Sergio Delgado
Durante décadas, el dinero en efectivo ha sido un elemento central de la vida económica europea, asociado a la privacidad, la autonomía individual y la libertad de uso sin intermediarios.
Sin embargo, su presencia en el día a día lleva años reduciéndose de forma constante, desplazada por tarjetas, aplicaciones móviles y sistemas de banca digital que han cambiado la forma en que los ciudadanos pagan, ahorran y consumen.
En paralelo a esta transformación tecnológica, las instituciones comunitarias han intensificado su ofensiva contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
El resultado es un nuevo marco normativo que, sin prohibir el efectivo, limita su utilización en operaciones relevantes y prepara el terreno para una digitalización más profunda del sistema monetario europeo.
El nuevo límite europeo a los pagos en efectivo
A partir de 2027, la Unión Europea implantará un tope máximo de 10.000 euros por operación para los pagos en efectivo.
La medida está recogida en el Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales y busca dificultar el uso de billetes en transacciones de elevado importe, consideradas de alto riesgo desde el punto de vista del fraude y la evasión fiscal.
El objetivo no es eliminar el efectivo, sino restringirlo en aquellos ámbitos donde resulta más opaco. Cualquier compraventa que supere ese umbral deberá realizarse mediante medios trazables, como transferencias, tarjetas o instrumentos nominativos que permitan identificar a las partes implicadas.
El reglamento establece un marco común para todos los Estados miembros, aunque deja margen para que cada país adopte límites más estrictos si lo considera necesario.
El caso español y la armonización normativa
En España, la normativa ya es más restrictiva que la europea. Desde la aprobación de la Ley Antifraude de 2021, los pagos en efectivo entre empresarios o profesionales y sus clientes no pueden superar los 1.000 euros, mientras que para particulares no residentes el límite se sitúa en 10.000.
En la práctica, la entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario no alterará el funcionamiento cotidiano en el país, aunque sí reforzará la armonización entre Estados con reglas hasta ahora más laxas.
Además del límite general, el paquete europeo introduce controles adicionales para operaciones en efectivo a partir de determinadas cuantías, con exigencias de identificación más estrictas según el sector.
La intención es que cualquier movimiento relevante quede vinculado a una persona concreta, reduciendo el margen para el dinero negro sin afectar al uso cotidiano de billetes y monedas en pequeñas compras.
El euro digital revivirá esta primavera
Este endurecimiento del marco sobre el efectivo coincide con el avance del proyecto de euro digital. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado que la propuesta podría llegar al Parlamento Europeo para su votación en la primavera de este año, tras más de seis años de trabajos técnicos y regulatorios.
La iniciativa se presenta como un complemento al dinero físico y a los depósitos bancarios, no como su sustituto inmediato.
Desde el BCE se defiende que el euro digital responde a un interés público, al garantizar una forma de dinero segura emitida por el banco central en un entorno cada vez más dominado por pagos privados y plataformas tecnológicas.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversia y genera un debate intenso sobre privacidad, control y alcance real de la digitalización monetaria.
Privacidad limitada y trazabilidad reforzada
Uno de los aspectos más sensibles del euro digital es su relación con el anonimato. A diferencia del efectivo, que permite transacciones sin rastro, el diseño actual contempla únicamente un nivel de privacidad muy limitado. En las pruebas realizadas, se plantea la posibilidad de pequeños pagos sin identificación del usuario, con importes que rondan los 50 euros, una cifra que en la práctica reduce el anonimato a un uso casi simbólico.
Esta arquitectura implica que la mayoría de las transacciones quedarían registradas, aunque protegidas mediante mecanismos de seguridad y tratamiento de datos personales.
Para los defensores del proyecto, esta trazabilidad es una herramienta clave contra el fraude. Para sus críticos, supone un cambio profundo en la relación entre ciudadanos y Estado.
Tipos de interés y nuevas herramientas de política monetaria
Más allá del control de pagos, el euro digital abre la puerta a instrumentos de política monetaria hoy inviables a gran escala.
Entre ellos figura la posibilidad de aplicar tipos de interés negativos de forma directa sobre el dinero digital, algo que el efectivo impide al ofrecer una rentabilidad nominal nula. También se ha planteado, al menos de forma teórica, la opción de incentivar el consumo mediante mecanismos como la caducidad del dinero en determinados contextos.
Estas ideas, que para algunos suenan distópicas, forman parte del debate sobre el alcance potencial de una moneda digital emitida por el banco central. Aunque las autoridades insisten en que no están sobre la mesa a corto plazo, su mera viabilidad técnica alimenta la desconfianza de una parte de la población.
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