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Así afecta a la sostenibilidad de las pensiones el aumento del periodo de cálculo propuesto por el Gobierno

Así afecta a la sostenibilidad de las pensiones el aumento del periodo de cálculo propuesto por el Gobierno
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El Gobierno del PP plantea al congreso de los Diputados que los trabajadores que deseen puedan cobrar su pensión de acuerdo con la cotización de toda su vida laboral, en lugar de los últimos 21 años, como se está realizando ahora mismo.

El Gobierno del PP ha propuesto que los trabajadores que quieran podrán calcular su pensión de acuerdo con la cotización de toda la vida laboral a la comisión parlamentaría del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones en España.

Este anuncio se hizo ayer por la ministra Fátima Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social, en una entrevista que hizo al espacio de comunicación '24 horas' de Televisión Española (TVE).

Nos podemos preguntar: ¿A qué trabajadores va dirigida esta medida? ¿Cómo va afectar esta medida a la sostenibilidad de las pensiones?

En el 2022 el periodo de cómputo de cotización a 25 años

Entre los diferentes factores que utiliza la Seguridad Social para calcular la pensión está los años de cotización del trabajador. El importe total de la pensión se calcula este año sobre la cotización de los últimos 21 años de la vida laboral del trabajador.

Desde el año 2013, cuando entró en vigor la actual reforma de la Seguridad Social del año 2011, el periodo de cómputo de la cotización obligatoria para calcular la pensión se está ampliando poco a poco de 15 a 25 años. Esta ampliación de período debe finalizar el año 2022. El periodo de cómputo de la cotización está en los 21 años ahora mismo.

El Gobierno del PP está planteando al Congreso de los Diputados que el trabajador que quiera hacerlo, de forma voluntaria, puede pedir a la Seguridad Social que tenga en cuenta la cotización de toda su vida laboral. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países europeos ya es obligatorio este tipo de periodo de cotización.

El Gobierno PP piensa esta medida para los prejubilados españoles

Con esta medida, el Gobierno del PP pretende compensar a quienes, en los últimos años de su vida laboral, pierden el trabajo por prejubilaciones y, por esto, en muchos casos su cotización es mucho menor en la Seguridad Social.

Normalmente, estos trabajadores son aquellos que tienen una larga carrera profesional, que superan los 50 años, y que cuando pierden su trabajo tienen derecho a dos años de paro. En este periodo, la Seguridad Social realiza la cotización mínima por este tipo de trabajador.

Muchas veces para seguir teniendo ingresos, este tipo de trabajadores, se dan de alta en autónomos, porque, por su edad, es muy difícil volver a ser empleado por cuenta ajena.

La 'Enmienda Telefónica' planteada por el Gobierno de Zapatero

La práctica habitual de las empresas multinacionales en España es de prejubilar a trabajadores mayores de 50 años, realizada en período del Gobierno de Zapatero, en la reforma de la Seguridad Social en el año 2011, a instaurar la denominada “Enmienda Telefónica”.

Esta enmienda se trata de que todas las empresas de más de 100 trabajadores, con beneficios en los últimos años, están obligados a pagar el gasto de protección por desempleo de todos los trabajadores mayores de 50 años que salgan en un 'Expediente de Regulación de Empleo'. Esta enmienda fue desarrollado por el Gobierno del PP.

Otros trabajadores obtienen el compromiso de la empresa que trabajan de suscribir un convenio con la Seguridad Social. Este convenio establece que la empresa complementa la cotización de la Seguridad Social hasta llegada la edad de jubilación anticipada, que avanza de acuerdo con la transición de la edad legal de jubilación con todos los derechos.

Desde el 2013 la edad de jubilación ha avanzado desde los 65 a los 67 años. El régimen de jubilación anticipada exige cuanto menos tener 2 años que la edad legal exigida y 33 años de cotización.

La ministra Fátima Bañez recordó que, para incentivar la permanencia en el mercado laboral, actualmente los asalariados que lo deseen tienen derecho a seguir trabajando después de la edad de jubilación, y también los autónomos con empleados.

No afecta a la sostenibilidad de las pensiones ya que todos no vamos a ser prejubilados

Quienes pierden su empelo pasados los 50 años tienen muy difícil volver a encontrar trabajo en el mercado laboral español, y todavía más volver a tener los sueldos que tenían antes de su despido o perdida de trabajo, y las bases de cotización correspondientes, que tenían antes.

Esto supone que en sus últimos años de vida laboral se estropea su carrera de cotización y acaban recibiendo una pensión más baja.

No obstante, también es verdad que este colectivo no es la mayoría del mercado laboral y que, cuando se amplía el periodo de cómputo de las pensiones, eso suele traducirse en pensiones más bajas al jubilarse o, al menos, en tasas de reposición más bajas sobre los últimos salarios recibidos.

Por tanto, los sueldos de los trabajadores van subiendo conforme ganan en experiencia y productividad y, por tanto, si se toman los años más próximos a la jubilación la pensión final es más alta.

El objetivo de la última ampliación de la vida laboral para el cálculo fue la reducción de la factura de las pensiones para poner en relación el coste del sistema con la aportación del trabajador durante toda su vida laboral, evitando dar más importancia a lo cotizado durante los últimos años.

Hasta la llegada de la crisis, lo cobrado al final de la vida laboral solía ser una cantidad mayor ante el aumento del salario gracias a la experiencia o las mejoras salariales por antigüedad que establecen ciertos convenios.

En la práctica, el aumento de la vida laboral para el cálculo afecta negativamente a la cuantía de lo que se cobra, es decir, que establece un sistema de cálculo que, debido a la evolución normal de la vida laboral, hará que se tengan en cuenta periodos de cotización más remotas en el tiempo y en los que las condiciones pueden haber sido peores, lo que derivaría en una menor cuantía de la pensión.

El caso de personas que hayan perdido el empleo en los años previos a la jubilación o, debido a la crisis, hayan tenido que aceptar bajadas de salarios u otro tipo de situaciones que hayan disminuido su base o tipo de cotización.

Al tener en cuenta años con mayores ingresos, podría suponer un beneficio. La ampliación de la base de cálculo afecta de forma desigual a los trabajadores pero sí favorece a los que por distintas circunstancias han visto reducir sus ingresos por encima de los 50 años.

Este hecho ha sido algo especialmente habitual en el sector financiero y empleados o directivos de grandes empresas que han afrontado despidos generalizados en los últimos años y que no han vuelto a encontrar trabajo tras el despido o que pasaron a ser autónomos.

En El Blog Salmón | Esta es la solución al problema de sostenibilidad de las pensiones en España

Imagen | Flickr

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