Vivir solo en España ya no es una decisión personal, sino también económica. Al menos, mucho más de lo que lo fue en el pasado reciente y no tan reciente.

Según un análisis elaborado por Raisin, el gasto medio por persona es un 86 % mayor cuando se vive solo que cuando se comparte hogar en pareja. El porcentaje, que casi duplica el gasto medio para los solteros, se sitúa en unos 932 euros extra al mes (unos 11.000 euros por año) para mantener un nivel de vida equivalente con alguien que convive y reparte los gastos.

La prima económica por vivir solo

El cálculo parte de una realidad sencilla: muchos gastos no se duplican cuando se vive en pareja. El alquiler, la hipoteca, la conexión a internet o ciertos suministros son costes prácticamente fijos. Compartirlos reduce drásticamente el coste per cápita.

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Por descontado, hay muchos modos de vida o fórmulas de convivencia que permiten repartir gastos y ahorrar. Sin embargo, en la práctica, estas alternativas suelen estar más asociadas a etapas concretas, como la juventud, la precariedad inicial o la transición hacia el mercado laboral (o solía ser así), y chocan con factores como la edad, la estabilidad profesional o el modelo mayoritario de independencia residencial.

A medida que se avanza en el ciclo vital, la expectativa social y económica tiende a desplazarse hacia hogares unipersonales o familiares, donde la posibilidad de compartir costes fuera del ámbito de la pareja se reduce considerablemente.

Lejos de ser un fenómeno minoritario, los hogares unipersonales representan una parte creciente de la estructura social española. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 28 % de los hogares en España están formados por una sola persona, lo que supone más de cinco millones de viviendas.

Además, las proyecciones demográficas del propio INE apuntan a que esta proporción seguirá aumentando en las próximas décadas, lo que convierte el coste de vivir solo en una cuestión estructural y no anecdótica.

Los datos oficiales ayudan a entender la magnitud del fenómeno. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto medio por hogar en España alcanzó los 34.044 euros anuales en 2024, mientras que el gasto medio por persona fue de 13.626 euros.

La vivienda es la partida más pesada dentro del presupuesto doméstico, lo que explica que no repartirla tenga un impacto desproporcionado. El informe de Raisin estima que para mantener un nivel de vida comparable al de una pareja en la que cada miembro gana 32.000 euros anuales, un soltero necesitaría ingresar casi 60.000 euros al año.

El problema: el salario medio está muy lejos

Ese umbral contrasta con el mercado laboral real. Las estadísticas laborales europeas sitúan el salario medio bruto anual en España en el entorno de los 28.000 euros, dependiendo de la fuente y metodología.

En este sentido, el nivel de ingresos que permitiría a un soltero aplicar con holgura la regla presupuestaria 50/30/20 (o sea, destinar un 50 % de los ingresos a las necesidades básicas, un 30 % a consumo y el 20 % restante al ahorro) queda muy por encima de lo que percibe el trabajador medio.

En pocas palabras, desde el punto de vista estructural, esto implica que el sistema económico está diseñado, de facto, para hogares compartidos. Además, el acceso a la vivienda multiplica este problema.

La brecha se amplifica en el mercado inmobiliario. El análisis de Raisin fija en 1.176 euros mensuales el coste medio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España. Para una persona sola, con un salario en la media, esto puede representar más de la mitad de sus ingresos netos.

Por supuesto, estas cifras están muy, muy lejos también del SMI de los asalariados y de lo que cobran un alto porcentaje de trabajadores autónomos en el país.

Mientras un soltero destinaría en torno a 2.016 euros mensuales a alquiler y facturas, una pareja necesitaría 2.167 euros entre ambos (1.083 euros por persona), lo que deja un margen adicional de más de 900 euros al mes frente a quien vive solo.

Asimismo, este efecto es acumulativo: menor capacidad de ahorro, mayor dependencia del alquiler y mayores dificultades para acceder a la compra.

Cuando la economía condiciona la vida sentimental

El impacto no es solo financiero. Según las mismas fuentes, el 37 % de los españoles afirma que sigue en su relación actual o está abierto a conocer a alguien por motivos económicos, un 25 % reconoce que comparte vivienda, principalmente, para ahorrar dinero.

No obstante, lo más destacado es que un 21 % cree que su relación cambiaría si mejorara su situación financiera y un 11 % afirma que, en esa situación, terminaría con su pareja. Unidos por la precariedad… hasta que la solvencia económica, si llega, nos separe.

Los datos no prueban, en absoluto, que el dinero sea el único factor en las relaciones sentimentales, pero sí sugieren que la vivienda y el coste de vida funcionan como un estabilizador económico capaz de retrasar rupturas o fomentar convivencias no planificadas.

Desde el punto de vista económico, se percibe claramente un problema de economías de escala domésticas, donde la fiscalidad, la vivienda y los costes fijos favorecen la convivencia.

De acuerdo, quizá España no “odia” a los solteros en un sentido literal, pero las políticas de mercado y las decisiones políticas asociadas hacen que vivir solo implique pagar una prima considerable. Así, en un contexto donde los salarios medios son los que son, y los alquileres siguen subiendo, vivir solos navega entre el lujo financiero y la elección imposible.

En el imaginario colectivos, las PyMEs tienen una reputación casi heroica. Y no es para menos. Son el alma del tejido productivo, el refugio de la economía local y gran parte de la base del empleo total del país.

Sin embargo, hay quienes debaten el papel de éstas en la economía y señalan un ecosistema empresarial demasiado fragmentado.

Es decir, las PyMEs representan un modelo que limita la productividad, no permite el crecimiento y reduce la capacidad de ofrecer trabajos de calidad. ¿Es esto cierto? ¿se ha idealizado a las pequeñas y grandes empresas?

La realidad, a nivel global, presenta también otra casuística a tener en cuenta. Y es que, los países con economías más avanzadas, más tecnológicas y socialmente más desarrolladas tienen un porcentaje significativamente mayor de grandes empresas que dinamizan la economía, exportan más, innovan y sostienen una base fiscal más sólida.

Fuente: https://x.com/Jongonzlz

La verdad detrás de las PyMEs

En España, las PyMEs generan hasta el 62% del empleo total. Un dato que implica una enorme aportación al sistema laboral. Y también que casi el 94% de las compañías no supera los 10 trabajadores.

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A nivel macroeconómico, esto limita generar economías de escala, también la inversión en tecnología y reduce la capacidad de que los trabajadores tengan condiciones laborales.

En España, las grandes empresas son solo alrededor del 0,2% del total. Sin embargo, gigantes como Inditex o El Corte Inglés -por citar solo algunos ejemplos- ofrecen el 40% del empleo y más de la mitad del valor añadido empresarial. Es decir, su impacto real sobre la economía es muy superior y sus salarios mejores.

Las grandes empresas ofrecen sueldos más altos

Según datos del INE, hasta un 47% más puede llegar a ganar un trabajador de una gran empresa, respecto a la de una pequeña o mediana en España.

El salario medio de las pequeñas se sitúa en torno a los 1.450 euros mensuales brutos. Cifra que aumenta en las grandes empresas, donde ronda los 2.130 euros. En las medianas, la cifra se queda en 1.760 euros.

Una gran diferencia de remuneración según el tamaño de las empresas. Y es que las más grandes pueden llevar a cabo mayores subidas de salarios, planes de formación y conciliación familiar, seguros médicos, planes de pensiones o complementos salariales.

También hay menos brechas de género o diferencias entre contratos. La temporalidad también es menor en las grandes que en las pequeñas empresas.

Más inversión y más productividad

El tamaño importa. Una gran empresa, como es lógico, tiene más dinero para invertir ya no solo en más puestos de trabajo, sino también en aspectos tan importantes para la competitividad como es la tecnología.

De hecho, las grandes empresas dedican una parte mayor de su facturación a I+D, con un promedio del 1,4% frente al 0,4% de las pequeñas. Esto es un empuje importante en términos de innovación, mejores procesos, mayor eficiencia y, por ende, en más capacidad para aumentar los salarios.

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También hay diferencias en cuanto a productividad. Según Eurostat, la productividad laboral media en grandes empresas es entre un 35% y un 50% superior a la de las PyMEs. Esto permite sobrellevar mejor los aumentos del salario mínimo y responder con mayor flexibilidad ante cambios regulatorios o económicos.

Las grandes empresas además pagan más impuestos en proporción al beneficio, no solo por la aplicación de tipos efectivos más altos, sino porque su fiscalidad está más regulada y auditada.

Dos modelos complementarios

El debate no es PyMEs versus grandes empresas. Ambos tipos de compañías son muy necesarias en España. Es preciso fomentar un modelo mixto, que conserve la agilidad de las pequeñas empresas, pero la fuerza de las grandes.

Romantizar a las PyMEs es atractivo sí pero económicamente empobrecedor si se ignora el desequilibrio estructural (los datos hablan por sí solos) del sistema productivo.

Imágenes | Pixabay, Wikipedia

Pensemos en Santi, nació en 1985 y acaba de cumplir 40 años. Santi ve como sus padres compraron vivienda en 1994, cuando acabaron de ahorrar para la entrada en un piso en Madrid. Sus padres eran maestros, pero él admiraba a su tío abogado que conducía un Audi 80 y mantenía a su mujer. Eso le empujó a estudiar derecho en los años 2000, pero a pesar de su profesión no se plantea comprarse un Audi A4, sino que se conforma con un Seat Ateca con el que se desplaza desde la periferia de Madrid a su oficina.

Sus padres tuvieron dos hijos y, a él le cuesta hacerse cargo de uno. Sus padres compraron un piso de dos dormitorios en Benidorm, él veranea en ese mismo piso de su infancia con paredes de gotelet y ni sueña con comprarse una segunda vivienda agradeciendo la disponibilidad del piso familiar para no gastar en vacaciones a pesar de tener que turnarse con su hermana.

A pesar de todo Santi es buen trabajador y no le va mal, de hecho tiene un buen sueldo y le reconocen sus jefes su valía, pero no entiende por qué aunque ha tenido una trayectoria profesional parecida a la de su tío, vive peor incluso que sus padres. Sus padres se hipotecaron a 15 años a un tipo de interés de dos cifras, mientras que él tiene un tipo de interés en su hipoteca que es inferior al que daba su cartilla de la infancia en la caja de ahorros.  Su sueldo es mejor que el de sus padres, de hecho es mejor que la pensión de sus padres y cuando lo pasa a pesetas se sorprende de que gane tanto. En cambio ve a sus padres con su vivienda habitual y su vivienda de vacaciones frente a su piso hipotecado a 30 años y no le acaba de encajar que a pesar de supuestamente irle mejor, viva peor.

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El espejismo del sueldo creciente con productividad menguante

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto en España ha aumentado nominalmente entre 1994 y 2023. Sin embargo, cuando se ajusta por inflación, el crecimiento real del sueldo neto ha sido modesto. Un informe de la OCDE indica que, entre 1994 y 2024, los salarios reales en España han aumentado solo un 2,76%, mientras que en Irlanda han crecido un 66% en el mismo período. Esta diferencia se atribuye a modelos económicos y políticos divergentes, donde Irlanda ha apostado por sectores de alto valor añadido como la tecnología y las finanzas, mientras que España ha fortalecido una economía basada en el turismo y la hostelería, sectores con baja remuneración y escaso valor añadido.  Pero también por el bajo crecimiento de la productividad en el resto de sectores.

El crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) en España ha sido bajo en las últimas tres décadas. Un artículo de Cinco Días destaca que, entre 2000 y 2008, el crecimiento económico basado en el sector de la construcción favoreció el bajo valor añadido y la baja productividad. A partir de 2008, la crisis financiera y las reformas posteriores provocaron un ajuste severo, con caída salarial y estancamiento productivo. Aunque entre 2014 y 2019 hubo una leve recuperación de la productividad y de los salarios reales, interrumpida por la pandemia y el shock energético, desde 2022 se observa una mejoría, con un crecimiento reciente de la productividad por encima del 3%.

No obstante si tenemos en cuenta que Santi tiene herramientas para ser mucho más productivo que su tío, como correo electrónico en su teléfono móvil, la legislación en su mesa de trabajo con solo unos clicks, administración pública digital, gps para llegar a las oficinas de sus clientes,etc. Uno no deja de sorprenderse lo poco que ha crecido la productividad en España en los últimos 30 años.

Vivienda: el lastre que pesa más cada año

El precio medio de la vivienda en España ha experimentado un incremento significativo desde 2008. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio por metro cuadrado de la vivienda libre ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Este aumento se debe en parte a la falta de construcción desde la crisis de 2008 y a la implementación de regulaciones más estrictas en la edificación. Además, el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) introducido en 2019 ha incrementado los costes de construcción debido a mayores exigencias en aislamiento térmico, eficiencia energética y uso de tecnologías limpias, encareciendo aún más la vivienda nueva

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Es decir, a Santi y a su novia les ha costado mucho más ahorrar para el piso y lo tienen que pagar a más años. Es cierto que tiene unas calidades mucho mejores que las de una vivienda de la primera mitad de los años 90 y es mucho más eficiente, pero es mucho más cara. También ha aumentado la población del área metropolitana de Madrid y la competencia por conseguir una vivienda, vivimos más concentrados.

Por otro lado, aunque no hemos ampliado nuestro poder adquisitivo, si lo han hecho en muchos países europeos, lo que les da la sensación de que nuestros pisos están baratos y que pueden jubilarse en la costa española (o al menos pasar temporadas ahí) por lo que les parece poco dinero.

El peso creciente del Estado y la carga fiscal

Según el último informe de la OCDE, la presión fiscal en España ha aumentado en los últimos años. En 2023, la presión fiscal en España fue del 37,3% del PIB, superior al promedio de la OCDE del 33,9%. Este aumento se debe a desafíos como el cambio climático y el envejecimiento de la población, que exigen mayores ingresos públicos. Además, los trabajadores españoles destinan una parte significativa de su salario a impuestos. En 2023, los trabajadores españoles destinaron el 40,2% de su salario bruto a impuestos, incluyendo un 15,6% dedicado al IRPF y un 6,25% a cotizaciones sociales. En 2025 los españoles trabajan 228 días para pagar sus impuestos, frente los 177 que lo hacían en 2018 según un informe de la fundación civismo.

Ya comentamos que  el servicio público en España no es mejor a pesar de que crezca la cantidad de nuestros ingresos que los españoles destinamos a lo público. De hecho al iniciarse el servicio de AVE en España, renfe devolvía el importe del billete por un retraso superior a 5 minutos, ahora lo hace por retrasos de más de hora y media.

Necesidades de 2025

En 1995 era menos frecuente que ahora la presencia de dos coches por vivienda. Los teléfonos móviles eran casi una excentricidad (lo normal era el beeper o busca para aquellos que tenían que estar localizables). Internet también era algo que se usaba por empresas o por geeks, y aunque era habitual alquilar películas VHS en el videoclub, la tv de pago no era algo generalizado.

Hoy en día no nos planteamos vivir sin Internet en casa y en el móvil, un teléfono móvil para cada miembro de la familia que se renueva cada pocos años no es infrecuente, cuando compramos un coche esperamos un SUV (más caros de fabricar) y con equipamiento que en 1994 era ciencia ficción, como el GPS integrado o la cámara de visión trasera. Los cumpleaños infantiles se celebraban con una tarta casera de galletas, no con un chiquipark y una tarta de unicornios o de spiderman.

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Es decir, en 2025 tenemos ciertas necesidades que no teníamos 30 años atrás. Eso hace que incluso con un sueldo más alto nos de la sensación de que no llegamos al nivel de vida que nos dieron nuestros padres.  Obviamente no es el único factor, pero es importante.

La paradoja de vivir peor ganando más

La combinación de un crecimiento salarial real modesto, el aumento del coste de la vivienda, el aumento y concentración de la población, el bajo crecimiento de la productividad y el incremento de la carga fiscal contribuye a la "nueva pobreza silenciosa". A pesar de ganar más que generaciones anteriores, muchos ciudadanos experimentan una calidad de vida inferior debido a estos factores estructurales.

Si la competitividad y productividad se sigue ignorando en cada Decreto-Ley que se prueba por el consejo de ministros, nos vamos a encontrar con que sí, aunque suban los sueldos iremos siendo más pobres poco a poco y viviendo peor que nuestros padres. No es una obligación vivir peor que nuestros padres, los países de Europa del Este, Irlanda o muchos ejemplos en Asia demuestran que es posible vivir mejor que nuestros padres, pero hay que quererlo.

En España, muchos ciudadanos sienten que llegan peor a final de mes que hace quince años. Y esto ocurre cuando las cifras oficiales muestran que el salario medio ha aumentado y la renta per cápita es hoy superior a la de 2008.

Sin embargo, una parte importante de la población tiene la sensación —e incluso la certeza— de ser más pobre. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? ¿Es culpa del porcentaje de impuestos? La realidad es que la respuesta es más compleja de lo que parece.

Más salario medio, sin poder adquisitivo

Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual en 2023 fue de 28.049,94 euros (brutos), por encima de los 26.948,87 euros de 2022. En términos nominales, ganamos más que en 2008.

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Pero ese dato tiene trampa: no incluye la inflación acumulada, ni las diferencias por sectores, territorios o tipo de contrato.

De hecho, más del 60 % de los trabajadores españoles cobra menos de 2.000 euros brutos al mes, y casi uno de cada cinco gana el salario mínimo o menos. Es decir, el salario medio no refleja lo que la mayoría de españoles ingresa. Por eso, aunque el dato oficial crece, el poder adquisitivo real no lo hace. Gran parte de la población sigue estancada e incluso ha retrocedido en ingresos netos: en gran medida, lastrados por el coste de vida.

Menor renta disponible

El dato clave está en la renta neta disponible, es decir, el dinero que queda tras impuestos y cotizaciones. Según datos recogidos por RTVE, los hogares españoles tienen hoy menos renta neta que en 2008.

Al mismo tiempo, la carga fiscal que soportan —especialmente a través del IRPF— ha crecido (y acusa una falta de progresividad que viene de lejos). El esfuerzo fiscal de los hogares ha pasado de un índice 100 en 2008 a uno de 114,4 en 2024.

La explicación se encuentra en la falta de una actualización de los tramos del IRPF al ritmo del IPC, lo que ha hecho que muchos contribuyentes pasen a pagar más aunque sus ingresos reales no hayan crecido (lo que podríamos denominar una forma de “progresividad inflacionaria”).

Más impuestos, para casi todos

A todo lo anterior, se suma un efecto fiscal desigual, puesto que aquellos que perciben rentas muy bajas han visto reducirse su presión impositiva gracias al aumento del SMI y del mínimo personal exento de IRPF. 

Según datos recientes, cerca del 40 % de los declarantes se encuentra en los tramos exentos o con cuota reducida del IRPF, gracias a mínimos personales y reducciones fiscales vinculadas al SMI. El mayor peso de la recaudación ha recaído sobre las rentas medias, entre los 20.000 y 50.000 euros anuales, que no solo han perdido poder adquisitivo por la inflación, sino que han visto cómo su carga tributaria aumentaba de forma indirecta.

Además, los datos de recaudación fiscal refuerzan esta tendencia. Según Funcas, la presión fiscal total en España ha alcanzado en 2024 un récord del 30,9 % del PIB, en gran parte a causa del IRPF: el tipo medio del impuesto ha pasado del 12,7 % en 2019 al 14,4 % en 2024, con un peso creciente sobre las rentas medias.

El hecho de no haber actualizado los tramos y mínimos del IRPF con la inflación —lo que se conoce como progresividad en frío— se ha traducido en una recaudación extra de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024. Esta subida silenciosa de impuestos ha frenado el crecimiento real de la renta disponible para muchos hogares.

El salario medio ha crecido, pero la inflación acumulada desde 2008 ha sido superior. Los precios de la vivienda, la energía y los alimentos han subido muy por encima de los ingresos: en la práctica, ha erosionado la capacidad de compra de los hogares.

Mientras tanto, la renta per cápita —otro dato que se suele esgrimir para mostrar progreso— también se ha visto incrementada. No obstante, como advierte Antonio Ortiz, ese dato no refleja ni la distribución ni el acceso real a los recursos: puede aumentar aunque la mayoría se empobrezca, si el crecimiento se concentra en los tramos altos de renta.

Contrato social debilitado

Por último, otra clave está en el uso del gasto público. En los últimos años ha crecido el presupuesto destinado a pensiones, subsidios y dependencia —por razones demográficas evidentes—, mientras que los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, vivienda) han sufrido recortes o no han mejorado sustancialmente. Pagamos más impuestos, pero la percepción generalizada es que los servicios no mejoran.

Esto ha generado una sensación legítima de malestar y desconfianza: los ciudadanos ven que trabajan igual o más, pagan más impuestos y reciben menos a cambio. No se trata solo de un debate económico, sino de un contrato social que parece haberse debilitado.

Así, a pesar del crecimiento de algunos indicadores como la renta per cápita o el salario medio, la mayoría de los ciudadanos españoles no sienten ningún progreso de la economía para su bolsillo. La combinación de inflación, mayor esfuerzo fiscal para las clases medias y servicios públicos tensionados ha deteriorado la renta disponible de muchos hogares.

¿Los impuestos tienen parte de culpa? Sí. ¿Son el único motivo? No. También lo son las políticas fiscales no actualizadas, el estancamiento salarial, y una estructura de gasto público que no responde igual para todos. La desigualdad se ha hecho más visible, y con ella, la necesidad de repensar tanto el modelo fiscal como las prioridades del Estado.

Fue un acuerdo in extremis, pero finalmente la sangre no llegó al río entre dos de las voces más destacadas (y enfrentadas) del gobierno de España: María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

Los Ministerios de Hacienda y Trabajo han sellado, de momento, la paz. Finalmente, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no pagarán el IRPF en 2025. Algo que ha sido aplaudido por diferentes actores sociales como un paso más en una fiscalidad más equilibrada y justa, sobre todo para las personas con mayores dificultades económicas.

Pero ojo, hay letra pequeña. Y es que este “nuevo” esquema de deducciones no hace otra que esconder un efecto perverso. O lo que es lo mismo, una pendiente fiscal que lo que hace es castigar y con dureza a aquellas personas que superen -aunque sea por poco- el umbral del SMI.

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Sí, el pacto alcanzado elimina el IRPF para quienes perciban al año 16.576 euros brutos. Sin embargo, introduce una deducción decreciente hasta 17.256 euros. ¿Y qué significa esto? Que el resultado entre ambas cantidades se mantiene constante en el salario neto, es decir los 15.500 euros, por lo que se genera un tipo marginal del 99% en el IRPF.

O sea, que por cada euro bruto adicional de salario, el trabajador solo va a percibir un céntimo extra.

Así funciona el tipo marginal del IRPF

Cuando hablamos del tipo marginal del IRPF nos referimos siempre al porcentaje que se aplica sobre cada euro adicional ganado. Por ejemplo, si una persona cobra 20.000 euros brutos y el tipo marginal es del 40%, cada euro extra que reciba se traduce en unos paupérrimos 60 céntimos netos. Con el nuevo esquema, ese marginal se dispara hasta el 99% entre el SMI y los 17.256 euros.

Esto significa que si una persona cobra exactamente el salario mínimo no va a pagar el IRPF. Pero si su sueldo sube solo 100 euros, ese aumento no va a verse reflejado en su cuenta bancaria. De hecho, en algunos casos, podría incluso percibir menos ayudas o subsidios por superar el umbral de ingresos. Es decir, dicha mejora salarial puede ser más bien una penalización económica.

El Frankenstein fiscal español

En redes sociales, hay quien ha llegado a calificar esta casuística como "el Frankenstein de los tipos marginales". Un gráfico que muestra cómo entre el SMI y los 17.256 euros, el tipo marginal es del 99%, y entre 17.256€ y 21.100€ baja al 50%. Como paradoja es que, durante todo ese tramo, el salario neto no varía nada.

Incluyo el tipo efectivo para mayor claridad. El marginal es el valor de la pendiente (la primera derivada) del tipo efectivo https://t.co/qa4lOK4TFD pic.twitter.com/MOBFJf06Fs

— Jon González (@Jongonzlz) April 9, 2025

Esto, a su vez, produce una distorsión que puede llegar a desincentivar subidas salariales, promociones o incluso que el propio trabajador no acepte trabajar horas extra. Porque si cualquier supuesta mejora en la remuneración recibida se traduce en prácticamente el mismo ingreso neto, el sistema pierde su función que es básicamente la incentivadora.

Esto también señala un problema de base en el sistema fiscal español: la necesidad de crear deducciones que no generen efectos escalón tan sumamente marcados ni inservibles para el trabajador.

La intención era buena pero el resultado ha sido todo lo contrario

En un primer momento, la intención de Hacienda era aliviar la carga fiscal de aquellos trabajadores que ganan menos. Es decir, algo ya no solo positivo, sino también muy necesario en un contexto aún de alta inflación y guerras arancelarias.

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Pero el diseño de la deducción decreciente no ha sido bien ejecutado y genera un problema de incentivos que echa para atrás cualquier avance. Y es que, al asegurar el mismo salario neto hasta los 17.256 euros, se ha crea ese "escalón fiscal" que anula que cualquier mejora salarial sea vista como tal.

Un ajuste que provoca que el salario neto permanezca plano hasta alcanzar el umbral donde desaparece dicha deducción. Y, cómo no, de nuevo el debate está servido entre las diferentes facciones del gobierno.

Hay quienes apuestan porque la deducción decreciente debería, cómo mínimo, suavizarse mediante una transición mucho más progresiva. Es decir, que el IRPF no alcance niveles extremos.

Y hay otras voces que creen que esta deducción es una trampa. Y que avoca a que los trabajadores con sueldos más bajos no puedan prosperar. ¿Habrá algún cambio más antes de su entrada en vigor? Todo puede ocurrir.

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Durante décadas, la fórmula parecía infalible. Y las familias no se cansaban de repetirla: "Estudia, que te irá mejor en la vida." Más formación era el equivalente a un salario más alto y, por lo tanto, a mejores oportunidades y un nivel de vida superior.

Sin embargo, la brecha podría estar cerrándose. La diferencia salarial entre las personas que han cursado estudios universitarios y los que no cada vez es menor, año tras año. En gran parte, la explicación se encuentra en el aumento de los salarios mínimos, pero hay más.

La universidad (ya) no garantiza nada

Una noticia reciente de The Times, firmada por el analista Tom Calver, pone el dedo en la llaga. Parafraseando su texto, dice algo así: "Antes, ir a la universidad era una forma rápida de aumentar tus perspectivas salarias. Pero ¿hoy? ¿vale la pena?"

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Según Calver, tras el aumento del salario mínimo en el Reino Unido (£12.21, en trabajos de cuarenta horas o más: si bien, su aplicación y traslación no es exacta a la normativa española) ha supuesto una desaceleración de los sueldos de los titulados universitarios, que han perdido parte de la ventaja competitiva de sus salarios.

En su análisis, Tom Calver compara los ingresos de graduados y no graduados en el Reino Unido, mostrando cómo en algo más de una década la diferencia ha pasado de duplicar el salario mínimo a situarse en torno al 40 %, y en retroceso.

🧵 NEW: The erosion of the graduate premium

The minimum wage is now £25k on a 40-hour week. From next year, £25k is also the threshold for repaying new student loans

There are many good reasons to go to uni - but does it still pay in the financial sense?

1/8 pic.twitter.com/qCAgnNAzhX

— Tom Calver (@TomHCalver) April 6, 2025

Si bien el aumento del salario mínimo explica parte de esta tendencia, también influye la pérdida de poder adquisitivo de los titulados: sus sueldos han caído de cerca de las 40.000 libras antes de la crisis financiera de 2008 hasta menos de las 35.000 libras, hoy día.

En paralelo, los ingresos de los no graduados se mantienen entre las 25.000 y 30.000 libras, una franja muy próxima al salario mínimo, que ya supera las 25.000 libras anuales.

La tendencia se replica en España

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Estructura Salarial del INE, 2022), los licenciados universitarios percibieron un salario anual de 44.672,13 euros, superior en un 65,8 % al salario medio.

Por otro lado, los trabajadores con estudios primarios incompletos tuvieron una remuneración anual de 17.333,57 euros, un 35,7 % inferior al salario medio, que corresponde a 26.948,87.

Si bien la diferencia sigue siendo notable, se observa una tendencia a la reducción de esta brecha en comparación con años anteriores, tras el aumento del SMI, que todavía se encuentra por debajo de otros países europeos —sobre todo, si aplicamos el baremo salario-coste de vida.

In the US, as @jburnmurdoch has shown, a huge rise in graduates has barely impacted the graduate premium. But here, that’s not the case: the graduate benefits have been diluted

Indeed since ‘09, the UK’s wage stagnation has been concentrated among higher, mostly graduate earners pic.twitter.com/63z2RfwtVd

— Tom Calver (@TomHCalver) April 6, 2025

En el caso español, la reducción del salario medio por estudios superiores no es todavía tan marcada como en otros países. Según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia entre titulados universitarios y trabajadores con bajo nivel de formación sigue siendo sustancial.

Sin embargo, hay varias dinámicas que invitan a pensar que esto también está cambiando. Por un lado, el aumento sostenido del salario mínimo ha elevado los sueldos más bajos, estrechando la base de la distribución salarial.

Salarios congelados

De igual modo, el estancamiento de los salarios medios y altos en sectores con alta concentración de titulados también ha contribuido a este efecto.

De este modo, aunque el diferencial sigue siendo alto en términos absolutos, el contexto actual podría asentar las bases hacia unos sueldos relativamente convergentes pese al nivel educativo. Por ahora, ir a la universidad sigue siendo rentable en España, pero cada vez menos, lo que explica el repunte de la Formación Profesional.

Además, según Eurostat, el 12,9 % de los españoles con formación universitaria se consideran cada vez más pobres, un aumento respecto al 12,1 % del año anterior, que puede sugerir una reducción de la brecha salarial a la baja.

Por descontado, tanto en Gran Bretaña como en España, la educación superior sigue ofreciendo ventajas salariales, pero la diferencia con respecto a los trabajadores con menor formación se ha ido reduciendo. Como comentaba Calver: en resumidas cuentas, los mayores ingresos están en el bolsillo de los que fueron a la universidad, pero ir a una institución superior, ya no garantiza nada, y la rentabilidad para los recién titulado, después de impuestos, puede ser decepcionante.

Afirman que ya no pueden más y anuncian próximas movilizaciones. En las últimas semanas, los funcionarios españoles han anunciado manifestaciones públicas en protesta por sus bajos salarios. Argumentan que se sienten "abandonados" por las administraciones públicas pero ¿es esto verdad?

Se quejan de que el incremento salarial aún está pendiente, no solo el 0,5% acordado con el Gobierno en caso de que la inflación acumulada superara la revalorización aplicada en los últimos años (lo cual ya ha sucedido). Sino también el ajuste correspondiente a este año.

Sin embargo, la realidad es algo distinta a lo que los funcionarios aseguran. Y de nuevo, los datos, tienen la última palabra.

Lo que dice el Banco de España

En España, desempeñar un puesto en la administración pública resulta más lucrativo que trabajar en el sector privado, al menos en lo que a salarios se refiere. Un estudio realizado por el Banco de España muestra que, en promedio, los empleados públicos perciben un 24% más de ingresos que los trabajadores del sector privado.

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Esta diferencia sitúa a España en una posición destacada dentro de la eurozona, solo superada por Luxemburgo. Mientras que en la eurozona la brecha salarial entre ambos sectores ronda el 8%, en España esta cifra se triplica, lo que genera importantes cuestionamientos sobre las dinámicas del mercado laboral y las políticas salariales del país.

El informe del Banco de España, basado en datos consolidados entre 2018 y 2021, revela que la disparidad salarial aumenta hasta el 29% cuando no se considera el nivel de formación de los trabajadores.

Esto pone de manifiesto que los empleados públicos con menor cualificación reciben remuneraciones significativamente más altas en comparación con sus equivalentes en el sector privado.

Una paradoja que, cómo no, genera un debate entre el resto de la población (los trabajadores no funcionarios) sobre las condiciones laborales de los que sí lo son y la percepción que tienen éstos de su situación económica.

La probabilidad de que un empleado público gane más que uno del sector privado es superior, hasta los 46.000€ brutos anuales, lo que corresponde al percentil 88 de la distribución salarial en España.

Incluso controlando por estudios (solo graduados universitarios o más) la probabilidad de percibir mayor salario como empleado público que como privado es superior hasta los 46.000€ brutos, es decir, hasta el percentil 88 de la distribución de salarios global en España.… https://t.co/S8TZs1HqMl pic.twitter.com/mHDktSSvp2

— Jon González (@Jongonzlz) March 17, 2025

Funcionarios versus sector privado

Los números no mienten. Los empleados públicos en España, en promedio, ganan más que sus homólogos en el sector privado. Según un análisis que controla por nivel educativo, los funcionarios tienen una mayor probabilidad de percibir salarios más altos hasta los 46.000€ brutos anuales.

Esto significa que, en términos generales, los empleados públicos están mejor remunerados que la gran mayoría de los trabajadores del sector privado.

Además, los funcionarios disfrutan de otras ventajas, como una mayor estabilidad laboral, horarios más flexibles y pensiones más generosas. Estas condiciones hacen que el empleo público sea altamente atractivo, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, muchos funcionarios se sienten insatisfechos con sus salarios y han decidido salir a las calles para protestar.

Entonces, ¿por qué se movilizan los funcionarios?

La pregunta clave es: ¿por qué los funcionarios se movilizan si, en promedio, ganan más que los empleados del sector privado? Una posible explicación es la percepción de que sus salarios no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida.

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Aunque sus ingresos sean comparativamente altos, muchos funcionarios sienten que su poder adquisitivo ha disminuido en los últimos años debido a la inflación y los ajustes salariales mínimos.

Otra razón es la comparación interna dentro del sector público. No todos los funcionarios ganan lo mismo, y aquellos en puestos de menor rango o en comunidades autónomas con menos recursos pueden sentirse especialmente desfavorecidos.

Estas diferencias internas alimentan el descontento y llevan a movilizaciones generalizadas.

La estabilidad laboral como factor clave

Uno de los mayores atractivos del empleo público es, cómo no, la estabilidad laboral. A diferencia del sector privado, donde los despidos y la precariedad son comunes, los funcionarios disfrutan de un trabajo prácticamente garantizado de por vida. Esta seguridad es un valor incalculable en un mercado laboral cada vez más volátil.

Sin embargo, la estabilidad laboral también tiene un lado oscuro. Algunos críticos argumentan que esta seguridad puede llevar a la complacencia y a una menor productividad.

Además, la dificultad para despedir a funcionarios ineficientes puede generar ineficiencias en la administración pública, lo que a su vez afecta negativamente a la percepción de los ciudadanos sobre el sector público.

Las pensiones, la otra ventaja oculta

Además de los salarios y la estabilidad laboral, los funcionarios también disfrutan de pensiones más generosas que los trabajadores del sector privado. Este beneficio, aunque no se refleje directamente en el salario mensual, representa un valor añadido significativo a largo plazo.

Las pensiones de los funcionarios suelen estar basadas en el salario final y tienen un cálculo más favorable que las del régimen general de la Seguridad Social. Esto significa que, al jubilarse, los empleados públicos pueden esperar recibir una pensión más alta que la mayoría de los trabajadores del sector privado. Esta ventaja, aunque no siempre visible, contribuye a la percepción de que los funcionarios están mejor remunerados a lo largo de su vida laboral.

La percepción, por un lado y la realidad por otro

A pesar de los datos, la percepción de los funcionarios sobre sus salarios sigue siendo negativa. Muchos de estos profesionales sienten que sus esfuerzos no son reconocidos y que sus salarios no reflejan el valor de su trabajo. Esta discrepancia entre la percepción y la realidad puede explicarse por varios factores.

En primer lugar, los funcionarios pueden compararse con otros empleados públicos en puestos mejor remunerados o con condiciones más favorables. En segundo lugar, la falta de ajustes salariales significativos en los últimos años puede haber creado una sensación de estancamiento. Finalmente, la presión mediática y social sobre el sector público puede estar contribuyendo a esta percepción negativa.

Los funcionarios siguen pidiendo más cosas

Las movilizaciones de los funcionarios van más allá de los salarios. También solicitan la restitución de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, una nueva convocatoria de empleo público para 2025 sin la limitación de la tasa de reposición, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, mejoras en las condiciones de jubilación y una regulación inmediata que permita a los funcionarios y estatutarios acceder a la jubilación parcial.

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En los últimos diez años, España ha vivido una paradoja salarial que desafía toda lógica. Mientras los licenciados y profesionales con estudios superiores han visto estancarse e incluso reducirse sus salarios, los trabajadores con menor nivel educativo, incluidos analfabetos y aquellos que no terminaron la primaria, han experimentado un incremento en sus ingresos por encima IPC.

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, refleja una cosa: la profunda distorsión en el mercado laboral español. Y plantea serias dudas sobre el valor que la sociedad (y las empresas) otorgan a la educación.

Hablamos de brecha salarial invertida

Los datos mandan. Los salarios de los trabajadores sin estudios o con niveles educativos muy básicos han crecido un 12% en la última década, superando el aumento del IPC, que se situó en torno al 10%.

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Por el contrario, los licenciados y profesionales con formación universitaria han visto cómo sus salarios apenas han crecido un 2%, quedando por debajo de la inflación. Esta brecha salarial invertida es única en el contexto europeo y contrasta con la tendencia generalizada en otros países, donde a mayor nivel educativo, mayores son los ingresos.

Este fenómeno no solo afecta a los recién licenciados, sino también a profesionales con años de experiencia. Ingenieros, abogados, médicos y otros titulados superiores han visto cómo sus salarios se han estancado, mientras que sectores como la construcción, la hostelería y los servicios básicos han experimentado incrementos salariales significativos.

Pero, ¿por qué ocurre esto?

La explicación a esta paradoja salarial es multifactorial. En primer lugar, el mercado laboral español está altamente segmentado. Sectores como la construcción y la hostelería, que tradicionalmente emplean a trabajadores con menor formación, han sufrido una escasez de mano de obra en los últimos años. Esta falta de trabajadores ha llevado a los empleadores a aumentar los salarios para atraer y retener talento, incluso en puestos que no requieren cualificación.

Por otro lado, la sobrecualificación es un problema creciente en España. Según la OCDE, el 35% de los trabajadores españoles con estudios superiores están empleados en puestos que no requieren su nivel de formación. Este desajuste entre educación y empleo no solo limita las oportunidades de crecimiento profesional, sino que también ejerce una presión a la baja sobre los salarios de los licenciados.

Además, la precarización del empleo en sectores que tradicionalmente requerían estudios superiores, como la educación, la sanidad o la investigación, ha contribuido a esta distorsión. Los contratos temporales, los bajos salarios y la falta de inversión en estos sectores han hecho que muchos profesionales altamente cualificados se vean obligados a aceptar condiciones laborales que no reflejan su nivel de formación.

¿Y cómo impacta todo esto en la sociedad?

Esta situación tiene consecuencias profundas. En primer lugar, desincentiva la inversión en educación. Si los licenciados no pueden esperar un retorno adecuado por su formación, es probable que muchos jóvenes opten por abandonar los estudios o buscar oportunidades en el extranjero. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor fuga de cerebros, con miles de jóvenes altamente cualificados emigrando cada año en busca de mejores oportunidades laborales.

Además, esta brecha salarial invertida perpetúa las desigualdades sociales. Los trabajadores con menor nivel educativo, aunque hayan visto incrementar sus salarios, siguen siendo los más vulnerables a los ciclos económicos y a la automatización.

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Por otro lado, los licenciados, aunque estén mal pagados, tienen más herramientas para adaptarse a los cambios en el mercado laboral. Sin embargo, el estancamiento salarial en este grupo contribuye a una sensación generalizada de descontento y frustración.

El papel en entredicho de las políticas públicas

La solución a esta paradoja salarial no es sencilla, pero requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias del problema. En primer lugar, es necesario fomentar la creación de empleos de calidad que requieran y valoren la formación superior. Esto implica una mayor inversión en sectores como la tecnología, la investigación y el desarrollo, que tienen un alto potencial de crecimiento y pueden absorber a trabajadores altamente cualificados.

Además, las políticas públicas deben abordar la precarización del empleo y garantizar que los salarios reflejen el nivel de formación y experiencia de los trabajadores. Esto incluye medidas como el establecimiento de salarios mínimos profesionales y la promoción de contratos indefinidos en sectores clave.

Por último, es crucial mejorar la orientación profesional y la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Los jóvenes deben tener acceso a información clara sobre las oportunidades laborales y los salarios esperados en función de su formación, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Solo así España podrá convertirse en un país donde la educación sea verdaderamente valorada y recompensada. De momento, no lo es.

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Una cosa está clara: España podría tener un menor número de parados, si contratar nuevos empleados no le saliera tan sumamente caro a las empresas. El desempleo lleva meses bajando sí, pero podía hacerlo a un mayor ritmo. Sin embargo, las empresas echan el freno a la hora de contratar por las enormes cotizaciones sociales a las que deben hacer frente.

No cabe duda que las relaciones laborales en España atraviesan un periodo bastante complejo, en el que la tensión entre los costes laborales para las empresas y las demandas de mejores salarios por parte de los trabajadores se hace cada vez más evidente.

Pese a que los sueldos de muchos empleados se han mantenido estables o han crecido por debajo de la inflación, el coste total de un trabajador para su empresa ha aumentado significativamente debido a las elevadas cotizaciones sociales y a otras cargas fiscales asociadas al empleo.

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Este fenómeno está afectando tanto a la contratación como a la competitividad de las empresas. Y de momento, para que nada va a pasar para frenarlo.

¿Cuánto paga una empresa por cada empleado?

Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, las cotizaciones sociales representan aproximadamente un 30% adicional del salario bruto del empleado. Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo bruto de 30.000 euros anuales, la empresa debe aportar unos 9.000 euros adicionales en concepto de cotizaciones. Este coste incluye conceptos como las contingencias comunes, desempleo, formación profesional y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

En 2023, las empresas en España destinaron una media del 23,6% del salario bruto a las cotizaciones obligatorias, según datos de Eurostat. Este porcentaje está por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 21%. Países como Dinamarca o el Reino Unido tienen cargas mucho más bajas, lo que incrementa la competitividad de sus mercados laborales.

El impacto en la contratación

Las altas cotizaciones sociales actúan como un freno para la contratación, especialmente en sectores con bajos márgenes de beneficio. De acuerdo con el informe de la CEOE de 2023, el coste laboral total medio por trabajador se situó justo en 31.300 euros anuales, pero el salario neto que recibe el empleado es significativamente menor debido a las retenciones fiscales y a las contribuciones a la Seguridad Social.

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Esto genera un efecto paradójico: mientras los empleados perciben que su poder adquisitivo no mejora, las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para ajustar sus estructuras de costes. En este contexto, muchas empresas optan por estrategias alternativas, como la subcontratación, apoyarse en autónomos externos y en el incremento de la carga laboral por empleado o la automatización de tareas, en lugar de aumentar la plantilla.

La relación entre inflación y salarios

Un factor agravante es la disparidad entre la inflación y el crecimiento salarial. Según el Banco de España, la inflación interanual en 2023 alcanzó un 5,6%, mientras que los salarios pactados en convenio colectivo solo crecieron un 3,2% de media. Esto implica que los trabajadores han perdido poder adquisitivo, incluso cuando el coste laboral para las empresas ha aumentado.

En una comparativa internacional, España destaca por sus elevados costes laborales en relación con el salario neto. Por ejemplo, en países como Irlanda o los Países Bajos, las cotizaciones sociales son menores y están parcialmente cubiertas por el Estado, lo que fomenta una mayor contratación y un crecimiento salarial más sostenido.

En Alemania, aunque las cotizaciones también son altas, los salarios brutos y netos son significativamente mayores, equilibrando el impacto en los trabajadores.

Ante esta situación, expertos y organizaciones empresariales han planteado diversas soluciones. La CEOE y otras entidades han pedido una rebaja gradual de las cotizaciones empresariales, argumentando que esto incentivaría la contratación y mejoraría la competitividad.

También muchos trabajadores desconocen el coste real que suponen para la empresa. Incrementar la transparencia podría generar una mayor comprensión del sistema por parte de los empleados. A la par que crear bonificaciones o reducciones fiscales para empresas que aumenten salarios o contraten nuevos empleados podría aliviar la carga actual.

Aunque los salarios en España no están aumentando al ritmo deseado por los trabajadores, las empresas enfrentan un coste laboral cada vez mayor debido a las altas cotizaciones sociales. ¿Consecuencia? Un nuevo factor de la falta de competitividad del mercado laboral español.

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En el mercado laboral español, la temporalidad es uno de los mayores problemas existentes en la actualidad. Presente en todos los sectores, genera problemas económicos generalizados y suele ser involuntaria. El hecho de que se lograse una transición de contratos temporales a indefinidos tuvo un mayor impacto en la economía nacional que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte del Ejecutivo.

Para ello, hay que remontarse a la Reforma Laboral de 2022, pues el Real Decreto benefició más a los trabajadores de menores ingresos. Lograron una escalada considerable en el periodo comprendido entre 2018 y 2022 al acumular un aumento de horas trabajadas y una, más que probable, transición de contratos temporales a indefinidos.

Pese a que desde el Gobierno se atribuye este éxito al aumento del SMI, la Reforma Laboral de 2021-2022 tuvo un mayor impacto. No fue la subida del SMI, determinada por el IPC y ante una elevada tasa de inflación, sino el esfuerzo de los trabajadores.

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Para ganar mayor poder adquisitivo, se vieron obligados a aumentar sus horas trabajadas, con contratos más estables. Por tanto, no hablamos de ‘un regalo’ del Gobierno, sino como fruto del sobreesfuerzo del tejido productivo del país. Gracias a la reforma se logró reducir la precariedad y elevar los ingresos de los trabajadores.

“No fue la subida del SMI”

Como bien se ha comentado con anterioridad, el éxito y el aumento del poder adquisitivo entre los trabajadores de menores ingresos de 2018 a 2022 fue gracias a un incremento de la productividad.

En un principio, el poder adquisitivo de los trabajadores se debía fundamentalmente a la retribución por hora y, en un menor porcentaje, al tipo de contrato. Pero con la Reforma Laboral de 2022 comenzaron a cambiar las reglas del juego y se empezó a ver una evolución bien distinta.

Tanto que se obtendría un incremento de la distribución salarial del 23,9%. Procedentes del centro de trabajo fueron pocos, pues el mayor porcentaje se correspondió al aumento de las horas trabajadas, que llegaron a representar más del 10%. El cambio del tipo de contrato, de temporal a indefinido, propició el incremento salarial en un 5%. Por su parte, la retribución por hora influyó en un 11% en esta mejora de poder adquisitivo del tejido productivo español.

¿Qué pasará con el SMI al entrar en vigor la reducción de la jornada laboral?

El SMI para 2024 se sitúa en 15.876 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros. No obstante, el Gobierno trabaja activamente en la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, implantándola de manera paulatina con una primera bajada hasta las 38,5 horas.

Se pretende que la reducción de la jornada laboral no implique un recorte salarial. La reducción de la jornada laboral no afectaría, en principio, al SMI, que seguirá en la misma cifra.

No obstante, el SMI por hora trabajada podría aumentar si se llegase a implementar esta nueva medida. Así pues, el SMI por hora con una jornada de 38,5 horas semanales sería de 9,5 euros por hora y para una jornada de 37,5 horas semanales de 9,75 euros por hora.

En este contexto, el Gobierno debería volver a subir el SMI en torno al 4,6% y que así siga creciendo por encima del dato del IPC para situarse en un 60% del salario medio.

Diferencia entre ocupados y horas trabajadas

En el primer trimestre de 2024, el mercado laboral español ha ido experimentando un comportamiento muy positivo que demuestra una clara recuperación. Situado en más de un 8% sobre los registros del primer trimestre de 2019, duplica el crecimiento acumulado del PIB, del 3,7%.

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No obstante, en cuanto a horas efectivas trabajadas, el ritmo de crecimiento ha sido más lento, de apenas un 1,3%. Como consecuencia, se ha producido un descenso de las horas trabajadas por trabajador (PTETC) del 6,3%. Así pues, la productividad por trabajador acumula una caída del 4%, pero la productividad por hora trabajada ha experimentado un aumento del 2,5%.

En 2023, las horas cotizadas totales crecieron un 10,8% respecto a 2019, mientras que las horas efectivas trabajadas aumentaron un 9,1%. El número medio de horas no trabajadas por cotizante ascendieron en el año a 107,5 (el 6,1% de las horas cotizadas), frente a las 80,3 de 2019 (4,7% de las horas cotizadas). Este número de horas no trabajadas al año se traduce en el empleo de casi un millón de personas.

Pese a la Reforma Laboral de 2022, las horas no trabajadas por incapacidad temporal (IT) supusieron en el último trimestre de 2023 el 5,4% de las horas cotizadas (el 4% antes de la pandemia). Desde el cuarto trimestre de 2019, las horas no trabajadas por IT crecieron en un 48,3%, casi cinco veces más que las horas cotizadas en total.

Aunque desde Moncloa se piense que la solución pasa por incrementar el SMI, la precariedad laboral verá su fin y el poder adquisitivo aumentará cuando acabasen por consolidarse unos mejores contratos de trabajo y una mayor productividad.

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