El problema de la vivienda en España, lejos de solventarse, sigue en aumento. La especulación y el protagonismo del alquiler sobre la compra, sumado a la elevada inflación y la subida de tipos, hace preguntarse por qué en España ya no se construyen Viviendas de Protección Oficial (VPO) como en antaño.
Solo hay que ver los datos para comprobar que en los años 80 se construían anualmente unas 100.000 VPO, mientras que en la actualidad apenas se alcanzan las 10.000. Con estas cifras, se puede afirmar que el peso de las VPO en el conjunto total de las viviendas construidas ha pasado de ser del 60% a un 10% en la actualidad.
España vuelve a tropezar una vez más con la misma piedra en el asunto de las VPO, y la nueva Ley de Vivienda no ayuda a acabar con esta problemática que eclipsa por completo el parque inmobiliario.
Según datos aportados por la Asociación Hipotecaria Española, en base a los valores de tasación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la actualidad hay 11 provincias españolas en las que el precio de las VPO supera a las de mercado libre.
La producción de VPO ha caído en picado en los últimos años, desplomándose durante la última década en torno al 82%. De este modo, se aprecia una transición acusada de la producción media de más de 53.000 unidades en 2012 a las apenas 9.264 VPO nuevas que tenía España en 2022.
En los años 80 se construían anualmente sobre 100.000 Viviendas de Protección Oficial. Actualmente, menos de 10.000.
— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) April 14, 2024
De hecho, el peso de las VPO en el total de viviendas construidas pasó de ser el 60% al actual 10%.
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Este fenómeno se produce en las provincias de Teruel, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, León, Lugo, Toledo, Córdoba, Albacete, Ourense y Castellón. En estas regiones, las diferencias entre los dos tipos de casas varían desde solo nueve euros por metro cuadrado.
Causas principales de la caída de las VPO
El desajuste temporal o que la oferta de vivienda libre sea un parque deteriorado o mal localizado influye en esta situación, por lo que el interés de compra es menor. Los precios son más bajos en aquellas zonas menos pobladas y evolucionan por encima de la VPO. También es un fenómeno que se produce en un ciclo bajista del mercado, tal y como sucedió durante la crisis inmobiliaria de 2008.
Las VPO han pasado a ser una cuestión política, una carencia y un ejemplo de mala gestión del Gobierno. Los últimos gobiernos se han dedicado a presumir y a ensalzar el derecho a la vivienda y el acceso a las VPO, pero pocos se han centrado en fomentar su construcción.
Históricamente, han sido las promotoras privadas las que han llevado el peso de la construcción de este tipo de viviendas, impulsoras del 85% de las VPO puestas en marcha en España.
No es vivienda pública descalificada y perdida, sino que nunca ha sido vivienda pública pese a los méritos y condecoraciones que reclama la Moncloa. Nunca ha recibido la dotación presupuestaria necesaria, sin un marco jurídico-económico que ampare a los promotores para ostentar la máxima rentabilidad en su construcción.
Una mala gestión del Ejecutivo
A raíz de la crisis de 2008, se eliminaron todos los modelos de subvención y de financiación ventajosa para las VPO, existiendo más restricciones que ventajas. Pese a la recuperación del mercado residencial, la subida de los costes de producción y de los materiales en más de un 25% derivó en un nuevo ciclo alcista. A esto se le suma ‘una congelación de los módulos (precio máximo al que se puede vender la VPO).
Si se recuerda la labor de Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña decidió eliminar los topes al precio de los suelos destinados al VPO, un error, ya que si el precio está topado pero no el suelo, es imposible que los números salgan en un contexto en el que los costes de construcción no dejan de subir.
Para que la situación se revierta y la vivienda y la VPO dejen de ser la vergüenza del Gobierno de España, es fundamental que la actualización de los módulos estuviese vinculada a otros parámetros (subida de costes de materiales o IPC). Así pues, dejaría de ser una cuestión meramente política y se convertiría en un planteamiento técnico, en base al análisis riguroso del mercado.
Tampoco tiene sentido que la vivienda social esté gravada como un artículo de lujo, ya que la fiscalidad supone el 25% del precio final de una VPO. Y es que hay que evitar que el IVA suponga un coste excesivo y añadido en la operación.
Además, el motivo por el que ahora no se construyen VPO en alquiler es porque la banca no quiere financiar este proyecto a largo plazo. Los bancos, en su momento, ya comenzaron a poner serias reticencias, aunque al final se ha apostado por otros proyectos como el ‘Plan Vive’.
El futuro de las VPO es realmente incierto. España se prepara para un escenario desolador, en el que conforme pasen los años se seguirá apostando por la nueva construcción o por viviendas turísticas, en lugar de salvaguardar realmente este servicio que es, en resumen, un derecho de la ciudadanía.