En la última década, la financiación pública de las organizaciones sindicales en España ha experimentado un incremento sin precedentes. Lo nunca visto.

Lo que comenzó como un periodo de contención bajo los gobiernos anteriores, con cifras que rondaban los 8,9 millones de euros, se ha transformado en un escenario excepcional: 32 millones previstos para 2025.

Este aumento no solo rompe con la tendencia de estabilidad que se había mantenido durante más de un lustro, sino que también marca un máximo histórico en plena situación de prórrogas presupuestarias.

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El salto presupuestario plantea preguntas inevitables sobre la relación entre el poder político y los sindicatos mayoritarios. En un contexto en el que las negociaciones laborales han tenido como protagonistas a CCOO y UGT, estas cifras evidencian la importancia estratégica que el Gobierno otorga a las centrales sindicales en la arquitectura del diálogo social.

De los 10 millones de euros de Aznar a los 32 de Sánchez

Si se observan las cifras de los últimos veinte años, el recorrido es impactante. A comienzos de siglo, bajo la presidencia de José María Aznar, las subvenciones rondaban los 10 millones.

Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, el incremento fue notorio, alcanzando picos de más de 15 millones entre 2006 y 2011, en un contexto económico de expansión.

El giro llegó con Mariano Rajoy, cuando las ayudas se redujeron a 11 millones en 2012 y se estabilizaron en 8,9 millones durante toda su legislatura. Este periodo supuso el mayor ajuste en términos de financiación sindical desde el inicio de la democracia reciente.

El cambio drástico aparece con la entrada de Pedro Sánchez en 2018. Aunque las primeras cifras se mantuvieron estables, en 2021 comenzó un ascenso imparable: 13,8 millones ese año, 17 en 2022 y 2023, y finalmente un salto espectacular a 32 millones en 2025.

El incremento del 88,2% entre 2024 y 2025, aun en un escenario de presupuestos prorrogados, sitúa a esta partida como una de las más llamativas de todo el Estado.

¿Hay una justificación oficial de dicho aumento?

El Gobierno defiende estas cifras argumentando que los sindicatos desempeñan funciones esenciales en la mediación de conflictos, la negociación colectiva y el mantenimiento del diálogo social.

Según el Ministerio de Trabajo, este refuerzo presupuestario es coherente con el crecimiento del IPC desde 2008, que acumula un 34%, mientras que las subvenciones solo se habían incrementado un 7,6% hasta antes de la última actualización.

Además, se señala que las responsabilidades de los sindicatos han crecido no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, al participar en foros europeos y globales sobre derechos laborales.

Cómo se financian los sindicatos en España y la diferencia con otros países

En España, los sindicatos reciben financiación de diversas fuentes: cuotas de afiliados, subvenciones estatales, ayudas autonómicas y programas europeos vinculados a la formación y la digitalización.

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Según estimaciones oficiales, las subvenciones directas representan entre el 15% y el 17% de sus ingresos totales.

La situación no es homogénea en la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, las ayudas públicas representan la práctica totalidad de los ingresos sindicales, ya que las cuotas de afiliados son mínimas.

En los países nórdicos, como Suecia o Noruega, es común que los sindicatos reciban fondos de fundaciones, donaciones privadas e incluso herencias, algo impensable en el contexto español.

En algunos países se permiten impuestos sindicales que afectan a todos los trabajadores, estén afiliados o no, aunque esta práctica genera controversias sobre su carácter obligatorio.

En Estados Unidos el panorama es totalmente distinto: los sindicatos solo se financian con las cuotas de sus miembros, lo que limita su músculo económico pero refuerza su independencia frente al poder político.

Esta diferencia explica en parte la percepción social sobre la autonomía de los sindicatos en España y la eterna polémica sobre si las subvenciones condicionan su papel en la negociación laboral.

El papel de CCOO y UGT en las reformas recientes

No puede pasarse por alto que el incremento coincide con un periodo en el que los principales acuerdos sociales han estado impulsados por las dos centrales más representativas: Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

 Desde la subida del salario mínimo hasta la reducción de la jornada laboral, pasando por la reforma del subsidio de desempleo o la segunda parte de la reforma de pensiones, ambos sindicatos han estado alineados con el Ejecutivo.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), aunque relevante en la función pública, ha tenido un papel menos determinante en estas mesas de diálogo.

Otras organizaciones de carácter autonómico, como la CIG en Galicia o ELA en el País Vasco, mantienen una fuerte implantación territorial pero sin la capacidad de influencia nacional que poseen CCOO y UGT.

Un máximo histórico en tiempos de incertidumbre

Lo más llamativo de este incremento es que se produce en plena situación de prórrogas presupuestarias. Desde 2018, España ha aprobado hasta cuatro extensiones de sus cuentas públicas, pero esto no ha impedido que las ayudas a los sindicatos crezcan hasta cifras nunca vistas.

El suplemento de crédito utilizado para cubrir el salto en 2025 confirma que se trata de una partida considerada estructural, independientemente del marco político o financiero del momento.

Imágenes | Pixabay, Wikipedia

En España se repite un mantra cada vez que surge el debate sobre los salarios: “no crecen porque la productividad es demasiado baja”. Parece el argumento favorito de organismos internacionales, economistas y patronales.

Sin embargo, la evidencia reciente cuestiona de raíz esta explicación. Los datos parecen ir en otra dirección y es que el estancamiento salarial no responde tanto a la productividad como a otro factor más silencioso: la debilidad sindical.

El relato oficial

Desde los años 90, la brecha entre productividad y salarios no ha dejado de crecer en casi todos los países desarrollados. En España, la productividad por hora ha avanzado cerca de un 30 % entre 1990 y 2022, mientras que los salarios reales apenas han mejorado un 11,5 % en el mismo periodo.

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La explicación que se perpetúa es que los sueldos no se incrementan porque la productividad tampoco lo hace. Sin embargo, diferentes estudios académicos muestran que el vínculo entre ambas variables está mucho más condicionado por el poder de negociación de los trabajadores que por la eficiencia de la economía.

El economista Carlos Ares lo resumía así en un reciente análisis: “Hay una relación causa-efecto entre la pérdida de poder adquisitivo y la debilidad sindical”. Cuando los sindicatos son débiles, las empresas pueden individualizar las relaciones laborales, permitiendo que directivos y perfiles con más poder pacten sus sueldos de forma personal.

Lo anterior da como resultado una redistribución de la masa salarial cada vez más desigual, que poco o nada tiene nada que ver con la productividad. El problema no es nuevo: desde hace más de cincuenta años, Estados Unidos y buena parte de Europa cuentan con una fuerza sindical cada vez más reducida, que se traduce en una menor capacidad de los trabajadores de captar una parte justa de la riqueza que generan.

Siguiendo esta línea de investigación, algunos estudios como Unions aren’t just good for workers—they also benefit communities and democracy (Los sindicatos no sólo son buenos para los trabajadores, también benefician a las comunidades y la democracia) demuestran que allí donde los sindicatos mantienen peso, los salarios suben más y las comunidades prosperan.

La presión sobre salarios

Una investigación publicada en el Financial Times por Daron Acemoglu (MIT) y Daniel Le Maire (Universidad de Copenhague), entre otros, refuerza la idea anterior: los CEOs con formación en escuelas de negocio (MBA) no aumentan la productividad, las ventas ni la inversión. Por el contrario, sí permiten reducir salarios y la parte de ingresos que va destinada a pagar por el  trabajo.

Los datos demuestran que, tras cinco años con un CEO con MBA, los sueldos son un 6 % más bajos y la cuota de ingresos laborales cae cinco puntos porcentuales en EE. UU. A su vez, en Dinamarca, las cifras son del 3 % y 3 puntos, respectivamente.

En este sentido, el patrón es claro: las ganancias se dirigen hacia los accionistas —recompras de acciones, dividendos— mientras se debilita la posición salarial de los trabajadores. Una dinámica que nada tiene que ver con productividad, pero sí con la ideología empresarial.

El think tank CEPR (VoxEU) va un paso más allá. El equipo ha demostrado que la desigualdad salarial interna reduce la capacidad de los sindicatos para organizarse.

Los empleados con mayor poder de negociación individual prefieren alejarse de la negociación colectiva, lo que obliga a los sindicatos a estrategias defensivas y limita su agenda salarial. La conclusión es paradójica: la desigualdad no solo es consecuencia de la falta de sindicatos, también es una de sus causas.

Más sindicatos, mejores comunidades

El Economic Policy Institute aporta cifras reveladoras. Entre 1979 y 2024, los salarios medios crecieron más en los estados con mayor densidad sindical.

Además, los hogares en esas regiones tuvieron ingresos 12.300 dólares superiores a los de estados con baja presencia sindical y presentaron menos población sin seguro médico y mayor acceso al seguro de desempleo.

Así, la presencia sindical no solo redistribuye ingresos, sino que refuerza el tejido comunitario y la democracia local.

En el caso español, se mantiene una dinámica similar: la reforma laboral de 2012 debilitó la negociación colectiva, favoreciendo el peso del convenio de empresa frente al sectorial. En 2021, la nueva reforma trató de revertir ese desequilibrio, devolviendo fuerza a los sindicatos, pero sin el éxito esperado.

Con los datos en la mano, se desmonta el mito de que “los salarios no suben porque los trabajadores no son productivos”. Parece tener más sentido afirmar que los frutos de esa productividad no se reparten (y en este reparto el papel de los sindicatos vuelve a ser central).

Ares apunta en su publicación a algo capital: ningún derecho laboral —de la jornada de ocho horas al salario mínimo— fue fruto de la generosidad empresarial. Todos nacieron de la lucha colectiva y del poder de negociación entre las partes implicadas.

La reforma laboral ya se ha aprobado. Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición ya ha salido después de meses de negociación con los agentes sociales. Un acuerdo que el Ejecutivo celebra como un logro, pero que no es ni de lejos lo que quería.

Se trata de una reforma muy tibia que deja la posición del mercado laboral español prácticamente igual que estaba, siendo las medidas bastante conservadoras para tratarse de un gobierno de coalición de izquierdas.

Y la reforma es solo el primer ejemplo de lo que se viene. Porque nos deja una enseñanza más allá de su contenido: el Gobierno ha fiado sus medidas estrella en materia económica a la negociación colectiva. Algo que, en principio, está muy bien, pero que puede generar un problema social.

Veamos por qué.

¿Qué pasa con los más vulnerables?

En concreto, el Gobierno acaba de anunciar que no va a subir el salario mínimo antes de que acabe el año, algo que también estaba entre sus planes y anunciaba Yolanda Díaz hace unos meses a bombo y platillo.

Sigue estando en sus planes hacerlo, pasando de los 965 actuales a 1.000 euros en 2022 y 1.045 en 2023. Pero no quiere abordarlo por Real Decreto, sino negociando de nuevo con los agentes sociales. Tan contentos están con el resultado de la reforma que no quieren jugársela y prefieren acordarlo con empresarios, por un lado, y sindicatos, por otro.

Y todo eso sería fantástico si estuviesen en ambos bandos bien representados los intereses de uno y otro colectivo. El problema es que esto no es así.

Porque los intereses de los más vulnerables no están representados en estas negociaciones. Si lo estuvieran, la reforma laboral recién firmada no tendría este resultado.

La cuestión es que los afiliados a sindicatos y con acción en este ámbito suelen ser empleados con antigüedad y en puestos que no corren peligro. Bien sabemos con lo que ocurre con los empleados sindicalistas en determinados sectores o empresas, por lo tanto, quienes están afiliados a un sindicato suelen ser trabajadores que no van a perder su trabajo por este motivo.

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Por otra parte, la de las empresas, hablamos de compañías grandes, con músculo, las cuales no tienen tantos problemas en cambiar contratos, subir sueldos o mejorar su burocracia interna. Pero claro, no es lo mismo una multinacional que una PYME, donde quizá solo hay un jefe para ocuparse de todo.

Por lo tanto, negociar no representa a los extremos más vulnerables de la cadena. Esos que el Gobierno siempre ha prometido proteger, pero que con estas negociaciones pueden quedar más desamparados. Al final, la acción sindical en este país es muy tibia si la comparamos con otros de nuestro entorno y muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios, que son los que negocian.

De esta forma, aunque la voluntad del Gobierno es buena, quizá en algunas cuestiones debería abordar los cambios de motu proprio si quiere que sus medidas lleguen a los colectivos que más lo necesitan.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, los sindicatos y la patronal han alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Y lo que podría parecer una buena noticia, no lo es.

El acuerdo supone, de facto, la derogación de la reforma de 2013, que no llegó a entrar en vigor de forma completa, ya que era una reforma muy escalonada. Y deja para más adelante la negociación de los puntos más conflictivos.

Los cambios de la nueva reforma de pensiones

Básicamente lo que se ha acordado es la derogación de los dos aspectos más polémicos de la reforma de 2013. Por un lado el Factor de Revalorización, que impedía incrementos de las pensiones de los ya pensionistas por más del 0,25% si el sistema estaba en déficit. Hay que recordar que la reforma de 2013 fijó este valor de una forma arbitraria, pues la recomendación del grupo de expertos sugería incluso bajadas para poder compensar este déficit, para que los gastos sigan la senda de los ingresos del sistema.

Por otro lado también se derogará el Factor de Sostenibilidad, que iba a afectar cuando entrara en vigor a los nuevos pensionistas. Este Factor calculaba la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida y no solo las cotizaciones pasadas. En principio esta parte de la reforma iba a entrar en vigor en 2019, pero se pospuso y ahora se va derogar definitivamente.

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Estos dos factores aprobados en 2013 tenían la intención de hacer las pensiones sostenibles. Fue una reforma muy polémica, en un país en el que cada vez hay más votantes pensionistas, pero que era y sigue siendo clave para que la Seguridad Social no salte por los aires.

La mejor forma de proteger el sistema de pensiones público es hacerlo sostenible, y la reforma de 2013, con sus imperfecciones, proponía soluciones para que en el medio y largo plazo el gasto no aumentara por encima de los ingresos.

El acuerdo al que han llegado Gobierno, patronal y sindicatos es un simple "que lo solucione el próximo". La derogación del Factor de Revalorización y sustituirlo por el IPC, de nuevo, es un error. Las pensiones aumentarán más rápido que los ingresos del sistema. Y derogar el Factor de Sostenibilidad sin sustituirlo por otro (dice el Gobierno que en cinco meses tienen que aprobar otro) es un brindis al sol: si de verdad lo quieren sustituir por otro que lo hagan de forma directa, pero lo cierto es que no van a encontrar uno mejor.

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Lo peor de todo esto es que el Gobierno, para rehuir la polémica, lo viste todo de un pomposo acuerdo. Pero veamos quienes son las partes: por un lado los sindicatos, que obviamente tienen interés en que las pensiones sean cuanto más altas mejor; por otro lado la patronal, que su único interés es en que no aumenten las cotizaciones sociales; es el Gobierno el que tiene que tomar las decisiones importantes e impopulares, el que tiene que ver la reforma en su conjunto. Pero prefieren, como llevamos haciendo desde los 90 excepto quizá en 2013, dando una patada hacia delante y esperando que lo solucione otro.

Lo bueno de la reforma de 2013 no llega a aplicarse

La reforma de 2013 no fue perfecta pero fue valiente. Se formó un grupo de expertos y evaluó como reformar las pensiones intentando minimizar los damnificados. El Gobierno hizo caso a bastantes cosas pero rebajó, por ejemplo, la dureza del Factor de Revalorización. Y dejó algunos aspectos de la reforma para el futuro, como la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, quizá para que la polémica se la comiera el siguiente.

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Esta reforma es un paso atrás que simplemente quita sostenibilidad a la reforma de pensiones, traspasa el coste a los jóvenes y trabajadores actuales, y emplaza a una reforma más dura al futuro. Porque el problema de las pensiones no se va a solucionar de forma mágica, las reformas que necesitamos tendrán que llegar, y cuanto menos tiempo tengamos para solucionarlo más duras serán.

El papel de los sindicatos se ha ido desvaneciendo en los últimos años en España. La prueba más palpable de esta destacada realidad es que, según un informe de la OCDE, el nivel de afiliación sindical en España representa al 13,7% de los asalariados.

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, esta tasa representa la menor en los últimos 30 años y, comparativamente al resto de países de la OECD, España asume una tasa relativamente baja en la afiliación sindical ya que la media de encuentra en el 16% de los asalariados.

Hay que decir que en esta media existen amplias horquillas. La proporción de empleados que son miembros de un sindicato, varía considerablemente entre países de la OCDE, pasando del 4,7% en Estonia, a cerca del 65% en Suecia, Dinamarca y Finlandia y el 91% en Islandia.

Factores internos de España

Durante la crisis, vimos que en España, Portugal, Grecia y Francia se aprobaron una serie de reformas laborales en las que se apuntaba directamente a la negociación colectiva y en la búsqueda de la flexibilidad laboral.

Tenemos que dirigirnos al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para ver cómo la empresa asume más poder frente al convencional colectivo. Veámos el primer y segundo punto del artículo.

Art. 41

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa [...]

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

Todas las reformas tenían como objetivo fortalecer la negociación a nivel de empresa y dar más flexibilidad a la empresa en caso de crisis económicas. En el caso específico de España, la reforma de 2012 perseguiría el principio de conceder prioridad a los acuerdos a nivel de empresa sobre los de nivel sectorial o regional. Esto aportaba un mayor grado de adaptabilidad de la empresa frente a las dificultades existentes y sortear las eventuales quiebras.

La reforma también facilitó que las empresas pudieran optar por no participar en los acuerdos de nivel superior. Eso se refiere a los representantes de los trabajadores o remitiendo unilateralmente la cuestión al arbitraje de un organismo público tripartito.

Por ello, se ampliaba la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente los salarios, las horas de trabajo y horarios de trabajo que remiten el asunto, y si persiste el desacuerdo, al arbitraje de un organismo público tripartito.

Los resultados de estos cambios legislativos es un incremento de los convenios de negociación colectiva, pero no a nivel sectorial, sino de empresa. Si en el año 2012, los convenios de empresa eran 3.234, cinco años más tarde se incrementaron hasta los 4.555. Mientras tanto en el mismo período, los convenios superiores se mantuvieron entre un rango constante entre 1.100 y 1.200 convenios.

Los sindicatos dejan de importar. La tendencia global se encuentra en declive

Lo cierto es que si examinamos los países desarrollados de la OCDE, vemos un claro declive en lo que se refiere a poder de los sindicatos porque cada vez son menos los afiliados de los principales sindicatos de un país.

Nos encontramos con un claro efecto generacional. Las generaciones más jóvenes de trabajadores tienen una propensión sistemática menor a la unión que las generaciones anteriores. Esta menor propensión a la unión podría provenir de diversos factores, incluidos los cambios en las preferencias, o los cambios en el entorno institucional.

Los trabajadores llegan a la mayoría de edad y "aprenden" sobre el mercado laboral en un entorno en el que la sindicalización es más restringida, menos eficiente, o están menos valorado socialmente, y por ello, podrían tener una menor propensión a la sindicalización como resultado.

Otra explicación frecuente del declive de los sindicatos es que proviene de los cambios en la estructurales de la economía, y, en particular, de la contracción del sector manufacturero generalmente muy sindicalizado, y el aumento del sector de los servicios, en el que los trabajadores tienden a estar menos sindicados.

Esto lo podemos ver perfectamente en España, conocido como el efecto de la tercerización de la economía. Esto implica pasar de una economía basada en la agricultura, la ganadería y la pesca, a una economía en la que el mayor peso lo tiene el sector servicios en el PIB y la población ocupada.

El aumento de la prevalencia de formas de empleo atípicas, como los contratos a tiempo parcial y de plazo fijo, o el empleo a través de las empresas de trabajo temporal, es otro posible impulsor de la disminución de la densidad. De hecho, en los países de la OCDE, los trabajadores "no estándar" tienen una tasa de sindicalización más baja en comparación con los "estándar".

El aumento de la proporción de formas de empleo "no estándar"" podría, por lo tanto, impulsar la sindicalización hacia menores tasas de sindicalización. Una mayor rotación de puestos de trabajo y una menor permanencia media en el empleo, lo que da lugar a un limitado apego de los trabajadores a sus puestos de trabajo, también podría reducir sus incentivos para unirse a los sindicatos, así como sus oportunidades para hacerlo.

En último lugar, tenemos la competencia intersindical para los miembros del sindicato y la fragmentación que también se identifican como posibles impulsores del declive de la unión. Los procesos de unión conceden mayores poderes de negociación y esa descentralización, si bien se adapta más a la realidad de la empresa, al mismo tiempo, implica una pérdida de poder de esa mancomunidad.

El papel de los sindicatos hoy

A día de hoy, vemos que en dos tercios de los países de la OCDE, la negociación colectiva tiene lugar predominantemente a nivel de empresa.

Los acuerdos sectoriales solo desempeñan un papel importante en los países de Europa continental. No obstante, esto no cuenta toda la historia sobre el grado real de centralización o descentralización, porque los países difieren enormemente en cuanto a la flexibilidad de los acuerdos a nivel de empresa para modificar las condiciones establecidas en acuerdos de nivel superior.

En primer lugar, en algunos contextos (en particular en los países escandinavos), los acuerdos sectoriales definen el marco general pero dejan un margen considerable para la negociación en la empresa. De hecho, en los pasos caminados carecen de salario mínimo y son los sindicatos los que buscan conjuntamente a los representantes de las empresas del sector establecer el nivel de salarios oportunos según la evolución sectorial y la productividad.

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En segundo lugar, en otros países (como Alemania, Austria y, más recientemente, España), los sindicatos dominan los acuerdos, pero dejan margen para que se apliquen acuerdos de nivel empresarial menos favorables de forma generalizada o solo temporalmente en caso de crisis.

En un tercero grupo de países (incluidos Italia, Eslovenia y, a pesar de la reforma de 2012, Portugal), a nivel de empresa la negociación sigue siendo limitada y en la mayoría de los casos estrictamente regulada por acuerdos de nivel superior.

Hubo un tiempo en España que cada vez que se hablaba de los problemas del alquiler era para denunciar la precaria situación en la que se encontraban los propietarios ante los abusos de los inquilinos: destrozos, morosidad, ocupación... Durante años, esa falta de seguridad jurídica ha sido esgrimida como el motivo por el cual el parque de viviendas vacías en España supera el de cualquier país Europeo.

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria no solo no se ha conseguido garantizar a los propietarios la seguridad deseada, sino que ha surgido un nuevo problema. Ahora, la indefensión también afecta a los inquilinos. Hasta tal punto, que las principales organizaciones sociales implicadas en la defensa de las situaciones de exclusión inmobiliaria se han unido para poner en marcha los llamados Sindicatos de Inquilinos.

La idea no es nada revolucionaria. Las experiencias de sindicatos o asociaciones de inquilinos agrupados para evitar los abusos de sus caseros son centenarias en países, como Austria o Suecia, y generalizadas en el mundo anglosajón y europeo. La gran duda es si, dadas las peculiaridades del mercado de la vivienda español, estas iniciativas pueden tener recorrido aquí o quedarán arrinconadas como un efímero sindicato sin patrón.

Nunca, hasta los últimos años, en España la precariedad de los inquilinos se había tomado como un problema social, quedaba en el ámbito de los problemas privados de personas o familias más desfavorecidas. El alquiler, además, siempre ha sido el plan B. Apenas el 30% de las familias viven en ese régimen frente al 70% que se decanta por la propiedad. Todo lo contrario a lo que ocurre en la mayoría de los países europeos. Esta situación también implica que no existan, hasta ahora, grandes propietarios de viviendas destinadas al alquiler y que el mercado de propietarios esté totalmente atomizado.

La crisis supuso un punto de inflexión también en esta situación y propició un potente cambio de conciencia social. Muchas familias, de las que se podrían llamar "normales" se quedaron fuera del circuito de acceso a viviendas en propiedad al perder el trabajo y el acceso al crédito. Los desahucios de propietarios e inquilinos se multiplicaron desde entonces.

En 2013, la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas echó más leña al fuego. Tratando de paliar la mencionada indefensión del propietario, ese texto legal reduce el tiempo máximo de los contratos de alquiler de cinco a tres años. Más seguridad para los propietarios pero, según sus detractores, atenta contra quienes pretenden establecer un proyecto de vida a largo plazo sin comprar una vivienda.

A todo ello se suma el fenómeno (ya analizado en este Blog) de los alquileres turísticos. En ciudades como Barcelona o Madrid está contribuyendo a disparar los precios de los alquileres y obligando a los inquilinos de toda la vida a desplazarse a barrios más periféricos en un fenómeno que de expulsión económica que se conoce como gentrifricación.

Desde el estallido de la crisis, diferentes organizaciones sociales empezaron a preocuparse de este tipo problemas desde plataformas de vecinos como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Cataluña (FAVIBC) hasta otras organizadas expresamente para atender los nuevos problemas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ahora, éstas junto a otra quincena de ellas se han unido para replicar una organización muy habitual en otros países como es la Unión de Inquilinos. El pasado 9 de mayo se presentó en en sociedad, en Barcelona, el Sindicat de Llogaters. Apenas tres días después, el 12 de mayo, nacía el Sindicato de Inquilinos Madrileño.

El nombre elegido, sindicato, tal vez no refleje muy bien en concepto su actividad, que como explicaron los fundadores de la plataforma de Madrid, está más cerca de lo que hace un lobby, es decir un grupo de presión con intención de influir en "los espacios en los que se dictan los precios".

Habrá que esperar a que echen a andar para ver qué margen de maniobra e influencia tienen estas organizaciones que han tomado como referencia algunas de las experiencias internacionales más destacadas. "Hemos tenido una intensa relación con los compañeros de Alemania y Gran Bretaña sobre todo, para poner en marcha el sindicato. Aunque somos conscientes de que su parque de viviendas en alquiler es totalmente diferente al nuestro", explica Albert Arnau, presidente de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, una de las integrantes del nuevo Sindicat de Llogaters.

Las uniones de Inquilinos, experiencias casi centenarias

Las referencias son múltiples. Las primeras uniones de inquilinos datan de principios del siglo XX. La Mietervereinigung austríaca, es una de las pioneras ya que lleva en funcionamiento desde 1911. En 1923, hay referencias en Gran Bretaña de que organizaciones de inquilinos de granjas rurales habían conseguido presentar un representante en las elecciones locales. En Suecia también se habían dado ya las primeras experiencias.

En 1924 austriacos y suecos se unieron para poner en marcha el Sindicato Internacional de Inquilinos con la idea de contrarrestar el poder de la recién creada Asociación Europea de Propietarios. Pronto se unió también la organización alemana muy activa en la defensa de los inquilinos en la depauperada Alemania de preguerras. Su grito de "Inquilinos de Europa unios" lanzado en 1296 quedó ahogado apenas llegaron los primeros rumores de enfrentamiento bélico. La Segunda Guerra Mundial dejó el proyecto en letargo y no fue hasta los años 50 de siglo pasado cuando volvió a retomar el brio. En octubre de 1957 se constituyó formalmente lo que es ahora el Sindicato Internacional de Inquilinos con las asociaciones de: Austria, Suiza, Alemana del Este, Dinamarca y Suecia. Las últimas organizaciones en adherirse a este Sindicato Internacional son las dos españolas y, en total, ahora cuenta con 67 asociados de 46 países de todo el mundo.

Pero si hay una época dorada en este tipo de activismo esa es la de los años setenta del siglo XX. En 1974 se publica la Carta Internacional del Inquilino a modo de carta de los derechos humanos, pero centrada en el derecho a la vivienda de calidad y asequible. Durante esa década también es cuando comienzan a proliferar asociaciones, uniones o sindicatos de inquilinos en las principales ciudades estadounidenses como Nueva York, San Francisco...

Desde ese mismo año, la organización Cushing Dolbeare, National Low Income Housing Coalition analiza los datos del mercado inmobiliario estadounidense para denunciar el gap existente entre los salarios medios y los precios de los alquileres y alertar públicamente de las dificultades de las familias medias para acceder a viviendas decentes. El activismo inmobiliario ha conseguido en EEUU la aprobación de numerosas leyes que autorizan los alquileres de precio controlado que evitan subidas disparatadas de las cuotas. Lo cual no evita los continuos enfrentamientos entre propietarios e inquilinos. En un país donde es posible que un solo propietario sea el 'casero' de centenares o miles de arrendatarios es fácil encontrar asociaciones o uniones de inquilinos contra un único casero.

Tal vez, uno de los casos más famosos de este activismo contra un único casero, sea el que se organizó en los años 80 contra el que ahora es presidente de los EEUU. Los inquilinos de uno de los edificios de** Donald Trump** en la quinta avenida de Nueva York se unieron para luchar en los tribunales contra sus abusos. El empresario había comprado un inmueble en frente de Central Park e inició una política de acoso para conseguir que inquilinos que hasta entonces disfrutaban de rentas controladas muy por debajo de la media de los alquileres de la zona abandonaran su propiedad. Como ha contado el periódico The New York Times, la labor de las asociaciones de inquilinos fue clave para luchar contra el magnate.

Nueva York es uno de los mejores ejemplos de las subidas abusivas de los alquileres y donde la gentrificación es más habitual. Casi dos tercios de las casas en Nueva York son de alquiler. La presión de las asociaciones de inquilinos desde los años setenta del siglo pasado ha conseguido que el 65% de las viviendas tengan alquileres estabilizados. Es decir, cuantías que son establecidas cada año por un organismo nombrado por el alcalde. Además, las leyes estadounidenses obligan a las oficinas de vivienda municipales a informar a los inquilinos de la existencia de este tipo de sindicatos tanto los públicos como los privados. Incluso, existen normas que impiden discriminar a los inquilinos que formen parte de estas organizaciones que son similares a las que rigen para los trabajadores que se adhieren un sindicato tradicional.

A pesar de esas precauciones, son emblemáticos ejemplos de gentrificación como el del barrio de Harlem. En la actualidad, son los vecinos de Brooklyn, organizados en torno a la Crown Heights Tenants Union, quienes están tratando de impedir que vecinos con rentas asequibles estén abandonando el barrio dando paso a otros de clases más pudientes.

En Europa, el poder lo apuntalan las bases

En Europa, el poder de las uniones de inquilinos se ha forjado ganando socios. "Las cuotas de los socios son la mejor manera de mantenerse independientes y convertirse en un actor de peso en la sociedad alemana", asegura Albert Arnau.

Las asociaciones con mayor fuerza como la German Tenant Asociation no solo consiguen regulaciones más justas para los inquilinos también han llegado a negociar descuentos en suministros, e incluso en actividades culturales y sociales que nada tienen que ver con la vivienda. Su última conquista, consiste en lo que según ha explicado Magnus Hammar, presidente de Unión Internacional de Inquilinos, en una entrevista publicada en Eldiario.es, se llama "freno de los alquileres". Una legislación que impide, en un centenar de ciudades, que suban los alquileres más de un 15% en tres años. La clave de este éxito no es que esto se impida cuando los inquilinos están ocupando la vivienda, es que tampoco se puede hacer en el momento del cambio de contrato, puesto que es en ese caso cuando se disparan los precios. "Además, ofrecen potentes servicios de asesoría jurídica a disposición de todas las necesidades de los inquilinos", cuenta Arnau.

Tomarlos como referencia está bien, pero los recién creados sindicatos españoles son conscientes de igualar a sus hermanos mayores es un reto complicado. Solo por comparar datos. La organización de inquilinos germana cuenta con 1,2 millones de asociados. Los sindicatos mayoritarios de trabajadores españoles apenas llegan al millón.

Los británicos, otros de los principales interlocutores de los sindicatos españoles, basan su poder de negociación en asociados institucionales. Este modelo que también es el que prolifera en Holanda, por ejemplo, da protagonismo a entidades privadas sin ánimo de lucro de que ofrecen alquileres asequibles de manera organizada y que son las que se unen para negociar con las administraciones públicas o los grandes propietarios. Nada que ver con el cuerpo a cuerpo que implica en España negociar el precio de un alquiler."Tal y como está ahora la legislación española, estamos hablando de contratos privados en los que las condiciones se fijan entre las partes. El margen de presión por parte de un externo es nulo", explica el abogado Marcelino Tamargo.

Tal vez el modelo que más podría encajar con la idiosincrasia del alquiler español es el que está presente en países como Austria o Finlandia. Allí, la defensa de los derechos del inquilino se gestiona de forma similar a la de cualquier consumidor, a través de organizaciones con capacidad de presión política, pero también receptoras de fondos públicos. Es decir, exactamente igual que funcionan en España los sindicatos de trabajadores de toda la vida. Aunque no es que este sea el mejor ejemplo de organización de éxito al que se puede recurrir, al menos, en este momento histórico.

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El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley del gobierno para liberalizar el sector de la estiba. Se trata de una situación con muy pocos precedentes: es la tercera vez en cuatro décadas de régimen democrático en que el Congreso tumba un decreto gubernamental. El PP comienza así a experimentar las consecuencias de un gobierno en precaria minoría.

La reforma del sector pretendía acabar con el monopolio de las denominadas SAGEP ('sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios') en la contratación de estibadores. Este monopolio tiene su origen en un privilegio concedido por la dictadura de Franco a los veteranos de la División Azul que se ha mantenido intacto hasta ahora: cualquier empresa que quiera operar en los puertos españoles se ve obligada a contratar estibadores de la SAGEP correspondiente.

Semejante situación atenta contra las leyes comunitarias sobre la competencia, de modo que la Comisión Europea denunció al estado español. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión falló a favor de la Comisión, en una sentencia que además condena a España al pago de las costas judiciales. El decreto ley rechazado por el Congreso pretendía dar cumplimiento a la sentencia del tribunal, pero su rechazo abre una incógnita: ¿cuáles son las consecuencias del desacato de España a la justicia europea?

Multas diarias pagadas del bolsillo de todos hasta que se logre un acuerdo

Desacatar las sentencias europeas no es algo que le salga gratis a los estados miembros. En este caso concreto, España deberá pagar una multa de 23 millones de euros, correspondientes a una multa diaria de 27.500 acumulada desde la publicación de la sentencia. Ahora, a esa cantidad hay que sumar una cantidad adicional de 134.000 euros por día hasta que la reforma llegue a implementarse.

La activación de la segunda multa no es automática, para ello tiene que haber una segunda sentencia en contra de España: la primera por incumplir la normativa, la segunda por no tomar medidas correctivas. Existen varios precedentes de multas similares a varios estados (incluyendo España) y el ministro De Guindos ya ha asumido que la segunda sentencia es inevitable.

Un posible acuerdo también tendrá impacto en las arcas públicas

La solución gubernamental para resolver el problema tampoco era barata para el bolsillo público. El gobierno había propuesto un generoso plan de prejubilaciones para los estibadores, con un coste de 250 millones de euros (actualmente se jubilan a los 55 años). A ello habría que sumar 350 millones de euros asumidos por la sociedad pública Puertos del Estado para hacer frente a despidos y otras indemnizaciones asociadas a la liberalización. En total, una cantidad equivalente a pagar la multa europea durante unos 12 años.

Sin embargo para la patronal del sector esta cantidad era insuficiente, y exigían que el gobierno cubriese el coste total de las prejubilaciones (250 millones adicionales sobre lo comentado anteriormente). Esta fue una de las razones fundamentales por las que los estibadores amenazaron con paralizar los puertos españoles en caso de aprobarse el decreto.

¿Se podría mantener el régimen actual?

Al margen del coste de la multa diaria, mantener un régimen que atenta contra la legalidad europea podría acabar causando un conflicto importante con nuestros socios. Pero además, el sistema actual es un monopolio ineficiente, que viene suscitando problemas y quejas ya desde principios de los años 80. Los puertos son un sector clave para la economía española ya que a través de ellos sale el 85% de sus exportaciones, y por tanto es crucial que operen de una forma eficiente.

Sin embargo el actual monopolio de la estiba incrementa los costes de los puertos españoles, perjudicando las exportaciones del país: la estiba supone el 53% del coste de manipulación de mercancías en los puertos españoles, frente al 38% de media europea. Este sobrecoste se debe fundamentalmente a los altos salarios y la rigidez laboral de la plantilla de estibadores.

Mantener el sistema actual supone además desperdiciar la oportunidad de reducir los costes de exportación e importación, lo que, según la consultora PwC, podría llegar a aumentar el PIB español un 0,22% y crear 18.000 nuevos empleos. Por tanto, más allá del coste de la multa europea, mantener el actual régimen supone seguir prolongando un problema enquistado durante décadas y limitar el potencial de las exportaciones españolas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un Informe titulado “España: Crecimiento con Empleo” que habla del mejor plan de acción para establecer las condiciones necesarias para asegurar que España no caiga en el crecimiento sin la "creación de empleo", que está procupando alrededor del mundo. Este sistema también debe ser justo, para equilibrar las medidas para la creación del trabajo con la protección social.

Con los tantos anuncios del gobierno español que ya somos líderes en Europa en el crecimiento económico y con los anuncios regulares de que la economía española está creando empleo, me temo que estos líderes continúen haciendo lo que están haciendo, que es anunciar medidas, pero sin implementarlas, anunciar medidas inútiles o, peor, perjudiciales, y seguir esperando a que el carro mundial de crecimiento nos impulse a nosotros también.

Elementos preocupantes

Hay tres elementos muy preocupantes, no sólo ahora pero cara al futuro mercado laboral español, que no veo que se esté haciendo mucho para atender, incluyen:

• Con las cifras que nos dan, que el 60% de los solicitantes de empleo han estado desempleados por más de un año y 42% durante más de dos años, se teme que gran número de trabajadores estén ya marginados del mercado laboral español.

• Con el gran número de jóvenes desempleados, añadido al alto nivel de abandono escolar que se vió durante muchos años, el futuro laboral de este segmento importante se ve muy precario, poco flexible, poco gratificante, y mal compensado.

• Con la pérdida de condiciones, con la reducción de sueldos (y hablo de los que están más bajos en el rango) y con la progresiva eliminación de los derechos de los trabajadores, la economía española saldrá de la crisis con un mercado laboral muy débil, muy precario y muy mal compensado.

Queda mucho por hacer

No sólo nos queda mucho esfuerzo para volver a donde estábamos antes de que estalló la crisis pero donde estábamos, durante los muchos años de boom económico, no estábamos como para felicitarnos, especialmente en temas de empleo y de desempleo.

La OIT dice que, con la recuperación que se está viendo en España, la tasa de desempleo española no volverá a los niveles anteriores a la crisis hasta por lo menos dentro de una década, sin decirnos que incluso antes de que estalló la crisis, España tenía un nivel de desempleo más de la mitad de lo que tiene ahora, pero que era el doble del entonces desempleo europeo.

Por lo menos cuando nos dice que hay que "asegurar un crecimiento económico sostenible" también dice que hay que "evitar una mayor erosión de las condiciones sociales". Es bueno ver que alguien está pensando en las condiciones sociales de los trabajadores.

El estado ex-ante tampoco era aceptable

Lo que falta es que, primero, hay que ver cómo y cuándo volvemos a la situación ex-ante pero, también, pensar en cómo se establece un programa, vinculado al crecimiento de la productividad, para que estas condiciones se pueden mejorar. La situación ex-ante tampoco era aceptable.

Recomienda reevaluar la reforma laboral, muy bien dicho, y menciona varios elementos para ayudar cara al futuro:

• mejoras en el diseño de las políticas activas de las Comunidades Autónomas

• de las bonificaciones a la contratación

• de la formación para el empleo

También nos dicen que los costos a corto plazo de introducir estas medidas, que son inversiones, son bastante contrarrestados por los beneficios del largo plazo.

La crisis ha golpeado

Dentro de todo esto, nos resaltan las condiciones económicas que continuarán siendo una carga para la economía en el intento de salir con un crecimiento rico en creación de empleo:

• el volumen de la economía española es menor que en 2007

• el ingreso medio de los españoles ha disminuido un 8%

• la inversión productiva, que se sitúa en menos del 18% del PIB, que sigue siendo insuficiente para mantener los futuros beneficios que pueda traer consigo la salida de la crisis. Desgraciadamente España destaca.

Las reformas de siempre - hablar sin hacer

En este contexto, sacan de la manga de las otras organizaciones multilaterales las reformas de siempre, siempre pedidas pero poco vistas. Resaltan algunas específicas enfocadas al mercado laboral, que explican brevemente en el informe:

• La consolidación de la recuperación del empleo podría favorecerse, en primer lugar, promoviendo el crecimiento empresarial y la diversificación económica:

• Promover el funcionamiento del mercado crediticio, en particular para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

• La mejora de la financiación de la cadena de suministro, ya que solo dos de cada diez empresas en el país que venden productos reciben sus pagos en treinta días.

• Simplificar los trámites administrativos y la carga fiscal para establecer y desarrollar una empresa, incluso los trámites de los tres niveles administrativos.

• Fomentar las inversiones productivas y ampliar la base industrial.

¿Y las cuentas públicas?

Tambien comentan el ajuste de gastos dentro de la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, al mismo tiempo que protegen y fortalecen las medidas sociales y de empleo que es el mejor medio de crecer el empleo. Mencionan algunas posibilidades:

• Que se puede reasignar los recursos y cambiando las prioridades, por ejemplo, concediendo más importancia a la formación y no tanta a los subsidios y no olvida de mencionar que este tipo de gasto estatal fomenta el crecimiento, con el resultante impulso a los ingresos del Estado. No todos estamos convencidos que los gastos estatales son para aumentar el crecimiento.

• Podrían obtenerse más recursos cerrando brechas existentes en el sistema fiscal, a través de las reformas administrativas, abordando, por ejemplo, el trabajo no declarado, o mediante el adelanto de recursos disponibles del Fondo Social Europeo.

En este contexto, nos mencionan algunas medidas:

• Considerar la creación de un órgano tripartito de monitoreo laboral y social.

• Reforzar la función de la OIT en el apoyo a una recuperación intensiva en empleo.

Estas medidas han sido reiteradamente reclamadas en estas páginas pero, como requiere decisiones políticas, seguimos esperando verlas. No obstante, sobre el control de las cuentas públicas no dice nada.

Volveremos al desastre de la troika

Desgraciadamente, no da recomendaciones específicas y necesarias sobre cómo hacerlo. Lo que si dice es que la OIT "está preparada para ayudar al gobierno, los empleadores y los trabajadores y a sus organizaciones" para llevar a cabo lo que pide.

Lo que nos faltaba. El gobierno español tomará las riendas y seguirá su camino habitual. Convocará a la troika, reuniéndose con la patronal y los sindicatos y darán a los trabajadores más de lo mismo, que ha sido más precariedad, más fácil despido, menos sueldos y menos protecciones, como si una economía con 25% de desempleo y con casi todos mileuristas necesita más fácil despido y menos sueldos.

Como vemos, España no está creando empleo, incluso con el poco crecimiento que tiene. Si buscamos soluciones a través de esta Troika estamos perdidos.

No obstante, un Informe detallado e interesante.

En El Blog Salmón | Estrategias para avanzar en el empleo, según la OIT, Fuerte descenso en los datos del paro del mes de abril y La OIT analiza el estado del desempleo a nivel mundial

¿Quién no ha estado 18 años enganchado a un contador de la luz que no es el suyo? ¿Quién no ha desviado 15 millones de euros de cursos de formación si ha tenido ocasión? Estas son sólo dos muestras de las últimas noticias que han saltado a los medios de comunicación y que hacen perder la fe en la gestión de los recursos públicos.

En el primer caso, una delegación de UGT de Elda, considera que es más rentable que la electricidad de su sede la pague la comunidad de vecinos en la que tiene el local. Esto se podría considerar una afiliación sindical obligatoria para los comuneros pero que nos da una idea de la honestidad y honradez de los representantes locales de dicho sindicato en la gestión de los recursos públicos que le asignen. Respecto a la patronal madrileña, el tema es mucho más serio todavía, lo primero por el volumen defraudado y lo segundo porque han copiado las prácticas que ya se denunciaron en estas mismas páginas al UGT Andaluza, pero multiplicando por varias unidades la cantidad defraudada.

Está claro que necesitamos organizaciones que defiendan nuestros intereses, por un lado, los sindicatos, que tenemos ya unos pocos escándalos sobre la mesa y por otra parte, la patronal, sus representantes que van saltando de charco en charco y de escándalo en escándalo y apropiándose de todo lo que pueden por el camino.

Con interlocutores sociales así, desde luego que vamos perfectamente representados y que la cuestión de la picaresca y latrocinio español, no es una cosa del siglo de oro sino que está más vivo que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir asignando recursos públicos a organizaciones que tienen estos modelos de gestión? Se hace imprescindible una revisión de los criterios de la asignación de los recursos públicos y lo lógico sería prohibir la concurrencia pública a concursos y subvenciones a cualquier organización en donde la honradez y transparencia brille por su ausencia.

En El Blog Salmón | Los cursos de formación si que sirven Imagen | miguel ángel pelegrí

Hay cosas que merece la pena explicar. Por ejemplo que eso del Patrimonio Sindical. Algo de lo que no se habla mucho, especialmente para evitar preguntas embarazosas. Es un tema que puede ser todo lo complejo que queramos, pero del que conviene que tengamos una serie de nociones claras.

A partir del fin de la dictadura franquista se empezó a mover el asunto del denominado patrimonio sindical, patrimonio que estaba dividido en dos grandes bloques, en función del origen del mismo.

Patrimonio Sindical Histórico

Por un lado el Patrimonio Sindical Histórico, correspondiente al patrimonio incautado a los sindicatos tras la Guerra Civil. Si hacemos memoria esos sindicatos son básicamente UGT, CNT y ELA-STV. Esto se resuelve en su momento con el pago de unas cantidades y la entrega de unos inmuebles donde unos rascan sustancialmente más que otros. Un esfuerzo, a ver si sois capaces de adivinar quien es el que rascó más. Bingo: UGT, a la que se le reconocen 149 millones de euros y 26 inmuebles € Dos apuntes sobre el tema:

• Por un lado una cuestión de fechas, (la del marco legal que aborda el asunto, de 1986, y la de la toma de decisión sobre la indemnización/restitución, 2006)

• Por otro, busquemos las semejanzas entre la suma finalmente recibida y los 151 millones que se adeudaban al ICO por el fiasco del caso PSV. Es curioso como se cuadran las cuentas.

Frente a esto, un sindicato igual o más potente que UGT en la etapa prefranquista como era CNT apenas recibe unas migajas (o ni eso, ya que en su web siguen afirmando que aún no han recibido nada), lo que lógicamente no les sienta nada bien. Y es que las excusas son de mal pagador. No hay más que ver la flexibilidad del Real Decreto Ley 13/2005

Al competidor actual de UGT, CCOO, tampoco le sienta nada bien. Fidalgo definió esta decisión como subvencionar de manera artera a UGT a cuenta del erario público. Si, lo dijo el secretario general de CCOO, no yo.

Patrimonio Sindical Acumulado

Claro que CCOO tampoco debería quejarse mucho, ya que ellos, al igual que UGT y las organizaciones empresariales se han visto beneficiadas por el Patrimonio Sindical Acumulado, aquellos inmuebles propiedad del Estado y que derivan de los antiguos Sindicatos Verticales, y que se adjudican en cesión de uso.

A quién? Pues como decía fundamentalmente a CCOO, pero también a UGT y a las organizaciones empresariales. En este caso, si no me equivoco a CNT no le dan nada, al ser el criterio el de la representatividad sindical,y oponerse este sindicato a las elecciones sindicales, siendo USO otro perjudicado en el reparto de esta piñata.

Es decir, a estas organizaciones, patronales y sindicales, además de las múltiples subvenciones que ya reciben les estamos financiado todo el tema de la infraestructura de locales. ¿O de donde creéis que sale el dinero para esos inmuebles en los centros de las ciudades?

Dice Méndez en el video con el que arranca el post que aquí había que resolver una injusticia. Que cada cual juzgue al respecto

Más información | Historias de España, CGT, El Patrimonio Sindical Acumulado En El Blog Salmón | Comentarios al Manifiesto neonacionalsindicalista (I), (II), (III)