Tras varios años en los que el Gobierno ajustó el mínimo exento del IRPF para evitar que los perceptores del SMI pagaran impuestos, el cambio de estrategia iniciado en 2025 empieza a mostrar sus efectos colaterales.

La nueva deducción diseñada para compensar la tributación del salario mínimo vuelve a dejar fuera a pensionistas y desempleados, un colectivo que crece de forma significativa este año.

El impacto no es menor. La extensión del nuevo umbral ligado al SMI provocará que más de un millón de pensionistas queden excluidos del beneficio fiscal, a los que se suman miles de personas que perciben prestaciones por desempleo.

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España cerrará 2025 con 370.000 nuevos jubilados. Cobran un 11% más y elevan el pago de las pensiones hasta casi los 190.000 millones de euros

En total, el número de afectados aumentará en casi 370.000 personas respecto al ejercicio anterior, ampliando una brecha que ya generó polémica en 2025.

Un cambio de modelo fiscal que amplía las desigualdades

Entre 2022 y 2024, el Ejecutivo optó por elevar el mínimo exento del IRPF de forma paralela a la subida del salario mínimo, de manera que los trabajadores con menores ingresos quedaban automáticamente fuera de la tributación.

Ese umbral pasó de 14.000 euros anuales a 15.876 euros, nivel que se mantiene desde entonces y que afecta por igual a trabajadores, pensionistas y desempleados.

El giro se produjo en 2025, cuando Hacienda decidió no modificar el mínimo exento y, en su lugar, creó una deducción específica para los trabajadores que cobraban el SMI.

Esta deducción permite recuperar lo abonado en el impuesto, pero solo se aplica a quienes mantienen una relación laboral activa. Pensionistas y personas en paro quedaron excluidos desde el primer momento, una situación que ahora se agrava.

El nuevo SMI amplía el número de afectados

Para 2026, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.

La previsión del Gobierno es mantener la misma fórmula aplicada el año anterior, es decir, compensar la tributación mediante una deducción específica.

Según los cálculos, la deducción ascendería a 591 euros anuales, repartidos entre la parte estatal y la autonómica. Sin embargo, este mecanismo vuelve a dejar fuera a quienes no tengan una relación laboral activa, a pesar de percibir ingresos similares.

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Pagamos tantos impuestos que se recaudó hasta julio todo lo que había previsto para 2025: así se ha conseguido

La consecuencia directa es que el tramo de renta en el que unos contribuyentes tributan y otros no se amplía de forma significativa. Con la nueva subida, la horquilla afectada pasará de los 15.876 euros a los 20.049 euros anuales, lo que incrementa notablemente el número de excluidos.

Más de un millón de pensionistas fuera del sistema

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, al cierre de diciembre de 2025 existían al menos 1.000.312 pensionistas que perciben entre 1.150 y 1.405 euros mensuales. Todos ellos quedarían fuera de la deducción pese a tener ingresos equiparables a los trabajadores beneficiados.

La cifra real podría ser incluso mayor, ya que no se incluyen los pensionistas que se sitúan entre los 1.134 y los 1.150 euros mensuales, un tramo que no aparece desglosado en las estadísticas oficiales. Solo en esa franja se concentran más de 386.000 personas.

La legislación vigente establece que la deducción se aplica únicamente a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, lo que excluye automáticamente a quienes cobran una pensión o una prestación por desempleo, aunque estas también tributen como rendimientos del trabajo.

Los desempleados, también perjudicados

El impacto no se limita a los pensionistas. Los desempleados que perciben prestaciones contributivas dentro del nuevo umbral tampoco podrán beneficiarse de la deducción.

Esto afecta especialmente a quienes cobran el paro máximo, que puede alcanzar los 1.225 euros mensuales sin hijos, 1.400 euros con un hijo y hasta 1.575 euros con dos o más.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, la prestación media por desempleo se sitúa en 1.029 euros mensuales, lo que significa que una parte relevante de los beneficiarios quedará dentro del tramo que tributa sin acceso a compensación fiscal.

Críticas y presión para ampliar la deducción

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha reclamado que la exención del IRPF ligada al salario mínimo se amplíe también a pensionistas y desempleados.

Argumentan que estas rentas tienen la misma consideración fiscal que los salarios y que no existe una justificación técnica para el trato diferenciado.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha reconocido la complejidad del asunto, especialmente por el impacto presupuestario que tendría una extensión de la deducción. A ello se suma el desacuerdo con la patronal, que condiciona su apoyo a una reforma más amplia de la normativa y a la modificación de la Ley de Desindexación.

La historia, lejos de terminar, continua…

Imágenes | Pixabay, La Moncloa

Aún existen en España parados que no han recibido el pago de su prestación de desempleo con un año y medio desde el inicio de la oleada de ERTEs y parados en España.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de la tramitación de la prestación por desempleo, ha puesto sobre la palestra que está totalmente desbordado y encima se le añade los ciberataques sufridos en marzo y junio de este año que paralizaron la tramitación de expedientes.

El colapso del sistema y los ciberataques afectan de muerte al SEPE

Los trabajadores en situación de desempleo y tienen derecho a paro están afrontando año y medio después de la pandemia retrasos de como mínimo de dos y tres meses a la hora de poder pedir cita previa para gestionar en las oficinas del SEPE la prestación.

El SEPE está colapsado por la falta de personal y está teniendo grandes problemas para poder tramitar la gran cantidad de expedientes que solicitan la prestación de paro que le corresponde al parado.

El Gobierno no autorizó en junio de este año la renovación de 1.500 interinos que suponían el 20 por ciento de la plantilla del SEPE, la gran mayoría acabaron su contrato entraron a trabajar al SPE al inicio de la pandemia, para reforzar el servicio.

A eso se le añade los contratiempos que están sufriendo a nivel tecnológico el SEPE, ya que tienen problemas informáticos a nivel nacional, y claramente esto influye mucho en el servicio que están prestando.

La pandemia, en su momento, obligó al SEPE a restringir las citas presenciales para resolver los trámites y dejo como únicas vías de comunicación la telemática o la telefónica.

Con la pandemia en recesión en España, el SEPE no ha logrado recuperar todavía plenamente la atención presencial o mantener los ritmos de cita previa, que intentaban la concentración de desempleados en las oficinas.

Se dan situaciones que hay parados que han estado en ERTE y que todavía no han podido echar los papeles del paro para cobrar la prestación por la falta de citas previas dentro del sistema del SEPE o que ya están trabajando de nuevo y no tienen tiempo para hacer colas.

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Siete gráficos que explican la evolución macroeconómica de España

Revisar la página web del SEPE para ver el estado del expediente

Los altos niveles de desempleados en España son constantes, y para intentar ayudar a los diferentes afectados a través del SEPE, se han dado prestaciones o subsidios. Hay gran número de personas que han tenido que recurrir a ellos.

La pandemia ha provocado una gran saturación en el sistema, por lo que se ha dado que, por este condicionante o por otros motivos, no se ha cobrado el paro. Aunque, el SEPE ha ofrecido diferentes alternativas a través de las cuales se puede reclamar, y la respuesta suele llegar a los 20 días.

Si no se ha cobrado el paro es mejor entrar en la página web del SEPE, y ver si en el expediente existe algún tipo de incidencia, el detalle de la nómina o de lo que el SEPE debe pagar.

El SEPE ha habilitado un enlace para poder mirar si un expediente está todavía en curso o está aprobado o las fechas de pagos previstas y las retenciones que se aplican.

Causas por qué el SEPE no esté pagando la prestación por desempleo

Los motivos por lo que no se ha cobrado el paro pueden deberse a no haber realizado la renovación de la tarjeta de demanda de empleo y el SEPE ha retenido el pago por incumplir dicha condición.

También porque en meses anteriores se haya cobrado una cantidad mayor a la que le correspondería, por lo que en este caso el SEPE ha retenido hasta liquidar la deuda existente con el desempleado.

Otra causa puede ser que se haya finalizado la prestación por desempleo, aunque el SEPE suele notificarlo. O también, el SEPE esté aplicando algún tipo de sanción, aunque también se le notifica al desempleo.

El colapso en el SEPE tras el ciberataque, puede ser otra causa, ya que aquellos que se les pudiera haber agotado el paro no han recibido ninguna notificación por parte del SEPE.

El mes de junio el SEPE ha retomado un requisito básico para la aprobación de las ayudas a los desempleados que han agotado el paro y es la obligatoriedad de realizar una ‘Búsqueda Activa de Empleo’ (BAE).

Imagen | No man´s land

Los ERTE han sido la dinámica laboral de mayor influencia en los meses de la pandemia, ya que han sido una de las soluciones ofrecidas para tratar de proteger los puestos de trabajo porque, en este caso, la empresa se compromete a una vez superada la circunstancia de fuerza mayor, recuperar los asalariados con las condiciones laborales previas.

La empresa consigue una medida de flexibilidad para encauzar la reducción de costes laborales y no irse a la quiebra, el trabajador no pierde la perspectiva de seguir trabajando en la empresa y obtiene una prestación y, desde el punto de vista del Gobierno, los trabajadores en ERTE no figuran en los niveles de desempleo del país, son ocupados, por lo que el ejecutivo puede presentar mejores cifras relativas que si fueran contabilizados como desempleados.

Parece que todos ganen con los ERTE, y de ahí se derivan todas las prórrogas que estamos viendo, cuatro hasta la fecha, pero es una figura laboral presenta un lado oculto: la fuerte tensión experimentada en las arcas públicas.

Y no es para menos, se deja de percibir gran parte de las cotizaciones, bonificadas hasta el 80%, y se asume el coste de las prestaciones porque afrontan el 70% de la base reguladora del sueldo en los primeros seis meses y más adelante el 50%. Además el trabajador no consume paro por lo que esa prestación no se tendría en cuenta si finalmente el trabajador quedara despedido.

Pensemos que en abril de 2020 teníamos como perceptores de prestación contributiva por ERTE a 2.565.930. Y, en el mes de mayo, esta cifra saltó a los 3.390.788 beneficiarios, que fueron descendiendo paulatinamente hasta estabilizarse alrededor de un millón desde el mes de octubre hasta ahora.

Todos esos beneficiarios de prestaciones han supuesto un extraordinario coste. Inicialmente las estimaciones apuntaban a que se gastarían 6.000 millones de euros (estimación del Banco de España) y no, la cifra ha sido sustancialmente mayor. Desde abril del año pasado hasta hoy se habría gastado alrededor de 18.500 millones de euros.

Eso sí, el nivel más alto de gasto lo vimos en mayo del año pasado cuando las arcas públicas tuvieron que desembolsar 3.430 millones de euros en un solo mes. No solo tenemos lo que se gasta sino lo que se deja de percibir. En este caso las cuotas exoneradas habrían supuesto una pérdida de ingresos de 424 millones de euros.

No es que se haya gastado más porque se genera más "desempleo" sino que, bajo el ERTE, sus beneficiarios obtienen una mejor prestación que si estuvieran desempleados. Por ejemplo, en los tres primeros meses del año el gasto medio por beneficiario de prestaciones se situaba alrededor de 900 euros. Sin embargo, con la activación de los ERTE, en abril de 2020, el gasto medio subió a 1.074,48 euros en marzo del 2021 el gasto medio ya alcanzaba los 1.185,47 euros.

Ante los datos debemos preguntarnos si compensa o no compensa. Por un lado, es una medida de flexibilidad laboral, algo muy necesario en el mercado laboral español caracterizado por una alta rigidez por el elevado coste de despido y el blindaje de los contratos indefinidos. De haber asumido ese coste laboral, veríamos una estampida de quiebras en el tejido empresarial español, el desempleo estaría muy por encima de los 3,9 millones de parados y las rentas no se habrían mantenido.

Por otro lado, todas esas prestaciones se están cargando a la montaña de deuda pública (en un país con un problema de déficit público estructural) que supondrán más impuestos futuros. Además, nos hemos quedado estancados en ese millón cuyas prestaciones son mayores que la de los desempleados y no están consumiendo paro, por lo que, bajo el formato ERTE, serán unos "desempleados" más costosos para el sistema.

La desigualdad, entendiéndola como el reparto de la renta de un país, se considera uno de los indicadores más valorados para aquellos gobiernos llamados de izquierdas, por las implicaciones sociales que derivan de los altos índices de desigualdad.

Se tiende a poner un exceso de énfasis en este indicador, incluso, por encima de los niveles de riqueza, debido a que una sociedad plenamente igualitaria (Gini 0) no significa que deje de ser pobre.

La desigualdad ha sido uno de los grandes mantras en los últimos años, pero lo cierto es que se ha disparado con precisamente en los gobiernos de izquierda. Si recordamos el Gobierno del PSOE liderado por Zapatero, en 2003, el Gini de renta se situaba en 0,318, y al finalizar el segundo mandato en el año 2011, se incrementó hasta 0,357.

Después de la crisis financiera mundial, el PIB real per cápita en España se redujo en un 10% desde 2008 hasta el 2013 y el empleo había disminuido en promedio un 3,5% anual durante el período 2009-13. Vimos un mercado laboral capaz de provocar una tasa de desempleo que llegó a una cuota del 27% en 2013, mientras que la tasa de desempleo juvenil superó el 55%. En este contexto, el coeficiente de Gini aumentó y la proporción de la población en riesgo de pobreza aumentó en unos 4 puntos porcentuales en 2013.

Esta desigualdad de ingresos o Gini de renta es relativamente alta en España y se incrementó durante la crisis debido a que el empleo se redujo significativamente por la falta de flexibilidad en el mercado laboral que impidió el reajuste interno de las empresas lo que les llevó a la quiebra.

Si hablamos de desigualdad, en este punto conviene matizar que si bien la desigualdad de la riqueza (patrimonio) en España es mayor que la desigualdad de ingresos, enfocado desde una perspectiva internacional, es relativamente baja debido a las altas tasas de propiedad de la vivienda.

Volviendo a la desigualdad renta, a raíz de las reformas que consagraron la recuperación económica, el índice Gini de renta empezó a descender desde los niveles de 0,347 vistos en el año 2014 hasta el nivel 0,332 en 2018, niveles que quedan por debajo del año 2008.

En estos años la economía española vivió un crecimiento económico fuerte y equilibrado y, gracias a ello, se incrementó el empleo lo que proporcionó un apoyo a los hogares españoles que permitió la corrección de los desequilibrios, otorgando una mayor renta, contribuyendo a la reducción de la deuda privada.

La reforma laboral que hoy se quiere derogar parcialmente contribuyó muy positivamente a materializar esta realidad. De hecho, a pesar de alcanzar niveles de PIB anteriores a la crisis, la temporalidad, aunque elevada, fue inferior a la vista a la etapa de la burbuja española.

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Así fue la reforma laboral de 2012 que ahora se quiere derogar: flexibilidad de las empresas, combatir la dualidad y políticas activas de empleo

Sin embargo, con el primer gobierno de Sánchez que se presumía de izquierdas, asistimos en una primera etapa nefasta. Mientras se esperaba inicialmente que el mundo creciera más durante este año, España revisaba su crecimiento a la baja y, además, en el último año, antes de sufrir la dura realidad presente, vimos como se desaceleraba velozmente la caída del desempleo. España ya estaba en dificultades antes de la crisis del COVID-19.

¿Volveremos a una mayor desigualdad?

La desigualdad se ha reducido en los últimos años gracias a la creación de empleo, es un hecho. No obstante, el contexto ha cambiado notablemente este año. Nos dirigimos a una recesión que se proyecta un deterioro de la economía global del 9,4% al finalizar este año, y los datos del desempleo no dejan de empeorar tras asistir al peor mayo de la historia.

Nos encontramos ya con 3,8 millones de desempleados y 3 millones afectados por un ERTE. Con estos números abrumadores es difícil pensar que los niveles de desigualdad puedan mejorar en los siguientes años. Si agrupamos ambas categorías de desempleados, estaríamos con niveles del desempleo alrededor del 35%.

Además, tampoco se prevé que el tejido empresarial sea capaz de recuperar inmediatamente todo el empleo destruido. Esto se puede apreciar si tenemos en cuenta que la afiliación de empresas en la Seguridad Social durante este año ha caído en algo más de 107.000 empresas, volviendo a niveles de 2014.

No obstante, hay que resaltar positivamente la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que conocimos la semana anterior. Una medida que proporciona renta a los tramos más vulnerables de la sociedad de manera condicionada, alejándose del concepto de renta universal y que según el ministro Escrivá sacaría de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas.

Decimos positivamente porque una aplicación centralizada puede ser, si el objetivo es la igualdad, un contrapeso acertado para amortiguar parcialmente la subida de desigualdad que pueda provocar esta crisis. No obstante, que la aplicación sea centralizada no significa que sea positiva. Durante los últimos años las administraciones intermedias (comunidades autónomas) ya estaban realizando programas de renta mínima de inserción con una información mucho más detallada de la situación específica de su territorio.

La recuperación de la económica en España aún tiene muchos puntos flacos. La crisis más cruenta se ha situado en el mercado laboral español. Aunque el mercado laboral aumenta el empleo aún hay alrededor de 4,2 millones de desempleados, es decir, 1 de cada 4 europeos son españoles desempleados.

También se tiene que considerar que los sueldos no aumentan a la velocidad que se generan los puestos de trabajo. Se prevé que la economía española necesita aumentar hasta 800.000 trabajos entre 2017 y 2018, si se quiere mantener la población activa que hay en la actualidad, y así conseguir impulsar los sueldos.

Nos podemos preguntar: ¿Qué proporción de parados tiene España respeto al resto de países europeos? ¿España necesita más empleo para aumentar los sueldos?

1 de cada 4 parados son españoles

Los datos del mercado laboral español apuntan cada vez que hay menos paro y, sin embargo, esto no repercute en la economía de las familias trabajadoras en España como se puede ver en la gráfica “Evolución tasa de desempleo en España de 1987 a 2017”:

El sueldo medio de un trabajador por cuenta ajena ha disminuido en un 0,5 por ciento en la Unión Europea y un 0,2 por ciento en España.

Esta evolución no ha sido un problema para el poder adquisitivo hasta hace unos meses, en los que la inflación ha vuelto a crecer y no estar en valores negativos. El mercado laboral en España se ha situado en una sueldo medio mensual de 1.636 euros.

La diferencia aumenta considerablemente por el poder adquisitivo de los españoles, ya que el 27 por ciento de los parados en Europa proceden de España.

Si hacemos la comparación entre los países de la Unión Europea con sueldos brutos de 12 pagas anuales (en España lo más usual son sueldos de 14 pagas anuales pero con 12 pagas anuales podemos hacer una mejor comparación), la diferencia aumenta a 304 euros mensuales y con una diferencia máxima de 600 a 700 euros en comparación con otros países europeos como se puede ver en la gráfica “Sueldos medios mensuales en los países de Europa en 2016”:

En Alemania tienen un sueldo medio mensual de 2.576 euros, en Suecia tienen sueldo medio mensual de 2.583 euros, en Finlandia tienen un sueldo medio mensual de 2.602 euros, en Holanda tienen una sueldo medio mensual de 2.628 euros y en Irlanda tienen un sueldo medio mensual de 2.668 euros.

Existe un diferencia de hasta 1.700 euros de los sueldos de España frente a Dinamarca, que tienen un sueldo medio mensual de 3.637 euros. En contraposición nos podemos encontrar países como Bulgaria, tienen un sueldo medio mensual de 380 euros, o Rumanía, con un sueldo medio mensual de 499 euros.

El mercado laboral español, con una recuperación que está por debajo de los niveles del inicio de la crisis, aún no está presionando a los sueldos.

España necesita más empleo para aumentar los sueldos

Las tasas de paro aún son elevadas en los países europeos. Draghi ha asegurado que la inflación no es auto-sostenida sin una política monetaria ultraexpansiva realizada desde el BCE, aunque con una presión cada vez más grande desde Alemania.

Los costes salariales llevan constantes a los 21 euros por hora de media en España desde 2012. Mientras que en el resto de los países europeos han aumentado ligeramente en el mismo período de 38 euros hora a 39,2 euros hora.

Ha habido un aumento del 3 por ciento que contrasta con el crecimiento del PIB del 9,6 por ciento desde 2012, con un aumento de los costes salariales del 8 por ciento los 33 euros en Alemania.

Las economías de los países europeos están aún lejos de NAIRU (tasa de desempleo no aceleradora de la inflación). NAIRU describe el nivel de paro por debajo del cual el empleo presiona al alza los salarios y, como derivada, los precios.

En España se estima que ha estado entre el 13 por ciento y el 15 por ciento, dependiendo del momento como se puede ver en la gráfica “Evolución tasa paro estructural de España de 2007 a 2017”:

Todavía existe una diferencia importante de desempleo coyuntural por disminuir antes de que el empleo haga aumentar los sueldos. La crisis ha aumentado la tasa NAIRU que coincide con el paro estructural (desempleo que no se explica por el ciclo económico).

La Comisión Europea calcula que esta referencia se sitúa este año en el 17,2 por ciento y disminuirá hasta el 16,8 por ciento para el año 2018 como se puede ver en la gráfica “Comparativa tasa de desempleo y para estructural en España de 2007 a 2017”:

Esto representa que desde el paro actual del 18,75 por ciento España va a necesitar aumentar 400.000 puestos de trabajado entre este año y el año que viene para que el empleo presione al alza los sueldos con la población activa actual, es decir, 22,6 millones de personas.

La OCDE estima en el 15,4 por ciento en 2017 y en 15 por ciento para el 2018, lo que implicará 800.000 empleos más para disminuir el para a una cifra de 3,4 millones de españoles-

En El Blog Salmón | 7 gráficos que muestran la situación del trabajador español

Imagen | Flickr

Los cheques de formación a desempleados son una medida en la que la responsabilidad sobre la formación del desempleado recae en el mismo y la administración tiene como principal tarea la financiación y el control del uso de los fondos usados en la misma.

Los cheques de formación a parados son una política económica que ha salido al debate por su inclusión en el programa económico de Ciudadanos, personalmente creo que de las medidas presentadas es la mejor ofrecida en el programa. Pero esto no viene del programa de ciudadanos, por parte del PP se han anunciado medidas similares, sin que se hayan puesto en práctica.

Antes de encontrar defectos a los cheques de formación a parados, que los tienen, quiero que tengamos en cuenta una premisa, ningún sistema es perfecto, pero unos son más imperfectos que otros. Y nuestro actual sistema de formación a parados dista mucho de ser perfecto.

Funcionamiento de los cheques

El funcionamiento es sencillo, la persona en situación de desempleo solicita un cheque de formación en las oficinas de atención al desempleado y obtiene un vale. Este puede ser utilizado en cualquier entidad que ofrezca formación y tenga un acuerdo con la administración para ello.

Vamos a hablar de cheques de formación, pero esto no significa que tengan que ser necesariamente cheques. En otros lugares se utiliza una cuenta, de modo que el desempleado puede elegir si emplear los fondos en uno o más cursos, según las habilidades que eche de menos para obtener un empleo.

Aparte se pueden poner medidas de control adicionales al mismo, recomendables para evitar el fraude, aunque deben de ser de modo que no impliquen más burocracia. También se pueden hacer Con los cheques de formación ha habido experimentos en Holanda y en Suiza, ambos con resultados satisfactorios (aunque no espectaculares).

Ventajas de los cheques de formación

La mayor ventaja que veo es que el desempleado puede optar por aquella formación que vea conveniente. Por ejemplo recientemente salió en El País un desempleado joven gaditano que quería optar a un curso de guardia de seguridad, pero que nunca conseguía reunir los puntos. Con los cheques de formación, si hubiera suficiente demanda del curso de vigilante de seguridad, es muy probable que alguna empresa fuera a dar ese curso a todos aquellos desempleados que tuvieran interés en el mismo en la zona.

Otra ventaja es que, en principio, la información que tiene el desempleado es mayor que la que tiene la administración como para saber que necesita el mismo. No es lo mismo que el desempleado tenga experiencia en una cadena de comida rápida y quiera dedicarse a la cocina pero le falte formación sobre algo más que hacer hamburguesas y freír patatas, a que vea que no lo contratan en un taller porque a pesar de su experiencia de seis meses vendiendo repuestos le falta saber como cambiarlos, o tal vez necesite cursos de idiomas para ser recepcionista en un hotel cuyos clientes suelen ser alemanes e ingleses. Esto se suele traducir en una mayor implicación del desempleado en la formación, y no en presencialísmo en ir para seguir cobrando la prestación por desempleo o porque no se tiene otra cosa que hacer.

Defectos de los cheques de formación y fraude

Un defecto que tienen los cursos de formación es que el desempleado puede acabar tomando cursos simplemente porque le resulten atractivos, aunque no sean útiles para tener un empleo. Por ejemplo se me ocurren “curso de probador de videojuegos”, “curso de tertuliano televisivo en programas del corazón” o “iniciación al sánscrito”. No porque la formación sea mala, sino por las irreales posibilidades que tiene un desempleado de acabar teniendo una ocupación gracias a estos cursos. Personalmente creo que este es el defecto que debemos de asumir, pero que hay que tener en cuenta también la responsabilidad de los desempleados y que se puede paliar mediante asesría por parte de un profesional de la oficina de empleo.

Otra critica que me parece acertada por parte de Javier López (secretario de formación de CCOO) es la visión a corto plazo que subyace detrás de este tipo de políticas, “te doy un curso de formación y sales adelante” que impide una planificación de una carrera laboral a largo plazo. Aunque es cierto, también hay que tener en cuenta que los cheques de formación podrían emplearse en formación a plazos más largos que cursos de un mes, por ejemplo tasas y materiales de módulos de FP o masters oficiales en las universidades. No estamos hablando de que los cursos sean a tan corto plazo o sólo puedan emplearse en empresas de formación.

Cuando se mencionan los cheques de formación se habla de que existe una posibilidad fraudulenta para el desempleado. Por ejemplo el desempleado puede que acabe optando por cursos más fáciles o por cursos en los que se le de parte de la prestación del cheque. Es cierto que esto es algo que es posible, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente existe fraude en los cursos de formación para desempleados.

Por ejemplo bajo nuestro sistema actual hemos tenido cursos de cortador de jamón a distancia, incluyendo un temario, un DVD, un jamón y un jamonero. No me parece mal un curso de corte de jamón, es algo necesario en la hostelería y siempre he oído que son profesionales bien pagados, pero ¿seguro que un curso que envía un jamón a la casa del desempleado es el más útil y mejor pensado de3 la historia?

Y este no es el único caso. Sólo la red de fraude de Andalucía ha podido suponer unos 2.000 millones de euros, muchos de ellos provenientes de fondos europeos.

No quiero decir que todos nuestros cursos de formación sean un fraude o poco útiles, pero hay que tener en cuenta que el fraude no sucede exclusivamente en los parados que reciben cursos de formación, en este caso, es necesario poner medidas de control.

Medidas de control

La importancia de las ideas está más en su ejecución que en otra cosa. Al defender los cheques de formación no estoy diciendo que se debe de poner en práctica los mismos mañana de un día para otro deshaciendo todo el sistema de formación de desempleados existente hasta ahora. Si me parece que tiene sentido que se experimente con varios modelos y se analice la evidencia científicamente de cada modelo utilizando como grupo de control el resto de nuestro sistema de formación. Me parece que es una forma más adecuada de realizar políticas sociales probando lo que funciona y lo que no en vez de lo que se le haya pasado por la cabeza al político de turno que suene bien en un mitin.

Otras medidas de control que se me ocurren son las auditorías, no es algo que sea perfecto, pero sí que puede ayudar mucho a determinar el interés de un curso de formación. No entiendo porqué no puede haber personas que inspeccionen dichos cursos matriculándose en los mismos.

Por último, la administración pública tiene los datos necesarios para evaluar a los distintos proveedores de formación y los distintos cursos ofrecidos. Por ejemplo se puede evaluar las personas que lo han ejercido, el porcentaje de ellas que han encontrado trabajo y compararlo con el nivel educativo (¿no llegó a acabar la ESO o teiene un doctorado?), formación previa (¿estudió trabajo social o ingeniería?) y otros cursos complementarios que pueda haber tomado (por ejemplo un curso de ofimática es complementario a uno de administrativo y uno de chapa y pintura a uno de mecánica del automóvil).

Si el curso se ha ofrecido anteriormente, se tienen los datos perfectos para saber el porcentaje de egresados que consiguieron un empleo en seis meses tras finalizar el curso. Una medida que se podría estar poniendo ya en los cursos de formación actuales y que no parece que se esté haciendo (cuando debería de ser pública).

Si los cheques de formación, o cuentas de formación, no son la panacea, la puesta en práctica de los mismos será clave. Pero que el sistema de formación a desempleados ha de replantearse completamente es algo que sólo pueden negar aquellos beneficiados por el mismo, dada la gran tasa de desempleo que tenemos en nuestro país. No creo que lo estemos haciendo bien si seguimos teniendo a millones de personas que no trabajan, estoy seguro de que es posible ofrecerles una ayuda mejor que la que se hace ahora.

En El Blog Salmón | Ciudadanos pretende acabar con el actual modelo de financiación de la formación de parados (y, con suerte, con algo más...) y Dudas del programa económico de Ciudadanos Más información | Nada es Gratis, comunidad ism Imagen | David Goehring

La escuela de negocios británica, London Business School (LBS), nos trae un breve análisis de las estrategias que el gobierno británico está siguiendo para atender el problema de los desempleados de larga duración, definido como los que han estado desempleados más de 12 meses. Durante la recesión, en Reino Unido, el desempleo aumentó del 5% al ​​8% (un lujo viéndolo desde España), con un especial aumento en el número de desempleados de larga duración.

De los casi 2,5 millones de personas que actualmente se encuentran en paro en ese país, más de un tercio han estado sin trabajo durante más de 12 meses (del 25% de los desempleados antes de la recesión). 20% de los desempleados han estado sin trabajo durante más de dos años.

El desempleo de larga duración es preocupante por varias razones:

1. Tiende a tener efectos perjudiciales sobre las personas involucradas:

2. el capital humano de los trabajadores (ya sea real o percibida por los empresarios) puede deteriorarse durante el período de desempleo

3. el tiempo dedicado a la búsqueda de empleo por lo general disminuye con el tiempo

4. impacta negativamente el bienestar mental y físico de las personas

5. es una de las causas más significativas de la pobreza

6. Con la menor participación de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo, esto reduce la competencia por los puestos disponibles y reduce las presiones sobre los costes laborales.

Para atender a estos desempleados, el gobierno británico ha introducido medidas con mayores exigencias sobre estos desempleados, intercambiando beneficios por la exigencia de mayores responsabilidades. Para mantener sus apoyos sociales, los desempleados de larga duración tienen obligaciones para conservar sus prestaciones:

1. El trabajo comunitario durante 36 horas a la semana.

2. La dedicación de un mínimo de 10 horas de búsqueda de trabajo al mes.

3. La participación en programas de formación, especialmente para los solicitantes con problemas, como problemas de salud mental, de adicción a las drogas o de bajos niveles de estudios.

4. La asistencia diarias al centro de desempleo, en lugar de una vez cada dos semanas.

Hasta la LSE dice que visitas diarias a la oficina de desempleo es una pérdida de tiempo, sin hablar del coste de acudir, con lo poco que ofrecen como prestaciones.

Como España está entre los líderes en desempleo y en desempleo de larga duración es importante aprender de otros países en lo que hacen para atender a este importante problema. Por eso me pareció interestante evaluar lo que nos dice la LBS.

Me parecen bien los programas de formación y de re-educación pero lo que no quiero ver son políticas de castigo y de culpar a los desempleados. Hemos propuesto muchas medidas en estas páginas para ayudar a mejorar la situación del desempleado y la creación del empleo, pero no pasan por castigar aún más a los desempleados.

Mas competitividad, menos carga fiscal y ménos entorpecer de los gobiernos ayudaría a la inversión, a la mejora de la productividad, a la creación de empleo y al aumento de los sueldos. El círculo virtuoso que se busca.

En El Blog Salmón | Estrategias para avanzar en el empleo, según la OIT y Más de la mitad de los parados son desempleados de larga duración
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Con la prórroga (o modificación) del subsidio de 400 euros ha vuelto a abrirse el debate sobre si los parados que cobren prestación o subsidio por desempleo deberían desempeñar trabajos públicos. La idea tiene sus argumentos positivos y negativos, pero creo que en este caso predominan los negativos.

Lo positivo de una medida así es principalmente que el fraude en el cobro de prestaciones y subsidios se reduciría mucho. Si un parado tiene que realizar un trabajo para seguir cobrando no puede defraudar teniendo otros trabajos en negro, y tampoco puede considerar su etapa de desempleo como unas vacaciones pagadas, ya que realmente pasaría a tener un empleo mal remunerado. Los estímulos para encontrar un trabajo se incrementarían.

Y también veo positivo de esta medida que se podrían realizar tareas que normalmente no se realizan porque económicamente es inviable. Por ejemplo, ayudar a personas con discapacidad en estaciones de tren (esto es un ejemplo real en Alemania) o limpieza de montes (se ha llegado a proponer por la cantidad de incendios que hay). Podemos mejorar los servicios públicos sin necesidad de incrementar el gasto.

Pero esta medida también tiene sus partes negativas. Por un lado si un parado trabaja no tiene tanto tiempo para buscar un empleo, y la búsqueda de empleo es en sí misma un trabajo. La efectividad de esta búsqueda se vería reducida por tener que realizar otras tareas.

También existe el riesgo de que el parado considere que no está cobrando una ayuda para buscar un trabajo, sino que está realizando un trabajo en sí, y no busque otro empleo ya que considera en su fuero interno que está ganándose ese dinero. Si por una medida como ésta aumentara el número de parados que no buscan trabajo sería un verdadero desastre.

La Administración podría caer en la tentación de usar a los parados como mano de obra gratuita (puesto que se paga a través de otras partidas específicas para el desempleo) y destruir puestos de trabajo que de verdad hacen falta. En lugar de emplear a parados para realizar tareas económicamente inviables los podría utilizar para sustituir a trabajadores públicos, con el consiguiente incremento del paro. Lo que haríamos con esto es incrementar las bolsas de pobreza.

Por tanto a mí no me parece una buena idea. Lo que sí creo es que hay que controlar más a las personas que cobran una prestación o un subsidio por desempleo. Hay que hacer un seguimiento de los CV que envían, entrevistas a las que van, si se forman para lograr aumentar su capacidad de empleabilidad… hay mucho por hacer aquí y en los países nórdicos tenemos buenos ejemplos de cómo hacer las cosas bien. Pero ponerles a trabajar en servicios públicos, a no ser que sea algo puntual o englobado en las otras tareas que he dicho antes, no me parece que vaya enfocado en la buena dirección.

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La crisis llegó a España y con ellos muchos empleados se fueron al paro, meses más tarde y trás acabar la disponibilidad del paro que tenían muchos de los españoles, se ha llegado a un punto en el que se encuentran sin más prestación y además no han conseguido un trabajo para recuperar su nivel de ingresos.

El gobierno ávido por lanzar ayudas, como en toda la crisis (notese mi tono irónico), ha decidido plantear una especie de prestación post paro que será adjudicada a todas aquellas personas que se encuentren en esa situación: desempleados que se les haya acabado el paro.

La idea de esta pequeña prestación es que sea de unos 500 euros mensuales y sea capaz de ayudar a todas las personas que sean del tipo comentado, hayan pasado a ser desempleadas desde el 1 de Enero en adelante y hayan contado con un mínimo de 3 meses de paro. Se estima que será unas 300.000 personas las que se beneficien de esta medida.

Esta prestación, que tiene un buen fin, también tiene un gran problema de trasfondo y es que aún no se sabe como va a ser a financiada. Como era de esperar la Tesorería General de la Seguridad Social no ha querido saber nada, ya está bantante herida y la solución alternativa que eran las Comuniades Autónomas se han negado en rotundo a aportar este dinero para los ciudadanos desde sus arcas.

Personalmente no me extraña que esta prestación tras acabar el paro para los desempleados no quiera ser pagada por casi ningún órgano público de forma directa, estamos hablando de una cuantía cercana a los 17.000 millones de euros al año: mucho dinero para los tiempos que corren.

En principio la idea tiene los días contados si no se consigue una fórmula de financiación decente; la idea de los sindicatos es que sean aportaciones durante un año, algo que si ya era difícil con los seis meses que propone el gobierno para cada persona ahora se ve del todo imposible.

Se suscitan muchas dudas a partir de esta medida, por ejemplo me pregunto si dentro de un año mucho de los desempleados que ya hayan cobrado los seis meses que seguramente se otorgen finalmente ¿podrán optar a una nueva prestación creada?, es decir, ¿se crearán más prestaciones parcheando la crisis hasta conseguir una tasa de desempleo menor?, ¿qué ocurrirá fiscalmente con estas prestaciones, serán 100% desgravables?.

Lo que es evidente es que este Decreto Ley ya está encima de la mesa, veremos si finalmente el pacto a seis bandas para pagar estos 500 euros al mes y por persona sale adelante y cual es la reacción que los sindicatos tienen sobre la misma.

Vía | expansion
En El Blog Salmón | Mundo Laboral
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