Cada vez suceden cosas más inauditas en el ámbito económico que estamos viviendo en primera persona. La pandemia ha acelerado muchos cambios ante la crisis sin igual en todo el mundo que ha provocado, obligando a los estados a tomar medidas para paliarla.

En el caso que hoy nos ocupa no está tan relacionado con la pandemia, pero sí deja ver que los cambios están en un futuro más cercano de lo que pensamos. ¿Se imaginan que un día el petróleo deja de usarse? Tranquilidad, todavía no va a suceder, pero pasará, de ahí la importancia de mutar a un sistema sostenible, porque las reservas son, por un lado, finitas, y por otro, un gran agente contaminante para el planeta.

Y de ahí la necesidad de que las economías eminentemente petroleras se busquen otros medios para subsistir. Y ese es el caso de Emiratos Árabes, uno de los mayores productores de crudo del mundo y el cuarto exportador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está empezando a introducir cambios que le permitan obtener ingresos una vez que el petróleo acabe o se acabe el negocio como tal. Y eso debe rumiarse, pues hace unos días se supo que por primera vez Emiratos Árabes ha importado petróleo procedente de Estados Unidos, según una exclusiva de Bloomberg News.

Así, no ha dudado en introducir por primera vez en su historia el Impuesto de Sociedades, un tributo que no es igual que el que conocemos en Occidente. Vamos a verlo.

Un impuesto a la medida

Por lo que ya se ha avanzado, el Impuesto de Sociedades árabe se empezará a aplicar a partir del 1 de junio de 2023, por lo que aún queda tiempo. Y será del 9% solo para las empresas radicadas en los Emiratos que ingresen más de 90.000 euros al año. Algo no muy difícil teniendo en cuenta el dinero que allí se maneja y las empresas que hay. Para las que tengan menos ingresos no habrá tributación.

Y otro inciso: tampoco pagarán el impuesto las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, es decir, las petroleras. Esto es así para no perder competitividad en el mercado petrolero mundial.

Aunque a los que vivimos en Occidente este impuesto nos pueda parecer una broma en comparación con lo que pagamos aquí, pero para este estado es un paso histórico, pues no hay IRPF, ni de bienes inmuebles, ni impuestos a la inversión... Nada que aleje a los negocios de sus fronteras.

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Así, será uno de los países con un Impuesto de Sociedades más bajo del mundo, pero es un avance muy importante que indica lo que se viene a largo plazo: una economía cada vez menos dependiente del petróleo.

De hecho, ya ha dado pasos en esta línea: el pasado año Arabia Saudí vendió el 1% de Aramco, la mayor petrolera del mundo que es propiedad de Emiratos. Un porcentaje que puede parecer una nimiedad, pero que estaba valorado en 16.000 millones. Otra muestra de los cambios que se están experimentando en la región.

Por lo tanto, habrá que estar pendiente de los próximos pasos del Emirato, pues van a marcar la tendencia futura de lo que está por venir en el mercado energético mundial.

El mercado de las SICAV corre peligro. En los últimos días se ha registrado un aluvión de peticiones de cierre ante los cambios normativos que entraron en vigor el 31 de enero. Las llamadas Sociedades de Inversión de Capital Variable debían acogerse a unos nuevos y duros requisitos para seguir funcionando. Y la mayoría se ha negado.

Han sido centenares las comunicaciones emitidas por la CNMV en los últimos días de enero anunciando el cierre del tal y cual SICAV, porque el Ejecutivo ha dicho basta ante los abusos y el mal uso, valga la redundancia, de este sector.

De este modo, lo que en su origen era un vehículo de inversión muy interesante corre peligro de supervivencia por culpa de la avaricia habitual que reside en los mercados. Las condiciones ventajosas que se pusieron sobre la mesa se les han ido de las manos, y los reguladores se han puesto serios.

Sin mariachis no hay paraíso

Las SICAV son unas sociedades de inversión colectiva que requieren un mínimo de 100 partícipes y un capital de 2,4 millones de euros para tributar únicamente un 1% en el impuesto de sociedades. Unas condiciones fiscales bastante buenas.

¿Qué pasaba? Pues que los grandes inversores se aprovechaban de esto. Normalmente, era un único inversor el que controlaba el fondo, mientras que los 99 inversores restantes eran los llamados 'mariachis', hombres de paja, figurantes que no se llevaban absolutamente nada porque tampoco invertían, pues solo ponían su nombre y fin. De hecho, cuenta La Vanguardia en este reportaje que se llegaba a pedir el DNI a personas sin hogar a cambio de unos euros y se les apuntaba a una SICAV.

De este modo, se pervirtió tanto esta práctica que las autoridades han dicho "hasta aquí". A partir de ahora, según la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cada uno de los 100 participantes de la SICAV deben tener una participación mínima de 2.500 euros para poder tributar a ese 1% en Sociedades. Si no, tendrán que hacerlo al 25%, como el resto.

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Sabedor el Gobierno de que esto iba a espantar a muchas SICAV, les dio un periodo de transición hasta 2023 permitiendo liquidar los vehículos sin coste alguno hasta el 31 de enero. Y a la vista de lo que ha pasado, la mayoría ha preferido plegar velas.

Antes del cambio de normativa había 2.300 SICAV registradas en España. Veremos cuántas quedan este 2022.

¿Qué escenario nos deja esto? Pues uno bastante negro para las SICAV. Teniendo en cuenta la poca ética que han utilizado en estos años, es muy posible que el mercado acabe siendo residual en los próximos años. Pues este cambio de normativa hará que muchos grandes inversores se lleven su dinero a otros países, como Luxemburgo, donde puedan gozar de una fiscalidad laxa.

Por lo tanto, España vuelve a perder posiciones en el mercado inversor internacional. Y esta vez no ha sido por un estado duro con la inversión, sino por un mal uso de las ventajas que se les dio a las SICAV. Un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas cuando te ponen una alfombra roja para que inviertas.

El Gobierno ha presentado, después de mucho tiempo prometiéndolo, el anteproyecto de la ley de startups. El objetivo de la ley es fomentar la creación y relocalización de este tipo de empresas en España, haciendo nuestro país un sitio atractivo para atraer el talento y la inversión.

El sector esperaba con ansia esta nueva ley, ya que son múltiples las quejas que hay sobre la dificultad para crear nuevas empresas en España. Y hay que tener en cuenta que hay estudios que indican que la creación de nuevo empleo se realiza fundamentalmente en nuevas empresas y no en empresas ya establecidas.

Las medidas de la ley

Aunque lo presentado es un anteproyecto, que puede sufrir modificaciones en el Congreso y el Senado, las líneas maestras están claras y no habrá muchas variaciones.

Por un lado se reduce el impuesto de sociedades del 25% al 15% durante los tres primeros años que una startup tenga beneficios. Esta es la medida estrella del plan, ya que lleva un coste asociado.

También se favorece la tributación del impuesto de la renta de no residentes, un rescate de la ley Beckham, reduciendo al 15% esta tributación, y favoreciendo el asentamiento en España a los llamados "nómadas digitales".

También se favorece el régimen fiscal de las stock options, elevando la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales. La tributación de estas opciones para acciones era una de las críticas más importantes del sector.

Además, se favorece la inversión en este tipo de empresas, elevando la base máxima de la deducción de 60.000 a 100.000 euros y el tipo de la deducción de 30% al 40%.

Por último se mejoran algunos trámites administrativos, como la posibilidad de realizar pagos fraccionados del impuesto de sociedades, se elimina la obligatoriedad de consignar el número de identificación de extranjeros para no residentes y se facilitan los trámites para la disolución de una empresa.

La medida estrella: reducir el impuesto de sociedades

Dentro de la batería de medidas, el Gobierno destaca especialmente la de reducción del impuesto de sociedades. Entrando en detalle de esta medida, la reducción se aplicaría en el primer ejercicio que la empresa obtenga beneficios y durante los tres siguientes ejercicios. Por otro lado esta medida sería de aplicación siempre que la empresa siga siendo calificada como emergente.

Viviendo de un Gobierno que tiene como bandera la subida de impuestos y gasto, esta medida parece un gran gesto. Sin embargo su efectividad está en entredicho. No es lo que pedía y necesita el sector.

La realidad: esta medida no ayuda a la creación de startups

Para una empresa de nueva creación llegar a rentabilidad en sí es un verdadero reto. Lo difícil es crecer lo suficientemente rápido antes de que se acabe el capital. Y una vez que se llega a la rentabilidad los problemas casi se podría decir que han pasado.

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Ayudar a estas empresas una vez que han llegado a rentabilidad, con una rebaja del impuesto de sociedades, no sirve para nada. El problema es el camino hacia la rentabilidad, y hay que recordar que mientras la empresa no sea rentable, mientras no tenga beneficios, no paga impuesto de sociedades.

El problema del inicio de las startups es principalmente la burocracia y los costes laborales. La burocracia de crear una empresa ni se menciona en el anteproyecto de ley, excepto para facilitar la llegada de inversores internacionales.

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Por otro lado la reducción de los costes laborales, vía cotizaciones sociales reducidas o con salarios mínimos especiales o fuera de convenio, ni está ni se lo espera. Y es ahí donde el sector necesita ayudas, en costes que realmente tiene que afrontar en los primeros años, los más duros. En el impuesto de sociedades ni piensan al principio.

Pero claro, es más fácil cambiar la ley tocando el impuesto de sociedades, que deja una foto bonita, que facilitar los trámites para crear empresas o bonificar las cotizaciones sociales durante los primeros años, cosa que tendría un coste importante pues afectaría a todas las empresas de nueva creación. La medida del impuesto de sociedades solo afectará a las empresas que logren ser rentables.

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El Gobierno, por tanto, erra en su propuesta. Debería escuchar más al sector y entender de verdad cuales son los problemas que impiden la creación de empresas en España. Esperemos que el trámite en el Congreso y Senado mejoren la ley pero soy escéptico.

La carrera de todos los países del mundo para rebajar el impuesto de sociedades y atraer así a las grandes multinacionales ha llegado a su fin. Después de años de discusiones en la UE y la OCDE, parece que por fin estamos cerca de ver un impuesto de sociedades mínimo global del 15%.

El motivo principal es el cambio de actitud de EEUU, que con el cambio de administración de Trump por Biden ha visto favorablemente este impuesto mínimo global que principalmente perjudica a las empresas americanas. Claro que todo tiene una explicación.

El problema del impuesto de sociedades a las multinacionales

El principal problema del impuesto de sociedades es que las empresas multinacionales tienen estructura en muchos países. Cada país tiene una estructura de impuesto similar, pero distinto, y las empresas pueden aprovechar para desviar los beneficios de formas óptimas que minimicen la factura fiscal.

Para evitar este tipo de estructuras solo queda una: armonizar, no solo los tipos impositivos, sino también las desgravaciones y estructura del impuesto, que es lo que se está negociando. Y que las empresas multinacionales pasen de pagar impuestos principalmente donde está la sede a donde se producen las ventas.

El cambio de postura de EEUU

EEUU se oponía a una armonización global del impuesto de sociedades porque afecta principalmente a sus empresas. Pero la administración Biden ha cambiado de postura. Y son tres los motivos principales.

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El primero, del que no se habla mucho, es que algunos países han empezado a crear una "tasa digital" a empresas que principalmente hacen negocio a través de Internet. España, Francia y otros países la han ido aprobando ante el estancamiento de las conversaciones para armonizar el impuesto de forma global. A EEUU esto no le ha hecho gracia y de hecho ha impuesto sanciones a los países que la han adoptado.

El segundo motivo es que EEUU está en un momento de expansión fiscal y no quiere que sus propias empresas eviten el pago de impuestos en su país a través de estructuras fiscales óptimas. Por tanto este país se ha unido al carro de los que piden que las empresas paguen lo que les corresponde, también en EEUU.

Y el tercer motivo es que si controla la negociación puede limitar su alcance. En principio este impuesto armonizado afectará a las 100 compañías más grandes del mundo, con un cierto nivel de facturación y beneficios. Por lo tanto deja fuera a empresas en crecimiento lo cual podría ser un freno para la innovación en EEUU.

El escollo de Amazon

Pero toda esta estructura y próxima aprobación de un impuesto de sociedades mínimo del 15% sigue teniendo un escollo. Y es Amazon. Un gran número de los países quiere que Amazon se vea afectado por este nuevo impuesto mínimo, pero no llega al nivel de beneficios requerido.

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Es normal, Amazon se ha caracterizado siempre por impulsar su crecimiento y reinvertir todo lo que gana en expandir sus servicios. Por lo tanto su nivel de beneficios es ínfimo comparado con su facturación.

Hay que recordar que no estamos hablando solo de un impuesto mínimo a nivel global sino que los impuestos se paguen donde se produzcan las ventas, lo cual es un cambio importante en la estructura del impuesto.

Sin embargo es muy posible que este escollo se vea superado pronto y veamos un acuerdo. No en vano cuando empezó a discutirse este asunto hace años se hablaba de un impuesto mínimo global del 12%, luego durante este año EEUU impulsó la cifra del 21% y ahora se ha llegado a un acuerdo del 15%. No es de extrañar que avancen en los flecos que quedan y se acabe la carrera global de rebajar este impuesto para atraer multinacionales.

Con la globalización el número de multinacionales que operan en muchos países se disparó. Y junto con ello la posiblidad de que estas grandes empresas localizaran sus beneficios donde más les convenía. Es por ello que los distintos Gobiernos del mundo llevan años rebajando el impuesto de sociedades para atraer a estas multinacionales, pero parece que esto está apunto de cambiar.

Janet Yellen, la nueva Secretaria del Tesoro de EEUU, anteriormente Presidenta de la Reserva Federal, ha abogado por fijar un impuesto de sociedades mínimo. Y lo normal es que si EEUU presiona, obtiene lo que quiere.

El acuerdo dentro de la OCDE y los problemas de EEUU

Las negociaciones entre países de la OCDE para fijar un impuesto de sociedades mínimo en todos los países llevan bastante tiempo estancadas. Y algunos países (España, Reino Unido, Turquía, entre otros) han decidido romper la baraja fijando un impuesto a los servicios digitales que sea un porcentaje de la facturación y no del beneficio.

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Pero este impuesto se ve con malos ojos desde EEUU porque afecta principalmente a sus empresas de Silicon Valley. Y está respondiendo fijando aranceles a los países que aprueben este tipo de impuestos.

Esta es una situación que no es buena para nadie. Por un lado se estima que las estructuras fiscales de las multinacionales logran ahorrar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, por lo que es un pastel muy grande como para ignorarlo. Y por otro lado que haya rivalidad en materia de impuestos y esto implique contestaciones en base a aranceles (guerra comercial) desde luego no es una situación ideal.

La nueva propuesta de Biden

La administración Biden parece dispuesta a atajar este problema. Primero, con una propuesta interna: elevará el impuesto de sociedades del 21% al 28% (en realidad lleva en el 21% muy poco tiempo, fue una rebaja de Trump que se apuntó a la tendencia a rebajar este impuesto para atraer los beneficios). Por otro a gravar los beneficios de las empresas americanas en el extranjero con un 21% en lugar del 10,5% actual.

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Esto implica que las empresas americanas que tributan actualmente en Irlanda al 12,5% tendrían que pagar un 8,5% más en EEUU, con lo que la ventaja de Irlanda sobre otros países se disiparía.

La reforma tiene complicado prosperar, ya que el Senado de EEUU en la práctica tiene que aprobar todo con mayoría de 3/5 y actualmente los republicanos no parecen muy partidarios de elevar los impuestos. Aún así puede haber alguna triquiñuela legal para que la votación sea por mayoría simple y entonces ahí Biden podría salirse con la suya.

Armonización global del impuesto de sociedades

Pero la verdadera solución sería una armonización global del impuesto de sociedades. Que la OCDE se ponga de acuerdo en una tasa mínima y en unas normas comunes en lo que es deducible y lo que no. Que deje de haber agujeros para que los países más afectados no tengan que inventarse cosas raras como el impuesto a servicios digitales.

Y un impulso de EEUU podría ser la clave para que haya acuerdo. Tiene mucho poder de negociación, por lo grande de su economía. Y solucionaría la espiral de bajadas de impuestos y excepciones que al final acaban con una factura fiscal menos abultada y con los Estados con problemas para financiar sus servicios públicos.

Pero la armonización no soluciona todo

Sin embargo sigue habiendo un problema con las multinacionales. Incluso si los impuestos son similares en todos los países, las multinacionales siguen teniendo un problema a la hora de localizar los beneficios. Empresas que tienen el I+D en un país, la fabricación en otro y las ventas en un tercero, ¿dónde cargan la parte del beneficio de la venta en dicho tercer país?

Ahora mismo la respuesta normalmente es fiscal. Las empresas crean matrices en países con bajos impuestos y ahí meten la mayoría de los beneficios. Pero si incluso esto no existiera no es una pregunta fácil de responder. Si una empresa lanza un nuevo producto al mercado ese I+D debe representar una parte importante del beneficio de la venta. Pero el país que lo fabrica dirá que lo fundamental es su fabricación. Y el país que lo compra dirá que no, que lo importante es quién lo compra.

Así que incluso con una armonización fiscal seguirá habiendo roces, inspecciones y amenazas de tasas sobre facturación (sobre todo en los paises donde se venden los productos pero que no tienen ni I+D ni fabricación, como muchos en Europa).

Nuestro vecino Andorra ha cobrado notoriedad en la actualidad fruto del traslado del youtuber más famoso de España, el Rubius. Una decisión que ha sido aplaudida por unos y denostada por otros y que entre sus múltiples razones se encuentra la fiscalidad. Y es que Andorra destaca por ser un país, un microestado, con unos impuestos especialmente bajos.

Muchos han optado por lanzar las críticas contra el youtuber, sin hacer una autocrítica previa sobre cómo España está tratando a las rentas, tan necesarias para contribuir a la generación de talento interno e importar los trabajadores altamente calificados externos.

Y en ese punto nos vamos a centrar, en la autocrítica. España ha demostrado históricamente ser un país con un alto atractivo para el turismo (83,7 millones de llegadas en 2019) pero para trabajar y desarrollarse profesionalmente tiene varios aspectos negativos, entre ellos la fiscalidad.

Una mirada al impuesto de sociedades

El tipo general del impuesto general sobre sociedades es del 25%, un tipo de gravamen que podríamos considerar alto, ya que el promedio de la OCDE se encuentra en 23,51%, pocos países tiene un impuesto de sociedades mayor. En la OCDE, solo cinco países tienen un tipo mayor: Francia (32,02%), Portugal (30%), México (30%), Australia (30%) y Nueva Zelanda (28%).

En el panorama global el impuesto de sociedades se ha ido reduciendo en los últimos años, gracias a que existe una competencia mundial entre los diferentes países. Para hacernos una idea, en el caso de Europa, el promedio de esta tasa en 1980 era del 44,6% y ha caído al 19,99%, lo que representa una reducción de la tasa del 55%.

También es conveniente apuntar que con un tipo superior, a la media de la OCDE, España no recauda más. Específicamente, los ingresos fiscales estarían cuantificados en un 2,1% del PIB mientras que en el conjunto de los países de la OCDE sumarian un punto más hasta el 3,1% del PIB.

España es libre de competir o no. Pero está claro que si España no quiere competir, el resto de países estarán encantados en ofrecer una fiscalidad más reducida para ser capaces de atraer capitales. España quedará marginada si no ofrece una 'alfombra roja' a las empresas.

Hay que tener en cuenta que, hoy en día, en el mundo suma un total de ochenta jurisdicciones tienen un tipo de gravamen en el impuesto de sociedades del 20% o inferior. Y, en el caso de España, en el norte tenemos a Andorra y en el sur a Gibraltar con unos tipos de sociedades del 10%. La elección es clara: competimos o nos quejamos.

Los impuestos que recaen sobre los trabajadores

Los datos de la OCDE reflejan que, en promedio, los trabajadores solteros sin hijos, que ganan el salario promedio soportan una carga fiscal de impuestos sobre la renta y la nómina del 36% en 2019. Es decir, tras el impuesto al trabajo y las cotizaciones sociales, el trabajador ve que ha desaparecido un 36% de lo que había ganado.

¿Y en España? Nuestro país no está en una posición que le permita lucirse, suma 2,5 puntos más que la media hasta una cuña fiscal del 39,5%: el impuesto de la renta representa 11,6 puntos, las cotizaciones a cargo del trabajador 4,9 puntos y las cotizaciones a cargo de la empresa 23 puntos.

Si hablamos de los impuestos a la renta, nuestro marginal máximo es del 45% que se aplica a partir de los 60.000 euros declarados en la renta. Seguimos estando por encima del promedio de la OCDE que establece un tipo marginal máximo del 42%.

La crisis inmobiliaria y posterior europea nos ha llevado a un alza de impuestos generales y el marginal máximo del IRPF ha sido el segundo que más ha subido de Europa, solo superado por Francia. En 2007 nuestro tipo marginal lo teníamos en el 43% y más de una década después, le hemos sumado dos puntos porcentuales más de fiscalidad. No es que no queramos competir con Andorra, con un marginal máximo del 10%, es que no queremos competir con el mundo.

Debemos reflexionar qué conseguimos con estos tipos marginales máximos. Podemos encontrarnos que en el corto plazo, inducen la elusión y la evasión de impuestos, y pueden hacer que las personas con altos ingresos reduzcan su dedicación u horas de trabajo. Pero si el enfoque lo hacemos a largo plazo, los tipos marginales pueden afectar las opciones profesionales de alto valor y, en última instancia, decisiones de migración.

El Impuesto de Sociedades probablemente sea uno de los impuestos más nocivos que puedan existir para una jurisdicción fiscal porque tiene una especial incidencia sobre la capacidad de atraer inversión extranjera, fomentar la creación de empresas y, consecuentemente, promover la creación de empleo.

No obstante, muchos gobiernos ven este impuesto como parte de su recaudación en su diseño tributario. Con la intención de imputar una mayor fiscalidad a las rentas del capital y asumir mayores necesidades de gasto público, les parece interesante no solo subir el tipo general sino, eliminar diferentes exenciones que afectan finalmente al tipo efectivo.

Pero, ¿cómo afectan realmente las subidas en el Impuesto de Sociedades? ¿quiénes sufren su incremento?

Para responder a esta pregunta, haremos referencia al estudio "Impuestos corporativos y precios minoristas", elaborado por los profesores Scott R. Baker, Stephen Teng Sun y Constantine Yannelis.

Inicialmente, en los primeros trabajos teóricos veíamos que se exponía que los impuestos de sociedades deberían incidir plenamente en el capital. Sin embargo, este trabajo aporta una visión mucho más amplia recalcando especialmente que se produce un traslado en los precios de los productos de venta al por menor y que, por lo tanto, una parte importante de la incidencia de los impuestos de las empresas recae en los consumidores.

El estudio muestra que la incidencia por el incremento del impuesto de sociedades se reparte entre los consumidores, trabajadores y accionistas en 41%, 24% y 35%, respectivamente.

Este impacto en los consumidores viene dado por la subida de precios a los consumidores porque se repercuten en los precios de los productos de venta al por menor y que una parte importante de la incidencia de los impuestos de las empresas recae en los consumidores. Tan solo el aumento de un punto porcentual en la tasa del impuesto de sociedades, lleva a un aumento en los precios de los productos al por menor de aproximadamente el 0,27%.

El hecho de que los impuestos de las empresas afecten a los precios de los productos, así como los pagos a los accionistas y los salarios, tiene importantes repercusiones en la política fiscal. Si los impuestos de sociedades inciden en los precios al consumidor, en lugar de recaer principalmente en los accionistas, estos impuestos pueden ser menos progresivos de lo que se afirma comúnmente.

Por supuesto, accionistas y trabajadores también se ven afectados en sus respectivas rentas negativamente por el incremento del impuesto de sociedades. Los primeros ven reducido el beneficio neto y por lo tanto el reparto de dividendos se ve reducido. Los segundos, ven como las subidas de este impuesto impactan en una menor inversión que reduce el tamaño del stock de capital, y por lo tanto, la productividad y los salarios se ven reducidos.

La tendencia a la baja global del Impuesto sobre Sociedades

Por suerte, nos encontramos en un entorno globalizado en el que los países compiten para atraer empresas, lo que ha llevado a una reducción a largo plazo del Impuesto sobre Sociedades y se disminuye, tanto como proporción del PIB como en la recaudación fiscal mundial.

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La necesidad urgente de bajar el Impuesto de Sociedades

Se destaca una tendencia hacia recortes en los tipos de impuesto sobre los beneficios, que ha sido impulsado en gran medida por reformas significativas en varios países grandes con tipos tradicionalmente altos. El tipo promedio en toda la OCDE ha caído del 32,5% en 2000 al 23,9% en 2018. No obstante, es una tendencia que no viene de este siglo sino desde la década de los ochenta.

Principalmente son las economías pequeñas las que se sienten obligadas a reducir los impuestos sobre las empresas para atraer inversiones extranjeras -a menudo se pone como ejemplo a Irlanda y a un puñado de los miembros más recientes de la Unión Europea-. El último gan golpe lo asestó Estados Unidos que entró de lleno en esta competencia fiscal. Con el mandato de Trump, vimos que el tipo general del Impuesto sobre Sociedades pasó del 35% al 21%. Esta medida invitó a la repatriación de los beneficios de las filiales de muchas empresas estadounidenses.

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Anteriormente, el tipo del impuesto "combinado" de Estados Unidos, que incorporaba los impuestos estatales y federales a los beneficios empresariales, era del 38,9%. Esta tasa fue el más alto entre todos los países de la OCDE y durante mucho tiempo estuvo muy por encima del promedio hasta hoy.

En los últimos años hemos presenciado una tendencia global vinculada a la reducción del tipo general del impuesto de sociedades. Un hecho que se ha visto compensado por el auge de los impuestos al consumo.

La globalización y la creciente importancia de la digitalización y los activos intangibles para la creación de valor han ejercido una presión cada vez mayor sobre los Estados nacionales para que compitan para tratar de promover la inversión.

El creciente papel de las multinacionales en la economía mundial, la reducción de las barreras comerciales y las mejoras en la tecnología son claros catalizadores de la competencia fiscal.

El actual entorno empresarial tiene más fácil servir a los mercados de forma remota y tienen más opciones a su disposición cuando se trata de localizar sus actividades productivas que en el pasado.

El mundo compite en el impuesto de sociedades

La competencia fiscal entre países está siendo el principal catalizador de este continuado descenso. Ello supone la reducción de los tipos del impuesto de sociedades o la concesión de incentivos fiscales para industrias o actividades específicas a medida que los países compiten por las actividades económicas móviles.

Esto se pone de manifiesto en la proliferación de regímenes fiscales que tratan los ingresos derivados de la propiedad intelectual de manera preferente y la tendencia general a la baja de los tipos del impuesto de sociedades.

Vayamos a los datos. Según el último análisis de la OCDE, el tipo promedio del impuesto de sociedades sobre la países toda la OCDE ha caído del 32,5% en 2000 al 23,9% en 2018. Se trata pues de una reducción de 8,5 puntos en el tipo general del gravamen. Y no hay color en la comparativa hace cuarenta años, en 1980, el tipo de sociedades en todo el mundo promedió el 40,38%

Se trata de una muy buena tendencia. Los países con altos tipos impositivos en el impuesto de sociedades, han ido claudicado poco a poco ante la realidad impositiva de la competencia fiscal.

Nos encontramos con que gracias a la reforma tributaria de 2017 en los Estados Unidos acercó el tipo de sociedades, que era uno de los más elevados del mundo, a la mitad de la distribución. Anteriormente, el tipo de los Estados Unidos era del 38,91% (tipo general de sociedades más un promedio de los impuestos sobre la renta de las empresas recaudados).

Si algo bueno tiene Europa, en materia impositiva, es que nunca se ha llevado a cabo la homogeneidad fiscal, especialmente con el impuesto de sociedades, destacando a Irlanda y su tipo general del 12,5%. Por ello y combinado con la apertura comercial de Europa, los países europeos tienden a tener tasas impositivas en el impuesto más bajas que los países de otras regiones del mundo. Aunque eso no significa que haya que detenerse en esa senda marcada.

El impuesto de sociedades ante los nuevos modelos de negocio

Las multinacionales desempeñan un papel importante en el comercio y la inversión internacional porque representan la mitad de las exportaciones mundiales, casi un tercio de la producción mundial y una cuarta parte del empleo.

La globalización ha sido posible gracias a una liberalización económica, mediante procesos de apertura con menor carga arancelaria y los avances en el transporte y las comunicaciones que han originado la proliferación de cadenas de valor mundiales. Es un objetivo que hay que mantener y promover para preservar la eficiencia de las cadenas de suministro globales.

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¿Se está frenando la globalización?

Pero con la digitalización de la economía ha sido posible la creación de nuevos modelos empresariales. En esta nueva realidad nos encontramos con los activos intangibles (marcas, patentes y otras formas de capital basado en el conocimiento) y los servicios (digitales) han adquirido mayor importancia.

Sin embargo, las normas que rigen la forma en que los países gravan los beneficios de las empresas multinacionales se basan en gran medida en principios establecidos a principios del siglo XX bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones.

Desde finales del siglo XIX, los países han celebrado acuerdos de doble imposición para garantizar que las empresas multinacionales no sean gravadas más de una vez sobre los mismos ingresos durante el mismo período por diferentes autoridades tributarias. Hemos visto que se han estado poniendo en tela de juicio ciertos principios fundamentales que subyacen a estas normas, ya que siguen estando adaptados a una economía física menos globalizada y dan lugar a nuevos desafíos.

Anteriormente, teníamos concebido que los principios generales de tributación, consagrados en el derecho tributario y en el derecho de los tratados, establecen que un país de origen solo puede gravar los beneficios empresariales de las empresas extranjeras atribuibles a un "establecimiento permanente", a través del cual la empresa lleva a cabo sus actividades en el país.

Por lo general, se considera que un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios, como una sucursal, una oficina o bien una fábrica. Sin embargo, la digitalización permite a las empresas desempeñar un papel activo en la economía del país sin un establecimiento físico permanente.

Las empresas digitales pueden llegar a usuarios y clientes de diferentes países sin una presencia local significativa, aunque puede haber una actividad, investigación y desarrollo importantes en otros lugares.

Por ejemplo, las webs de las redes sociales como Facebook pueden utilizar datos y contenidos generados por los usuarios y vender anuncios dirigidos a otras empresas, todo ello sin necesidad de establecer una oficina física en el país. Las tiendas digitales pueden acceder a los clientes de un país sin contratar empleados en él.

Las empresas altamente digitalizadas también se caracterizan por una gran dependencia de los activos intangibles. Esto plantea problemas a la hora de determinar cómo asignar los beneficios a efectos fiscales entre las empresas del mismo grupo de que operan en diferentes países.

Estas dificultades ya están dando lugar a disputas entre los contribuyentes y las autoridades fiscales y está en el centro del actual descontento con las normas tributarias. Y por ello, estamos viendo cómo por parte de la OCDE, se intenta diseñar para más tarde introducir la llamada Tasa Google a escala global, y gravar los servicios digitales que escapan del sistema tributario diseñado.

El compromiso del Gobierno del PSOE de aumentar la carga fiscal de las grandes empresas españolas ha causado malestar entre el sector empresarial, que han aprovechado para expresar en público su desacuerdo con lo que pretende realizar el Gobierno.

La reforma que plantea el Gobierno del PSOE establecer los siguientes aspectos: introducir un impuesto de nueva creación para la grandes empresas tecnológicas, aplicar un impuesto a la banca con el objetivo de recaudar alrededor de 1.000 millones de euros con los que financiar las pensiones y reformar el impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo que no se inferior al 15 por ciento.

El Banco Santander ha dado el primer paso para mostrar su malestar a través de su consejero delegada, José Antonio Álvarez, que ha amenazado de sacar su sede fiscal de España ante la posibilidad de que se aplique algún tipo de impuesto sobre el beneficio consolidado.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo pretende aplicar este nuevo impuesto el Gobierno del PSOE?

El Gobierno del PSOE quiere neutralizar los activos fiscales diferidos

Para reducir las exenciones que permiten a las empresas reducir la factura del impuesto de sociedades, cuyo tipo general está actualmente en el 25 por ciento y para las entidades bancarias en el 30 por ciento, una de las alternativas que piensa el Gobierno es la posibilidad de neutralizar el uso de los activos fiscales diferidos (DTAs).

Los activos fiscales diferidos (DTAs) son conocidos también como los créditos fiscales, cuando su activación permita a una empresa a disminuir el tipo efectivo del impuesto de sociedades por debajo del 15 por ciento. Por tanto, la neutralización de las DTAs tiene un efecto negativo sobre el resultado de las empresas.

Las empresas que componen el IBEX 35, acumulan en sus balances a finales del 2017 alrededor de 100.000 millones de euros en créditos fiscales, provenientes de pérdidas, saneamientos y aportaciones a planes de pensiones realizados en ejercicios de años anteriores.

El tratamiento de estos activos fiscales diferidos (DTAs) es uno de los aspectos más complicados de la reforma del impuesto de sociedades, ya que reduce el tipo nominal al que se deducen las empresas los créditos fiscales, o eliminar esta deducción, podría suponer un importante efecto negativo para las empresas del sector financiero español.

Debemos recordar que esto fue uno de los aspectos por los que, en 2014, el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, no aplicó sobre las entidades financieras la rebaja del impuesto de sociedades del 30 al 25 por ciento.

Juan Rosell, presidente de la CEOE, ya ha advertido al Gobierno del PSOE de que aumentar la carga fiscal a las empresas aumentando el impuesto de sociedades, causará un efecto negativo a la competitividad de las empresa, disminuirá o retrasará la inversión y afectará negativamente la creación del empleo.

Impacto de la tasa a los créditos fiscales en las entidades financieras

Las previsiones realizadas por Goldman Sachs estiman que las principales entidades financieras españolas (Caixabank, Santander, BBVA, Banoc Sabadell, Bankia y Unicaja) acumulan alrededor de 37.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables a finales de 2017.

Los activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables, los que exigibles frente a Hacienda, cuentan con una garantía a nivel estatal y la legislación permite desde el año 2013 que se apliquen como parte del capital de máxima calidad (CET1) a cambio del pago de una tasa del 1,5 por ciento.

Revisar el tipo impositivo sobre el que se están calculando estos activos, podría implicar que las entidades financieras perdieran miles de millones de euros de capital, pudiendo llegar a comprometer la solvencia de alguna de ellas.

Por lo tanto, otra de las opciones que tiene el Gobierno del PSOE es que aumente la tasa del 1,5 por ciento que pagan las entidades financieras por los créditos fiscales monetizables, lo que aumentaría la recaudación y podría ser visto como un impuesto a las entidades financieras, el que había prometido el Gobierno del PSOE.

Según estimaciones de la entidades bancarias de inversión de Estados Unidos, para recaudar 800 millones de euros adicionales mediante este tipo de impuesto, la tasa se tendría que aumentar un 2,14 puntos porcentuales, hasta llegar a los 3,64 por ciento.

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El Ministerio de Hacienda, durante el día de ayer, hizo públicos los datos anuales de recaudación donde se muestra que el Gobierno ha ingresado por impuestos durante el año 2016 unos 186.279 millones de euros, una cifra muy por debajo de los 193.520 millones de euros que estaban presupuestados.

Por tanto, ha habido una desviación de 7.271 millones de euros de lo que se ha recaudado realmente con lo que se pretendía recaudar. La desviación de las previsiones de la recaudación es una constante dentro del Gobierno del PP.

El Gobierno del PP, durante la época de Rajoy, ha tendido a sobreestimar los ingresos en los 'Presupuestos Generales del Estado', lo que hace más fácil cuadrar los presupuestos sobre el papel y conseguir calmar las peticiones de nuevos ajustes de Bruselas.

Nos podemos preguntar: ¿Qué impuesto ha sido el causante de las desviaciones de recaudación de Hacienda? ¿Cómo ha conseguido el Gobierno del PP llegar al objetivo de déficit marcado por Bruselas? ¿A partir del 2015 ha habido las mayores desviaciones de recaudación del Gobierno de Rajoy?

El principal causante del descenso de la recaudación ha sido el IRPF

Los datos de Hacienda reflejan que la reforma fiscal aprobada en 2014 y que entró en vigor durante el año 2015, y una segunda parte en el año 2016, ha reducido en 11.374 millones de euros la recaudación de Hacienda.

La gran parte de esta desviación se ha producido en la disminución del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas). Tras aumentar el IRPF al iniciar la anterior legislatura del Gobierno del PP, decidió disminuir los tipos y tramos del impuesto sobre la renta ante las elecciones generales.

En el impuesto sobre sociedades, Hacienda ha disminuido durante 2 años el tipo nominal del 30 por ciento al 25 por ciento. Esta medida, junto a otras de cambio de norma, ha supuesto un ahorro de 3.000 millones de euros entre 2015 y 2016. Pero el riesgo de incumplir el objetivo de déficit el ejercicio anterior era cada vez mayor a medida que pasaban los meses y el Gobierno tomo la decisión de aprobar un aumento del impuesto.

Lo primero cambio en el impuesto de sociedades, que realizó el Gobierno del PP, fue aumento los pagos fraccionados y, luego, restringió la posibilidad de compensar bases imponibles negativas y exigió que las empresas tributasen por los deterioros de cartera deducidos en períodos anteriores.

El cambio normativo en el impuesto de sociedades tuvo efecto de 4.655 millones de euros en 2017. Es decir, hubo un aumento fiscal superior a las rebajas realizadas tributariamente impulsada en los 2 años atrás.

El Gobierno consiguió el objetivo de déficit con ayuda

El Gobierno cumplió el 2016 con el objetivo de déficit, que se estuvo revisando varias veces al alza, y al final se estableció en el 4,3 por ciento. Aún así, la recaudación fue inferior a la presupuestada como se puede ver en la gráfica 'Recaudación de Hacienda durante el Gobierno del PP de 2012 a 2016' (datos en millones de euros):

Los datos de recaudación reflejan que Hacienda ha recaudado 75.432 millones de euros del IRPF, de los 186.249 millones totales, siendo el impuesto más importante dentro del sistema fiscal español. Pero sólo ha supuesto un aumento un 0,1 por ciento de aumento respecto al 4,3 por ciento previsto por el Gobierno del PP en los presupuestos.

Seguramente que esta misma situación se va a repetir durante este año. Para el 2017, Hacienda ha presupuesto un aumento por concepto de IRPF del 7,7 por ciento de aumento respecto al año 2016. Aunque se esta creando empleo y existe la posibilidad de un aumento salarial, se trata de un aumento desproporcionado e imposible de cumplir.

Los datos de Hacienda del primer semestre del 2017 indican que la recaudación por IRPF avanza un ritmo inferior del 3,2 por ciento. Por tanto, esta cifra no llega ni a la mitad de lo que prevé Hacienda de recaudación para el IRPF.

El IVA sigue un patrón diferente al resto de impuestos españoles

El IVA (Impuesto sobre el valor añadido) tiene un comportamiento diferente al que tiene el IRPF. España recaudó durante el 2016 unos 62.845 millones de euros, es decir, 182 millones euros más de lo que se había previsto en los 'Presupuestos Generales del Estado'.

Según los datos de Haciendo el IVA avanza durante este año a un 8,2 por ciento de aumento respecto del 2016. Esto significa que las previsiones de este impuesto se han cumplido, ya que se había previsto un aumento del 7,3 por ciento.

En referencia al impuesto de sociedades, el tercer impuesto más relevante es la que sigue un patrón menos estable y, por tanto, existe un mayor riesgo al error dentro de las previsiones que realiza el Gobierno del PP.

Del impuesto de sociedades se ingresaron 21.678 millones de euros, 3.190 millones menos de lo que había previsto el Gobierno del PP. Aunque la desviación hubiera sido mayor sin los aumentos fiscales aprobados a finales del 2016.

A partir del 2015 no se han producido las mayores desviaciones, ya vienen de atrás

Ya he comentado que la reforma fiscal aprobada en 2014 y que entró en vigor durante el año 2015, y una segunda parte en el año 2016, ha reducido en 11.374 millones de euros la recaudación de Hacienda, pero ya vienen de años anteriores estas desviaciones como se puede ver en la gráfica 'Desviaciones de recaudación de Hacienda durante el Gobierno del PP de 2012 a 2016” (datos en millones de euros):

Los desvíos presupuestarios acumulados desde 2012, primer año del Gobierno de Mariano Rajoy, suman 25.309 millones de euros.

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