Pese a que Pedro Sánchez y la cúpula mayor de Moncloa aseguren abiertamente que “España va como un cohete”, la realidad es bien distinta. Los españoles se enfrentan a una elevada inflación, la subida desorbitada de la vivienda y el aumento generalizado del coste de la vida. Esto, sumado a la falta de empleo, provoca una pérdida significativa de poder adquisitivo. Llama la atención que la mitad de la población activa de España tan solo cobre 23.700 euros al año.

La subida de los precios devora paulatinamente los salarios. De hecho, durante el primer trimestre de 2024, estos fueron un 2,5% menores que los del último trimestre de 2019, en términos reales (descontando la inflación).

Pese a todo, los ingresos reales de los hogares sí superaron en 2023 los niveles de 2019, aunque para ello se ha precisado de las prestaciones sociales, de los ingresos del capital, de las rentas de la propiedad y de las inversiones financieras.

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El Salario Mínimo en algunas provincias es demasiado alto, la prueba es que algunos trabajos se van a Portugal, a pocos kilómetros de la frontera

Los datos de la OCDE y de la Agencia Tributaria establecen que la renta media se sitúa en los 23.700 euros. El 20% más pobre no alcanza los 11.709 euros y el 20% más rico supera los 43.700 euros. Solo el 1% se considera excesivamente rico, con más de 150.000 euros de renta.

Llama la atención, tal y como analizó en el programa ‘laSexta Xplica’ el periodista José María Carnero el pasado 31 de agosto, que el 91% de los ingresos de las rentas medias y bajas se obtienen por trabajo. Dicho porcentaje desciende drásticamente en el caso de las rentas más altas; el 44%. De igual modo, también obtienen ingresos procedentes de otras actividades económicas y patrimoniales, que representan la mayoría de su poder adquisitivo (el 56% restante).

Es llamativo que con 43.000 euros anuales en España se pueda considerar rico. Que una persona con un salario de 2.200 euros netos al mes se pueda catalogar como tal, demuestra realmente la situación de pobreza latente que vive el país y la subida de impuestos que ha sufrido y que sufrirá el territorio nacional en su totalidad.

¿Con 43.000 euros al año eres rico? José María Camarero explica en qué escalón económico estás en función de tu salario #XplicaVolver pic.twitter.com/pbt3ZwxyTl

— laSexta Xplica (@laSextaXplica) August 31, 2024

Según la OCDE, en España la clase baja cobra hasta 11.500 euros. La clase media cobra hasta 30.000 eurosy la clase alta se sitúa por encima de los 30.000 euros. Todo ello demuestra que son datos plenamente obsoletos, pues 43.000 euros de hoy, contabilizando subidas de IRPF y cotizaciones, suponen una renta neta de unos 31.500 euros. Prácticamente que con 1.850 euros se considere a un trabajador como clase media-alta.

Un futuro incierto

La OCDE pronostica que habrá aumentos más moderados, ya que el SMI alcanzó en 2023 el 60% del salario medio. El SMI como indicador ha crecido por encima de la inflación, ganando poder adquisitivo y contribuyendo a reducir el número de trabajadores con salarios bajos.

El aumento acumulado nominal ha sido del 26% desde 2019 y el aumento real del 6,5%, por lo que se mantiene por debajo del crecimiento mediano experimento en los países de la OCDE en esta tipología de salarios.

Los sueldos no crecen en España

Durante el primer semestre del año, la inflación interanual de España ha sido superior a la de la UE, aunque la acumulada desde el inicio de la crisis sanitaria es menor. Los precios han crecido un 22,1% en la media de la UE entre enero de 2021 y mayo de 2024, mientras que en España han subido un 19,3%.

Que se pierda poder adquisitivo en España no va asociado a los precios, sino a una subida nominal menor de los salarios. Los datos aportados por el Banco de España asocian este factor a una menor productividad del trabajo y del capital, asociada a mayores salarios y al PIB per capital. El único dato positivo es que la productividad por hora ha crecido más en España que en la Eurozona desde 2022.

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Un síntoma de que la economía en España va bien: las horas extras declaradas y pagadas en máximos desde 2009

Otros factores que explican el por qué los salarios suben menos en España son la elevada tasa de paro, la evolución tecnológica y la complementariedad con el trabajo, además de la globalización y sus deslocalizaciones asociadas. Hay que tener en cuenta, a su vez, un reducido poder de negociación de los trabajadores y un mayor poder de monopsonio de las empresas.

Al nivel de renta de los trabajadores en España no le beneficia el aumento de la población de los últimos años, derivado de los flujos migratorios positivos que no se ha visto asociado con un crecimiento en los niveles de PIB per cápita.

Además, el informe de la OCDE concluye que la clase media se ha visto reducida en número en la gran mayoría de los países debido, fundamentalmente, a la dificultad de la población juvenil por alcanzar los ingresos promedios de la clase media. Y es que actualmente solo el 60% de los millennials forman parte de la clase media.

Los impuestos no cesan en su crecimiento

España sigue registrando unas cargas fiscales excesivas. La cuña fiscal con mayor incremento de toda la UE en el periodo 2022-2023. En 12 meses, el peso de los gravámenes se expandió en casi un punto porcentual, hasta alcanzar el equivalente al 40,23% del salario medio. En comparación, la variable bajó en Alemania y en Francia en un 0,49% y en un 0,17%, respectivamente.

España ocupa el puesto 14 en recaudaciones por impuestos al trabajo. El primer puesto es para Bélgica, donde los trabajadores abonan más de la mitad de sus salarios (52,73%), seguida de Alemania, Austria, Francia e Italia. La otra cara de la moneda la aporta Suiza, con la carga fiscal más baja (un 23,5%).

En España, el IPRF que abona cada trabajador supone el 12% de la cuña fiscal, mientras que la empresa abona la mayor parte de las cotizaciones a la Seguridad Social (el 23,3%). El empleado aporta, al respecto, un 4,9% del total.

Ahora los españoles se enfrentan a una nueva subida de impuestos y a la llegada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que reemplaza al antiguo Factor de Sostenibilidad. Con el objetivo de compensar la hucha de las pensiones, será asumido por todos los trabajadores, independientemente de su nómina.

Las personas dadas de alta en la Seguridad Social experimentarán una reducción de sus nóminas del 0,6%, algo de lo que tampoco se librarán los autónomos (abonarán unos cinco euros extra al mes). Con estas nuevas presiones a la población activa, el Gobierno quiere reforzar el sistema de pensiones y recaudar alrededor de 22.000 millones de euros hasta 2032.

Foto: Imagen 1

El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) en España es un tributo progresivo, lo que significa que cuanto más ingresas por rentas del trabajo, marginalmente pagas algo más, pues accedes a tipos superiores que van incrementando la carga fiscal soportada.

En nuestra legislación, es un tributo de importancia fundamental para hacer efectivo el artículo 31 de la Constitución Española, que exige la contribución de todos "al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

En base a esa progresividad mencionada, el IRPF contiene hasta seis tramos pasando de un tipo del 19% al 47% (novedad en el último tramo con los Presupuestos de 2021). Esta progresividad puede ser criticada por el trato desigual entre ciudadanos de un mismo país según la cuantía de su salario, conlleva otra problemática que se percibe en entornos inflacionistas como el presente: si actualizamos nuestra renta para no perder capacidad adquisitiva, nominalmente obtendremos más renta, lo que nos lleva a tipos impositivos superiores en el IRPF.

Inflación e IRPF: Un buen negocio para el gobierno

Según el INE, la inflación anual estimada del IPC en el mes de diciembre 2021 fue del 6,7%, lo que supone la tasa más elevada desde marzo 1992, destacando la subida del precio de la electricidad. Cuando la inflación alcanza niveles significativos, sus efectos sobre el sistema tributario no deben ignorarse.

La mejor alternativa sería controlar la inflación, pero cuando esto no es posible, como podría ser el entorno presente, a menudo es deseable ajustar el sistema tributario a la inflación de alguna manera para no pagar una recarga fiscal por el ajuste de la renta.

Por la parte del Gobierno, no existen incentivos para hacerlo ya que si se incrementan las bases imponibles ¡se recauda más! Si la curva de los salarios se desplaza hacia la derecha, consecuentemente habrá una mayor presión fiscal sin tener que tocar ningún impuesto.

Según los datos, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) presentó un valor de 20.351,02 euros en 2019 y el más frecuente lo tenemos en 18.490 euros. Ambos importes están muy cerca de los 20.200 euros por el que se pasa a un tramo del 30%, seis puntos más que su tramo anterior.

Salvo las tímidas excepciones que encontramos en las diputaciones del País Vasco, con su régimen tributario propio, que buscarían deflactar un 1,5% –notablemente por debajo a la subida del IPC–, Hacienda no deflactará el IRPF para este año. Si lo hiciera, muy probablemente debería corregir, a la baja, la previsión del incremento recaudatorio del 6,7% en este tributo.

Leo Messi ha dejado prácticamente huérfana la Liga española de fútbol. Su inesperada salida del F.C Barcelona ha dejado a los aficionados culés y amantes del fútbol en general desolados, pues significa la salida de la última gran estrella del fútbol patrio. Y no de una cualquiera, sino LA ESTRELLA.

Messi se ha marchado por motivos económicos, ante la imposibilidad del Barça de pagarle lo que pedía -aunque esto no ha quedado del todo claro porque el club ha dado una versión y Messi otra...- sin incumplir el fair play financiero de la Liga y, básicamente, sin caer en la ruina absoluta ante unas cuentas ya muy tocadas.

Pero la marcha del argentino solo supone el colofón a una desbandada de talento internacional de la Liga española que tiene un enorme trasfondo económico. Casi todas han tenido que verse las caras con Hacienda por evasión de impuestos, ya que el sistema nacional, después de que se derogara la Ley Beckham, ha hecho que los futbolistas tuvieran que tributar al tipo máximo, lo que está haciendo que muchos prefieran jugar en países con sistemas fiscales más atractivos para sus intereses.

Límite salarial e IRPF: la combinación fatal

Todo empezó con Cristiano Ronaldo hace unos años. La negativa Del Real Madrid a pagar su multa de Hacienda, de 14,7 millones de euros, y a pagarle el mismo sueldo que Messi tenía por ese entonces hizo que decidiera hacer las maletas rumbo a Italia, donde la Juventus le ofrecía 30 millones (el Madrid, 23).

Algo similar ha pasado con Sergio Ramos, que este verano ponía rumbo a París, donde el PSG también le pagaba el salario que Florentino Pérez le negaba. Y el último ha sido Messi, la gran sorpresa, al que el equipo galo pagará unos 35 millones, lo mismo que supuestamente iba a darle el Barça hasta que todo saltó por los aires.

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Este es el tramo de renta y el nivel de ahorro necesarios para lograr la independencia financiera en 20 años

¿Por qué? Porque ese nuevo contrato excedía, según Laporta, el límite salarial marcado por la Liga para el Barcelona este año. Este límite salarial se estableció hace unos años cuando los clubes españoles tenían una abultada deuda con la Agencia Tributaria. El objetivo era reducirla y que no gastaran sin freno mientras debían dinero al fisco.

Este límite se calcula con los ingresos esperados que estima la competición para cada club ese año y deduce los costes estructurales y el pago de su deuda. En el caso del Barcelona, estos ingresos esperados han ido decayendo en los últimos años hasta el bajón provocado por la pandemia, mientras su deuda crecía. Por lo tanto, renovar a Messi según los términos que él querían era imposible. Aunque se bajara el sueldo la mitad, según él.

Pero esto no es todo. La tributación española está haciendo que la Liga pierda competitividad a pasos agigantados. Como vemos, los clubes apenas hacen ya grandes fichajes, una contención que en grandes como el Real Madrid y el Barcelona sorprende y para mal, ya que esto les hace perder atractivo a ojos del público internacional.

Mientras el PSG acumula a las grandes estrellas -los que venden más camisetas y atraen a más gente a los estadios-, los clubes españoles compiten con jugadores con un perfil más bajo, sin dejar de ser de primera. Y es que en España la tributación 'penaliza' -muy entrecomillas- a estos jugadores que cobran millones al año.

Porque deben tributar al tipo máximo del IRPF, que es del 47%, para rentas superiores de 300.000 euros desde este año. La llamada Ley Beckham, puesta en marcha cuando el inglés llegó al Madrid con el objetivo de atraer talento internacional, no solo en el fútbol, les permitía tributar al 24%, pero esa ley se derogó para los futbolistas.

Por ejemplo, en Francia Messi podrá acogerse al régimen de impartidos, por el que el 30% de su salario está exento de impuestos. Y regímenes así tienen la mayoría de países europeos para atraer talento. En España para el fútbol no.

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Eliminación de la tributación conjunta: mejorar la igualdad subiendo los impuestos a las rentas bajas

Bien es cierto que los futbolistas negocian sus contratos en neto, por lo que son los clubes lo que se encargan de pagar a Hacienda, el problema es que estos ya no están dispuestos a asumir esas cantidades, porque significa sumar la mitad del salario al coste establecido por contrato. Algo que, de nuevo, les supone exceder ese límite salarial de la Liga.

Por lo tanto, la situación se complica para la competición española. La pandemia, además, ha dado la puntilla a los equipos, que han recibido muchos menos ingresos al estar un tiempo la Liga parada y la imposibilidad de tener público en los estadios después. La crisis general también hace que su merchandising oficial, que es bastante caro, por cierto, ya no se venda tanto, también motivado por la menor llegada de turistas internacionales a nuestro país, que son los que más compran camisetas. Además, sus ídolos ya no juegan en nuestra Liga.

Por lo tanto, el fútbol español está en una encrucijada. Por un lado, es imprescindible que los clubes estén financieramente saneados y que los futbolistas reciban sus salarios debidamente, así como el resto de empleados de los clubes y todo el sistema. Que las deudas se paguen y que no se deban cantidades abultadas a Hacienda.

Pero eso le está restando atractivo, porque para tener grandes estrellas es imprescindible gastar mucho dinero. Y eso parece que no lo solucionan los millones que el fondo CVC va a poner en la Liga, un acuerdo que por cierto los grandes clubes rechazan y la Federación de Fútbol tacha de ilegal.

Lo que está claro que es que la Liga necesita dinero para competir con Inglaterra, Italia o Francia, donde ahora juegan las grandes estrellas que han emigrado del fútbol español buscando unos sueldos más suculentos.

Las generación más golpeada por las crisis económicas está siendo la generación de los millenials, aquella que nació en la década de los ochenta y noventa, y que ha visto cómo en poco más de una década se han fraguado tres crisis de suma importancia que ha afectado a sus perspectivas económicas.

Pensemos que justo entraron al mercado laboral durante la peor crisis que se recordaba desde la Gran Depresión. Por aquel entonces, el desempleo general de la Eurozona era del 7,5% en 2007 y, tras el golpe de la crisis suprime vino la crisis del euro, por lo que la escalada del desempleo se extendió hasta 2013 que llegó hasta el 13%.

La realidad fue aún más complicada para países como España y Grecia que vivieron unos niveles de desempleo del 26,1% y del 27,5% en 2013. Las tasas de desempleo juvenil superaron en ambos casos el 50%, destrozando la capacidad de incorporarse al mercado laboral y que esa experiencia no adquirida le lleva a quedarse rezagado frente a las anteriores generaciones.

Los millenials pierden salario frente a las anteriores generaciones

A través de las diferentes generaciones, los salarios de los jóvenes empleados pueden comportarse de manera muy dispar en una economía como la española fruto del elevado desempleo estructural, la temporalidad constante y la parcialidad de muchos contratos.

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La tremenda subida del precio de vivienda en EEUU y Alemania: los inversores tienen miedo a una gran inflación

El Banco de España aproximó la remuneración por hora trabajada para los salarios medios mensuales de los trabajadores a tiempo completo a lo largo de la carrera laboral de los nacidos en 1967, en 1977 y 1987.

En el siguiente gráfico que podemos ver tenemos la línea azul que representa a los trabajadores con estudios bajos nacidos en 1967. Estos, en promedio, recibían un salario superior a 1.000 euros cuando tenían 20 años y fue incrementando progresivamente de manera que a los 40 años el salario medio era algo superior a los 2.000 euros mensuales. Para un universitario nacido en 1967 estaría recibiendo algo más de 2.500 euros al mes a los 30 años y 4.000 euros a los 40 años.

Representados con la línea marrón tenemos a los nacidos en 1977 y con la línea naranja tendríamos a los nacidos en 1987 vinculados a la generación millennial. Como podemos observar, los salarios medios mensuales antes de 2008 para las generaciones inferiores a 30 años eran similares en ambos grupos, aunque ligeramente inferiores para los millennials.

Cuando llegó la crisis de 2008 y los años posteriores, los salarios medios dejaron de incrementarse con la misma intensidad que habíamos visto previamente, un efecto que se extendió a todas las generaciones y todos los niveles educativos.

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En qué han gastado menos dinero los españoles en 2020 hasta el punto de caer el consumo del hogar más de un 10%

De los tres grupos identificados, los millennials que ahora tengan 30 años son de las tres generaciones aquellos que reciben un salario comparativo inferior y que solo han empezado a dar los primeros pasos de sus vidas laborales y han vivido dos fuertes crisis... y ahora la tercera mucho más intensa que cualquiera de las precedentes.

El futuro se complica con la actual crisis

El estudio del Banco de España hace referencia última a 2017, pero en 2020 y 2021 estamos viendo para la economía española una crisis como nunca antes se ha visto con una caída del PIB el año pasado del 10,8%, siendo la peor economía avanzada de la OCDE.

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La medida estrella de la ley en startups en España no sirve: por qué reducir impuesto de sociedades los primeros años no ayuda

La generación millennial lo tiene complicado, y parece que no hay manera de que levante cabeza. Fruto de las anteriores crisis, se caracterizan por una fragilidad financiera que no tuvieron sus padres en sus mismos años, son recios a la inversión, se encuentran más a favor por el alquiler o quedarse en casa de sus padres y no han priorizado la compra de un coche, especialmente los millennials que viven en grandes ciudades con múltiples fórmulas de transporte.

Según Eurostat, la edad promedio en España para abandonar el hogar es de 29,5, muy por encima de la media europea situada en los 26 años y la actual crisis de económica solo servirá para aumentar el promedio.

Tengamos en cuenta que los sectores más afectados por esta crisis están siendo la hostelería y el ocio, sectores en los que predominan la fuerza laboral de los millennials. El turismo que representa el 14,6% de la economía española, está viendo cómo su recuperación no tiene pinta de ser importante en plena temporada turística, y como consecuencia última esos millenials lideren la entrada al desempleo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribáis, busca paliar la sangría del déficit de la Seguridad Social. Si bien la principal propuesta por el lado del gasto era acercar la edad efectiva de jubilación a la edad real, por el lado de los ingresos, se busca simplemente recaudar más. Y en ese afán recaudatorio, los autónomos serían el colectivo más perjudicado.

A diferencia de los trabajadores, los autónomos pueden elegir su cotización según la base reguladora, situada entre 944,40 euros y 4.070,10 euros. Sin embargo, esa libertad de elección de base se restringe a partir de los 47 años y sólo es posible incrementarla de forma progresiva conforme a los límites establecidos cada año.

Esa libertad busca ser suprimida y que el rendimiento de la actividad generada se equipare al salario y que sea vinculado a las cotizaciones.

En la situación actual, la cuota mínima para el autónomo es de 286,15 euros mensuales para una base de cotización de 944,40 euros al mes, obviamente esto no tiene en cuenta si se posee la tarifa plana. Y esa es la elección preferida para la mayoría del colectivo, tratar de cotizar por la base mínima, aunque ello suponga una menor pensión estimada de un 37% por debajo del Régimen General.

Si tan positivo es nuestro sistema de pensiones, llama la atención que en el momento de ofrecer libertad para elegir, se busque participar los menos posible del sistema de reparto. Y esa libertad es la que se quiere atacar por parte del Gobierno.

Para atacar al autónomos se busca equiparar el salario neto de un trabajador por cuenta ajena con el rendimiento neto de la actividad del autónomo. Y este es el punto del conflicto ya que su equiparación es un absurdo.

Se define como el rendimiento neto de la actividad los ingresos generados por de la autónomo frente a los costes vinculados a la actividad.

Desde el punto de vista de los ingresos el salario neto integra una certidumbre para su cálculo tanto en la cuantía como en el momento en el tiempo. Por el contrario, la facturación del autónomo es volátil en el tiempo y se enfrenta a la problemática de la morosidad. Sería muy perjudicial tener un sistema de costes fijos con ingresos volátiles para la sostenibilidad de todo negocio. En consecuencia, carece del mínimo sentido que sea tratado del mismo modo que el salario por cuenta ajena.

Siguiendo con la problemática alrededor de la facturación, hay que tener en cuenta que existen múltiples actividades con un componente claramente estacional, por lo que se ponderan altamente los ingresos en unos determinados meses del ejercicio. Muchos autónomos no están dados de alta los doce meses del año. En este supuesto, no quedaría claro cuál sería el sistema para determinar la cuantía a aportar a las cotizaciones sociales.

Al problema de la imprecisión de los ingresos, se suma el hecho que los costes vinculantes son tremendamente relativos y no hay un criterio claro. Muchas veces el autónomo se encuentra ante la situación de dudar si un gasto es deducible por parte de la actividad y si será aceptado por Hacienda.

Un salario neto va directamente a sufragar íntegramente la cuantía de los gastos familiares, pero el rendimiento neto de una actividad no. Encontramos que existen una serie de gastos necesarios para la actividad que no son deducibles al 100% y que impactan directamente en ese rendimiento neto.

Para más inri, existe un problema de ejecución práctica tras la valoración. Los autónomos responden ante Hacienda a mitad del ejercicio del siguiente año. Es en ese punto en el que el Estado conoce cuál es el rendimiento neto generado por el autónomo.

Seguidamente para determinar la cotización la Administración debería esperar al siguiente ejercicio. Por lo que nos encontraríamos ante la para paradoja que las cotizaciones a pagar harían referencia al rendimiento neto generado hace dos años y que dada la volatilidad de todo negocio puede no reflejar la realidad del presente.

Esta medida busca simplemente seguir ahogando, más si cabe, al autónomo, como si no fuera suficiente la crisis que sufre por las restricciones originadas a raíz de la pandemia. Si el gobierno sigue por esta vía, muchos autónomos optarán por introducir parte de su facturación en la economía sumergida para no verse afectados. Un riesgo fiscal asumible si la alternativa es desaparecer y, por parte del Estado, una pérdida de tributación de las figuras del IRPF e IVA.

En boca de todo el mundo está el problema de la reforma de las pensiones y su sostenibilidad durante el tiempo, los diferentes gobiernos que están pasando por la Moncloa están intentando negociar sin tener ningún resultado.

Este debate es estéril sin que haya una garantía de su financiación y que sobreviva el sistema público o corregir los desequilibrios generados por los cambios demográficos, y entre ellos se encuentra la brecha cada vez más grande que existe en el salario de los jóvenes y las pensiones que están cobrando los jubilados en España.

Mal va el país si los jubilados cobran más que los jóvenes españoles

La evolución de la pensión media de jubilación durante la última década ha ido subiendo mucho más que el salario medio de los jóvenes de 16 a 24 años, gran parte por la influencia de las dos últimas crisis sufridas en España antes de la crisis que estamos viviendo del coronavirus.

Debemos tener en cuenta la evolución de las diferentes pensiones que se están cobrando en España y no sólo la pensión de jubilación para ver evolución que ha habido durante esta última década.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pensión media por incapacidad permanente ha subido el 22,5 por ciento en esta última década, y la prestación por jubilación en cambio ha subido un 42,7 por ciento, como ya podemos ver también hay diferencia entre las mismas prestaciones y la de jubilación se lleva el gran peso.

El gran afectado de las últimas crisis es el mercado laboral de los jóvenes, ya que siguen en más o menos los mismos salarios que hace más de una década y, por tanto, en comparación de las jubilaciones están perdiendo poder adquisitivo.

La brecha salarial ha ido creciendo durante la última década

Hace más de una década, concretamente ante de la crisis económica del 2007, el sueldo medio mensual de un trabajador de 16 a 24 años era de 1.138 euros y estaba por encima de la jubilación media que se estaba cobrando de 938 euros de quienes se jubilaban por entonces.

Desde entonces, la situación ha sido muy diferente, ya que el sueldo de los jóvenes empezó a caer y a recuperarse un poco durante a partir del 2016, mientras que las jubilaciones han ido creciendo hasta los niveles que tiene actualmente.

En el año 2011, la pensión media de jubilación supero el sueldo medio que estaba cobrando los jóvenes españoles y aquí se comenzó con la brecha entre los salarios y las prestaciones por jubilaciones, que hasta el día de hoy ha ido creciendo cada vez más.

Estas diferencias entre los ingresos medios de la población más joven y los ancianos españoles pueden tener su explicación por las diferentes subidas que han sufrido para captar votos de los ancianos y que cada vez el mercado laboral de los jóvenes españoles es más precario.

El sueldo de los trabajadores más jóvenes sólo ha aumentado en estos años en menos de 50 euros, una cantidad ridículo, ya que debemos pensar que ha pasado más de una década desde inicio de la crisis financiera.

En 2007, el sueldo medio de los trabajadores españoles con edades comprendidas entre 16 y 24 años era de 1.138,20 euros, mientras que ha llegado alcanzar en estos últimos años los 1.184,65 euros de sueldo medio.

Los jóvenes son los grandes castigados por las diferentes crisis

Debemos de pensar que la generación de los jóvenes españoles es una de las generaciones más castigadas por las crisis del 2008, la 2013 y ahora la del 2020, y que ha afectado en gran cantidad en sus perspectivas económicas.

Los jóvenes de 16 a 24 años han entrado en el mercado laboral durante 3 crisis continuadas en el tiempo y más sin poderse recuperar de la crisis financiera que se inició en 2008.

Los sueldos de los jóvenes españoles se han comportado de una manera muy diferente producido por el elevado desempleo estructural, la temporalidad constante y la parcialidad de muchos contratos.

Los jóvenes españoles lo tienen bastante complicado, y parece que no hay manera de que se levante cabeza, ya que las diferentes crisis han golpeado a ciertos sectores de la población que se caracterizan por la fragilidad financiera.

En El Blog Salmón | El empleo no se va a recuperar en más de un lustro en España

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Durante las primeras semanas que Joe Biden va a estar en el cargo de Presidente de los EEUU tiene la labor de reducir o mitigar los efectos sociales causados por la presidencia de Trump y por el COVID, y también intentar la recuperar la economía de Estados Unidos.

La llegado de Biden a la Casa Blanca viene con un plan de 1,9 billones de dólares estadounidenses para estimular la economía de Estados Unidos. Estos estímulos se van hacer directamente en pagos directos a familias, apoyar a las pequeñas empresas y la creación de fondos para la vacunación masiva de los ciudadanos.

El plan de Biden con estímulos de 1,9 billones de dólares

Desde el año pasado, Biden ha puesto como objetivo principal establecer un plan de alivio económico a aquellos colectivos que se han visto más afectados por la pandemia del coronavirus.

El estímulo económico que tiene pensado aplicar es de 1,9 billones de dólares estadounidense que incorpora 1 billón de dólares para el pago directo a las familias más afectadas de 1.400 dólares estadounidenses.

Este plan también tiene pensado dedicar 440 mil millones de dólares estadounidenses en apoyar a las pequeñas empresas más afectadas por los efectos negativos a nivel económico. También se contempla en este plan un aumento de los beneficios por desempleo que reciben los ciudadanos.

Subir el salario mínimo e intentar subir los impuestos a los más ricos

En el plan de estímulos De Biden para la economía pretende implantar un salario mínimo de 15 dólares estadounidenses por hora. Pretendiendo que las grandes empresas de Estados Unidos afronten un aumento de inversor para sus empleados.

Biden ha comentado en muchos momentos que quiere presionar a las familias más ricas de Estados Unidos a través del aumento de impuestos y cambiar, en parte, los recortes de impuestos que ha realizado la administración Trump a las empresas.

Pero no está claro todavía si Biden lo podrá hacer en un corto plazo, ya que para lograr esto, debe tener un apoyo demócrata pero también debe conseguir apoyos entre las filas republicanas.

Biden quiere apostar por la inversión en infraestructuras de bajo impacto para el clima

Biden se ha comprometido firmemente en impulsar la economía de Estados Unidos con diferentes inversiones en infraestructuras por todo los estados, poniendo énfasis en aquellos proyecto de bajo impacto para el clima, como sería implementar más la compra de coches eléctricos poniendo estaciones de carga.

Lo que quiere hacer Biden no es nada barato, pero lo que pretende es mejorar el clima y la economía verde entre uno de los países más contaminantes del planeta. Estas inversiones van a ayudar a incrementar considerablemente la deuda de Estados Unidos.

Si Biden convence a las empresas de esta idea puede ser más fácil unir a los conservadores y a los liberales dentro del Congreso de los Estados Unidos, y así poder obtener la financiación necesaria para realizar las obras públicas.

Debemos considerar que el paro en enero de Estados Unidos se ha situado en 1,15 millones de desempleados, la cifra es mucho más alta que se registro en julio del año pasado, y no se prevé que recupere las tasas previas al pandemia del coronavirus hasta el 2023.

Biden ha dejado más que clara sus intenciones de crear más de 10 millones de empleos verdes, con la idea de aprovechar la reformulación del tejido económico de Estados Unidos, con una clara apuesta por las energía renovables.

Aunque Biden no se aleja de la tendencia autárquica que haya llevado durante 4 años la administración Trump. La industria manufacturera, va a tener un papel principal dentro de su agenda.

Biden debe luchar por los apoyos necesarios para que su plan de estímulos salga adelante

El plan de estímulos de Biden denota una potenciación en Estados Unidos de mayor justicia social para sus ciudadanos, no solo por intentar aumentar el salario mínimo, sino que se ha decidido prorrogar los bonos de comida durante todo este año, también por la protección de los inquilinos que están en procesos de desahucios y la ampliación de la moratoria hasta septiembre de este año.

Este ambicioso plan que quiere implantar Biden se considera entre sus filas que son demasiadas y se quieren hacer demasiado rápido, y su implantación definitiva va a depender de la salida que tenga dentro de la tramitación legislativa.

Por tanto, Biden se va a ver limitado por las mayorías reducidas de la Cámara Legislativa de Estados Unido y deberá luchar hasta el último voto para que salgan adelante todas las medidas de su plan de estímulos para aumentar el crecimiento económico y disminuir el déficit público.

En El Blog Salmón | Los retos de Biden después de las elecciones

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Más País se está presentando ante los electores españoles para las elecciones del 10 de noviembre como el Partido Verde de referencia en España. Una corriente que ya viene dada desde Europa, en la que este tipo de partidos consiguen atraer un segmento de votantes tradicionalmente cercanos a opciones socialdemócratas.

En las pasadas elecciones europeas ya vimos el auge de los verdes. La Alianza Libre Europea, que integra todos los partidos ecologistas, llegó a alcanzar 70 escaños en total, lo que supuso un avance de 20 escaños frente a los anteriores comicios.

El partido de Íñigo Errejón, que va en coalición con Equo, pretende dar respuesta a esas demandas ecológicas que hemos visto en diversas manifestaciones por la deriva del cambio climático. Por ello, han presentado el adelanto al programa electoral: "Un acuerdo verde para España".

Pero no todo es ecologismo, existen algunas referencias rupturistas con el actual modelo laboral y económico que puede trascender de la etiqueta de "verde".

De hecho, en el primer punto en la web del partido nos dice que el neoliberalismo nos ha convertido en la primera sociedad de la historia humana que pone en peligro, de modo directo, la supervivencia de sus hijos. Una afirmación falsa pues estamos en los niveles más bajos de mortalidad infantil a escala global.

En las siguientes líneas vamos a analizar las medidas más relevantes que contienen el programa electoral que se ha adelantado.

La bandera del ecologismo: Camino hacia la transición ecológica

Más País hace una apuesta clara por la transición ecológica. Afirman que desean una transición a un modelo de 100% renovables y lo consideran una oportunidad perfecta para democratizar y descentralizadas sistema energético del país.

Este punto lleno de buenas intenciones no responde a la realidad de las necesidades energéticas de un país en la que existen puntas de demanda energética que deben ser satisfechas por un mix energético suficiente para dar respuesta.

Para cubrir las puntas de demanda eléctrica es necesario un mix que ofrezca una respuesta inmediata como son las centrales de ciclo combinado, nucleares o carbón.

Otra de sus medidas es un objetivo de electricidad 100% renovable. Quieren que todos los edificios que pertenecen a la Administración Pública tendrán que contratar de manera obligatoria la electricidad con sumistradores que garanticen un origen 100% renovable. La duda que surge es que si este tipo de contratación se alcanzaría aun existiendo una alternativa de menor coste.

Se posicionan claramente por una prohibición explícita del fracking y todas aquellas prospecciones gasísticas y petrolíferas.

Curiosamente el fracking que ha llevado a la independencia energética de Estados Unidos y que el barril de crudo se sitúe por debajo de los 60 dólares rompiendo el dominio de la OPEP en el mercado del petróleo, es visto de manera negativa por esta formación política. Todo ello en un país con una alta dependencia energética y que se ha beneficiado por la acción del frackig repercutida en los precios.

La jornada laboral de 32 horas semanales sin pérdida de salario

La jornada laboral de 32 horas semanales probablemente sea la propuesta estrella de Más País, sin que ello implique una pérdida de salario.

Está medida está justificada de la siguiente manera: debido a los avances tecnológicos, la digitalización de la economía y una mayor robotizacion somos más productivos y por lo tanto es necesario reducir el número de horas necesarias dedicadas al trabajo.

Tal y como vemos en el siguiente gráfico, la premisa es cierta, aquellos países más productivos tienden a reflejar una menor cuantía de horas trabajadas semanalmente.

Pero, si nos referimos al caso específico de España, la productividad ha estado estancada en los últimos años.

Si nos vamos a los datos como el aumento de la productividad de los factores (PTF) cuyo objetivo es medir la eficiencia con la que se utilizan los factores productivos, ha sido muy escueta en España se incluso mostró tasas de crecimiento negativo a principios del siglo XXI.

En España, aproximadamente la PTS ha crecido un 0,2% en promedio dos décimas menos que la media de la Eurozona. Estos dos décimas menos tienen su consecuencia, la renta por trabajador hoy alcanzaría casi el 90% de la Eurozona, frente al 83% que representa actualmente.

La razón de este comportamiento es que a medida que se va reduciendo la elevada tasa de paro que soporta nuestra economía, se están integrando trabajadores que llevan más tiempo en el desempleo y que contaban con una formación sensiblemente inferior, lo que lleva a reducir la productividad en el cómputo total de los trabajadores.

Obligar a las empresas a reducir las horas trabajadas tendría una consecuencia directa sobre el salario ya que la aportación marginal en el proceso productivo del trabajador disminuiría. De hecho, si se mantienen los costes laborales, al descender el valor de la producción, se reducirían sensiblemente los márgenes empresariales y aflorarian las pérdidas, que impactaría contra la red de pymes españolas.

Aquellos países qué se caracterizan por una reducción de las horas trabajadas no se les obliga por ley esa reducción de la jornada laboral sino que se basan en décadas de ahorro e inversión en bienes de capital que les han llevado a liderar los rankings de productividad en conjunción con mercados laborales que tienden al pleno empleo.

La menor cuantía de horas trabajadas semanales es una consecuencia de la productividad y no una causa que haya que impulsar mediante una ley.

Empleo verde: entre 500.000 y 600.000 empleos netos anuales

Siempre llama la atención cuando los políticos se atreven a prometer una determinada cifra de empleos. En el caso de Más País se asegura que "generaremos en la década 2020-2030 entre 500.000 y 600.000 empleos netos anuales".

En su programa aseguran que esto sería posible "Con un apoyo público rotundo y audaz, en forma de políticas industriales, de empleo, formativas y de I+D+i, pero también mediante señales inequívocas al mercado, la modernización ecológica abrirá enormes bolsas de empleabilidad en todos los niveles de la cualificación laboral".

Como vemos, se trata de diseñar la oferta de manera centralizada para desarrollar una "economía verde". Puede sonar muy bien pero diseño centralizado no queda sujeto a las decisiones del mercado y por lo tanto no puede ser discriminado por el global de los consumidores.

Ya cometimos errores en el pasado cuando se trataba de adelantarse en una apuesta clara a las energías renovables. En una tecnología aún no madura, se decidió que el Estado debía intervenir mediante primas a las renovables que quedaron reflejadas a la factura de la luz con fuertes subidas para los consumidores.

Aplicar las mismas políticas que dañaron a los consumidores en el pasado, tendría las mismas consecuencias en el presente. La apuesta ecológica debe abrirse paso al mercado por ser una alternativa competitiva y no por una subvenciones derivadas de la planificación central que hacen uso ineficiente de los recursos públicos.

En los últimos días han aparecido las últimas estadísticas referentes la evolución general de los salarios, los niveles de desigualdad en concepto de renta, y también la evolución de los costes laborales que integran no solo el nivel de salarios sino también el nivel de las cotizaciones sociales.

Hemos visto que el nivel de salarios ha ido mejorando paulatinamente junto a la recuperación económica, que la desigualdad está retrocediendo desde los máximos vistos en 2014 y que los costes laborales se están incrementando, especialmente por el lado de las cotizaciones por las últimas medidas del Gobierno socialista.

Salario medio, salario mediano y salario modal

Según la reciente Encuesta Anual de Estructura Salarial referenciada al año 2017, el salario medio bruto anual por trabajador se situó en 23.646,50 euros durante ese año y, lo que supuso un aumento del 2,1% frente al año anterior, la mayor subida desde el año 2009.

No obstante, debido a las características de la distribución salarial, tenemos muchos más trabajadores en los valores por debajo de la media que por encima, y, en consecuencia, el salario medio es superior al salario mediano y al salario modal o más frecuente.

El salario mediano, el salario que se sitúa en medio del número de trabajadores tanto a los que tienen salario superior como a los que tienen un salario inferior, presentó un valor de 19.830,12 euros en 2017, un 2% más por encima de los niveles de 2016. Por otra parte, el salario modal o más frecuente alcanzó la cifra de 17.472 euros, lo que supuso una fuerte subida del 5,9%.

Si bien es cierto que el salario más frecuente pegó una subida importante, aún se sitúa un 26% por debajo del salario medio, influenciado porque muchos más trabajadores se encuentran con sueldos bajos que altos. Si observamos toda la última década, el salario medio bruto se encontraba en un punto de partida de 21.873,4 euros, por lo que la subida acumulada es del 8%.

La desigualdad de renta cae

Hace unos años uno de los temas más agitados era la desigualdad de renta que se producía en la sociedad española, y que la recuperación no estaba llegando a las capas sociales más desfavorecidas.

Según los datos del INE, se ha producido una caída de los desigualdades de ingresos. Si utilizamos la ratio S80/S20 que compara la suma de los ingresos del 20% de la población con mayores ingresos frente la del 20% con unos ingresos inferiores, en 2018, con los datos de ingresos del año 2017, su valor fue 6 con una disminución de 6 décimas frente a datos del año anterior y nos quedamos tan solo a una décima de la marca registrada en 2009.

Si nos dirigimos al indicador Gini de renta, llegamos a la misma conclusión: la desigualdad ha disminuido. Gini es una medida de desigualdad que el nivel 0 para un supuesto de igualdad perfecta y un valor de 100 en el caso de desigualdad máxima. En 2017 el índice Gini descendió 9 décimas y se sitúa en un valor de 33,2, por debajo de los niveles de 2009 (33,5).

Gini alcanzó su máximo en el año 2014 cuando marcó unos niveles de 34,7. Desde ese punto, en los últimos años se ha ido reduciendo paulatinamente hasta alcanzar los niveles actuales.

Fuerte subida de los costes laborales durante el primer trimestre de 2019

En la Encuesta trimestral de coste laboral que elabora el INE nos dice que el coste laboral de las empresas se sitúa hoy en 2.550,27 euros por trabajador y mes durante el primer trimestre del año, lo que supuso un aumento del 2,1% frente al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance en todo un lustro.

Pero el coste laboral se compone por el coste salarial y otros costes. Si nos vamos al coste salarial por trabajador y mes - que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos- avanza un 1,7% y alcanza los 1.876,19 euros de media. El resto de costes aumentan un 3,1% situándose en 674,08 euros por trabajador y mes. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 3,6%

El fuerte incremento experimentado por los costes laborales durante el primer trimestre tiene una razón de ser: el Gobierno aprobó el incremento del SMI hasta los 900 euros entró en vigor el 1 de enero. Este incremento representaba un avance del 22,3% desde los niveles de 2018 que se situaban en 735,8 euros.

Las cotizaciones lideraron la subida porque el Ejecutivo socialista impulsó las bases mínimas y máximas de cotización, en primer caso un 22% de acuerdo al alza del SMI y las máximas hasta un 7%, y también se vieron incrementos de cuotas para autónomos, empleadas del hogar y contratos temporales más cortos.

Recientemente, desde el Ministerio de Economía, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de impulsar la mochila austriaca. Una medida que queda recogida en el documento: La agenda del cambio: Hacia una economía sostenible.

De manera preliminar, esta propuesta se abordaría en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles.

El debate de la mochila austriaca no es nueva de este motivo sino que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya planteó esta idea en el año 2010, aunque finalmente nunca llegó a implementarse.

¿Qué es la mochila austríaca?

La mochila austriaca debe su nombre a que en el año 2002, el Gobierno austríaco reformó el marco regulatorio de los pagos de las indemnizaciones por despido impulsando una contribución mensual sobre el salario bruto del trabajador que se acumula en un fondo de capitalización, es decir, en todo momento queda en manos del trabajador y no del Estado.

El objetivo final del nuevo sistema era abordar todas las preocupaciones vinculadas a la movilidad del trabajador, introduciendo al mismo tiempo más previsibilidad (financiera y jurídica) para las empresas.

La mochila está basado en en cuentas de ahorro individuales y portátiles, que se financian mediante pagos no tributables de los empleadores del 1,53% de los salarios brutos. El dinero asignado es administrado por fondos de provisión para empleados.

En caso de pérdida del empleo, los trabajadores pueden retirar de su cuenta o transferirla a su próximo trabajo. Si los trabajadores no acceder a sus cuentas durante su carrera profesional, pueden, una vez jubilados, reclamar una pensión de jubilación, el pago en efectivo o la conversión de sus derechos en una renta vitalicia que permanecen libres de impuestos.

Por lo tanto, el nuevo sistema crea una mayor flexibilidad externa al hacer que los costes de despido predecibles en todo momento, mejorando al mismo tiempo la seguridad financiera de los trabajadores excluidos anteriormente del sistema, y aquellos trabajadores, que estaban cubiertos pero que terminaron su contrato a sí mismos. Al mismo tiempo, el sistema también contribuye a la creación de un pilar adicional de pensiones, que complementa las disposiciones existentes.

¿Qué influencia tiene la mochila austríaca?

El principal problema de que nos encontramos con la mochila austriaca es que el trabajador ve repercutido otro coste sobre su nómina. Sin embargo, la incorporación de la mochila austriaca no se dirige a las arcas públicas como el IRPF o a formar parte del esquema de reparto de la Seguridad Social, sino que formaría parte del ahorro del trabajador.

Por lo tanto, el trabajador estaría generando, de forma obligada, una provisión de ahorro para el largo plazo que en un futuro puede ayudar a complementar su pensión tras finalizar su vida laboral.** El reverso de la moneda es que menguaría su capacidad de consumir** (la renta o se ahorra o se consume).

Para los contrarios a la flexibilidad laboral, esta medida supone un problema, se estaría suprimiendo los obstáculos para ejecutar un despido, por lo tanto, ante un despido, prevalecería la propia capacidad del trabajador dentro de la empresa y no su coste del despido.

Desde el punto de vista de la empresa, esa mayor flexibilidad permite ajustarse inmediatamente ante los cambios de mercado y no verse solapada por unos costes en un momento de dificultades o cambios que les pueda alterar la situación financiera de la empresa, propiciando las quiebras.

Actualmente vivimos en un mercado de trabajo dual, con trabajadores indefinidos blindados por excesivos costes de despido, por lo que la flexibilidad recae en los temporales y de ahí, la elevada tasa de temporalidad, en torno al 25% del total de ocupado, el tercer peor dato dentro de los países de la OCDE.

El problema de su implementación en España: El coste de despido sigue siendo demasiado alto

Antes de la reforma laboral de 2012, la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 42 meses de salario. Ahora, en caso de despido improcedente, la legislación exige que los empleados reciban una compensación legal mínima de 20 días de salario por cada año, hasta un máximo de 12 meses de salario.

Y, en caso de despido improcedente de un empleado con un contrato indefinido, la legislación exige que los empleados reciban una compensación legal mínima de 33 días de salario por cada año de servicio, hasta un máximo de 24 meses de salario.

A pesar de la rebaja de los costes de despido, lo cierto es que España sigue siendo uno de los países de la OCDE. Si analizamos las indemnizaciones por despido por semanas de salario. En España, el coste de despido es de 15,2 semanas de salario. Si nos comparamos con las grandes países de la UE, nos encontramos liderando los costes: Alemania (11,6 semanas), Reino Unido (4 semanas), Francia (4,6 semanas) e Italia (0 semanas). De hecho, solo un país de la UE tiene mayores costes de despido que España, Grecia con 15,9 semanas.

Si nos centramos en la indemnización por despido para un trabajador de 10 años es la más alta de toda la Unión Europea, 28,6 semanas de salario. A escala global, es una de las más altas de la OCDE, únicamente superadas por México con 30 semanas y Chile, Israel y Corea del Sur con 43,3 semanas. El resto de países todos ellos tienen costes de despido inferiores.

Por lo tanto, en este entorno, la mochila austriaca no es la panacea, si bien concede una mayor flexibilidad por la mayor certidumbre y la distribución de los costes del despido en la vida laboral de la empresa para el trabajador, el problema de raíz de los excesivos costes de despido seguirían manteniéndose.

Además, partimos de la base que en España la cuña fiscal que soporta el trabajador medio es del 39,3% que recoge. Si a esta cifra le añadimos el impacto medio de gravámenes como el IBI, el Impuesto de Patrimonio, el de matriculación, y demás, nos encontramos una presión fiscal sobre el trabajador del 49,3%. Y a partir de esa cifra, deberíamos sumar el coste de la mochila austriaca del país con las mayores indemnizaciones de despido de la UE.