“Delphi no se cierra”. Era el lema escogido por los trabajadores de Delphi y esgrimido con fuerza en cuanta manifestación se terciase en defensa de una causa perdida: evitar la marcha de la multinacional Delphi de sus instalaciones en Cádiz y el varapalo laboral que eso supondría para miles de empleados directos e indirectos. Causa con la que indefectiblemente simpatizaron instituciones y ciudadanos de la zona, que hicieron del “Delphi no se cierra” un lema común, un movimiento social.

Pero, como decía antes, me temo que se trataba de una causa perdida. Y por mucha gente que lo gritase, y muy alto que lo hiciesen, la realidad es que Delphi si se cierra. Los trabajadores de la planta han ratificado por mayoría absoluta el acuerdo alcanzado entre empresa, representantes de los trabajadores e instituciones para certificar el cierre de la empresa, con varios millones de euros de indemnización y la Junta de Andalucía como depositaria de los activos de la empresa (con idea, se supone, de ponerlos al servicio de alguna actividad productiva que pueda paliar, en cierta medida, la salida de la multinacional).

“Dentro de nuestra desgracia es lo mejor que se podía hacer”, dicen los representantes de los trabajadores. Una victoria pírrica, que no soluciona los graves problemas estructurales de la zona a nivel laboral. Las instituciones y los trabajadores van a tener que esforzarse mucho para encontrar soluciones a medio y largo plazo para la competitividad de la zona, porque aferrarse a un lema asegura bastante notoriedad en los medios, pero un día las cámaras se van y lo que queda es la dura realidad. Y la realidad es que Delphi sí se cierra.

Dicho así, parece una salvajada, utilizando el mismo adjetivo que ha utilizado el diputado de Cádiz, Rafael Román, al trasladar a Joan Clos, ministro de industria, la gravedad de esta situación.

Pero lamentablemente los gestores de la empresa tienen sus razones: perdidas operativas de 150 millones en los últimos cinco años, elevados costes y baja competitividad, por lo que la factoría ha sido incapaz de atraer nuevos contratos. Ante este panorama, y abstrayéndonos del drama humano, uno casi entiende que la americana haya decidido echar el cierre.

En todo caso, no está todo dicho. Los andaluces recuerdan otros casos similares en los que la acción ciudadana acabó movilizando los recursos de la Administración para hacerse cargo de la situación, como ocurrió en Santana motor o más recientemente con los astilleros de Sevilla. No estoy en contra de este tipo de medidas, pero siempre que se garantice un plan de viabilidad y rentabilidad de la empresa. No olvidemos que el dinero de la administración es el de todos, y para andar perdiendo decenas de millones de euros al año es preferible buscar otras alternativas. Mientras tanto, me temo que volveremos a ver neumáticos arder en el puente Carranza…

Vía | Europasur, la voz digital, Andalucía 24 horas