Cada cierto tiempo sale algún “influencer” afirmando que los Estados están “expropiando” los planes de pensiones privados. Suele poner como ejemplo lo que pasa en algún país de nuestro entorno (como Latinoamérica o Europa). Sin embargo, cuando se analizan en profundidad los casos que suelen citarse como ejemplo, el patrón que aparece es distinto: no se trata de confiscaciones arbitrarias del ahorro, sino de reformas institucionales en sistemas donde la cotización es obligatoria y está sujeta a reglas públicas. Es decir, lo que cambia no es la propiedad en sentido estricto, sino el marco en el que se generan y reconocen los derechos de pensión.

Así que las recientes noticas de Colombia, Argentina, Polonia y Portugal no son tales, vayamos una a una para analizar qué ha pasado en cada caso.

Colombia: elección de régimen y traslado de derechos

El sistema colombiano se estructura en dos regímenes excluyentes: el Régimen de Prima Media gestionado por Colpensiones (reparto) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), basado en cuentas de capitalización gestionadas por entidades privadas. La afiliación es obligatoria, pero el trabajador puede elegir entre ambos.

Esta dualidad está recogida en la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Pensiones:

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Dado que el trabajador puede cambiar de régimen bajo determinadas condiciones, la normativa prevé mecanismos de traslado. En esos casos, no hay “pérdida” ni “expropiación”, sino reconocimiento de derechos equivalentes: semanas cotizadas o capital acumulado que se trasladan o se compensan actuarialmente.

En 2024, la reforma impulsada por el gobierno colombiano introdujo una ventana adicional para facilitar el cambio de régimen a personas cercanas a la jubilación, precisamente para corregir decisiones tomadas con información imperfecta. Esta medida refuerza la lógica del sistema: si la cotización es obligatoria pero el régimen es elegible, es coherente que los derechos se ajusten cuando el trabajador se traslada.

Argentina: del sistema mixto a la reestatización

Argentina suele citarse como el ejemplo más claro de “expropiación”, pero incluso aquí conviene matizar. En 1993 se instauró un sistema mixto mediante la Ley 24.241, que permitía a los trabajadores elegir entre el régimen público de reparto o un sistema de capitalización individual gestionado por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).

En 2008, en el contexto de la crisis financiera internacional, el gobierno eliminó el sistema de capitalización y transfirió los fondos a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), reintegrando a todos los afiliados al sistema público de reparto.

Este proceso implicó el traspaso de activos financieros al Estado, lo que explica que se perciba como una expropiación. Sin embargo, jurídicamente se configuró como una unificación del sistema de pensiones: los ahorros acumulados se transformaron en derechos dentro del régimen público. Es decir, no desaparecieron, sino que cambiaron de naturaleza (de cuentas individuales a derechos de pensión futuros).

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Polonia: reconfiguración del sistema y reasignación de deuda

Polonia introdujo en 1997 un sistema de tres pilares: un régimen público de reparto gestionado por ZUS, un pilar obligatorio de capitalización (OFE) y mecanismos voluntarios de ahorro (IKE, IKZE, PPE).

En 2013, el gobierno llevó a cabo una reforma clave: los bonos del Estado en manos de los fondos OFE fueron transferidos al sistema público (ZUS) y cancelados. Esto redujo la deuda pública explícita, transformándola en obligaciones implícitas del sistema de reparto (reforma recomendada por la UE).

De nuevo, no se trató de una incautación directa de cuentas privadas en sentido puro, sino de una reasignación de activos dentro de un sistema obligatorio diseñado por el propio Estado. Los afiliados mantuvieron derechos de pensión, pero bajo una estructura distinta.

Portugal: integración de un régimen sectorial

En Portugal, hasta 2011 existía un régimen específico para empleados bancarios, el CAFEB (Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários), que funcionaba como sistema alternativo y obligatorio dentro del sector.

Durante la crisis de deuda soberana, el Estado integró este régimen en la seguridad social general, como parte de un proceso de consolidación fiscal y simplificación institucional.

Esta integración supuso el traslado de obligaciones y derechos al sistema público. No implicó la desaparición de las prestaciones, sino su asunción por otro marco institucional.

Los planes de pensiones en España son diferentes

Una diferencia entre todos estos sistemas y los planes de pensiones españoles es su carácter diferencial. En España, los planes de pensiones son muy diferentes a estos sistemas. La contribución al plan de pensiones por parte de los trabajadores siempre ha sido voluntaria, son un de hecho un producto que contratamos directamente en nuestra entidad financiera, nunca en un organismo público y menos todavía con una contribución obligatoria, no se obliga a nadie a tenerlos.

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Además, los planes de pensiones en España siempre han tenido un carácter complementario, nunca se han pensado como para reemplazar a la pensión principal. Los planes de pensiones siempre han sido una pequeña parte del conjunto de las rentas de jubilación, son más bien unos fondos de inversión con limitaciones y una fiscalidad diferente.

Además en España existe otro aspecto. La contribución máxima a los mismos se ha ido reduciendo con el tiempo, de 8.000 a 6.000, a 2.000 y después a los 1.500 de ahora. Además ya son rescatables a los 10 años, yo por ejemplo ya puedo rescatar aproximadamente un 25% de mi plan de pensiones. No digamos ya aquellos que se han jubilado, pero optan por no hacerlo. La cantidad “atrapada” en el sistema es cada vez menor para el gobernante que quiera hacer uso de ella en caso de necesidad.

Así que a la vez que la tentación de expropiar es menor, sigue habiendo muchos no interesados. La retroactividad de las normas no está bien vista jurídicamente, existe un lobby (inverco) y podría no ser aceptable dentro de las normas de la UE. Además, aproximadamente un 25% de los españoles tiene un plan de pensiones, aunque muchos sólo lo tengan porque les da mejores condiciones para la hipoteca. Eso hace que los planes de pensiones sean mucho menos interesantes de ser “expropiados” cada día que pasa.

Los cuatro casos analizados muestran una realidad más compleja que el relato de la expropiación. En todos ellos, el punto de partida es un elemento común: la cotización obligatoria dentro de sistemas diseñados por el Estado. A partir de ahí, los gobiernos han introducido cambios que pueden ser más o menos discutibles, pero que responden a cambios de lógicas.

En todos los casos, los derechos de los cotizantes no desaparecen sin más, sino que se transforman. El problema real no es tanto la “expropiación”, sino la inseguridad regulatoria: en productos diseñados para décadas, los cambios en las reglas del juego pueden alterar de forma significativa el resultado final.

Tanto España como Alemania, entre otros países de la UE, afrontan el mismo dilema: cómo sostener un sistema de pensiones en una sociedad cada vez más envejecida.

En este contexto, el Ejecutivo alemán ha presentado un plan que va un paso más allá del modelo español. Se trata de un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con subsidios directos a los niños, bautizado como Pensión de Inicio Anticipado. La idea es innovadora y busca implicar a las generaciones futuras en su propia jubilación desde la infancia. Sin embargo, las cifras revelan que el impacto puede quedarse corto.

Un subsidio desde los seis años

El Gobierno alemán quiere dedicar un día de pensiones al año (unos 1.500 millones de euros) para financiar una aportación mensual de 10 euros a todos los menores entre 6 y 17 años. En total, cada niño recibiría 1.440 euros hasta la mayoría de edad, destinados a una cuenta de inversión colectiva.

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Los intereses generados estarán libres de impuestos hasta la edad de jubilación (67 años en Alemania), y cuando los beneficiarios cumplan 18 podrán realizar aportaciones adicionales a su cuenta. Por ahoraf, se desconoce si la gestión de esos fondos correrá a cargo de los padres o de entidades financieras adheridas al programa.

La medida será detallada en las próximas semanas por la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, y fue anticipada por el canciller Friedrich Merz, quien ha advertido en varias ocasiones que el Estado de Bienestar alemán “ya no es sostenible financieramente”.

¿Un complemento real o simbólico?

Un cálculo rápido ya invita al escepticismo. Como explica el analista económico Jon González en un hilo en X, la aportación total acumulada sería de apenas 1.440 euros por niño en toda la etapa. En este sentido, y con una rentabilidad real del 5 %, esa cantidad podría transformarse en un complemento de unos 125 euros mensuales durante la jubilación.

La gran diferencia es que, mientras el MEI español representa un impuesto vía cotizaciones sociales que se reparte entre empresa y trabajador, para apuntalar el sistema en su conjunto: sobre todo, en lo que se refiere a terminar de cubrir la gran ola de jubilaciones del “baby boom” español.

González comentaba la necesidad de ser más ambiciosos: “1.500 millones al año es un esfuerzo muy modesto para un país como Alemania”. En cifras, puede advertirse que el gasto anual en pensiones en Alemania supera los 350.000 millones de euros, lo que convierte la iniciativa en casi un gesto simbólico frente al tamaño del problema.

De igual modo, este plan también se enfrenta a una dificultad propia del caso alemán: la tradicional aversión de los hogares a la inversión en bolsa. En este sentido, Alemania es uno de los países desarrollados donde menos ciudadanos poseen acciones, fondos o productos financieros ligados a renta variable.

Apostar por un esquema basado en inversión colectiva es, en ese sentido, un movimiento “out of the box" (fuera de la caja), como suele decirse en inglés, que choca con la cultura de seguridad del ahorro bancario. La pregunta es si un esquema tan pequeño, y que además depende de la confianza en los mercados financieros, podrá convencer a una población que históricamente ha rehuido del riesgo inversor.

El modelo español, mediante cotizaciones

España, por su parte, introdujo en 2023 su propio MEI, aunque con un diseño muy distinto. En lugar de capitalización, optó por un recargo en las cotizaciones sociales: un 0,6 % en 2023 que escalará hasta el 1,2 % en 2029. El objetivo es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y reforzar el sistema de reparto.

La diferencia es clara: mientras España apuesta por que las generaciones actuales financien colectivamente a las futuras, Alemania quiere plantear los primeros pasos de un ahorro individual desde la infancia.

Sin embargo, en ambos casos, la crítica que puede hacerse es similar: el esfuerzo financiero no se corresponde con la magnitud del reto demográfico.

El reto compartido

Alemania tiene uno de los índices de envejecimiento más altos de Europa, con un gasto en pensiones que ya roza el 13 % del PIB. España, según la AIReF, superará el 15 % del PIB en 2050, una de las cifras más elevadas de la UE.

Tanto la OCDE como la Comisión Europea advierten de que los mecanismos actuales —ya sean subsidios a niños en Alemania o recargos de cotización en España— no bastarán para garantizar la sostenibilidad de los sistemas.

Las recomendaciones apuntan a medidas más profundas: retrasar la edad efectiva de jubilación, incentivar carreras laborales más largas y fomentar esquemas complementarios de ahorro privado o colectivo.

En pocas palabras, el plan alemán destaca por su originalidad: vincular desde la infancia el ahorro con la pensión futura, pero los números son contundentes: ni 10 euros al mes durante once años en Alemania (ni tampoco un recargo del 1,2 % en España) parecen capaces de resolver un reto que exige mucho más que parches. 

Toca repensar el contrato social entre generaciones para estas sociedades que vivirán más años, pero con menos trabajadores para sostenerlas.

¿Seguimos dopando el sistema de las pensiones? ¿hasta cuándo podrán seguir subiendo? ¿serán algún día verdaderamente sostenibles? Si hay algo que está claro, al menos a tenor de los datos, es que no lo serán tampoco en 2025.

El gobierno de España lo ha vuelto a hacer. Las pensiones contributivas se revalorizaron un 3,8% en 2024 y en 2023 lo hicieron en un 8,5%. El ejecutivo ha anunciado que las pensiones de jubilación también subirán en 2025 por encima del Índice de Precios al Consumo, el archiconocido IPC, marcando de esta manera un nuevo hito en el ya complejo sistema de sostenibilidad de las pensiones.

Es decir, en 2025 la pensión máxima se revalorizará en el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales, la cual se mantendrá cada año entre 2025 y 2050. Por tanto, siguiendo las estimaciones actuales, la pensión máxima subiría un 3,615% (3,5% de IPC interanual + 0,115%).

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Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta medida busca garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de inflación moderada y afrontar el creciente coste de vida, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Sin embargo, la decisión de elevar las pensiones más allá del incremento del IPC plantea interrogantes sobre su impacto en las cuentas públicas y, en definitiva, la viabilidad del sistema a largo plazo. Aunque la medida responde a una necesidad social evidente, la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social podría verse aún más comprometida en los próximos años. Y ya lo está y mucho.

Aumentos de las pensiones y de la duda sobre su sostenibilidad

El gobierno ha confirmado que, a partir de enero de 2025, las pensiones contributivas, no contributivas y de viudedad experimentarán un incremento superior al IPC registrado entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Este ajuste beneficiará tanto a las pensiones mínimas como a las máximas, manteniendo el compromiso de reforzar el poder adquisitivo de los jubilados.

La inflación acumulada de 2024, que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) será moderada, servirá como base para calcular el incremento. No obstante, el gobierno ha añadido un "plus" adicional a las pensiones más bajas para acercarlas al umbral de pobreza definido para hogares unipersonales, algo que, aunque bien intencionado, tiene implicaciones económicas importantes.

La subida de las pensiones por encima del IPC agrava una problemática que el sistema de Seguridad Social español arrastra desde hace décadas: su falta de sostenibilidad. Y es que, la relación entre el número de cotizantes y pensionistas se encuentra en un nivel crítico. Actualmente, por cada pensionista hay menos de dos trabajadores activos, lo que tensiona las finanzas del sistema.

Ya lo advertimos muchos desde sendos documentos coordinados por @IAE1959 y por @socialfedea.
El Valor Presente, a largo plazo, de dicha revalorización superaba en muchas veces el ya de por sí enorme impacto a corto plazo. https://t.co/5hKbSMlIFA

— José A. Herce 🇺🇦 (@_Herce) November 25, 2024

Además, las proyecciones demográficas son preocupantes. El envejecimiento acelerado de la población, combinado con una menor tasa de natalidad, indica que para 2050 el número de jubilados podría superar los 15 millones, en comparación con los poco más de 10 millones actuales. Este aumento en el número de beneficiarios, junto con la decisión de incrementar las prestaciones por encima del IPC, generará un déficit estructural aún más difícil de gestionar.

¿Populismo económico?

Según algunas voces críticas, el anuncio de estas subidas también tiene un marcado tinte político. Asegurar a los jubilados un incremento real de sus ingresos puede considerarse una estrategia populista que busca consolidar el apoyo electoral de uno de los grupos demográficos más grandes y activos políticamente.

No obstante, estas decisiones suelen dejar de lado los problemas estructurales. Subir las pensiones por encima del IPC sin abordar reformas de calado, como el incremento de la edad de jubilación o una revisión en profundidad de las bases de cotización, es una receta para una crisis futura. Este tipo de medidas compromete la capacidad del Estado para financiar otros servicios esenciales, como la sanidad o la educación, y genera un coste adicional que terminarán pagando las generaciones más jóvenes.

Pero, ¿qué alternativas puede implementar España?

Expertos en economía y organismos internacionales han planteado en los últimos años múltiples alternativas para equilibrar el sistema de pensiones sin comprometer su sostenibilidad.

Por ejemplo, en países como Alemania o Suecia, el ahorro privado tiene un peso significativo como complemento a las pensiones públicas. En España, sin embargo, este modelo todavía no ha sido suficientemente incentivado.

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Aunque polémico, retrasar la edad de retiro sería una forma efectiva de reducir la presión sobre el sistema, especialmente en un contexto donde la esperanza de vida sigue creciendo. Incluso, el ajustar las contribuciones de los trabajadores con ingresos más altos permitiría recaudar más sin afectar directamente a los pensionistas actuales.

Hay quienes defienden la idea de que las pensiones podrían indexarse no solo al IPC, sino también al crecimiento del PIB, asegurando que los incrementos estén alineados con la capacidad económica del país.

¿Un futuro incierto?

Si bien el incremento de las pensiones por encima del IPC beneficia directamente a millones de jubilados, esta medida tiene un coste a largo plazo que no puede ser ignorado como, parece que lo está, por los diferentes gobiernos que llegan a Moncloa, al menos en el sentido práctico de incorporación de medidas reales y efectivas.

La combinación de factores como el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y un mercado laboral frágil hacen que el sistema sea cada vez menos sostenible. Por lo que, el equilibrio entre garantizar la dignidad de los pensionistas y mantener unas finanzas públicas saludables es un desafío que requiere más que incrementos anuales de prestaciones. Sin reformas estructurales y una visión de largo plazo, las pensiones corren el riesgo de convertirse en una carga insostenible para las generaciones futuras, comprometiendo no solo la estabilidad económica, sino también la cohesión social.

En 2025, los jubilados disfrutarán de un aumento en sus ingresos. Pero la pregunta persiste: ¿a qué precio?

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La hucha de las pensiones en España se sitúa al borde del colapso. El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad no invitan a compensar la balanza, que tiende al desequilibrio y a que en poco tiempo el sistema de pensiones deje de ser sostenible.

Según datos del INE, se estima que en el año 2052 la población de 64 años habrá aumentado en más de siete millones de personas, aumentándose la esperanza de vida y reduciéndose la natalidad, más aún. Si hay más pensionistas que trabajadores el sistema de pensiones perderá su viabilidad, de ahí que España mire con lupa la sostenibilidad a medio y largo plazo.

El Índice de Mercer clasifica los principales sistemas de pensiones de cada país a nivel global bajos tres principales variables: la suficiencia, la sostenibilidad y la integridad. En este sentido, España ocupa el puesto 26 de los 47 países analizados.

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Este Índice cataloga a España como una C+, es decir, un sistema con elementos positivos pero con carencias y riesgos que hacen de su sistema de pensiones insostenible a largo plazo. El estudio recomienda, para ello, incrementar el apoyo mínimo a los individuos de edad más avanzada con bajo nivel adquisitivo.

También insta a aumentar la cobertura de los trabajadores en los planes de pensiones y seguir aumentando la tasa de participación de la población activa en las edades más avanzadas.

En la 15ª edición del Índice, Países Bajos ha recuperado la primera posición con un índice de 85,0 puntos, seguido por Islandia (83,5) y Dinamarca (81,3). Argentina obtuvo el valor más bajo del Índice (42,3).

Un gran problema para Europa

La realidad es que existen motivos, más que suficientes, para estar preocupados por un futuro basado en el desastre de la deuda. De hecho, en la gran mayoría de los países europeos se aprecian derechos de pensión no financiados, entre el 300% y el 500% del PIB. Combinado con el colapso demográfico, genera una situación insostenible.

España muestra una carencia del 500% del PIB, la más alta de Europa. Le siguen Austria, Italia, Países Bajos y Francia, con valores entre el 400% y el 450% del PIB. Los valores más bajos del listado son para Islandia, Noruega y Suiza.

El problema de España radica en que el sistema de pensiones es insostenible y no genera suficientes ingresos para cubrir los compromisos futuros. Pese al optimismo del ministro José Luis Escrivá, la indexación al IPC podría aumentar el déficit y acabar con la solvencia futura del sistema de pensiones.

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El desequilibrio financiero está garantizado. A esto se le suma que los jubilados en España poseen una tasa de riesgo de pobreza del 9%, la más baja del país. Todo ello es consecuencia de la alta cuantía de las pensiones, que garantizan más del 75% del salario a los trabajadores jubilados.

Además, se espera que la hipoteca inversa crezca en importancia y popularidad en España. De ahí que el Gobierno se plantee como reto prioritario, frente a la insostenibilidad del sistema de pensiones, opciones financieras que sirvan de garantía frente a las eventualidades económicas que pudiesen surgir. La última reforma del sistema de pensiones ha supuesto la modificación del artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social.

Soluciones ante la problemática del sistema de pensiones en España

La realidad es que Italia y España son los sistemas con peor valoración de la sostenibilidad del sistema. Grecia, no obstante, está excluida de este análisis global. La subida de las cotizaciones sociales para compensar el gasto no acaba de funcional.

Para mejorar la valoración del sistema de pensiones español se debe abogar por mejorar la cobertura de los jubilados con bajos ingresos, con una subida de las prestaciones mínimas superior a la inflación. De este modo, se lograría recortar la brecha en los tramos de cotización más bajos.

Si se sigue el modelo de otros sistemas como el NEST de Reino Unido, se podría implementar la afiliación automática para ampliar la cobertura de los planes de pensiones a más trabajadores. Todo pasa por inculcar a los ciudadanos hábitos de ahorro privado y planes colectivos entre las empresas.

La sostenibilidad del plan de pensiones español pende de un hilo. El efecto neto de la reforma es un fuerte incremento del déficit de hasta un 4,3% del PIB anual en 2050. Para ello, habrá que apostar por ingresos generales, aunque dejaría con poco margen la financiación de otras necesidades públicas básicas como la sanidad o la educación.

El problema de las pensiones en España seguirá siendo el mayor de Europa. La subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, en torno al 38%, además de la casi congelación de las pensiones máximas, propiciará consecuencias negativas. Principalmente, la reducción de la pensión máxima de casi el 80% hasta menos del 60% de la base máxima de cotización. Esto implica una reducción importante del componente contributivo del sistema público de pensiones.

Implementada en 2050, la medida incrementaría la recaudación por cotizaciones sociales en un máximo del 0,40% del PIB. El problema de España con la sostenibilidad de las pensiones parece no tener fin.

Una de las formas más efectivas de reducir la factura del IRPF del año son los planes de pensiones. Aunque hay quien los ve un producto poco atractivo por su general baja rentabilidad, poca liquidez y un beneficio fiscal basado en posponer el pago de impuestos lo cierto es que si se mira en detalle puede resultar atractivo debido a que el ahorro fiscal se puede volver a invertir.

Eso sí, los límites de aportación son relativamente bajos. Los planes individuales tienen como límite 1.500 euros al año. Más atractivos son los planes de empresa, que permiten llegar a los 10.000 euros pero pocas empresas llegan al límite debido a que tienen que realizar aportaciones importantes ellas mismas.

Es decir, no es raro que los trabajadores que tienen un plan de pensiones de empleo no lleguen al límite de los 10.000 euros anuales, y tampoco pueden aportar más a dicho plan pues existe un límite superior: para llegar a los 10.000 euros la empresa ha tenido que aportar 5.000 euros al plan.

Combinar planes de pensiones

Lo que no es tan conocido es que los planes de pensiones de empleo y los individuales se pueden combinar. Es decir, si un trabajador tiene un plan de pensiones de empleo y no llega a una aportación de 10.000 euros al año se puede abrir un plan de pensiones individual y aportar ahí hasta 1.500 euros al año (o hasta alcanzar los 10.000 euros al año combinando el plan de pensiones de empleo e individual, lo primero que suceda).

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Normalmente los trabajadores que tienen planes de pensiones de empleo están en marginales altos, que pueden rondar el 40%. Simplemente por el hecho de abrir un plan de pensiones individual y aportar 1.500 euros se puede ahorrar unos 500 a 600 euros al año.

La clave para aprovechar este ahorro fiscal es volver a invertirlo una vez recibida la devolución del IRPF, para así poder aprovechar de forma completa esta reducción fiscal.

¿Qué plan de pensiones individual elegir?

La mayoría de los planes de pensiones individuales de España dan una rentabilidad baja. El motivo es que los bancos saben que es un producto cautivo y no le ponen mucho foco, solo en la captación de nuevos clientes con regalos a final de año.

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Sin embargo existen buenos planes de pensiones de gestoras independientes. Los hay de gestión indexada con bajas comisiones y de gestión activa, para todos los gustos. Conviene mirar no solo la rentabilidad del último año sino el track record de varios años y ver si es nuevo o tiene ya su historia, pues muchos bancos cuando un plan no va bien lo cancelan y crean otro para no dar visibilidad a los malos resultados del pasado.

Que las pensiones públicas en España están en peligro es algo que todos sabemos. El sistema es cada vez más insostenible por la inversión de la pirámide poblacional y la incapacidad del Estado para solucionar el problema intentando equilibrar ingresos y gastos.

Siendo así lo lógico sería pensar que los españoles no hacen más que contratar planes de pensiones como locos. Sin embargo si miramos una gráfica se puede ver que desde 2009 el número de partícipes de los planes de pensiones está estable, más bien bajando.

¿Por qué sucede esto? ¿Es que los españoles no sabemos lo que está pasando con las pensiones? ¿O es que somos tontos? Ni mucho menos, la explicación a esto tiene que ver con legislación.

El atractivo de los planes de pensiones

Lo cierto es que el motivo de los planes de pensiones se estancaran en 2009 tiene como motivo un cambio legislativo producido en 2006. Antes de esa fecha los planes de pensiones tenían una atractiva fiscalidad, con reducciones de la base del 40% en su rescate. A partir de dicha fecha esta reducción no existe y por tanto su fiscalidad es peor.

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Los españoles no somos tontos y aunque la fiscalidad aplicable sigue teniendo cierto atractivo a partir de dicho punto mucho menos que antes. Por tanto que el producto concreto de los planes de pensiones no siga ganando partícipes no quiere decir que los españoles no estén ahorrando para la jubilación. Solo que no en este producto concreto.

¿Debería haber mejoras fiscales en los planes de pensiones?

Está claro que una fiscalidad más atractiva favorece e incentiva el ahorro. Pero también es cierto que la fiscalidad pre-2006 estaba creando un agujero fiscal importante al Estado.

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Personalmente soy más partidario de una neutralidad fiscal. Tener un producto ("cuenta de inversión") que permita meter dinero en varios productos y que en ningún caso se tributen por las ganancias hasta su rescate. Las ventajas fiscales que permiten que un plan de pensiones sea más atractivo que un fondo de inversión lo único que hacen es que los planes de pensiones disponibles tengan menos rentabilidad, porque los gestores saben que es un dinero cautivo.

Debería ser el contribuyente el que indicara si su "cuenta de inversión" tiene ventajas fiscales (ligadas a la imposibilidad de retirada del dinero antes de jubilación o cierto número de años) o no, pero el producto debería ser neutro. Solo así se lograría aumentar la tasa de ahorro de los españoles de cara a la jubilación.

La semana pasada la firma de inversión Fidelity anunció que permitirá a los particulares invertir parte de sus fondos de pensiones (llamados en EEUU 401(k)) en Bitcoin. La idea es que a lo largo del año esté disponible para todos los empleadores que proporcionan planes de pensiones a través de Fidelity a sus empleados.

Los planes 401(k) son similares a los planes de pensiones de empleo en España. Los trabajadores pueden desviar parte de su salario antes de impuestos a estos planes, pero dentro de ellos pueden elegir un gran número de productos, como acciones, bonos, fondos... y ahora también Bitcoin. ¿Es una buena idea?

Bitcoin es excesivamente volatil

Parece que la sociedad se encamina a aceptar que Bitcoin es un activo refugio de valor. Aunque algunos no lo tenemos tan claro, lo cierto es que los grandes inversores empiezan a tomárselo en serio. Pero sigue siendo un activo muy volátil y que en el fondo no tiene ningún respaldo detrás.

Es decir, invertir parte del plan de pensiones en Bitcoin es elegir algo que es muy volátil, con poca historia y que se desinfla no tiene un respaldo verdadero, algo certero como por ejemplo sí tienen las empresas (clientes, flujo de caja, infraestructuras).

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Si bien es cierto que las inversiones en los planes de pensiones son a largo plazo y quizá esto sea más conveniente que una especulación propiamente dicha, también es cierto que la certeza que se tiene de que productos como las acciones a largo plazo siempre suben, no se tiene con Bitcoin.

Aunque la volatilidad no es sinónimo de riesgo, no hay suficientes datos para saber si Bitcoin, eliminando la volatilidad y centrándonos en un horizonte temporal grande, será una buena inversión.

¿Incertidumbre? Mejor no jugarse los ahorros de jubilación

Ante un escenario claro de incertidumbre no es muy positivo invertir los ahorros de jubilación. No veo mal que uno dedique una parte de dinero que no teme perder en Bitcoin, pero no así las inversiones para la jubilación.

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Además este movimiento de Fidelity puede espolear a particulares que no habrían invertido en Bitcoin a hacerlo, pues está respaldado por su estable 401(k) que además trae ventajas fiscales. Si todo el asunto de Bitcoin fuera una burbuja (no digo que lo sea, es solo una posibilidad) un movimiento así atraería a más inversores y alargaría el ciclo alcista antes del derrumbe. Por lo tanto más gasolina para el fuego.

Sinceramente, un mal movimiento de Fidelity, aunque seguro que le reporta grandes ganancias. Eso sí, las ganancias serán en dólares contantes y sonantes.

Las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las que hay ahora, especialmente las pensiones más altas. Hasta ahora en España hemos confiado en que tras haber cotizado en la parte alta de la tabla una serie de años, tendremos una buena pensión. Eso es algo que se va a acabar, porque el sector público no parece que nos la vaya a proporcionar, no ya por la capacidad de hacerlo. ¿Qué podemos hacer?

Afortunadamente todavía podemos hacer mucho en nuestro lado para tener una jubilación más desahogada de la que nos va a proporcionar el sector público. Elegir bien un plan de pensiones y la adquisición de vivienda habitual (y de una vivienda habitual adecuada) pueden ayudar mucho a que la jubilación sea más agradable.

Las pensiones serán más bajas

Desde las reformas realizadas por parte del Partido Popular hace unos años hasta las reformas que está llevando a cabo el gobierno de coalición entre PSOE-Unidos Podemos, el sistema de pensiones español está pasando de un sistema Bismarck (de tipo contributivo usado en países como Israel, Francia, Alemania o Finlandia) a un sistema Beveridge (de tipo asistencial usado en países como Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca o EEUU). Este sistema es potencialmente más barato, porque ofrece pensiones más bajas a la población, al menos no tiene la capacidad de que haya quién reciba el doble o el triple que alguien que ha cotizado menos tiempo y cantidades menores.

Esta reforma “silenciosa” o “por la puerta de atrás” ha sido criticada, especialmente porque lleva ejecutándose a base de varias pequeñas reformas y sin ningún debate en el espacio público o en los medios de comunicación, pero lleva en marcha desde 2011. Aquí hemos hablado varias veces de que esta reforma está avanzando lenta e inexorablemente a base de parches que se van incluyendo en nuestra marco regulatorio. Este es un motivo por el que no ha estallado nuestro sistema de pensiones hasta ahora. De esto hemos ido hablando en 2013, tanto en El Blog Salmón como otros medios, como Nada Es Gratis.

Pero hoy no toca hablar sobre la reforma (ni sobre cómo se deberían haber reformado), algo que ya hizo Alejandro, ahora toca hablar sobre qué podemos hacer para que en un futuro de pensiones más bajas, no experimentemos una merma del poder adquisitivo tan alta como sufriremos si no ponemos ningún medio.

Es posible que pensemos que una vez jubilados los gastos disminuirán, no será necesario desplazarse al trabajo a diario, por lo que igual podemos prescindir de un coche y sus gastos asociados, puede que no necesitemos tanto comer fuera de casa o gastar en ropa y que los hijos sean mayores y tengan sus propios ingresos, pero puede suceder lo contrario. Según Dan Ariely profesor de economía del comportamiento en la escuala de negocios Fuqua de la Universidad Duke, necesitaremos un 135% de nuestros gastos debido al mayor tiempo libre.

¿Qué puedo hacer?

Lo primero de todo es cuantificar las necesidades económicas. Cada uno sabe el nivel de vida que quiere llevar, pero ¿sabemos cómo podríamos mantenerlo? En algún momento hemos hablado de la regla del 4%, que según su creador podría ser un 5%, aunque hay quien habla de que debería ser más conservador y retirar entre un 3 y un 3,5%.

Básicamente esa regla lo que dice es que de un capital podríamos retirar un 4% indefinidamente, manteniendo el capital inicial y vivir de dichas rentas. Y eso ajustado con la inflación. Es decir, que si tenemos 300.000 euros ahorrados podríamos retirar 12.000 euros al año permanentemente y no perderíamos poder adquisitivo. Nuestra esperanza de vida no es eterna, así que en ese sentido podríamos ir recuperando más de un 4% del capital de los ahorros.

En este sentido, cuánto antes empecemos a ahorrar mejor, ya que mayor será el efecto de la capitalización de nuestras inversiones (y su acumulación mediante interés compuesto). Es decir, cuánto antes empecemos a ir ahorrando para este momento mejor. La reciente reforma de la fiscalidad de los planes de pensiones limitando las desgravaciones fiscales (que avisamos era la intención del gobierno) por las aportaciones a estos productos a 1.500€ anuales no nos va a permitir hacer fuertes aportaciones, pero si establece un límite al que muchas economías van a poder llegar. Si no queremos renunciar a la liquidez, siempre se puede optar por un fondo de inversión (perdiendo las ventajas fiscales, eso sí).

Tal vez nos puede parecer poco creíble, pero si comprobamos una calculadora de inversiones aportando 125€ mensuales de los 25 a los 65 años, y si obtuviéramos una rentabilidad del 6,9%, tendríamos al final del periodo más de los 300.000 euros mencionados antes. La rentabilidad histórica del índice S&P 500 entre 1957 y 2018 fue de un 8%, pero vamos a ser prudentes y supongamos que obtendremos menos todavía. Si tenemos más de 25 años, recomiendo usar esta calculadora para estimar cuánto podríamos llegar a obtener.

No todos los planes de pensiones son iguales y aquí hasta hemos publicado un libro sobre cómo debemos elegir nuestras inversiones. Pero un plan de pensiones no va a ser exclusivamente la solución a nuestros problemas.

El siguiente paso, en mi opinión, estaría en la compra de vivienda habitual. Es cierto que la vivienda en España tiene bastantes defectos, pero asi somos capaces de cambiar una cuota de alquiler en una amortización de capital. No obstante, la vivienda que tengamos la vamos adquirir con un triple objetivo:

• Que la cuota mensual en vez de a un alquiler vaya a la reducción del préstamo y a la construcción de un capital
• Que tenga bajos gastos de mantenimiento, tanto por IBI como por comunidad de vecinos, seguro de hogar, etc. Es decir, minimizar los flujos de dinero que nos va a costar el mantenimiento de la misma.
• Que tenga salida en el mercado, de modo que en un futuro tras nuestra jubilación se pueda obtener para obtener financiación, ya sea mediante la venta y desplazamiento a otra vivienda más pequeña, la venta de la nuda propiedad o una hipoteca inversa.

Es decir, la idea no sería tener la vivienda más grande y cara, sino la justa para cubrir nuestras necesidades y que a su vez sea atractiva en el mercado para poder obtener una financiación de la misma.

Si nos damos cuenta, con sólo dos decisiones bastante habituales en la vida diaria ya empezamos a tener un capital que nos va a permitir tener una capacidad extra de afrontar la jubilación mucho más desahogadamente de lo que podríamos esperar ante una bajada de pensiones.

Si además quisiéramos además tener un mayor nivel de vida o no consumir el patrimonio y dejarle la vivienda a los hijos (el objetivo de todo padre y madre de familia español, dejar un piso a los hijos) ya tendríamos que considerar ahorrar en otro tipo de productos financieros. Alguno puede opinar que en bienes inmuebles, pero mi opinión en ese aspecto ya la he dado aquí.

Pregunta a los lectores ¿qué están haciendo para encontrarse en una buena situación el día que llegue su jubilación?

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El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está ultimando un nuevo fondo de pensiones público que va a traer una medida bastante polémica: la obligación de facto de contratarlo si así lo dice el convenio del trabajador.

Por supuesto el trabajador podrá desapuntarse, pero si no lo hace por defecto parte de su nómina irá nuevo fondo de pensiones, con lo que estamos ante una medida del Estado para obligar a los ciudadanos a ahorrar para su jubilación, en un instrumento de inversión dirigido por el Estado y con poca liquidez.

El sentido de un fondo de pensiones público

La idea detrás de toda esta reforma es que los planes de pensiones privados no acaban de despegar. Aunque tienen aspectos muy interesantes (gracias a la fiscalidad) lo cierto es que la rentabilidad que dan no es muy alta y sus comisiones rozan lo abusivo.

Por tanto Escrivá quiere que haya una alternativa pública, que se creará mediante una licitación (es decir, al final habrá un gestor privado) como se hace en otros países. Y la contratación no será individual sino a través de las empresas de los trabajadores, cosa que ya sucede pero solo en empresas de cierto tamaño.

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Escrivá quiere que esta contratación a través de las empresas se extienda a las pymes y para ello ofrecerá un fondo público que sea fácil de contratar y se está estudiando incorporar su contratación en los convenios colectivos, por lo que las pymes que estén acogidas a convenios tendrán que contratarlo para sus trabajadores de forma obligatoria. Y deberán ser los trabajadores los que tengan que decir explícitamente que no quieren, pues de lo contrario parte del sueldo irá a este plan de pensiones.

La fiscalidad y la semiobligatoriedad nos empujará a contratarlo

Aquí hay dos factores que van a hacer que este nuevo fondo público vaya a triunfar. Por un lado el Gobierno está rebajando las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados, así que para muchos la alternativa de empresa (y en el futuro a través de este fondo público) va a ser la única posibilidad para reducir la factura fiscal.

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Además, si la empresa ofrece una aportación al plan de pensiones, por encima del sueldo, siempre interesa contratarlo. Es dinero gratis (con poca liquidez, pero gratis a fin de cuentas). Y seguramente los convenios colectivos apunten en dicha dirección.

Por último, el gran éxito vendrá marcado si son obligatorios excepto si el trabajador se niega. En general los humanos somos muy cómodos y las cosas que vienen por defecto son las que contratamos. Esto está explicado una y mil veces en investigaciones sociológicas, los humanos somos vagos y también cuando hay que ahorrar para la jubilación.

¿Libertad o ahorro?

Por tanto estamos ante una decisión polémica: hacer algo por defecto obliga de facto a ahorrar a los trabajadores. Cosa que es buena, porque en España en el pasado lo hemos fiado todo a la vivienda y en la gente más joven las tasas de alquiler son más altas que en el pasado. Pero obligar a ahorrar parece que va en contra de nuestras decisiones individuales y puede que ahorrar para la jubilación no sea siempre lo más correcto, hay etapas en la vida donde la liquidez es más importante.

La polémica está servida. Habrá que ver si la ley finalmente fija la contratación del fondo público por defecto o si finalmente no se atreverá a tanto el Gobierno.

Que los planes de pensiones son un producto que nunca me han gustado mucho no es ningún secreto: el capítulo que le dediqué en el libro sobre inversión que escribí hace tres años no los pone muy bien. Sin embargo desde entonces las cosas han cambiado.

Antes tenía una serie de pegas sobre los planes de pensiones que, con el tiempo, se han ido disipando. Pero no solo porque haya cambiado mi situación personal o haya evolucionado mi forma de ver estos productos (que también), sino porque ha habido cambios legislativos y de productos en el mercado que los hacen ahora mucho más interesantes.

Las pegas: liquidez y productos disponibles

Las pegas que yo le ponía este producto eran principalmente dos. La primera es la baja liquidez de este producto: una vez metes dinero en él no puedes recuperarlo hasta la jubilación o excepto si hay un desempleo de larga duración (hay que haber agotado la prestación). Y esto puede ser un problema.

Si cambia la situación personal y se necesita el dinero para algo (por ejemplo, una vivienda más grande) no se puede rescatar. Sin embargo desde 2018 se le ha dotado de un extra de liquidez que antes no existía: ahora los planes de pensiones se pueden rescatar a los 10 años. Esto es un punto extra completamente nuevof.

También es cierto que mi situación personal ha cambiado, no preveo cambios importantes en mi vida que vayan a necesitar del uso de todos mis ahorros y por tanto puedo dedicar una parte a la inversión en estos productos.

La otra pega de estos planes es que, normalmente, tienen una muy baja rentabilidad. Los bancos suelen ofrecer productos muy poco atractivos porque saben que el inversor los busca por sus ventajas fiscales, y por tanto suelen dar muy poca rentabilidad y tienen unas comisiones muy altas. Aquí también ha habido una rebaja de comisiones máximas permitidas, pero sobre todo han aparecido planes de pensiones indexados bastante interesantes, tanto en rentabilidad como en comisiones muy ajustadas. Como por ejemplo los de Indexa Capital.

Las ventajas: no solo fiscales

La principal ventaja de los planes de pensiones es que permiten deducir las cantidades aportadas del IRPF. Es decir, el dinero que se deposite en estos productos es como si no se hubiera cobrado a efectos de IRPF. Esto es una ventaja para salarios medios y altos, pues los tipos rápidamente suben (a partir de los 20.200 euros el tipo marginal es el 30%).

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Por tanto solo por meter dinero en un plan de pensiones al año siguiente, en la declaración de la renta, el Estado devuelve una parte importante de la inversión. Se suele decir que esto es simplemente diferir el pago de impuestos, pues al rescatar estos planes los importes van directamente al IRPF, pero si se hace un estudio detallado y el dinero devuelto por Hacienda se invierte también en un producto similar, se puede ver que la ventaja fiscal se traduce en tener más dinero disponible para invertir.

Es decir, no estamos solo ante un "diferir impuestos" del que tanto se habla (y tiene sentido, pues normalmente al jubilarse los tipos del IRPF suelen ser más bajos que cuando se trabaja) sino que al haber más dinero disponible para invertir debido al no pago de impuestos a largo plazo se pueden traducir en pingües beneficios.

El problema actual: la desgravación se ha hundido

Sin embargo mi momento para decidirme a invertir en planes de pensiones, que es cuando mi situación personal era la correcta, cuando el producto tenía algo más de liquidez, cuando por fin hay planes de pensiones interesantes en el mercado y cuando he entendido todas las ventajas que ofrece su fiscalidad, quizá sea el peor momento para hacerlo.

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Y es que el Gobierno en 2021 decidió bajar la máxima desgravación fiscal de 8.000 a 2.000 euros al año y ahora parece que para 2022 va a bajar de nuevo hasta los 1.500 euros. Este "diferir de impuestos" se ha convertido en un agujero fiscal para el Estado y está cerrándolo. Lo cual es un problema porque desincentiva el ahorro a largo plazo pero que también limita los beneficios que tienen los que cuentan con rentas más altas y que realmente no tienen problemas para ahorrar.