El verano convierte las piscinas comunitarias en uno de los grandes activos de muchas urbanizaciones. Pero también en uno de sus grandes focos de conflicto económico: quién puede usarla, cuándo se abre, qué normas rigen el acceso y, sobre todo, quién debe pagar su mantenimiento.

Según recoge El Español, una resolución vinculada a la Audiencia Provincial de Huesca ha vuelto a poner sobre la mesa una idea relevante para miles de comunidades de propietarios: las cuotas comunitarias no siempre tienen por qué repartirse de manera idéntica entre todos los dueños cuando hablamos de servicios comunes que no todos pueden aprovechar.

La piscina no se abre sola: la comunidad fija las reglas

En muchas comunidades, el uso de la piscina no depende únicamente de que llegue el calor. Los propietarios pueden aprobar normas internas para decidir cuándo empieza la temporada de baño, cuáles son los horarios y qué condiciones deben cumplirse para acceder.

Esas reglas son obligatorias para todos los propietarios. No se pueden cambiar de cualquier manera: deben modificarse mediante acuerdo vecinal o conforme a lo que establezcan los estatutos de la comunidad.

Esto explica por qué, en algunos edificios, tener una piscina comunitaria no significa necesariamente poder usarla en cualquier momento ni en cualquier condición. La comunidad puede imponer requisitos, limitar horarios e incluso retrasar la apertura si así se ha acordado correctamente.

El punto delicado: quién paga el mantenimiento

El conflicto económico aparece cuando llega la factura. Limpieza, conservación, depuración, reparaciones, posibles zonas ajardinadas asociadas o instalaciones recreativas generan gastos que normalmente se integran dentro de la comunidad.

Pero la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 49/1960, permite que las comunidades de propietarios regulen la relación entre elementos privativos, como viviendas, garajes o locales, y espacios comunes, como portales, jardines o piscinas.

Y ahí está el matiz importante: no siempre todos los propietarios tienen que asumir los mismos gastos si no todos tienen acceso o aprovechamiento real de una instalación concreta.

El caso de Huesca: un local contra su comunidad

El caso analizado surgió a raíz de la demanda presentada por el dueño de un local comercial contra su comunidad de propietarios. Su postura era clara: todos los propietarios debían asumir por igual los gastos de mantenimiento de la piscina y de otras zonas comunes.

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La comunidad, sin embargo, defendía un sistema distinto que llevaba aplicando desde 1992. Ese modelo dejaba fuera de determinados pagos a propietarios de garajes, trasteros o locales sin acceso ni aprovechamiento de las instalaciones recreativas.

La Justicia dio la razón a la comunidad. Los tribunales entendieron que ese sistema podía ser válido porque existía una justificación razonable y porque las normas se habían aprobado correctamente.

No es una barra libre para dejar de pagar

Esto no significa que cualquier propietario pueda decidir por su cuenta que no paga la piscina porque no la usa. La diferencia es importante.

La exención depende de que exista una base comunitaria válida: estatutos, acuerdos aprobados correctamente o un sistema de reparto justificado por el uso real de la instalación. En otras palabras, no basta con decir “yo no bajo a la piscina”.

Lo relevante es si el inmueble tiene acceso y posibilidad de aprovechamiento. Un vecino con vivienda que decide no bañarse no está en la misma situación que un propietario de un garaje, un trastero o un local sin acceso ni relación práctica con la zona recreativa.

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La lectura económica: pagar por uso, no siempre por propiedad

La resolución refuerza una idea cada vez más importante en las comunidades de vecinos: los gastos comunes pueden tener lógicas distintas según el servicio del que se trate.

Hay gastos generales del edificio que difícilmente pueden individualizarse. Pero otros servicios, como una piscina o una zona deportiva, pueden abrir la puerta a sistemas de reparto diferenciados cuando hay propietarios que no obtienen beneficio directo.

Imagen: generada con Gemini.

En la actualidad ninguna de las Comunidades Autónomas tiene la gestión económica de la Seguridad Social, por mucha cesiones y concesiones que el Gobierno Central haya realizado durante estos 40 años de su existencia.

Aunque algunas Comunidades Autónomas exigen a través de su estatuto de autonomía la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y que un Gobierno Central, sí necesitara un apoyo autonómico para gobernar, lo coincidiera.

Gracias a la solidaridad impositiva de las Comunidades Autónomas se ha conseguido cubrir las diferencias existentes entre lo ingresado por la cotizaciones y lo gastado en las pensiones.

Andalucía la comunicad con más déficit en la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía y Cataluña, de las más deficitarias de España, con 2.935,20 y 2.852,40 millones de euros, respectivamente, seguida por Castilla León, Galicia, País Vasco, Asturias y la Comunidad Valenciana, como se puede ver en la gráfica “Saldo de las cuentas de la Seguridad Social por Comunidad Autónoma en 2018”:

La Comunidad de Madrid, las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla tiene superávit en las cuentas de la Seguridad Social.

La Comunidad de Madrid ha tenido un superávit de 1.931,70 millones de euros, las Islas Baleares han tenido un superávit de 609,10 millones de euros, las Islas Canarias ha tenido un superávit de 433,10 millones de euros, en las cuentas de la Seguridad Social en su Comunidad Autónoma durante el 2018.

Por otra parte, durante el 2018 la cuentas de la Seguridad Social han tenido un déficit de 18.443,50 millones de euros, que se han tenido que cubrir con impuestos y deuda pública.

Cataluña es la Comunidad Autónoma que recauda más por cotizaciones a la Seguridad Social pero no cubre para pagar sus pensiones

La Comunidad Autónoma que ha ingresado más por las cotizaciones de la Seguridad Social ha sido Cataluña con 20.107,10 millones euros, pero es también la que se gasta más en pensiones con 22.959,20 millones de euros, como se puede ver en la gráfica “Ingresos por cotizaciones vs. Gasto en pensiones por Comunidad Autónomas en 2018”:

La Comunidad Autónoma que sigue a Cataluña es la Comunidad de Madrid con 19.438,30 millones de euros por ingresos de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero en este caso sus gastos en pensiones han sido inferiores, con 17.506,60 millones de euros.

A nivel nacional ha habido un total de 102.846,5 millones de euros por ingresos de cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que en 2018 se ha gastado 121.290 millones de euros en las pensiones de los jubilados españoles.

Existen bastantes desequilibrios de déficit individual en España

En términos individuales de desequilibro es de 4.564 euros por pensionista vasco, más del doble de los 1.881 euros de media de España, y solo superados por los jubilados de Asturias, con un déficit individual de 8.160 euros en 2018.

En este caso existe un déficit generado por el País Vasco en referencia con los importes de las pensiones más abultadas de España, con 1.238 euros al mes a principio del 2020, frente a los 996,70 euros de media de España y 830 euros cobrados por los pensionistas de Extremadura.

El Gobierno de coalición pretende ceder la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco

La cesión de la gestión económica de las cotizaciones y pensiones al País Vasco se produce en el proceso de unificación de criterios a nivel nacional en el impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, una renacionalización de la corresponsabilidad fiscal del ingreso.

Esta concesión no atenta a la caja única, sí está rompiendo la unidad de derechos que la Seguridad Social garantiza a todos como sujetos a disfrutar de pensiones iguales en toda España, porque iguales también fueron sus cotizaciones.

La Seguridad Social y el reconocimiento de las prestaciones con un único criterio, y el impuesto de Sociedades, son las únicas herramientas de carácter nacional que le quedan al Gobierno de coalición, y deberían ser preservadas como garantía de la solidaridad entre Comunidades Autónomas.

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Imagen | Flickr

El sector de la tauromaquia no es un sector cualquiera, pues es uno de los que más se encuentra condicionado por la acción política de una administración, a través de las subvenciones, o la prohibición de sus festejos en determinados ámbitos geográficos.

En las siguientes líneas repasaremos cómo ha estado evolucionando en los últimos años el interés en este tipo de espectáculos y cuáles son los privilegios y reestricciones que cuenta su actividad.

El sector del toro y su decadencia

Atendiendo a los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de los festejos taurinos han ido menguando en los últimos años. Si en el año 2013 se celebraban 1.858 eventos, a cierre de 2017 (último año de referencia) se festejaron 1.553 espectáculos, lo que representa una caída del 17% en un lustro. Y si la referencia la extendemos a una década, la caída de los festejos es de un 58% (3.651 festejos celebrados en 2007).

La justificación de esta caída en los últimos años viene dada por un mix de causas. En primer lugar, con la crisis todos los espectáculos han sufrido un fuerte retroceso debido a que se ha contraído el gasto en el ocio que es uno de los menos prioritarios dentro del presupuesto familiar.

Pero esto no lo justifica todo, ya que con la recuperación económica, los festejos han seguido su declive. Y es que en España se está produciendo un cambio cultural en los últimos años, con una mayor sensibilización por este tipo de espectáculos, por la implicación animalista, que finalmente han llevado a una desafección por parte del público.

También nos encontramos con un hecho diferencia al resto de sectores, y es que el sector taurino está especialmente vinculado a criterios políticos, por ello, algunos gobiernos de las administraciones en el territorio español han dado la batalla para la prohibición de este tipo de espectáculos.

Por ejemplo, Canarias los tiene prohibidos desde 1991 y la última gran batalla se dio en Cataluña que en el año 2010, la Generalitat, liderada por José Montilla, prohibió las corridas de toros, aunque blindó los correbous. En 2016, el Constitucional anuló dicha prohibición y, según la Fundación del Toro de Lidia (FTL), volverá este año en Cataluña en la plaza de Olot (Gerona).

Desde las Islas Baleares si bien no se prohibió las corridas de toros, se impidió darle muerte al astado, una manera de sortear al Tribunal Constitucional y no seguir con el ejemplo catalán. Sin embargo, a finales de 2018, el Constitucional dictó la suspensión de varios puntos de la ley: la prohibición de matar al animal, la de utilizar banderillas o cualquier objeto punzante que pueda producir daño al toro

También uno de los eventos más reconocidos en la tauromaquía fue suprimido, el Toro de la Vega. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid impidió al Ayuntamiento de Tordesillas el permiso correspondiente porque quedaba fuera de la nueva normativa.

Como contrapunto, el toro está muy presente en otras comunidades. El 22% se celebran en la comunidad autónoma de Andalucía, seguido de la Comunidad de Madrid, con el 18,9%, y de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que acogieron el 14% y el 13,7% de este tipo de festejos respectivamente.

Con relación a la asistencia a espectáculos taurinos, se elabora una estadística oficial por la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales que determina, con una muestra de 16.000 personas, que un global de 9,5 de espectadores asistieron a espectáculos taurinos. A tenor de estos datos, si dividimos el global de personas que asistieron a espectáculos taurinos entre el número de festejos, obtenemos una cifra de 6.117 asistentes por evento.

En comparativa, las cifras del sector de la tauromaquia quedan muy por detrás del resto de espectáculos: Visitaron museos (40,5 millones), asistieron al teatro (31,2 millones), asistieron a conciertos (40,9 millones) y asistieron al cine (58,7 millones).

La mano política condiciona la rentabilidad del sector

Si nos dirigimos al Registro General de empresas ganaderas de reses de lidia, observamos que actualmente están listadas 1.337 empresas. Es una cifra que se ha mantenido sin apenas cambios en los últimos años debido a que si observamos las cifras de 2013, las empresas inscritas en el registro eran 1.341.

Si hemos visto el número de espectáculos ha ido descendiendo en los últimos años y, a su vez, se mantienen el global de empresas en el sector, la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿Cómo lo hacen? Probablemente, la respuesta reside en una la mano política que está especialmente presente en este sector y su rentabilidad dependerá de no solo la capacidad de atraer público sino de ser beneficiario del presupuesto público.

Según los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado Pedro Sánchez, se asigna una cantidad de 35.000 euros a la Fundación del Toro de Lidia. Este importe es exactamente el mismo que en los Presupuestos Generales que presentó Mariano Rajoy. La cantidad se justifica por "para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la Tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital".

Pero ¿es el único importe que recibe el sector? No. Las diferentes comunidades autónomas, diputaciones y municipios, incluso desde la política europea, han sido pilares fundamentales para sostener las empresas del sector.

Según el informe ANOET recoge que nos recoge las cifras del año 2013 y solo cuatro Gobiernos autonómicos invirtieron en el fomento de la Tauromaquia. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid destinaron un total de 3,01 millones de euros a esta actividad, un 0,3% de sus. En el caso de la Comunidad de Madrid, se presupuestaron 1.410.851 euros para el programa de Asuntos Taurinos.

Por otro lado teníamos 130 millones que venían dados por la mano europea, a través de la Política Agrícola Común (PAC). De hecho, a raíz de esta situación, el Partido Animalista holandés consiguió que el Parlamento Europeo apoyara a mediados de 2018 su propuesta de cerrar el grifo las subvenciones que recibían los ganaderos por la cría de toros de lidia para los festejos taurinos.

También hay otros privilegios para el sector del toro como es el IVA reducido del 10% para todos los espectáculos taurinos, a través de la Ley 3/2017, de 27 de junio, que fue reducido en el año 2017 desde el tipo impositivo del 21% anterior.

¿Y si desaparcieran las subvenciones?

Subvencionar cualquier actividad económica implica que los clientes no son los únicos que sostienen las empresas que forman el sector sino que se extrae recursos de un público que discrimina dicha actividad por cualesquiera que sean sus razones.

Como hemos visto, es cierto que existen restricciones en el mundo del toro por la mano política pero también, al mismo tiempo, vemos como este sector consigue beneficiarse de los presupuestos públicos para su sostenimiento a pesar de la caída del número de espectáculos en los últimos años.

Deberíamos preguntarnos qué sucedería en un supuesto en el que exclusivamente fueran los clientes aquellos que financiarán su actividad, lo que significa eliminar subvenciones y proteccionismos políticos al sector ¿Conseguiría mantenerse el sector?

Como todo sector que vive a expensas de las subvenciones, siempre se argumenta lo mismo: el empleo que se gener... No se pueden eliminar subvenciones y privilegios porque, consecuentemente, se destruirían miles de puestos de trabajo. En el caso del sector del toro, tiene vinculados 10.959 empleos de profesionales taurinos.

Sin embargo, tendemos a olvidar el coste de oportunidad que representa una subvención. En otras palabras, todas aquellas actividades que podríamos estar realizando en materia de innovación, mejora de los actuales sectores productivos, que generarían sus propias ramificaciones de creación de un empleo más acorde a las necesidades de los consumidores.

El mes de octubre fue para los catalanes uno de los más intensos que se puedan recordar, propiciado por un elevado riesgo político que afectó al entorno empresarial y a las necesidades de estabilidad en el marco juródico, lo que ha llevado a múltiples traslados de domicilios sociales y fiscales.

La última fase del procés independentista vivido durante el mes de octubre, se ha cobrado oficialmente la primera víctima, el turismo, debido a que desde el INE ya se han publicado los primeros resultados de la actividad económica de este sector y como veremos a continuación, no han sido buenos para Cataluña.

Cataluña y los pésimos datos hoteleros del mes de octubre

En primer lugar, tenemos el Índice General Nacional desglosado por comunidades autónomas, incluyendo a Ceuta y Melilla. Como podemos observar, el Índice de Precios Hoteleros ha mostrado una tasa de variación anual del 5,64% el conjunto de España. Sin embargo, en contraste, la tasa de variación anual para Cataluña ha sido del -0,48%, es decir, 6,12 puntos porcentuales de diferencia.

Cataluña destaca como la comunidad autónoma que ha sufrido un mayor descenso en la tasa de variación anual de sus precios hoteleros. Por su parte, las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid han presentado un avance en los precios hoteleros del 10,84% y el 9,61% respectivamente.

El INE también nos ofrece la tarifa media diaria o ADR (Average Daily Rate) y los ingresos por habitación disponible o RevPAR (Revenue per Available Room). En el mes de octubre, el ADR de Cataluña fue de 93,41 euros pero la tasa de variación anual del -0,39%. En comparativa, el ADR del conjunto del territorio fue de 81,86 euros y su tasa de variación anual creció un 5,34%.

Los ingresos por habitación disponible en la comunidad autónoma catalana han sufrido un descenso del 2,84%, siendo la segunda comunidad autónoma que sufrido un mayor descenso, solo superado por La Rioja (caída del 7,70%). En el contexto nacional los ingresos por habitación disponible han avanzado un 6,68%.

En relación al grado de ocupación por plazas durante el mes de octubre, la media nacional se situado en el 60,8%, mientras que en Cataluña el grado de ocupación por plazas se encuentra por debajo de esta cifra hasta quedarse en el 58,1%.

Las previsiones de Exceltur para el cuarto trimestre del año

El 17 de octubre, la asociación Exceltur publicó una nota de prensa haciendo referencias a cuáles eran sus previsiones para el sector del turismo, a raíz del referéndum unilateral del 1 de Octubre y el auge de la inseguridad jurídica en Cataluña.

La primera valoración realizada a mediados de octubre sobre el sector es que el conjunto de la actividad turística presentaba caídas del 15% y diferentes paralizaciones sobre múltiples inversiones que están previstas para iniciarse en el corto plazo.

Si esta tendencia de caída de reservas del 20% se instalara para todo el cuarto trimestre, Cataluña sufriría una pérdida de 1.197 millones por la actividad turística. Si en vez de un 20%, la actividad turística se perdiera un 30% de su actividad el impacto negativo para la actividad turística sería de 1.796 millones de euros.

Desde Exceltur recuerdan que el retroceso de la actividad económica del turismo, afectaría consecuentemente al empleo y directo que vincula a 405.000 trabajadores y demás sectores indirectos.

Malos datos de empleo en Cataluña para el mes de Octubre

El conjunto de España, durante el mes de octubre, el desempleo subió en 56.844 personas frente al mes anterior, produciéndose un incremento del paro en un 1,67% hasta situar la cifra total de parados en 3.467.026 personas. En base interanual -desde octubre de 2016- el paro se ha reducido en un 7,91%.

Por su parte, Cataluña ha experimentado una subida del desempleo el mes de octubre del 3,67%, añadiendo a las listas del paro 14.698 personas. Esta cifra supone que en el décimo mes del año, Cataluña ha generado más del doble de desempleo que en España.

Si desgranamos la cifra de 14.798 personas por sectores, el sector servicios es quién asume la principal responsabilidad de este incremento del desempleo ya que integra 12.561 parados más, el 84,88% del total.

Sin embargo, Cataluña arrastra una senda positiva en la evolución del desempleo. Si tenemos en cuenta la evolución de los últimos doce meses, el paro en Cataluña había conseguido reducirse de manera más intensa que en el conjunto del territorio, con una caída del 9,45%, es decir, un diferencial de 1,54 puntos porcentuales.

Habrá que esperar a la celebración de las elecciones de la Generalitat (próximo 21 de diciembre) y el rumbo que trace el nuevo Govern para ver si en los próximos meses se consigue reducir el riesgo político que ha afectado a los datos de desempleo en Cataluña en octubre o bien sigamos en la misma dinámica frentista.

El Impuesto de sucesiones y donaciones, gestionados por las comunidades autónomos, presenta diferencias sustanciales dependiendo del territorio. Una herencia de 800.000 euros puede pagar hasta 164.049 euros en la comunidad de Andalucía, mientras que las bonificaciones de Madrid reducen el impuesto hasta los 1.568 euros.

Andalucía, gobernada por la socialista Susana Díaz, que aspira a ser secretaria general del PSOE, y Asturias, por Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, son las comunidades con los impuestos de sucesiones y donaciones más altos de España.

Estas comunidades autónomas exigen una armonización fiscal que se incluye en la reforma de financiación. La Junta de Andalucía ha creado un simulador online del impuesto de sucesiones para aclarar las dudas de sus contribuyentes:

Lo interesante es ver en diferentes situaciones como se aplica el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones por cada una de las comunidades autónomas.

CASO 1: Impuesto de Sucesiones

Fallece un viudo con dos hijos de 30 años con un patrimonio de 850.000 euros (vivienda habitual de 300.000 euros, segunda vivienda de 200.000 euros y bienes financieros por 350.000 euros). Nos podemos preguntar cuanto vamos a pagar de impuesto de sucesiones. La respuesta puede cambiar mucho dependiendo donde vivamos.

Podemos analizar en la gráfica “Impuesto de Sucesiones (Caso 1)” que la Comunidad de Andalucía con el pago de 167.829 euros y la Comunidad de Asturias con el pago de 167.492 euros son las que más pagan por impuesto de sucesiones:

Mientras que las comunidades autonómicas que se tienen que pagar menos impuesto de sucesiones sería la Comunidad de Canarias con 163 euros, la Comunidad de Madrid con 1.673, Cantabria con 1.492 euros La Rioja con 1.674 euros y la Comunidad de Galicia con 2.500 euros.

Estas diferencias se han generado por el tanto por ciento que han aplicado a la hora de calcular el impuesto de sucesiones mientras que la Comunidad de Andalucía paga el 19,74 por ciento de impuestos de sucesiones la comunidad de Canarias paga el 0,02 por ciento o la Comunidad de Madrid con el 0,20 por ciento.

CASO 2: Impuesto de Sucesiones

Fallece viudo con 1 hijo soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 1.500.000€. Como el caso anterior nos podemos preguntar cuanto vamos a pagar de impuesto de sucesiones. La respuesta puede cambiar mucho dependiendo donde vivamos como en el caso anterior.

Podemos analizar en la gráfica “Impuesto de Sucesiones (Caso 2)” que la Comunidad de Andalucía con el pago de 413.083 euros y la Comunidad de Asturias con el pago de 410.844 euros son las que más pagan por impuesto de sucesiones:

Mientras que las comunidades autonómicas que se tienen que pagar menos impuesto de sucesiones sería la Comunidad de Canarias con 362 euros, la Comunidad de Madrid con 3.907 euros, Cantabria con 3.794 euros y La Rioja con 7.820 euros.

Como se puede ver en el pago del impuesto de sucesiones de los 2 casos no existen diferencias entre los que pagan más y los que están pagando menos.

CASO 3: Impuesto de Sucesiones

Fallece viudo con 1 hijo soltero de 30 años que hereda una vivienda por valor de 200.000€ y 10.000€ en una cuenta corriente. Como los casos anteriores nos podemos preguntar cuanto vamos a pagar de impuesto de sucesiones. La respuesta puede cambiar mucho dependiendo donde vivamos como en los casos anteriores.

Podemos analizar en la gráfica “Impuesto de Sucesiones (Caso 3)” que la Comunidad de Andalucía con el pago de 41.454 euros y la Comunidad de Asturias con el pago de 41.370 euros son las que más pagan por impuesto de sucesiones:

Mientras que las comunidades autonómicas que se tienen que pagar menos impuesto de sucesiones sería la Comunidad de Canarias con 42 euros, la Comunidad de Madrid con 420 euros, Cantabria con 378 euros y La Rioja con 420 euros.

CASO 4: Impuesto de Donaciones

Un padre con 1 hijo de 30 años da en metálico por valor de 800.000€. Como los casos anteriores del impuesto de sucesiones nos podemos preguntar cuanto vamos a pagar de impuesto de donaciones. Como en los casos anteriores la respuesta puede cambiar mucho dependiendo donde vivamos.

Podemos analizar en la gráfica “Impuesto de Donaciones (Caso 4)” que la Comunidad de Andalucía con el pago de 208.159 euros y la Comunidad de Asturias con el pago de 205.920 euros son las que más pagan por impuesto de sucesiones:

Mientras que las comunidades autonómicas que se tienen que pagar menos impuesto de donaciones sería la Comunidad de Canarias con 200 euros, la Comunidad de Madrid con 2.000 y Castilla La Mancha con 10.006 euros.

Como pasa con el impuesto de sucesiones las comunidades autonómicas que están pagan por el impuesto de donaciones son la Comunidad de Andalucía y la Comunidad de Asturias. Mientras que la que están pagando menos son la Comunidad de Canarias y la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es la postura que defiende el Susana Díaz y rechaza Cristina Cifuentes?

La postura defendida por Andalucía obtuvo el respaldo del resto de Comunidades Autónomas del PSOE, pero algunas comunidades gobernadas por el PP como, Galicia, Murcia y Castilla León se mostraron favorables a reducir las diferencias fiscales actuales.

Pero la Comunidad de Madrid se posicionó del lado contrario. Como hemos comentado anteriormente la Comunidad de Madrid casi ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las transmisiones entre familiares directos y es la única autonomía que ha renunciado a recaudar impuesto sobre el patrimonio.

Por este motivo Andalucía ha denunciado a la Comunidad de Madrid que lleva a cabo un dumping fiscal y se fomenta así la deslocalización de las personas físicas para pagar menos impuestos.

La propuesta que defienden Andalucía y las otras comunidades autónomas es que el Gobierno del PP fije un tipo mínimo y máximo en Sucesiones y Patrimonio para reducir las diferencias, evitar la competencia fiscal y la desimposición.

Cristina Cifuentes ha rechazado los argumentos de la armonización fiscal de Susana Díaz y ha defendido la autonomía fiscal que tiene cada una de las Comunidades Autónomas en la actualidad.

Cristina Cifuentes defiende que las comunidades autónomas de régimen común tienen el derecho a establecer la política fiscal que consideren mejor para su territorio y quiere que se mantenga y no se reduzca la capacidad de autonomía en materia fiscal.

Argumenta esta postura ya que a la Comunidad de Madrid le está dando muy buenos resultados en materia de crecimiento económico y creación de empleo por ser la más baja en materia fiscal de las comunidades autónomas.

Cristina Cifuentes ha indicado que el problema actual del sistema de financiación es que desincentiva a las comunidades autónomas más dinámicas, con más capacidad de creación de empleo o de riqueza o de crecimiento.

En El Blog Salmón | Impuesto de sucesiones y donaciones: así funcionan y esto es lo que critican Andalucía y Valencia de Madrid

Imagen | ABC

La gran parte de las Comunidades Autónomas que se han reunido en la Conferencia de Presidentes ha defendido avanzar en la armonización fiscal de los impuestos como el Impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el Patrimonio.

La polémica ha surgido de los presidentes autonómicos de Andalucía y de la Comunidad Valenciana han acusado a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal para mantener una tributación menor.

El objetivo marcado por el Gobierno del PP es acordar un modelo consensuada y cerrarlo antes de finalizar este año.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo funciona el impuesto de sucesiones y donaciones en España? ¿Quienes pueden acceder a la bonificación del ‘Impuesto de sucesiones y donaciones’ de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la postura que defiende el Susana Díaz? ¿Por qué Cristina Cifuentes rechaza los argumentos fiscales de Susana Díaz? ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Hacienda?

¿Cómo funciona el impuesto de sucesiones y donaciones en España?

El impuesto de sucesiones y donaciones en España es el que determina la fiscalidad de las herencias y las entregas de dinero o bienes entre dos personas con afinidad sanguínea o no.

Este impuesto es directo y tiene carácter progresivo y su gestión está cedido a las Comunidades Autónomas, y por eso viene la polémica, ya que la Comunidad de Madrid casi ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las transmisiones entre familiares directos y es la única autonomía que ha renunciado a recaudar Patrimonio.

Para el resto de casos podemos comparar que la cuota íntegra del impuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un tipo mínimo aplicable hasta los 7.993,46€ del 7,65% mientras que la Comunidad de Madrid tiene este tipo mínimo con el mismo porcentaje hasta los 8.313,20€.

Mientras que en los porcentajes máximos en las dos Comunidades Autonómicas existen diferencias ya que Andalucía aplica un tipo de 36,50% a partir de los 797.555,08€ mientras la Comunidad de Madrid aplica un tipo de 34,00% a partir de los 799.817,20€.

Como se puede ver en la gráfica “Tramo máximo y mínimo ‘Impuesto de sucesiones y donaciones’ Comunidad de Madrid y Andalucía” hay diferencias entre las dos comunidades.

Por la parte inferior de la cuota íntegra según el tipo de gravamen aplicable es más ventajoso pagar el impuesto en la Comunidad de Madrid. Por la parte superior pasa lo mismo. Pero existe una bonificación en la Comunidad de Madrid del 99% del impuesto.

¿Quienes pueden acceder a la bonificación del ‘Impuesto de sucesiones y donaciones’ de la Comunidad de Madrid?

El Gobierno regional ha impulsado la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dentro del ámbito familiar (padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho), gracias a la bonificación del 99% de la cuota del Impuesto.

El 1% restante, junto con la necesidad de que, en el caso de donaciones, el donatario justifique el origen de las aportaciones en metálico, se ha mantenido como elemento de control tributario.

La bonificación del impuesto alcanza a los herederos o donatarios que sean descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del causante o donante.

• Donaciones. De esta manera, un hijo que reciba de un padre un negocio o empresa familiar valorada en 360.000 euros dejaría de pagar 70.731 euros del Impuesto de Donaciones, lo que representa un 20% del bien donado, y sólo pagará 707 euros.

• Sucesiones. Un descendiente que perciba una herencia de su padre, con una base liquidable de 100.000 euros (tras la aplicación de las reducciones por parentesco), pagaría por el Impuesto sobre Sucesiones unos 124 euros, mientras que, anteriormente, sin la existencia de la bonificación en cuota del 99%, hubiera pagado 12.407 euros.

¿Cuál es la postura que defiende el Susana Díaz?

La postura defendida por Andalucía obtuvo el respaldo del resto de Comunidades Autónomas del PSOE, pero algunas comunidades gobernadas por el PP como, Galicia, Murcia y Castilla León se mostraron favorables a reducir las diferencias fiscales actuales.

Pero la Comunidad de Madrid se posicionó del lado contrario. Como hemos comentado anteriormente la Comunidad de Madrid casi ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las transmisiones entre familiares directos y es la única autonomía que ha renunciado a recaudar impuesto sobre el patrimonio.

Por este motivo Andalucía ha denunciado a la Comunidad de Madrid que lleva a cabo un dumping fiscal y se fomenta así la deslocalización de las personas físicas para pagar menos impuestos.

La propuesta que defienden Andalucía y las otras comunidades autónomas es que el Gobierno del PP fije un tipo mínimo y máximo en Sucesiones y Patrimonio para reducir las diferencias, evitar la competencia fiscal y la desimposición.

¿Por qué Cristina Cifuentes rechaza los argumentos fiscales de Susana Díaz?

Cristina Cifuentes ha rechazado los argumentos de la armonización fiscal de Susana Díaz y ha defendido la autonomía fiscal que tiene cada una de las Comunidades Autónomas en la actualidad.

Cristina Cifuentes defiende que las comunidades autónomas de régimen común tienen el derecho a establecer la política fiscal que consideren mejor para su territorio y quiere que se mantenga y no se reduzca la capacidad de autonomía en materia fiscal.

Argumenta esta postura ya que a la Comunidad de Madrid le está dando muy buenos resultados en materia de crecimiento económico y creación de empleo por ser la más baja en materia fiscal de las comunidades autónomas.

Cristina Cifuentes ha indicado que el problema actual del sistema de financiación es que desincentiva a las comunidades autónomas más dinámicas, con más capacidad de creación de empleo o de riqueza o de crecimiento.

¿Qué piensa hacer el Ministerio de Hacienda?

El Ministerio de Hacienda ha pospuesto la reforma de los impuestos patrimoniales en la reforma que entró en vigor durante el 2015. Montoro tiene previsto una reforma de la financiación autonómica.

El Ministerio es partidario en incluir la amortización en los impuestos sobre los que las comunidades autónomas tienen una amplia competencia como es el caso del ‘Impuesto sobre sucesiones y donaciones’.

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La deuda de la comunidad autónoma madrileña casi doblará sus ingresos al cierre de este año. Por otra parte, el ayuntamiento de Madrid va a reducir sus deudas a la mitad durante este año.

Como se puede ver las comparaciones siempre son odiosas y, esta vez, beneficia a Manuela Carmena y no a Cristina Cifuentes. El consistorio madrileño continua reduciendo su deuda durante los próximos meses hasta el punto que Manuela Carmena quiere reducir la deuda a la mitad durante su mandato.

Nos podemos preguntar: ¿Qué ha hecho Manuela Carmena para reducir la deuda del Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuál es la situación de la Comunidad de Madrid? ¿Qué diferencias existen entre el ayuntamiento de Madrid y la comunidad autónoma de Madrid? ¿Cuál es real motivo de la diferentes de las finanzas en Madrid?

Manuela Carmena se encontró con una gran deuda

Cuando Manuela Carmena se hizo cargo del ayuntamiento madrileño durante el año 2015 había 5.635 millones de euros de deuda y quiere que en el año 2019 haya una deuda de 2.800 millones de euros, según se ha previsto en el 'Plan Económico-Financieros 2016-2017 Ayuntamiento de Madrid'.

El ritmo que se tiene que reducir la deuda para cumplir dicho objetivo es de 700 millones de euros al año y, durante este año hasta el momento se ha reducido en 900 millones (último datos de marzo), es decir, que Manuela Carmena ha conseguido reducir más de un tercio del objetivo.

¿Cuál es la situación de la Comunidad de Madrid?

La situación de la Comunidad Madrid es totalmente diferente ya que el objetivo no es redudir la deuda, sino frenar el avance. Cristina Cifuentes estableció unos 'Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2016' en el que reducía el déficit hasta el 0,3 por ciento de su PIB, desde el 0,8 por ciento a finales del 2015.

Los primeros datos del ejercicio ya muestran que este objetivo era ambicioso y ahora reconoce que no es posible llegar hasta este nivel de déficit durante este año o el siguiente. Como muestra el informe de Airef 'Comunidad de Madrid – Análisis Plan Económico Financiero (PEF) 2016 – 2017' en la gráfica 'Capacidad / necesidad de financiación 2016-2017 (%PIB)':

Y la gráfica de 'Gasto computable a efectos de la regla de gasto y capacidad / necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB)':

La Comunidad de Madrid se sitúa en el desfase las cuentas en el 0,6 por ciento del PIB, una décima por debajo permitido por el Ministerio de Hacienda y del 0,5 por ciento en el 2017. Es decir, se seguirá acumulando deuda aunque a menor ritmo.

La deuda de la Comunidad de Madrid se situará entre 28.000 millones a 29.000 millones de euros. La deuda directa aumentará entre un 4,5 por ciento y un 8,2 por ciento respecto el 2015. Esta situación es preocupante ya que la deuda de la Comunidad de Madrid se situará por encima en el 185 por ciento de sus ingresos.

Las diferencias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid

En el caso de la deuda de la Comunidad de Madrid ni la disminución del Ayuntamiento de Madrid se han producido por voluntad propia ya que responden a la normativa del Estado. El Ayuntamiento de Madrid está negociando con el Ministerio de Hacienda para permitir recalcular su regla de gasto para poder aumentar su presupuesto.

El ayuntamiento madrileño es lo que ha presentado en su Plan económico-financiero y, por tanto, el ayuntamiento se podría verse obligado a reducir la deuda aún más y de una forma más rápida. En el caso de la Comunidad de Madrid, el problema no es sólo el gasto, también son los ingresos, como la gran parte de las autonomías en España.

Hay un clamor general de todas la autonomías de reformar el sistema de financiación autonómico para asegurar que reciben los recursos suficientes para hacer frente a todas las competencias cedidas ya que gran parte de su presupuesto se van en sanidad como se puede ver en la gráfica “Proporción deuda en sanidad respecto el total deuda por Comunidades Autónomas”:

La Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades autónomas, no ha trabajado para reducir su gasto. La Comunidad de Madrid ha gastado por encima de lo que permite la Ley de Estabilidad.

El motivo de las diferencias de las finanzas en Madrid

Cristina Cifuentes quiere elevar durante el año 2016 y 2017 su gasto en 1,8 por ciento aunque todavía no se ha establecido el techo de gasto por parte del gobierno. Pero Manuela Carmena también lo ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid y ha reducido la deuda.

La diferencia del Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid es que Hacienda ha sido más dura con los ayuntamientos para que ajustará su presupuesto, por lo que llevan varios años reduciendo su deuda, mientras que ha sido mucho más permisivo con las comunidades autónomas.

El gran problema es político ya que es más sencillo controlar los problemas y la financiación de los ayuntamientos, aunque hacerlo con las comunidades autónomas es mucho más difícil.

En El Blog Salmón | En qué ha ahorrado y en qué ha gastado más el ayuntamiento de Madrid para reducir el déficit 1.000 millones

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Las comunidades autónomas tuvieron una deuda más elevada desde la crisis. En el 2007 tuvieron una deuda de 61.096 millones con un 5,7 por ciento del PIB, cuatro veces menos que lo que se ha registrado desde que se lleva del 2016.

El gobierno en funciones ya ha anunciado que las comunidades autónomas se tendrán que ajustar a un déficit del 0,3 por ciento y no el pactado con Hacienda del 0,7 por ciento, lo que va a suponer un ajuste de 4.000 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Qué comunidades autónomas tienen mayor deuda? ¿Cuál es la partida presupuestaria con mayor deuda en las comunidades autónomas? ¿Qué proporción de deuda de cada comunidad autónoma tiene la mayor partida de los presupuestos?

Gran parte de la deuda de la Comunidades Autónomas es de Sanidad

Las comunidades autónomas deben a sus proveedores 9.431 millones de euros según los últimos datos de Hacienda de mayo, más del 70 por ciento corresponden a gastos de sanidad como indica la gráfica “Total de deuda y deuda en sanidad de comunidades autónomas en todas las comunidades autónomas de España”:

Debemos pensar que el gobierno se ha gastado en el último lustro más de 208.000 millones de euros para rescatar a algunas comunidades autónomas que sufren la falta de acceso a los mercados para poder financiar su déficit.

El 45 por ciento de estos fondos han sido para pagar las facturas de los proveedores ya que no se disponía de liquidez en la tesorería y se retrasaban cada vez más los pagos de las facturas de los proveedores.

Mayores afectados laboratorios farmacéuticos, tecnología sanitaria y farmacias

Los más afectados durante estos años han sido los laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología sanitaria y las farmacias, que hasta el mes de mayor era mayor del 70 por ciento de la deuda. La deuda ha aumentado con los proveedores el 7,7 por ciento en el último mayo hasta los 9.431, 36 millones de euros.

En la gráfica “Total de deuda por Comunidades Autónoma” se puede comprobar que la comunidad autónoma con mayor deuda es Cataluña con 1.946,10 millones de euros, seguida por la Comunidad Valencia con 1.814,90 millones de euros, 1.420,70 millones en la Comunidad de Madrid y 1.100,30 millones de euros en la Comunidad Andaluza.

De esta deuda total en la Comunidad de Cataluña corresponde 1.243,59 millones de euros en sanidad, 1.384,98 millones de euros en sanidad en la Comunidad Valenciana, 859,94 millones de euros en sanidad en la Comunidad de Madrid y 755,81 millones de euros en sanidad en la Comunidad Andaluza como se puede ver en la gráfica “Total deuda en sanidad por Comunidades Autónomas”:

Con la ausencia de un gobierno que pueda aprobar la decisión adoptada por el 'Consejo de Política Fiscal y Financiera' que pactó Hacienda con las comunidades autónomas de pasar de un déficit del 0,3 por ciento a un 0,7 por ciento.

En la Comunidad de Castilla y León tiene más del 90% de su deuda en sanidad

La gran mayoría de las comunidades autónomas ya han utilizado gran parte de lo asignado de los 4.000 millones de euros adicionales concedidos por Hacienda. Quedan dos opciones: aprobar nuevos ajustes o mejorar la liquidez a través de un retraso en el pago de las facturas a los proveedores de las comunidades autónomas.

La primera opción parece que no se puede dar ya que a las comunidades autónomas se ha sometido a una gran presión durante estos últimos años. La segunda parece más probable ya que en algunas comunidades autónomas como Cataluña ya se han utilizado con retrasos por encima de los 6 meses.

La partida de sanidad es el principal gasto de los presupuestos de las comunidades autónomas como se puede comprobar en la gráfica “Proporción deuda en sanidad respecto total de la deuda de la comunidades autónomas”:

El gran reto que tienen las comunidades autónomas es elaborar los presupuestos para el próximo año. En años anteriores, el gobierno les daba antes del verano la referencia del techo de gasto, es decir, el máximo que podrían gastar y a partir de esta cifra podían realizar los presupuestos que deben presentar antes del 15 de octubre.

Este año es diferente ya que el gobierno en funciones todavía no lo ha concretado y debe asumir la responsabilidad ante la Comisión Europea por el tema de la multa cuando decida el techo sobre el déficit.

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Imagen | El País Canario

Las Cuentas Públicas Territorializadas (CPTE), conocidas también como el informe sobre las balanzas fiscales, que han sido publicadas durante esta semana por Hacienda, muestra que el déficit de Madrid ha aumentado en plena crisis.

El informe indica qué aportación realiza cada ciudadano de una comunidad autónoma a la caja común del Estado español y qué reciben. Nos podemos plantear: ¿Cuál ha sido la distribución de las aportaciones por cada Comunidad Autónoma?

Aportaciones de cada Comunidad Autónoma

La Comunidad de Madrid ha aportado a la caja común de 17.591 millones de euros más de lo que ha recibido, es decir, tiene un saldo negativo que ha sido dos veces superior al que aporta más con un 9 por ciento de su PIB, Cataluña, con 8.800 millones de euros con un 4,5 por ciento del PIB.

Las Baleares es la segunda comunidad con mayor déficit fiscal respecto su PIB. Su saldo negativa alcanza los 1.511 millones de euros con un 5,8 por ciento de su PIB. La Comunidad Valencia, con un déficit de 1,48 por ciento y la Comunidad de Navarra con un 1,01 por ciento de su PIB, son las otras comunidades que presentan saldos negativos.

La Comunidad de Navarra ha sido una sorpresa con déficit fiscal, porque las comunidades con régimen foral son tradicionalmente las mejor financiadas de España. De hecho, el País Vasco continúa con una balanza fiscal positiva como de la Comunidad de Aragón o Cantabria.

El País Vasco recibe el doble recursos per cápita

El País Vasco tiene diferencias importantes con las otras comunidades ya que en la Comunidad de Madrid tiene 1.875 euros per cápita, Cataluña tiene 1.973 per cápita, la Comunidad Valenciana tiene 1.824 euros per cápita o la Comunidad Andaluza tiene 1.898 euros per cápita, no recibiendo ni la mitad que los vacos con 4.170 euros per cápita.

Navarra es otra excepción ya que se beneficia también de régimen foral con 3.266 euros per cápita respecto otras comunidades como la Comunidad de Murcia con 1.880 euros per cápita, la Comunidad de Asturias con 2.283 per cápita, la Comunidad de Castilla-La Mancha con 2.169 euros per cápita, Galicia con 2.331 euros per cápita, Extremadura con 2.393 euros per cápita....

Como muestra la gráfica de “Renta per cápita por Comunidad Autónoma” del ministerio de Hacienda:

La media de las comunidades con régimen común aumenta a 2.030 euros per cápita, a gran distancia de las comunidades autónomas con régimen foral con un promedio de 3.965 euros per cápita. La peor financiada con 1.824 euros por habitantes es la Comunidad de Valencia, seguidos de la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía con menos de 1.900 euros per cápita.

Madrid duplica a Cataluña en su déficit fiscal

El saldo fiscal tienda a empeorar cuando aumenta la renta per cápita, de manera que los territorios más ricos suelen presentar déficit frente a los más pobres, en los cuales suelen disfrutar superávit en la balanza fiscal como muestra el cuadro de “Saldos fiscales relativos o neutralizados del año 2013” del Ministerio de Hacienda:

Para aclarar este cuadro de saldos fiscales podemos ver el gráfico de la relación entre el saldo relativo agregado por habitante de cada comunidad autónoma y su PIB per cápita del Ministerio de Hacienda:

El saldo fiscal de la Comunidad de Madrid es de 17.591 millones de euros, a gran distancia de Cataluña con 8.800 millones de euros, las islas Baleares con 1.511 millones de euros, la Comunidad Valenciana con 1.416 millones de euros y la Comunidad de Navarra con 176 millones de euros.

Estas comunidad autónomos son las contribuyentes netas a la solidaridad interregional, mientras que el resto de comunidades autónomas son receptoras. Destaca la Comunidad Andaluza que percibe 6.154 millones de euros, seguida de la Comunidad de Castilla y León con 4.612 millones de euros, las Islas Canarias con 3.569 millones de euros, Galicia con 3.655 millones de euros y las Comunidad de Castilla-La Mancha con 2.465 millones de euros.

Partidas en los saldos fiscales

El 71,90 por ciento de los saldos fiscales se deben a que las Comunidades Autónomas con mayor renta pagan más impuestos que en las comunidades con menos recursos, ya que el sistema fiscal es progresivo.

El resto corresponde a decisiones relacionados con políticas de gasto, donde tiene gran relevancia la financiación regional , las ayuda y las subvenciones a sectores productivos como sería la agricultura. El gasto en infraestructuras y transporte no tiene tanta relevancia, con un menor peso con un 3 por ciento, y con el gasto social con un aportación negativa.

Como muestra el gráfico del Ministerio de Hacienda sobre “Pesos medios de distintas partidas en los saldos fiscales relativos agregados del año 2013”:

En El Blog Salmón | ¿Es posible cumplir el objetivo de déficit sin tocar los impuestos?

Imagen | El País

Pensemos en lo siguiente. En este preciso momento cualquiera de los clientes de cualquier empresa están escribiendo sobre sus productos en un blog o recopilando anuncios en sus cuentas en YouTube sobre los que van comentar algo, se acercan a la Wikipedia o suben sus perfiles a Facebook, como un fenómeno social que está creando un cambio en la forma como el mundo se mueve. Mientras las marcas y las empresas de hoy se gastan millones en publicidad para definirse a sí misma, resulta que con el fenómeno de la "social web" o de las redes sociales, y la llamada Web 2.0, el usuario le está haciendo ahora mismo muchas de sus labores de marketing. Todo ello gracias al auge de la tecnología y del uso que ahora está realizando la gente de la Web. Dos mentalidades diferentes, que miran la realidad con distintas gafas.

Pues bien, en 'Groundswell', el libro escrito por Josh Bernoff y Charlene Li, analistas de Forrester, se hacen eco del clamor popular que supone que de manera espontánea se produzca un movimiento de gente conectada, usando herramientas online, que en base a su propia experiencia, obtienen lo que necesitan, ya sea información, soporte, ideas, productos o poder de negociación, de las conversaciones y conexiones que entablan entre cada uno de ellos. Ese clamor popular abarca a todos los sectores y empresas, donde son los propios empleados o usuarios dentro de las empresas los que están rediseñando la forma de trabajar y gestionar su forma de vida, en un movimiento que no para de crecer.

Para entender esta nueva situación en la que se encuentran las empresas, en Groundswell, los autores echan mano de dos herramientas a las que llaman "Social Technographies" y el método POST.

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La "Social Technograpics" o lo que ellos llaman la escalera (presentación superior), vendría a ser los diferentes niveles de participación que existen entre todas las personas, bien en su manera de acercarse a la web, o bien en la actividad que realizan en ella. Pasarían desde los creadores hasta los inactivos, si nos movemos en los extremos. En total son 6 fases. El conocer perfectamente cuál es la composición de cada uno de los miembros de cada una de las fases, puede ser de un gran valor para las marcas, a la hora de valorar hacia dónde y quién dirigir sus campañas.

El método POST, denominado así por el empleo de las iniciales de People, Objectives, Strategy y Technology, hace referencia a los distintos pasos a realizar para establecer una estrategia social, no sólo a plantearse hacer un blog, abrir una página en una red social o crear una comunidad, que eso se da por sentado, sino a cómo iniciarlo. Es decir, no empezar una estrategia social sin tener claro y conocer las habilidades de nuestra audiencia y lo que les interesa. Por qué vamos a iniciar esta estrategia o cuál es el objetivo de la misma (¿escuchar a los clientes?, ¿evangelizar?). Saber hacia dónde se quiere ir, para tener claro por donde empezar. Con todo esto, aplicar la tecnología que mejor se adapte, sea comunidad, red de blogs o wiki.

Estas dos ideas que se plantean hacen referencia a la afirmación que hacíamos en el título de la entrada, sobre el hecho de que Internet es el verdadero y actual departamento de marketing de la empresa, bien desde fuera o desde dentro de la empresa. Así uno de los ejemplos que se proponen es BlueShirt Nation, una comunidad de personas con un interés común, la empresa Best Buy. Allí comparten ideas y problemas. Empezó como un lugar donde los trabajadores de Best Buy (el nombre se refiere a la camisa azul que utilizan los empleados de las tiendas), tuvieran un lugar donde pudiesen hablar entre ellos, buscando la manera de conocer prácticas que se empleasen en otras tiendas, y que funcionasen para poder aplicarlas con los clientes de cada uno de los establecimientos. En el fondo, mejorar el marketing, como bien cuenta su fundador Gary Koelling sobre cómo se desarrolló el proyecto desde el principio.

El poder está cambiando de manos. Se podría hablar de innovación abierta, que eso vendría a ser el grounsdwell o clamor popular, como explican en sendas entrevistas tanto a Charlene Li, como a Josh Bernoff. Y lo cierto es que cada vez se habla más de esta tendencia. ¿Quién ha hecho una mejor labor de marketing por Best Buy? ¿Su propio departamento o BlueShirt Nation? Convendría tener clara la respuesta.

Vía | Groundswell Más información | MITSloan Management Review Spring 08 Más información | Fast Company (capítulo del libro). Más información | Gary Koelling