en 2025: 5.325 millones.
• Ingresos previstos por la tasa: 3.488 millones.
• Cobertura real: 65,5%.

Es decir: por cada euro que cuesta recoger y tratar tu basura, la tasa solo cubre 65 céntimos. El resto va al presupuesto municipal (reconozcamos que antes iba exactamente al mismo saco). La ley exige que la tasa cubra el 100% del servicio.

 ¿Por qué pasa esto? Regulación a medias + caos municipal

Los inspectores opinan que la ley está mal diseñada y deja demasiados flecos.

Se impone un sistema de “pago por generación de residuos,” pero no determina cómo medir lo que genera cada hogar. Los ayuntamientos improvisan ordenanzas como pueden: unos por kilos, otros por número de personas, otros por superficies…

Resultado: un infierno fiscal con más agujeros que un queso de gruyère y más piezas que un lego de los caros.

Y lo mejor: ya hay una ola de denuncias contra tasas municipales “mal hechas”. Si los tribunales tumban muchas, los ayuntamientos tendrán doble problema: perder ingresos y devolver lo cobrado.

• Los inspectores prevén un festival de recursos judiciales (como si la justicia no estuviera saturada ya).
• Conflictos entre municipios y contribuyentes.
• Diferencias interpretativas entre comunidades.
• Muchas ciudades han externalizado las revisiones fiscales a empresas privadas. Los inspectores avisan: eso puede vulnerar garantías tributarias.

El Tribunal Supremo que tendrá que poner orden… algún día. Consecuencia: la tasa podría subir (mucho). Si la exigencia legal se aplicara al pie de la letra, la mayoría de ayuntamientos tendrían que revisar la tasa al alza, en algunos casos llegando casi a duplicarla.

Es decir: el escenario más probable para 2026 es… “Tasas más caras, porque siguen siendo demasiado baratas para cubrir el coste real”.

 El problema no es una tasa de basuras

La polémica de la tasa de basuras no es solo un problema técnico de mala regulación: es otro síntoma de algo más profundo. Aún aceptando que “quien contamina paga” desde 2018, los trabajadores pagan cada año más impuestos sin que se aprueben subidas explícitas. ¿La razón? La inflación empuja los salarios nominales hacia arriba, pero los tramos del IRPF no se actualizan. El resultado es una subida de impuestos encubiertas, ya dijo Keynes que la inflación es un impuesto. Y si Hacienda recauda más por este “efecto invisible”, es normal que cada nueva tasa –como la de basuras– se convierta en un punto de fricción inmediata con los ciudadanos.

Cuando los inspectores advierten un agujero de 2.000 millones en la gestión de residuos, en el fondo están diciendo que la tasa actual está diseñada para fallar: cuesta más el servicio que lo que se ingresa. Pero lo que explota políticamente no es ese desfase técnico, sino la sensación pública de que todo sube: la cesta de la compra, las hipotecas, y también los impuestos… aunque nadie lo anuncie. El ciudadano medio no ve un estudio fiscal, ve su nómina y la factura municipal, y la conclusión es siempre la misma: pago más por lo mismo.

El problema se agrava porque la subida “silenciosa” del IRPF ha drenado poder adquisitivo año tras año. Un sueldo de 17.500 € brutos paga hoy unos 600 € más que en 2018 por pura inflación. Cuando ya estás perdiendo renta disponible por arriba, cada subida o amenaza de subida municipal por abajo se siente como una bofetada fiscal. Por eso hablar de duplicar la tasa de basuras, aunque sea técnicamente necesario para cuadrar cuentas, suena directamente a provocación para miles de hogares que ya van al límite.

En resumen: el agujero de la tasa de basuras no nace en el contenedor, sino en un sistema fiscal que ha ido cargando más peso sobre las espaldas del contribuyente sin explicarlo claramente. Mientras Hacienda siga beneficiándose de la inflación sin deflactar tramos, cualquier nuevo impuesto, incluso los justificados, va a generar rechazo social inmediato. No es solo que esté mal montada la tasa: es que llega en el peor momento posible, con un contribuyente exhausto que percibe, con razón, que lleva pagando de más desde hace siete años.