Hace ya un año en el que el BCE, de acuerdo al Reglamento del Mecanismo Único de Resolución Bancaria, determinó que el Banco Popular se encontraba en grandes dificultades o existía la probabilidad de que fuera a estarlo. Y, en consecuencia, se adoptó medidas para su resolución que se tradujeron en la venta de Banco Popular al Banco Santander por un euro.

Todo esto fue motivado por un deterioro significativo de la situación de liquidez de la entidad en sus últimos días que llevó a determinar que la entidad era incapaz, en un futuro cercano, de atender el pago de sus deudas u otras obligaciones financieras en la fecha de su vencimiento.

Pero ¿Y si no se hubiera vendido al Santander? ¿Hubiera supuesto un menor o un mayor coste para el total de elementos que forman parte de su pasivo? Ya tenemos la respuesta.

¿Y si se hubieran liquidado ordenadamente los activos del Banco Popular?

Según informa el diario Expansión, la consultora Deloitte ha elaborado un informe en el que se detalla cuáles habrían sido las consecuencias de liquidar el Banco Popular a través de una liquidación ordenada con la venta de sus activos. Dependiendo del tiempo de dilatación del proceso, se elabora tres entornos posibles con sus respectivos costes.

Si la liquidación hubiera transcurrido en dieciocho meses según la legislación mercantil española, los costes para los acreedores se mantendrían en un rango de 28.000-34.000 millones de euros. Si esa liquidación se hubiera extendido hasta tres años, las cifras se relajan y las pérdidas se hubieran situado en 26.000-31.600 millones de euros. En el escenario de mayor plazo, hasta siete años, las pérdidas serían de 23.000-29.000 millones de euros.

En consecuencia, en el escenario más optimista, el coste para los acreedores hubiera ascendido a 23.000 millones de euros y, en el peor escenario, la cifra habría llegado a más de 34.000 millones de euros. En contraposición, las pérdidas fueron cercanas a 12.000 millones de euros. Por lo que de emprender cualquiera de las otras alternativas hubiera supuesto un coste de oportunidad de 11.000 millones hasta 24.000 millones de euros.

En cualquiera de los tres entornos analizados, las quitas se hubieran extendido hacia los acreedores senior y a los depósitos superiores a los 100.000 euros. Recordemos que con la venta del Banco Popular al Santander se consiguió evitar dicho escenario y las pérdidas se repercutieron íntegramente para accionistas y acreedores junior. Por lo que la venta de la entidad evitó males mayores.

El gran error: La ampliación de capital de junio de 2016

En junio de 2016, el Banco Popular impulsó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que se evaporaron del mercado meses después, con la caída del precio de la cotización de sus títulos.

Esta ampliación de capital se justificó porque la entidad no pasó las pruebas de estrés. Dichas pruebas determinaron que, en el marco de las pruebas de resistencia adversa, el CET1 del banco alcanzaría el 7,01% en 2018, por lo que se necesitaba mejorar las ratios de capital.

El problema de esta ampliación de capital es que la información transmitida no se correspondía a la realidad de la entidad. De hecho, en marzo de 2018 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo sentenció la anulación de la compra de acciones del Banco Popular, siendo la primera sentencia en España en esta línea. Los fundamentos jurídicos en que se basa la sentencia son los siguientes:

• La acción de anulación al sostener que la compra de las acciones se efectuó por error provocado por la comunicación de datos engañosos y alterados sobre la situación del Banco en la información financiera publicada para la ampliación de capital. En el documento utilizado por la demandada para comunicar el hecho relevante presentado en la CNMV con fecha de 26 de mayo de 2016 ofrecía una imagen sesgada de la realidad al omitir el negocio Inmobiliario.

• Manipulación de las ratios de rentabilidad del banco en la imagen de la presentación comercial que el Banco publicó para recomendar a sus clientes la compra de acciones, que obra en la página once de aquel documento. En el mismo se utilizó medida de la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre los fondos invertidos en la entidad la Ratio on Tangibles Equity (ROTE).

• Manipulación del RoA (return of assets). El Banco manipuló este índice en la presentación comercial de la ampliación de capital, en que informó que se encontraba en el 0,92%, cuando según la memoria del 2015 era de sólo el 0,07% y según la del año 2016 era de -2,25%. El buen dato que se ofrece para la ampliación de capital se debe a la manipulación de las cuentas y al hecho de que se hace el cálculo sólo sobre el negocio principal, obviando la parte inmobiliaria [...] El RoA lo mostraba como el banco más rentable de España. Tal presentación resulta contradicha por la intervención del Banco y su venta al Banco Santander por sólo 1 € poco pocos meses después.

A pesar de los pesares... El sistema rescates bail-in funciona mejor que el bail-out

La Unión Europea entró en un nuevo y valiente mundo de "rescates" bancarios a principios de 2016. Europa ha malgastado tanto dinero de los contribuyentes en rescatar a los bancos en quiebra en los últimos años que lo lógico era que fueran los inversores -y no los contribuyentes- los que ayudaran a ayuden a pagar las facturas en el futuro. Sin embargo, el duro nuevo régimen conlleva grandes riesgos políticos.

La nueva regla clave se basaba en que ningún banco podía ser rescatado con dinero público hasta que los acreedores que representen al menos el 8% de los pasivos del prestamista hayan recapitalizado la entidad. Los llamados rescates típicamente significan borrar las inversiones de los acreedores, recortar su valor o convertirlas en acciones del banco. Los depositantes no asegurados podrían quedar atrapados junto con los inversionistas profesionales.

Por otra parte, dentro de la Eurozona, las autoridades nacionales ya no serán responsables de tratar con los bancos en quiebra, ya que este trabajo acaba de ser transferido al mecanismo único de resolución.

Durante la crisis financiera mundial, los rescates fueron la forma normal de apuntalar a los bancos en quiebra. La Comisión Europea aprobó 592.000 millones de euros de ayuda estatal a los prestamistas entre octubre de 2008 y finales de 2012. Esto se justificaba porque si los bancos se derrumbaban y los depositantes perdían su dinero, se produciría un caos económico.

El problema fue que el rescate de los bancos provocó el aumento de la deuda pública y contribuyó a la crisis del euro. De ahí la idea de que los inversores, y no los contribuyentes, deberían ayudar a pagar el coste del rescate o cierre de bancos, la norma en los Estados Unidos desde la Gran Depresión.

Algunas entidades bancarias han empezado a volver a dar hipotecas por el 100 por cien del valor de la vivienda. Aunque todavía son cosas muy puntuales y lo más habitual es que a la hora de pedir una hipoteca en la entidad bancaria hasta un máximo del 80 por ciento del valor de compraventa o la tasación.

Aunque ahora podemos encontrar algunos casos en las que las entidades bancarias han aumentado el porcentaje que se financia los pisos y casas de los españoles.

Nos podemos preguntar: ¿Qué entidades bancarias y con qué condiciones me van a ofrecer un préstamo hipotecario por el 100 por cien del valor de la vivienda?

Las entidades bancarias empiezan a creer otra vez en sus clientes

Existen algunas entidades bancarias que vuelven a prestar el 100 por cien del valor de la compra de una vivienda a través de una hipoteca. La gran parte de las entidades bancarias que aumentan el porcentaje financiado hasta el 100 por ciento son aquellas que quieren vender parte del inmobiliario que queda en sus carteras, y además de la contratación de otros productos de la entidad bancaria.

Pero tenemos que echar la vista atrás, después de una década, del pinchazo inmobiliario español y con varias ciudades que tienen su precio cada vez más alto, en algunas de estas ciudades ya se puede hablar de nuevo de otra burbuja inmobiliaria.

Se pueden volver otra vez a las reflexiones en torno a un cambio de tendencia del mercado inmobiliario. ¿Falta mucho para que dé la vuelta? ¿Cuánto le queda a la recuperación del sector inmobiliario español?

BBVA da el primer paso para la financiación del 100 por cien de la hipóteca

El BBVA ha dado el primer paso más en su estrategia para captar clientes y desde hace un tiempo lleva promocionando la comercialización de hipotecas que cubren, incluso, más del 100 por cien del valor de la tasación de la vivienda.

De esta forma, se convierte en la primera entidad bancaria que ofrece este tipo de operaciones después del período de crisis, que hasta el momento se estaba limitando por todo el sector financiero a determinados clientes que compraban pisos adjudicados, el gran lastre que aún sufre el sistema bancario.

Este tipo de préstamos hipotecarios, que el Banco de España considera de alto riesgo, fueron colocados por todas las entidades financieras en la época del boom inmobiliario y fue una de las principales causas que desembocaran en la crisis del sector, con el aumento del paro y la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Una lenta pero continua recuperación económica, unido a la necesidad de las entidades bancarias por aumentar la rentabilidad a través de un incremento del negocio, ha llevado al BBVA a abrir su política comercial de préstamos inmobiliarios.

Hasta este momento, las entidades bancarias ofrecían distintos precios en sus préstamos hipotecarios en función de los ingresos mensuales de los usuarios, es decir, en función de su capacidad de pago.

En la actualidad, esta segmentación obedece a la petición de financiación, lo que se conoce como 'Loan to Value' (LTV), es decir, el dinero que reclama el cliente sobre el valor de la tasación a la hora de comprar cualquier tipo de inmueble para primera vivienda.

Requisitos de cada entidad financiera que ofrece hipotecas que pueden llegar al 100%

Estos son los requisitos de cada entidad bancaria que ofrece hipotecas al 100 por cien para que sean concedidas:

Banco Santander

• Comprar una vivienda de sus filiales inmobiliarias, o de Altamira o de Casaktua. Conceden las hipotecas por un plazo máximo de 40 años con la condición de que la edad del solicitante y la duración del préstamo no exceda los 80 años.
• Requisitos: Domiciliar la nómina, la prestación por desempleo o pensión, por importe mínimo de 600€; o seguros sociales por importe de al menos 175€. Tener contratado y en vigor un seguro de hogar con Santander Generales Seguros y Reaseguros.

Liberbank

• Contratar una hipoteca para comprar una de sus viviendas. El plazo máximo es de 30 años.
• Abrir una cuenta en Liberbank en la que domiciliar el pago del préstamo.

BBVA

• BBVA les ofrece: "para aquellas personas que que no disponen de dinero ahorrado para adelantar parte del importe de la compra de dicha vivienda". Por un plazo máximo de 30 años o hasta que el titular más joven cumpla 70 años.
• No pide como requisitos la contratación de otros productos, pero ofrece un menor interés si se contratan.

ING

• Ofrecen hasta el 80 por ciento del valor de tasación con sus préstamos hipotecarios, lo que puede hacer que financien el 100% del importe de compraventa.
• Contratar seguro de vida.
• Contratar seguro de hogar.

El Banco Popular

• El piso debe de ser de la inmobiliaria Aliseda. Ofrece la hipoteca a un plazo máximo de 40 años.

Deutsche Bank

• Comprar una vivienda propiedad de Deutsche Bank. El plazo máximo es de 40 años.
• Domiciliar nómina.
• Contratar un seguro del hogar y mantenerlo durante todo el tiempo que dure la hipoteca.
• Domiciliación de tres recibos mensuales de suministros básicos.

En El Blog Salmón | La nueva ley hipotecaria no aumentará los precios de la vivienda, te explicamos por qué

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El gran descalabro que ha sufrido Liberbank en las últimas sesiones ha llevado la cotización de Liberbank de 0,97 euros a los 0,80 euros por acción, el valor intenta el rebote desde inicio de semana. Liberbank se encuentra en plena ampliación de capital, la cotización de Liberbank para el gran golpe desde un soporte clave a corto.

Las caídas de cotización de la semana pasada han sido provocadas por el anuncio de ampliación de capital de 500 millones de euros. La operación es muy ambiciosa si se tiene en cuenta que en estos momentos el valor de Liberbank en Bolsa apenas supera los 750 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Cuál es el objetivo de Liberbank para la ampliación de capital? ¿Qué escenarios se podrán encontrar después de la ampliación capital de Liberbank?

Liberbank quiere desprenderse de activos improductivos y aumenta cobertura de dudosos

Las fundaciones bancarias que controlan el 43,8 por ciento de Liberbank, realizarán una operación blanca en la ampliación (venta de derechos y compras de acciones), mientras que los principales accionista ha puesto de manifiesto de acudir.

El objetivo de Liberbank es acelerar la venta de sus activos improductivos y así aumenta la cobertura de los activos de dudoso cobro hasta los niveles que otras entidades tienen en el sector bancario. Con una ratio de capital (CET) fully loaded en el 11,6 porciento que aumentará a corto plazo, prevé Liberbank, usará el exceso de capital para mejorar la rentabilidad.

Liberbank ha prometido un crecimiento del ROE (retorno del capital, referencia para medir la rentabilidad en el sector) hasta el 7 por ciento en 2019 y el 8 por ciento en 2020, por encima de los niveles actuales que apenas sobrepasan el 5 por ciento.

Liberbank se compromete aumentar el 60 por ciento en 3 años, más del doble del ritmo de mejora que proyectan los analistas seguido por FactSet para el resto de entidades financieras en España.

Liberbank tiene el respaldo de los principales accionistas en la ampliación

Liberbank ha prometido un sprint para mejorar su rentabilidad, intentar de reforzar la entidad bancaria y sanear su balance para seguir siendo independiente. La junta de accionistas del 9 de octubre tendrá que ratificar la emisión de nuevas acciones por valor de 500 millones euros.

Esto recuerda al intento del Banco Popular en mayo de 2016 por mantener su independencia. El Banco Popular realizó una ampliación de 2.605 millones de euros frente a una capitalización bursátil apenas de 4.000 millones de euros.

Los números presentados por Liberbank son algo diferentes. Además, sus principales accionistas han asegurado que acudirán a la ampliación de capital con una operación blanca (venta de derechos para comprar acciones).

Liberbank tratarán de conseguir los niveles de otras entidades financieras españolas al deshacerse de los activos improductivos y aumentar la cobertura de los activos dudosos. Donde Liberbank planifica distribuir el exceso de capital, alrededor del 12 por ciento, para mejorar la rentabilidad y apoyar la remuneración extraordinaria de los accionistas.

Por tanto, esperan incrementar el peso de los activos rentables y reducir los gastos asociados a los inmuebles, así como aumentar el margen de los intereses. La previsión para la reducción de gastos en Liberbank se centran en los gastos de explotación, incluyendo las amortizaciones de la entidad, por debajo de los 400 millones de euros cada año.

Para esto, Liberbank hace meses que está realizando recortes y está complementándolos con un 'Expediente de Regulación de Empleo' (ERE) de 525 empleos, una octava parte de la plantilla de Liberbank.

Liberbank quiere aumentar la rentabilidad pero con suspenso de coste de capital

Esto puede tener una doble interpretación. La primera es que si se cumple con lo esperado, el aumento de la rentabilidad será más fuerte que el del resto de entidades bancarias en España. Liberbank no ha publicado en sus últimas cuentas el ROE, pero ha habido filtraciones que está alrededor del 5,2 por ciento. Así que Liberbank espera en 3 años mejorarlo en un 60 por ciento.

El desafío de Liberbank es comprometerse a mejorar su rentabilidad más rápido que sus competidores en un entorno de bajos tipos de interés, presión regulatoria y crecimiento de la competencia.

La segunda interpretación es más negativa. Aunque exista este fuerte aumento de la rentabilidad, seguirá en suspendiendo el coste del capital (COE), que mide la rentabilidad que exige el inversor para su inversión, y que se estima entre el 9 y el 10 por ciento.

Es decir, que el mercado no espera que las entidades bancarias cubra con su rentabilidad el coste del capital en el corto plazo.

En El Blog Salmón | Liberbank, ¿el próximo en caer?

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El Banco Central Europeo necesita conseguir nuevas funciones para poder congelar de forma temporal los pagos en las entidades bancarias en las que se vea indicios de bancarrota, con lo que tendría una salida de liquidez potencialmente catastrófico.

El BCE es el responsable de supervisar a las mayores entidades bancarias de la euro zona. Ha sido puesto a prueba en los últimos meses cuando varias entidades bancarias se declararon en bancarrota de forma rápida, incluyendo al Banco Popular, que se colapsó cuando la liquidez se le acabó en pocos días.

Nos podemos preguntar: ¿Qué herramienta podría evitar un deterioro rápido de las entidades bancarias? ¿Ha ayudado la crisis del Banco Popular para que el BCE y la Comisión Europea reflexionen?

Las moratorias podrían evitar un deterioro rápida de las entidades bancarias

La introducción de la responsabilidad de poder realizar moratorias para las autoridades es necesario para poder reaccionar con una mayor flexibilidad si la situación lo requiere y para la entidad bancaria no se deteriore tan rápidamente.

Dada la evolución tan rápida de las crisis de liquidez, podría ser necesaria una herramienta de moratoria para poder asegurar que hay un tiempo adecuada para tener un posible solución que sea creíble para los mercados, inversores...

Grecia o Alemania permiten congelar a las entidades financieras por este tipo de hechos, pero en España todavía no se permite y el BCE que establecer unas reglas uniformes para todos los países de la Unión Europea.

A los supervisores les preocupa que cuando la entidad bancaria está cerca del colapse, pero aún no está considerado legalmente en bancarrota, no cuentan con una herramienta para intervenir e impedir este colapso.

Una herramienta como la moratoria podría mantener cierta liquidez, lo que podría permitir a las autoridades guiar a la entidad bancaria en una resolución ordenada o un posible rescate. A finales del 2016, la Comisión Europea propuso dar a los supervisores la autoridad para suspender algunas retiradas de los depósitos bancarios y pagos de obligaciones en circunstancias excepcionales.

La crisis del Banco Popular ayuda a reflexionar sobre dar más herramientas

La crisis que se llevó por delante al Banco Popular va a servir para que los responsables de supervisar y regular el sector bancaria saquen algunas conclusiones interesantes. Una de las principales conclusiones es que en el caso de una crisis de liquidez y fuga de depósitos son necesarias más herramientas de las que hasta ahora tiene disponibles la Unión Bancaria.

El Mecanismo Único de Supervisión ha reconocido que sería conveniente dar nuevas herramientas a las autoridades supervisoras y de regulación con el fin de tener mayor tiempo de reacción con una mayor flexibilidad.

El Mecanismo Único de Supervisión están estudiando la posibilidad de crear nuevas herramientas de pre-solución, como es la moratoria que limitara a los grandes movimientos de liquidez durante un tiempo determinado mientas las autoridades deciden la mejor solución para una determinada entidad bancaria.

EL BCE está trabajando en un dictamen legal para establecer la conveniencia de la moratoria

El Banco Central Europeo (BCE) está trabajando en un dictamen legal en que aborda la conveniencia de una moratoria de resolución, así como la forma de ponerla en la práctica.

Aunque todavía no se ha fijado la fecha concreta en que este documento se mostrará, la idea es que en los próximos meses se pueda contar con el mismo para decidir qué cambios legales son necesarios en la directiva europea y en el conjunto de normativas de resolución bancaria de los países miembros.

Tras la crisis del Banco Popular ha quedado claro que había una serie de vacíos normativos y en el sistema de resolución. Claramente no será necesaria una reforma en profundidad de las directivas europeas, ya que algunos ajustes se puede realizar en las herramientas de resolución de los países miembros de la Unión Europea.

Existen diferentes escenarios para la aplicación de la moratoria

La propuesta de la moratoria es que llegue a conseguir que permita a las autoridades europeas poder congelar los activos de una entidad bancaria que éste sufriendo una fuga de depósitos o una crisis de liquidez.

Malta, hace ya tiempo, dispone en su normativa nacional con este tipo de herramienta legal para imponer restricciones temporales a las salidas de capitales de una determinada entidad bancaria con problemas.

La Comisión Europea quiere llevar a cabo los cambios para contar con unas herramientas de moratoria que de forma amplia se podrían definir como los poderes para suspender pagos y limita obligaciones temporalmente y/o prohibir temporalmente la contratación de nuevas obligaciones.

Los legisladores europeos que tendrán dentro de unos meses con la opinión del BCE prevén ya escenarios en los que serían necesarios estas nuevas funciones de moratoria:

• Para estabilizar la liquidez de una entidad.
• Para garantizar los fondos en una fase de pre-resolución,
• Para restablecer los niveles de capital de un banco
• Para prevenir un posible aumento descontrolado de la financiación garantizada.

En El Blog Salmón | El Banco Popular se vende por un euro al Santander, los accionistas pierden todo su dinero

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Tenemos nuevo capítulo en la saga Banco Popular compra a Banco Santander. Si en junio muchos se rasgaron las vestiduras cuando la entidad presidida por Ana Botín se hizo, por apenas un euro, con el depauperado Popular, ahora las críticas han vuelto a arreciar.

Tal y como contó El Confidencial el pasado 17 de agosto, el Santander ha hecho uso de un derecho que le otorga la legislación fiscal española y ha solicitado a Hacienda que ejecute los créditos fiscales a los que tiene derecho por ser propietario de Banco Popular. De momento, ha solicitado 500 millones de euros, de los 610 millones a los que tiene derecho este año, según los cálculos realizados por el mencionado periódico digital.

La noticia ha echado más leña al fuego de las críticas de esa operación financiera. Esa que, como aseguraron Mariano Rajoy o Luis de Guindos entre otros, no iba a costar ni un euro a los contribuyentes. Estos 500 millones de dinero público van a ser el primer reglón de la cuenta final que los contribuyentes paguen por la operación. Pero también es cierto, que ese desembolso no es ningún regalo especial al Banco Santander. Se enmarcan, como asegura el abogado experto de temas financieros Fernando Zunzunegui, en una política fiscal hecha a medida de la banca. "Son ayudas públicas indirectas que permiten a trasladar los riesgos bancarios a los contribuyentes de forma opaca. De este modo políticos y supervisores escapan de la rendición de cuentas por seguir rescatando a la banca".

Es decir, la decisión de Botín de solicitar ese dinero a Hacienda tan solo implica adelantar un dinero que antes o después iban a desembolsar las arcas públicas españolas. Veamos ¿por qué?

¿Qué son los DTAS?

Para entender esta operación hay que partir del conocimiento de los DTAs. Estas son las siglas en inglés de lo que en español se denominan Activos Fiscales Diferidos. Es decir, unos derechos (deducciones fiscales) que generan las empresas en función de unos gastos no deducibles en Hacienda, pero que sí merman sus beneficios. En el caso de los bancos esos gastos pueden ser principalmente los derivados de provisiones y aportaciones a planes de pensiones de sus empleados.

La Hacienda española, en línea con la regulación financiera internacional (Basilea III, entre otras leyes) permite a las empresas guardarse esas deducciones fiscales y compensar con ellas el pago de impuestos en el futuro. Es decir, cuando una compañía tiene DTAs acumulados y genera beneficios puede "convertirlos" y reducir la factura anual con Hacienda.

También se consideran DTAs, y tienen el mismo tratamiento, los activos procedentes de las bases imponibles negativas que, especialmente los bancos, habían generado como consecuencia de las exigencias de capitalización exigidas, sobre todo, por los Decretos Guindos.

¿Por qué son importantes?

Los DTAs son una herramienta de gestión fiscal habitual en otros países. De hecho, la regulación de Basilea III establecía que, a partir de 2014, los DTAs comenzaran a restar gradualmente de la base de capital. De haberse aplicado esa regulación, la solvencia de la banca española hubiera suspendido los exámenes internacionales de solvencia. Por ello, en noviembre de 2013, el Gobierno hizo un cambio en el Impuesto de Sociedades encaminado a evitarlo. Estaban en juego 38.000 millones de euros, que entonces contaban como capital. Para evitar que eso cambiara el Estado se erigió como avalista de esos créditos fiscales y se hizo responsable de hasta un máximo de 30.000 millones de euros abonables en efectivo en caso de pérdidas o de liquidación de la entidad afectada. Además, estableció la posibilidad de canjear por deuda pública el saldo de DTAs que no pudieran deducirse en un plazo de 18 años, mientras que en la mayoría de los países europeos esos DTAs no tienen caducidad.

¿Por qué los puede solicitar Banco Santander ahora?

En noviembre de 2013 ya casi nadie pensaba en la posibilidad de quiebra de ningún otro banco español y, por tanto, ese aval del Estado no parecía ser más que otro capote público al sistema financiero español. Pero lo que en aquel momento parecía imposible se ha materializado en 2017. El Banco Popular reconoció en 2016 pérdidas por valor de 3.400 millones de euros. Esa es la circunstancia que ha detonado el derecho de sus propietarios, desde junio el Banco de Santander, a solicitar la devolución en efectivo de esas deducciones fiscales. Y que, por otro lado, hubiera permitido hacer lo mismo a cualquier comprador con beneficios. Como explican fuentes fiscales del despacho de Abogados Garrigues no hay diferencia entre el tratamiento fiscal de los DTAs de las entidades financieras y otro tipo de empresas "la diferencia de tratamiento no es el tipo de empresa sino el tipo de ajustes a la base imponible de la empresa", aseguran. "De hecho, hay empresas no financieras que también han recibido importes en efectivo por DTAs", puntualizan desde Garrigues.

¿Qué hubiera pasado sin la compra?

El que no hubiera podido en ningún caso solicitar esa devolución habría sido el Banco Popular presidido por Emilio Saracho, al menos este año.

Es decir, que si el Popular hubiera podido sobrevivir en solitario habría tenido que esperar hasta la generación de beneficios para beneficiarse de este tratamiento fiscal. El tiempo máximo de espera, eso sí, no hubiera superado los 18 años, plazo que la mencionada reforma del Impuesto de Sociedades estableció como máximo ese plazo para que Estado ejecutará los avales.

Así, con la actual Ley del Impuesto de Sociedades en la mano, las arcas públicas españolas habrían tenido que asumir el coste de los derechos de deducciones fiscales generados por el Banco Popular durante los años de crisis (4.900 millones, según las cuentas de la entidad al cierre de 2016). La diferencia es quién se habría beneficiado de ellos si el mismo banco dejando de pagar impuestos futuros o cualquier otro comprador.

El Banco Popular tuvo el triste honor de ser el primer banco de la Eurozona intervenido según el nuevo mecanismo único de resolución, que conllevó la pérdida de todo el valor de sus acciones. Desde entonces se ha criticado la falta de transparencia de la decisión, aunque los problemas de la entidad eran notorios.

En un ejercicio voluntario (ya que no tiene obligación legal de hacerlo), el Banco Central Europeo ha decidido desclasificar algunas partes del informe confidencial que sirvió par decidir que el Popular estaba "quebrando o en riesgo de quebrar", umbral a partir del cual las autoridades europeas pueden iniciar la intervención.

El informe pone de manifiesto una vez más lo importante que es la reputación para un banco. El Popular tenía graves problemas estructurales, pero lo que convirtió su situación en insostenible fue la pésima gestión pública de dichos problemas. En lugar de transmitir confianza, los volantazos de la directiva espantaron a inversores y clientes, que comenzaron a huir en masa. El 7 de junio el Popular se quedó sin dinero en la caja para segir haciendo frente a sus obligaciones. Hoy, gracias al informe revelado por el BCE, sabemos algo más de la debacle.

"Quebrando o en riesgo de quebrar": licencia para intervenir

El mecanismo único de resolución (conocido por sus siglas en inglés como SRM) es el proceso de intervención de bancos problemáticos unificado en toda la Eurozona y estrenado por el Popular. Pretende acabar con los onerosos rescates públicos priorizando que el dinero venga 'de dentro' de la propia entidad (bail in) y no 'de fuera' (bail out). En el caso del Popular esto se materializó en la vaporización del valor de las acciones, bonos convertibles y demás deuda híbrida.

Esquema de funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución

Para que este proceso de intervención se ponga en marcha, el BCE debe determinar que el banco en cuestión esté "quebrando o en riesgo de quebrar" (failing or likely to fail). Cuando eso sucede, el comité único de resolución (SRB) toma las riendas del proceso y comienza la intervención propiamente dicha. Pero ¿qué elementos llevan al BCE a considerar que un banco ha traspasado el umbral de riesgo de quiebra? eso sucede cuando se cumple una o más de las siguientes condiciones:

• La entidad ha generado, o se espera que vaya a generar, pérdidas superiores a los fondos propios disponibles para cubrirlas
• El valor de los activos es inferior al de los pasivos (o existen indicios objetivos de que va a ser así en el futuro próximo)
• La entidad es incapaz de hacer frente a sus obligaciones financieras en el corto plazo
• La entidad requiere ayuda estatal extraordinaria para su funcionamiento

En el caso del Popular se daban todas estas circunstancias salvo la última (era de los pocos bancos que no recibió ni un céntimo de ayuda pública durante la crisis)

El Popular se quedó sin dinero en la caja: el detonante de la intervención

El informe del BCE confirma algo que ya había trascendido a los medios: el detonante de la intervención (y de las prisas con las que esta se llevó a cabo) fue el agotamiento de la liquidez del banco, causado fundamentalmente por masivas fugas de depósitos en todos los segmentos de clientes (particulares, corporativos e institucionales) desde prinipios de 2017.

Según el BCE, la fuga de capitales se aceleró significativamente a partir del 31 de mayo, coincidiendo con la publicación en los medios de que la quiebra del banco podría ser inminente si no se encontraba comprador. El 5 de junio se precipitan los acontecimientos: el Popular solicita fondos de liquidez de emergencia (ELA) a través del Banco de España. Pese a que le fueron concedidos, esto no fue suficiente para que la entidad pudiera hacer frente a todas sus obligaciones: a lo largo del día 7 de junio el dinero se agota.

El informe reconoce las medidas adoptadas por el Popular para conseguir liquidez adicional, pero considera que son tardías e insuficientes. Dado que las medidas de emergencia disponibles por el BCE estaban agotadas, y que la vía privada (venta negociada a otra entidad) no ofrecía visos de solución en el corto plazo, el regulador europeo llegó a la fatídica conclusión: el banco Popular estaba quebrando, o en riesgo de hacerlo en el corto plazo.

La crisis de liquidez fue la puntilla a una serie de problemas que ya arrastraba la entidad y que también recoge la nota del BCE. En la raíz de estos probemas se encuentra la enorme cartera de activos no rentables (fundamentalmente inmobiliarios) que el Popular se veía incapaz de reducir y que destaparon pérdidas mucho mayores de las inicialmente anunciadas.

La mala gestión de la crisis de reputación, clave en el hundimiento

Las retiradas masivas de depósitos particulares siempre tienen su origen en crisis de reputación. Si se extiende el rumor de que un banco está en situación crítica algunos clientes comenzarán a retirar su dinero, y el efecto bola de nieve puede acabar en un pánico bancario: la temida imagen de las colas a la puerta de la sucursal (que no hemos visto en el Popular gracias a las retiradas electrónicas).

El Popular gestionó su reputación de forma pésima, precipitando los acontecimientos. Esconder pérdidas, como hizo la entidad en 2016, es siempre una terrible idea: el banco no solo pierde el dinero, sino la confianza de sus clientes e inversores. A lo largo de 2017, los mercados sencillamente no han creído ni una sola palabra de las pronunciadas por los directivos del Popular sobre la presunta solidez del banco.

Los mensajes contradictiorios del equipo de Emilio Saracho, el capitán que debía reconducir el barco, empeoraron aún más las cosas. La estrategia para garatizar la viabilidad de la entidad no solo no estaba clara, sino que se empezó a dudar de que hubiese una. Tal como recoge el propio informe, la estrategia comunicada incluía opciones contradictorias (ampliar capital, vender activos no estratégicos o cerrar una fusión con otro banco) 'antes de fin de año', demasiado tarde para una entidad cuyo descalabro era inminente.

Entre tanto titubeo, los medios comenzaron a publicar toda serie de especulaciones sin encontrar una réplica contundente del Popular. En cuestión de meses, el público perdió la confianza en una de las entidades históricamente más sólidas de la banca española. El resto es historia.

En El Blog Salmón | Las grandes dudas del Popular: ¿Por qué el Santander y por qué 7.000 millones?

El Banco Santander ha demostrado esta semana porqué es el banco más grande de España y uno de los más importantes del mundo. Con una astucia digna de admiración, ha dado un ejemplo de libro de cómo transformar un problema en una ventaja. El pasado 13 julio, tras cerrar el mercado, la entidad presidida por Ana Botín distribuyó una nota de prensa anunciando una "acción comercial para clientes minoristas afectados por la resolución de Banco Popular".

A pesar de la transparencia meridiana de su comunicación ha conseguido que los posibles interesados, accionistas y bonistas de Banco Popular, haya recibido la propuesta como si fuera un rescate de sus pérdidas. Pero las dudas de que acaben recibiendo el dinero son más que razonables con la información disponible en este momento.

En cambio, si la jugada le sale bien. Si Banco Santander lanza esta oferta es porque quiere quitarse de en medio gran parte de la tediosa conflictividad judicial que se atisba en el caso al tiempo que se asegura muchos miles de euros de negocio operativo. Y todo por una excelente gestión de la comunicación.

Sobre el papel, la oferta está clara. La nota de prensa de Banco de Santander está titulada sin ninguna ambigüedad.

Estamos ante una acción comercial. Nada de caridad. Por si alguien tenía dudas uno de sus destacados es "El banco busca con esta acción, que supondrá emitir hasta 980 millones de valor nominal de bonos de fidelización, mantener y reforzar la relación a largo plazo con los clientes".

El banco no se está apiadando de los pobres accionistas del Banco Popular que lo perdieron todo la noche del 6 al 7 de junio, cuando la Junta Única de Resolución decidió intervenir la entidad. Solo les hace una incierta promesa de futuro. El banco lo que quiere es que esos clientes que han aterrizado en paracaídas y por obligación se queden "voluntariamente" para siempre. Porque así la operación de compra de Banco Popular por un euro se redondea mucho más.

El éxito de su comunicación ha sido ligar "una oferta comercial" a un grupo de clientes que lo que está esperando es una solución salomónica a un repentina pérdida de sus inversiones en acciones y bonos. De esta forma, Banco Santander ha conseguido que el subconsciente colectivo identifique su solución de propuesta comercial a los clientes de Banco Santander con soluciones anteriores aplicadas a afectados por pérdidas bancarias, como pudieron ser las participaciones preferentes.

Seguro que los expertos en neurociencia y demás técnicas de análisis del comportamiento humano tendrían muchas cosas que decir sobre esto del entender lo que se quiere entender y no lo que realmente se tiene delante.

Porque, si analizamos con detenimiento la nota enviada por el Banco Santander habla de que "cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización." Pero es un condicional muy abierto.

Con la información publicada hasta ahora no está nada claro que los afectados por las pérdidas del Popular vayan a recuperar su dinero. Y lo que está fuera de dudas es que la oferta se asegura tener a los clientes bajo la tutela de Botín por, al menos, siete años.

Pero vayamos al detalle: "La entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos ("bonos de fidelización") que darán derecho a un cupón efectivo, discrecional y no acumulativo a un tipo de interés anual del 1% pagadero trimestralmente." En total prevé emitir 980 millones de valor nomina de bonos de fidelización.

Nadie la podrá acusar de bautizar su producto con un nombre que dé lugar a dudas. La lección de las participaciones preferentes se ha aprendido muy bien. Aquí el nombre de producto es claro: bonos de fidelización. La comunicación también explica que estamos ante Obligaciones Perpetuas. La definición que los diccionarios económicos dan a este producto financiero es: "Aquella Obligación emitida generalmente por entidades sin problemas financieros, tanto públicas como privadas, y caracterizada por no tener un vencimiento establecido, por lo que, en principio, proporciona a sus tenedores exclusivamente intereses".

Es una herramienta habitual en los mercados, muy atractiva para empresas solventes que quieren captar financiación sin tener que hacer ampliaciones de capital que diluyan el valor del accionista.Las ofrecidas ahora por Banco Santander tendrán un valor nominal de 100 euros y "se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del Banco Santander, previa autorización del Banco Central Europeo".

Ganar tiempo

Los siete años a quien afectan es al banco, no al titular de las obligaciones. Es decir, que el titular de estos títulos en ningún momento puede decidir amortizar la inversión, ni siquiera pasados los siete años porque esa es una decisión a "voluntad del Banco Santander" y condicionada a un segundo, el BCE de quien necesita aprobación. Así que si alguien suscribe esta propuesta pensando que en 2024, recoge su dinero y se va a otra entidad está muy equivocado. Puede que sea así o puede que no. Todo depende de los intereses del Banco Santander en ese momento y de si BCE autoriza o no la operación. Con esto el banco postpone la conflictividad.

Por otro lado, solo quienes invirtieron menos de 100.000 euros podrían recibir el 100% de su dinero, para todos los demás hay quitas entre el 25% y el 50% de las cantidades perdidas.

En cuanto a la remuneración del producto, durante esos siete años, y el resto del tiempo que quiera Banco Santander, quien suscriba esta acción comercial recibirá cada tres meses, un cupón con un tipo de interés fijo del 1%.** "El tipo de interés es del 1% anual, pagadero trimestralmente."** ¿Eso es mucho o poco? Pues depende de con qué se compare.

En estos momentos, algunas cuentas corrientes, según el último análisis de Helpmycash, ofrecen un 0,5% de remuneración además de otros descuentos. Alguna incluso llega a ofrecer hasta un 5%, el primer año. El propio Banco Santander es más generoso con su cuenta 1,2,3, donde la rentabilidad llega hasta el 3%.

Pero la diferencia es mucho más acusada teniendo en cuenta que estas cuentas corrientes tienen todo el capital asegurado y las obligaciones perpetuas que ofrece el Santander tienen un riesgo similar a los bonos convertibles que emitió en 2011 el Popular. Es decir, que en caso de quiebra de la entidad, sus propietarios volverían a perderlo todo. ¿Un riesgo imposible? Casi seguro, pero o mismo pensaron los que compraron participaciones preferentes de Caja Madrid o invirtieron en deuda y acciones del Banco Popular, en su momento el banco más solvente del país.

En cualquier caso, en los mercados asumir riesgos es lícito, pero tiene un precio. Muchos inversores compran estas obligaciones perpetuas por estrategia de cartera. Por poner un ejemplo, Telefónica en 2014 lanzó un producto similar, 850 millones de obligaciones perpetuas, que consiguió una demanda de hasta 3.500 millones de euros. Eso permitió a la compañía entonces presidida por César Alierta, fijar el tipo de interés del cupón en el 4,5%, por debajo de lo previsto inicialmente.

Un año antes, en 2013. Iberdola había colocado algo más de medio millón de euros en este tipo de títulos con un tipo fijo anual del 5,75%.

Por supuesto, con la recuperación de la economía los riesgos se atenúan. Aún así, en septiembre de 2016, Telefónica repetía una operación similar y emitía 1.000 de euros en obligaciones perpetuas subordinadas con un cupón anual del 3,75%, que según aseguró el diario El Economista, en aquel momento, era "el más bajo fijado por la compañía en una emisión de híbridos en euros en su historia".

Ahora, los antiguos clientes de Banco Popular deberán valorar si ese 1% ofrecido por Banco Santander compensa el riesgo del producto que van a adquirir y si se corresponde con los precios de mercado.

Según los cálculos publicados por Breakingviews en la edición en papel de El País del 16 de julio, "Ese bajo interés significa que el valor de los bonos es probablemente inferior al 75% de su valor nominal".

A cambio, eso sí quedan "fidelizados", término que también se puede traducir como ligados, atados,... Porque frente a la escasa generosidad de Botín en el tipo de interés, las condiciones para aceptar la propuesta sí que son leoninas.

Dice el texto "tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas." Es decir, no es la relación que tenían el 6 de junio cuando el banco se liquidó, sino la suscrita entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2016 los accionistas que acudieron a la ampliación. Y entre el 29 de julio de 2011 y el 14 de octubre de 2011 los que suscribieron entonces las obligaciones subordinadas, que muchos juzgados ya han catalogado de abusivas como demuestran los datos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), según los cuales todos los casos que han llegado a los tribunales se resolvieron en favor de los clientes.

Pero volviendo a las exigencias de Banco Santander, a falta de mayor precisión lo que se exigen a quienes suscriban esta oferta comercial es que hagan una especie de flash back financiero.

Recuperen todos los productos que tenían suscritos con Banco Popular, en 2011 si compraron los bonos o en 2016 acudieron a la ampliación de capital. Eso significa que si desde entonces, debido al deterioro y la desconfianza generadas por Banco Popular en los últimos meses se han llevado nóminas, créditos, fondos de inversión o de pensiones a otras entidades tendrían que recuperarlas de nuevo para suscribirlas con Banco Santander. ¿También habrá que volver a suscribir créditos ya amortizados, por ejemplo?

Habrá que esperar a los detalles del folleto de este que Banco Santander entregará próximamente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores para resolver esas dudas.

Cláusula abusiva

Y como guinda de esta suculenta operación, "Para beneficiarse de estos bonos de fidelización, los clientes tendrán que renunciar a emprender acciones legales contra Grupo Santander". Una clausula que muchas sentencias judiciales ya han dejado claro que esta es una clausula abusiva. Es decir, que no tiene ningún efecto y que "no puede suponer un impedimento para que los clientes hagan uso de su derecho a la tutela judicial efectiva.", según han explicado, entre otros, en la web malapracticabancaria.com

Es sabido por todos que si algo le incomoda a Banco Santander es tener que pasar por los juzgados en temas de este tipo. Lo demostró con las estrategias salomónicas aplicadas tras la crisis de Lehman cuando sus clientes se vieron afectados por el caso Madoff. También ha hecho todo lo posible por evitar a los tribunales ante los abusos perpetrados con sus Valores Santander.

Con esta estrategia ha rizado el rizo. No solo trata de evitar los tribunales sino que además afianza a largo plazo la relación comercial.

Una vez valorados todos estos puntos, los afectados deben valorar si quieren ligarse o no de por vida a la entidad presidida por Patricia Botín, asumir la pérdida o ir a los tribunales. En este último caso, la travesía será complicada. Es un David contra Goliat, los inversores españoles contra las recién creadas instituciones de resolución bancaria, contra un banco extinguido...En el peor de los casos, como explicaba hace unos días El Confidencial. se asume el riesgo de ser condenado en costas: Unos 15.000 euros en riesgo.

¿Es eso más o menos que lo que implica aceptar las condiciones ofrecidas por Santander? Es hora de echar cuentas. Pero eso sí, que nadie diga el futuro que Banco Santander le engañó porque sus leonianas condiciones están encima de la mesa desde el momento cero. Aceptarlas o no es opcional.

Hace dos semanas la caída del Banco Popular sacudió todos los medios y mercados: un banco que había superado las pruebas de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea hace menos de un año pero cuyas acciones llevaban meses cayendo en picado ante la sospecha de que la situación era más problemática de lo anunciado.

Al final, el Popular fue víctima de una profecía autocumplida: la espantada de los inversores alarmó a los clientes, que empezaron a retirar su dinero en masa. El banco se enfrentó a un pánico bancario en toda regla: agotó toda su liquidez, luego dilapidó todas las líneas de emergencia aportadas por el Banco Central Europeo y finalmente, el 6 de junio comunicaba que no tenía más efectivo para seguir cubriendo las masivas fugas de depósitos.

Se puso en marcha entonces el nuevo proceso de rescate bancario europeo surgido a raíz de la crisis: por primera vez en la historia, el Comité Único de Resolución usaba su autoridad para tomar control del Popular y salvaguardar los intereses de sus clientes (que no sus inversores). ¿Cómo funciona el nuevo mecanismo europeo de resolución bancaria estrenado por el Popular?

Una autoridad única europea para tomar el control de bancos en problemas

Hasta la llegada del Comité Único de Resolución (SRB), en Europa no existía un procedimiento sistemático para hacer frente a la implosión de un banco. Las soluciones eran ad-hoc, dependiendo del país (y del momento) en que el problema se produjera. Frecuentemente la intervención se aplazaba hasta que el agujero era demasiado grande para seguir tapándolo, como sucedió con las cajas españolas. Y las autoridades tenían poca alternativa a aportar dinero público si querían garantizar los ahorros de los clientes.

Tras ventilar decenas de millones de dinero público en rescatar bancos quebrados, los estados de la eurozona decidieron establecer una unión bancaria, con reglas comunes y autoridad ejecutiva. Uno de los pilares de este sistema es el Mecanismo Único de Resolución (SRM), con autoridad para resolver situaciones problemáticas de cualquier banco bajo la supervisión del BCE.

El principal objetivo del mecanismo es minimizar el coste público de cualquier intervención de rescate bancario. Para ello cuenta con un Fondo Único de Resolución (SRF), al que aportan dinero todos los bancos privados de la eurozona, con el objetivo de cubrir un 1% de los depositos garantizados en la misma. El SRM y el SRF están bajo control del Comité Único de Supervisión (SRB).

¿Cómo se decide la intervención de un banco?

Para que el procedimiento de resolución se ponga en marcha, el BCE o el SRB deben determinar que la quiebra del banco es probable y que se han agotado todas las medidas para evitarla, tanto privadas (ampliación de capital, venta a otra entidad) como públicas (programas de liquidez de emergencia del BCE y los bancos centrales nacionales). Llegados a este punto, el Comité decide si rescatar el banco es de interés público o no. Si no lo fuera, el banco se declararía en quiebra y sus activos serían vendidos para cubrir en la medida de lo posible los depósitos de los clientes.

En el caso del Popular, se estableció que el rescate del banco sí era de interés público, dado el enorme volumen de clientes particulares y pequeñas empresas con ahorros depositados en la entidad. En este momento se puso en marcha por primera vez el SRM: el control de la entidad quedaba así en manos de las autoridades europeas.

Funcionamiento del Mecanismo de Resolución Bancaria / Fuente: SRB

Una vez que un banco entra dentro del proceso de resolución, la Comisión Europea tiene 24 horas para aprobar el plan presentado por el SRB. La Comisión puede revocar algunos aspectos del plan, e incluso objetar el interés público de la resolución, extremo que debería de ser ratificado por el Consejo (formado por los jefes de gobierno de los estados miembros). En el caso del Popular, la Comisión no presentó objeciones y todo se decidió en cuestión de horas, con el objetivo de tener el proceso finalizado antes de la apertura de la Bolsa el miércoles 7 de junio.

Del bail out al bail in: rescatando bancos con fondos privados en vez de públicos

El SRM establece varias herramientas de rescate, con el objetivo de continuar las funciones críticas del banco y garantizar la estabilidad financiera con el menor coste para el contribuyente. Algunas de ellas implican la intervención pública, como por ejemplo la separación de activos 'tóxicos', que se pueden transferir a una entidad de propiedad total o parcialmente pública (una solución similar a la creación de un 'Banco Malo').

Pero en el caso del Popular no se consideraron este tipo de soluciones sino que la decisión final fue realizar un bail-in (rescate con fondos propios) y vender la entidad. El bail-in implica la amortización de los pasivos capaces de absorber pérdidas: las acciones y la deuda subordinada. De este modo, son los accionistas y acreedores quienes soportan las pérdidas: la anulación del compromiso financiero que el banco tiene con ellos es equivalente a inyectar capital en la entidad por el valor de las acciones y los bonos amortizados.

En el caso del Popular, el proceso funcionó de la siguiente forma:

• La entidad fue tasada en un rango entre –2.000 millones de euros en un escenario normal y –8.200 millones en uno adverso

• El capital social, valorado en 2.000 millones de euros (considerando cada acción a 50 céntimos) se redujo a cero amortizando las acciones, tal como está previsto en la legislación. Es en este momento cuando los accionistas del Popular perdieron el 100% de lo invertido. Hay que recalcar que esto es lo normal cuando una empresa quiebra: el valor de las acciones se esfuma.

• A continuación, se valoraron los instrumentos del nivel adicional de capital 1 (coloquialmente conocidos como 'cocos') en 1.350 millones de euros (cada título a 1 euro). Dichos bonos se convirtieron en acciones (otra medida previsible ya que se trata de bonos convertibles) para constituir un nuevo capital social, que también se redujo a cero euros amortizando estas nuevas acciones.

• Posteriormente, los instrumentos del nivel de capital 2 (bonos de deuda subordinada, más seguros que los 'cocos' pero también convertibles) se valoraron en 680 millones y fueron convertidos en acciones de un euro cada una, reconstituyendo por segunda vez el capital social del banco.

• Una vez realizado el bail-in, comenzó el proceso de venta, donde la única oferta que cumplió los requisitos fue la del Santander. El banco de Botín se hizo con el capital social del Popular por un precio de 1 euro. Aunque el valor contable de dicho capital era de 680 millones, esta cifra no refleja el valor real de la entidad, aún en números negativos pese a las amortizaciones realizadas.

Evidentemente no es cierto que "el Santander compre el Popular por 1 euro". Aunque ese es el precio al que el capital ha sido adquirido, el acuerdo incluye la obligación del Santander de garantizar los depósitos y el funcionamiento correcto del Popular, haciendo frente a los gastos y pérdidas que ello pueda ocasionar. Para empezar, el Santander deberá ampliar su capital en 7.000 millones para digerir la absorción.

A pesar de que el proceso no haya estado exento de sombras (sobre todo, la falta de transparencia), en la mañana del 7 de junio el mecanismo de resolución había concluido: el Popular se convertía en el primer banco de la eurozona rescatado según las nuevas reglas comunes, sin dinero público. Tampoco es estrictamente cierto que el coste para la economía española sea nulo (los millones de euros que han perdido accionistas y acreedores del Popular repercuten en el conjunto de la economía), pero se ha conseguido garantizar los ahorros de uno de los mayores bancos del país sin tocar un euro del presupuesto.

Se marca así la pauta para futuras restructuraciones bancarias. ¿Quién será el próximo? se especula ya con algunos bancos italianos... en cualquier caso, el nuevo mecanismo europeo de rescate bancario funciona. La era de los desastrosos rescates públicos puede haber llegado a su fin.

En El Blog Salmón | La cara B del sistema bail-in de rescate bancario: afectados por el Popular

Tras el hundimiento del Banco Popular, el sexto banco español, se esconden muchos dramas debido a que los accionistas y bonitas de la entidad lo han perdido todo. De un día para otro, la valoración de acciones y otros instrumentos ha quedado reducida a cero.

En concreto, más de 300.000 accionistas del Banco Popular han sufrido las consecuencias de la mala gestión y del nuevo sistema de rescate bail-in que ha sido inaugurado con esta entidad española.

En los últimos días hemos visto incluso casos particulares estremecedores, como el de una mujer que entraba en su oficina del Banco Popular y empezaba a expresar su descontento contra la entidad "Hemos perdido un millón de euros, lo hemos perdido todo, y tú me dices que no pasa nada, que llamas a la policía!".

¿Cuánto han perdido los afectados?

En primer lugar tenemos a los accionistas que son los propietarios de la entidad como perjudicados de la resolución del Popular. Un día antes de la intervención, la capitalización bursátil del Popular era de 1.330 millones de euros. Esta cifra que se había debilitado, tras las fuertes caídas en las sesiones previas y experimentó una debacle desde inicios del año de más del 60%.

Pero hay más... ¿Recuerdan los CoCos? Los CoCos o Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés) son aquellas emisiones híbridas con características vinculadas a la deuda (pagan un interés al inversor) y también de capital (con capacidad de absorción de pérdidas).

Los CoCos del Popular estaban valorados en 1.250 millones de euros, correspondientes a 500 millones en emisiones del año 2013 y 750 millones de las emisiones de 2015. Dado que son instrumentos que absorben las pérdidas, los titulares se quedaron sin valor de un día para otro.

También tenemos la llamada deuda subordinada correspondiente al Tier 2. Estos bonos son habitualmente emitidos por las entidades y ofrecen una rentabilidad explícita mayor a otros instrumentos de deuda. Esta mayor rentabilidad tiene contrapartida... Pues los titulares aceptan perder capacidad de cobro en caso de extinción y posterior liquidación de la sociedad, pues queda subordinado el pago frente a los acreedores ordinarios.

La deuda subordinada del Popular, dado que son pasivos admisibles, también pasó a establecerse como capital y se borraron 684 millones de euros y otros 100 millones correspondientes a otros instrumentos.

¿Qué se ha conseguido evitar con el sistema bail-in?

Las manos privadas son aquellas que deben responsabilizarse en el momento de afrontar las pérdidas de una entidad quebrada, esa es la premisa base de crear un sistema de rescate bail-in. Es decir, si en una entidad se privatizan los beneficios, lo lógico es que también lo hagan las pérdidas.

El actual sistema de rescate bail-in establece una jerarquía clara de pasivos que serán utilizados en la cobertura de las necesidades del banco en resolución, empezando por los instrumentos de capital y siguiendo con la deuda subordinada, la deuda sénior y los depósitos no asegurados de empresas (aquellos por encima de los 100.000 euros), y finalmente los depósitos de pymes y personas físicas que superen dicha cantidad.

Rescatando el Banco Popular mediante el sistema bail-in, se consigue proporcionar estabilidad financiera dentro de la banca española. Eso se traduce en una menor volatilidad en las cotizaciones y una menor incertidumbre que afectaría al riesgo país y por lo tanto, a los intereses para financiar los presupuestos.

Los depositantes es otro de los colectivos que se debía proteger. Según los datos, el volumen de depósitos de la entidad era de 60.347 millones de euros, de los que 35.450 millones ya estaban cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos porque su importe era inferior a 100.000 euros.

Pero en especial, a quién se ha protegido ha sido a los contribuyentes pues no se han responsabilizado de este rescate como sí ocurrió con las Cajas de Ahorros. Pues parece ser que se ha aprendido la lección, los contribuyentes no deben responsabilizarse de las decisiones de gestión de una empresa privada, pues los incentivos vinculados a socializar pérdidas incentivan la mala gestión.

Causas que condicionaron el nacimiento del Bail-in

La crisis europea ha demostrado que la UE carecía de instrumentos adecuados para responder de manera eficaz a todos aquellos problemas vinculados en la solidez o el peligro de inviabilidad de muchas de las entidades financieras.

En ese contexto quedaron en evidencia las vergüenzas de la UE, pues los procedimientos para resolver las crisis de entidades financieras no estaban armonizados. Teníamos considerables diferencias de fondo y de procedimiento entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulaban la insolvencia de las entidades en los Estados miembros.

Se puso de manifiesto que los procedimientos generales en materia de insolvencia no eran siempre apropiados para las entidades, dado que no garantizaban una celeridad suficiente en la intervención de una entidad.

Los costes directos e indirectos de la crisis financiera para los contribuyentes europeos fueron muy elevados y la necesidad de contar con mecanismos que en el futuro debían limitar la participación del sector público en la resolución o liquidación de entidades.

En España, la factura del rescate de las Cajas de Ahorro ha sido de 60.718 millones de euros (cifras del Tribunal de Cuentas), siendo Catalunya Caixa y Bankia las que más recursos han captado con 12.676 y 12.347 millones de euros respectivamente.

El principal componente del coste del rescate de las entidades financieras españolas fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).

Por todo ello, se necesitaba un marco de actuación nuevo que dotara a las autoridades de los instrumentos creíbles para intervenir con la suficiente antelación y agilidad con el objetivo de que las entidades siguieran dando continuidad a sus funciones y que al mismo tiempo, no impactaran contra el sistema económico-financiero.

El comportamiento del inversor minoritario, responsabilidad en sus inversiones

Sin duda, en el rescate del Popular han perdido muchos inversores. Existe un dato muy relevante y es que el 77% de los empleados del Banco Popular eran accionistas, hasta acaparar el 4,3% del capital de la entidad.

Sin embargo, es oportuno conocer que los inversores deben diversificar como principio de supervivencia en el mercado. Tener una cartera amplia de valores, un fondo de inversión o bien un ETF sobre un índice es la mejor manera de combatir el riesgo específico de las acciones.

Es toda una temeridad que un inversor mantenga la totalidad de su cartera de inversiones en tan sólo un valor y más, si éste es un valor como lo era el Banco Popular, con dudas razonables para que pudiera seguir adelante. Por lo que todos los accionistas que sobreponderaron este valor en su cartera eran responsables finalistas de la pérdida experimentada.

Todo ello, no implica que la dirección del Popular no haya mentido a sus inversores en sus cuentas, ni que la última ampliación de Popular de 2.500 millones de euros no se informara adecuadamente de la situación real de la entidad ni de las provisiones pendientes que se debían contabilizar.

Sin embargo, toda esta cuestión se examinará tras la demanda colectiva que ya se ha impulsado y se dilatará en el tiempo y se desconoce cuál será el resultado... Por lo que diversificar es la principal misión del inversor para no caer en la ruina.

Para los pequeños inversores del Banco Popular la mejor opción es realizar la reclamación por la vía civil y no por la vía penal. El procedimiento judicial se puede alargar hasta 5 años antes de la recuperación definitiva del dinero.

Si lo comparamos con lo que paso en Bankia, el rescate del Banco Popular no tiene antecedentes en el sector financiero español, pero tampoco en el sector financiero europeo, ya que es la primera vez que se ha utilizado el 'Mecanismo Único de Resolución' (MUR).

Al aplicar este mecanismo existen algunas legales que los bufetes de abogados están analizando en profundidad. Los expertos coinciden en que las posibilidades de reclamar son bastante altas.

Nos podemos preguntar: ¿Quién puede reclamar el valor de su participación? ¿Hay que presentar una demanda por vía civil o por vía judicial? ¿Qué cantidades se pueden reclamar? ¿Quién tiene la obligación de indemnizar? ¿Prescribe en algún momento el periodo de reclamación? ¿Cuándo se puede recuperar el dinero que se reclama? ¿Cuánto nos va a costar las reclamaciones por vía judicial?

¿Quién puede reclamar el valor de su participación? ¿Hay que presentar una demanda por vía civil o por vía judicial?

Cualquier accionista, bonistas o inversores de deuda subordinado que le han reducido su participación a 0 euros. Aquellos que vendieron sus títulos antes del rescate, pueden analizar realizar una reclamación en función de cuando compraron las acciones.

Será mucho más complicado aquellos que compraron y vendieron sus participaciones durante las semanas que se conoció la delicada situación financiera que atravesaba el Banco Popular.

Los grandes inversores y los fondos institucionales será más aconsejable que utilicen la vía judicial para realizar sus demandas y así ayudar a realizar las reclamaciones por vía civil. La vía civil es la mejor opción para los pequeños inversores, ya que es la forma para lograr indemnizaciones por daños ocasionados, es decir, la vía rápida y más barata.

¿Qué cantidades se pueden reclamar? ¿Quién tiene la obligación de indemnizar?

En este tipo de situaciones, es raro que el juez acepte indemnizaciones por daños sean superiores a las cantidades que se han invertido. En estos casos se suelen quitar las rentabilidades percibidas, como los intereses, en caso de deuda, o los dividendos, en caso de plusvalía de acciones.

Para calcular este tipo de daños es importante el momento en el se compró la acción o se invirtió en el bono o en la deuda subordinada.

El Banco Popular sigue existiendo de forma jurídica y tendrá que hacer frente a todas las reclamaciones que surjan. Se debe considerar que tiene el respaldo del Banco Santander, que al ser el nuevo propietario, está obligado a responder a todas las contingencias que pueden surgir por la gestión de los anteriores administradores del Banco Popular.

¿Prescribe en algún momento el periodo de reclamación? ¿Cuándo se puede recuperar el dinero que se reclama?

El plazo para ejercitar las acciones legales, independientemente de cuándo se ha invertido en el Banco Popular, empieza en el mismo momento en que se conoce el problema de la situación, es decir, el día que se realizó el rescate.

A partir de aquí, se establece un periodo que varía entre los 3 y los 5 años en función del tipo de delito y la vía de reclamación. Siempre se aconseja esperar unas semanas antes de tomar la decisión, hasta que se conozca el alcance de la situación. En el caso del Banco Popular ya se sabe que las participaciones ya valen 0 euros.

Salvo que se aplique un mecanismo de resolución extrajudicial, como un procedimiento de mediación o arbitraje, el procedimiento a través de vía judicial puede tardar alrededor de unos 5 años, en función del tiempo que dure la fase de instrucción.

Por la vía civil, se pueden llegar a acuerdos en los tribunales de primera instancia los cuales pueden ser recurridos, por parte de los demandantes como por parte del Banco Popular. Hay que tener en cuenta que en España no existen las demandas civiles colectivas, por lo que se deben presentar y resolverse cada uno por separado y cuantos afectados las hayan presentado.

¿Cuánto nos va a costar las reclamaciones por vía judicial?

La gran parte de los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones cobrar por el éxito que tenga la reclamación. Es decir, sólo nos van a cobrar si se gana el caso.

El coste puede variar en función del despacho que presente la demanda. Algunos despachos piden un porcentaje de la cantidad reclamada y recuperada, que puede ser de entre el 5 al 10 por ciento.

En otros despachos le piden al cliente una aportación a fondo perdido de 150 a 600 euros, independientemente del resultado de proceso de reclamación. También se pueden encontrar casos que se combinen los dos tipos.

En El Blog Salmón | El Banco Popular se vende por un euro al Santander, los accionistas pierden todo su dinero

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