Frente al contexto europeo, debilitado, España sigue creando empleo. Una buena noticia que no debería invisibilizar un matiz importante: que el empleo crezca no es sinónimo de que lo haga sin fricciones.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) lo deja claro. Según los datos del INE, el paro subió en 231.500 personas en el primer trimestre, hasta los 2,7 millones de desempleados, y la tasa de paro escaló hasta el 10,83 %. La ocupación, por su parte, cayó en 170.300 personas respecto al trimestre anterior. No es un cambio de ciclo, pero tampoco es un dato cómodo.

El empleo ya no avanza solo

Durante los últimos dos años, el mercado laboral español ha funcionado con una cierta inercia. Crecía el empleo incluso en un entorno de desaceleración y se ha instalado un relato sencillo, pero efectivo: España crece porque crea empleo, y crea empleo porque crece.

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Esta idea sigue activa, pero ya empieza a mostrar grietas.

Aunque el primer trimestre siempre es más flojo, por el fin de la campaña navideña, el descenso de la actividad y el ajuste laboral, este año se ha unido otro factor: la Semana Santa ha caído en abril, lo que desplaza parte de la actividad al segundo trimestre.

Ambas variables pueden haber complicado el registro, pero no permiten obviar lo que señala el think tank de CaixaBank Research: la ocupación cayó en el primer trimestre algo más de lo habitual, aunque en términos desestacionalizados siguió creciendo.

Además, el aumento del paro no se explica solo por la caída de la ocupación. La población activa creció con 61.000 personas más buscando empleo. Eso agrava la lectura: el mercado no solo destruyó puestos en el trimestre, sino que tampoco fue capaz de absorber a todos los nuevos trabajadores que entraron o volvieron a buscar empleo.

Servicios, turismo… y dependencia

El motivo es conocido. España crea empleo, en gran medida, en servicios. Turismo, hostelería, comercio. Sectores capaces de absorber mano de obra con rapidez, pero también muy ligados al consumo, al contexto y al calendario.

No es un detalle menor. El empleo turístico superó en marzo los 2,87 millones de afiliados, tras crecer un 4,2 % interanual, según los datos de Turespaña recogidos por el Ministerio de Industria y Turismo. Es una fortaleza evidente, pero también muestra hasta qué punto una parte relevante del mercado laboral sigue apoyada en motores muy sensibles al calendario.

Eso tiene ventajas: permite generar empleo en fases expansivas con relativa facilidad, pero también tiene un coste: el mercado laboral se vuelve más dependiente de factores que no siempre controla.

El dato de la EPA no apunta a una crisis laboral. El empleo sigue creciendo en términos anuales: el INE calcula 527.600 ocupados más en los últimos 12 meses. Según la Cámara de Comercio de España ahí se encuentra el matiz: el mercado laboral pierde impulso al inicio de 2026, pero evita el cambio de ciclo.

España mantiene una dinámica positiva, pero menos limpia que hace unos trimestres: el modelo funciona, pero no siempre con la misma solidez, con empleos cuya estabilidad varía, que no resisten igual los cambios de contexto y que no siempre permiten mantener el ritmo cuando la economía pierde impulso.

El límite de la inercia

La fotografía por sectores también ayuda a entender el aviso. El deterioro del empleo no ha sido uniforme. Según recogía El País con datos de la EPA, la ocupación cayó en ramas como comercio, transporte e información y comunicaciones, mientras que aguantó mejor o creció en educación, industria y sanidad.

La diferencia importa porque no todos los trabajos tiran del ciclo de la misma forma. Si el empleo resiste apoyado en sectores menos cíclicos, mientras parte del sector privado más expuesto al consumo pierde fuerza, el dato agregado puede seguir siendo positivo y, aun así, esconder una señal de desgaste.

España puede seguir creando empleo, pero no puede hacerlo indefinidamente apoyándose en las mismas variables sin asumir cierta volatilidad. La advertencia de la EPA no es que el mercado laboral se haya roto, sino que cada vez importa más mirar dónde se crea empleo, en qué sectores y con qué capacidad de resistencia. El número total sigue siendo bueno. La composición del empleo, en cambio, empieza a ser menos cómoda.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) podría convertirse en algo más que una prestación contra la precariedad y empezar a funcionar como la red de seguridad para quienes agotan el subsidio por desempleo sin haber logrado volver al mercado laboral.

Como ha apuntado el Gobierno, no se trata de una concesión automática para las personas que dejen de cobrar el paro, y ahora también para aquellas que vivan en casa de sus padres, sino en una mejora o pasarela entre el SEPE y el IMV enfocado en determinados beneficiarios que agotan el subsidio por desempleo, el subsidio extraordinario o la Renta Activa de Inserción sin haber encontrado trabajo.

Ni automático ni por vivir con los padres

Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio, el SEPE puede informar al beneficiario sobre la posibilidad de hacer esa transición al IMV. Para iniciar ese trámite, la persona debe dar su consentimiento, firmar una declaración responsable y cumplir las condiciones previstas para esa pasarela. Entre ellas, ser mayor de 23 años y encajar en los supuestos marcados según haya o no responsabilidades familiares.

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En los subsidios sin responsabilidades familiares, el beneficiario no debe convivir con cónyuge, pareja de hecho ni otras personas empadronadas en el domicilio. En los subsidios con responsabilidades familiares, solo puede convivir con las personas que ya se tuvieron en cuenta para reconocer y mantener esa ayuda.

Asimismo, el IMV exige residencia legal y efectiva en España, unidad de convivencia correctamente acreditada y, sobre todo, vulnerabilidad económica. Para ello, la Seguridad Social marca unos criterios claros: computa los ingresos y el patrimonio de la persona solicitante o de todos los miembros de la unidad de convivencia, según el caso. También fija límites patrimoniales y revisa la composición del hogar.

En pocas palabras, no basta con haber agotado el subsidio ni con vivir en un domicilio familiar, pero sí facilita el acceso a personas con rentas bajas o en riesgo de exclusión: es decir, el sistema puede permitir el acceso al IMV en ciertos hogares familiares, pero siempre dentro de una evaluación de ingresos, patrimonio, empadronamiento y unidad de convivencia.

Del subsidio al IMV

Así, lo relevante de la medida trasciende lo administrativo y trata de conectar con una economía más social: la protección por desempleo con una prestación de garantía de ingresos mínimos. Cuando se agota el subsidio, la respuesta ya no pasa únicamente por prolongar ayudas ligadas al paro, sino por comprobar si la persona o su hogar cumplen las condiciones para entrar en el IMV.

Por descontado, todo ello tiene dos caras. Si bien puede evitar caídas bruscas de ingresos en situaciones vulnerables, también cambia el marco. El subsidio por desempleo pertenece a la lógica de la protección laboral: una persona pierde el empleo, agota prestaciones y recibe una ayuda vinculada a su situación en el mercado de trabajo.

Por el contrario, el IMV funciona con otra lógica: la de la renta mínima condicionada a la pobreza o vulnerabilidad económica del hogar.

Hasta cierto punto, se enfrentan dos visiones: la protección de quien no encuentra empleo frente a un sistema que mide toda la capacidad económica de su unidad de convivencia. En la práctica, esto puede dejar fuera a personas sin ingresos propios si el hogar supera determinados umbrales, pero también puede cubrir casos en los que el paro ya no ofrece respuesta suficiente.

El IMV nació para combatir la pobreza severa, no para sustituir al sistema de protección por desempleo. De hecho, la Seguridad Social lo define como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos. Pero su conexión con el agotamiento de subsidios muestra que su papel se está ampliando: empieza a funcionar también como red final para quienes salen del circuito ordinario de ayudas laborales.

Un giro relevante, ya que el IMV no opera con la lógica clásica del paro, sino con la de una renta mínima sometida a prueba de ingresos, patrimonio y composición del hogar. La AIReF ya ha advertido en múltiples ocasiones, además, de que el diseño de la prestación podría llegar a muchos más hogares vulnerables de los que realmente alcanza. En pocas palabras, no solo se está convirtiendo en una pieza más importante del sistema de protección: también arrastra problemas de cobertura y acceso.

La consecuencia es clara: España no está regalando el IMV a quienes viven con sus padres, sino desplazando parte de la protección del paro hacia el espacio de las rentas mínimas.

Eso puede ser una buena noticia para quien evita quedarse sin ingresos, pero también es una mala señal para el sistema: si el IMV empieza a cubrir cada vez más salidas del desempleo, significa que el mercado laboral y los subsidios tradicionales no están absorbiendo bien todas las transiciones.

La ayuda puede ser necesaria; que tenga que ocupar ese lugar, no tanto.

Las reformas orientadas a retrasar la jubilación y limitar las salidas anticipadas han tenido efecto: y es que nunca ha habido tantos trabajadores senior activos como hasta ahora.

En 2025, el país alcanzó un máximo histórico con 5,3 millones de personas entre 55 y 70 años dentro de la población activa, lo que representa el 21,2% del total, según el Instituto Nacional de Estadística.

Más allá de dicho volumen, el dato clave es la tasa de actividad, que ha escalado hasta el 52,8%, también en máximos históricos. O lo que es lo mismo: los trabajadores de más edad ya no abandonan el mercado laboral de forma anticipada como antes, sino que permanecen activos durante algo más de tiempo.

Más activos, pero no necesariamente mejor situados

Pero eso sí, el aumento de la participación no se traduce automáticamente en mejores condiciones laborales.

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De los 5,3 millones de seniors activos, unos 4,7 millones están ocupados, lo que supone aproximadamente el 21% del total de trabajadores. La tasa de ocupación se sitúa en el 90,2%, una cifra elevada que, sin embargo, sigue por debajo de los niveles previos a la crisis financiera.

En 2006, este indicador llegó a alcanzar el 94%. Lo que evidencia que, aunque hay más trabajadores senior en el mercado, su integración no es tan sólida como en el pasado.

El paro senior se dispara en dos décadas

El dato más preocupante está en el desempleo. La tasa de paro de los mayores de 55 años ha pasado del 5,5% antes de la crisis a un 9,8% en 2025. Es decir, prácticamente se ha duplicado. Aunque sigue siendo inferior (y bastante) al desempleo juvenil, supone un deterioro significativo en comparación con etapas anteriores.

En términos absolutos, el número de parados senior ha pasado de 127.000 en 2006 a más de 513.000 en la actualidad. Hay más personas mayores dispuestas a trabajar, pero no todas encuentran oportunidades.

Además, por primera vez y según un informe del BBVA, la tasa de paro de este colectivo supera ligeramente a la de la franja central de edad, entre 25 y 54 años, que se sitúa en torno al 9,8%. Un cambio que rompe una tendencia histórica y evidencia una creciente dificultad para recolocar a trabajadores con más experiencia.

El efecto de las reformas y el fin de las prejubilaciones

Durante décadas, el mercado laboral español utilizó las prejubilaciones como herramienta para ajustar plantillas. Sin embargo, el envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema de pensiones han obligado a cambiar esta dinámica.

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Las reformas impulsadas desde 2010 han endurecido las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y han incentivado la prolongación de la vida laboral. Según otro informe del BBVA Research titulado ‘Prolongar la vida laboral: ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hacerlo?, el resultado ha sido un aumento de la actividad entre los mayores de 55 años de casi veinte puntos en dos décadas.

Este fenómeno ha permitido compensar parcialmente la menor participación de los jóvenes. En 2025, los menores de 25 años sumaron unos 1,8 millones de activos, lejos de los 2,5 millones registrados en 2006.

La diferencia, eso sí, no se explica tanto por la demografía como por el descenso de su tasa de actividad, que ha caído del 52% al 37%, en gran parte por la prolongación de los estudios.

Una paradoja internacional

La evolución del mercado laboral español presenta una particularidad frente a otras economías avanzadas. En países como Estados Unidos, la participación de los trabajadores senior ha tendido a reducirse tras la pandemia, mientras que en España ha aumentado.

O lo que es lo mismo: mientras en otros países preocupa la retirada anticipada de trabajadores experimentados, en España el desafío se centra más en integrar a un número creciente de seniors en el mercado laboral.

Edadismo y dificultades de reinserción

Uno de los principales obstáculos para este colectivo es la dificultad para volver al mercado laboral una vez que pierde su empleo. Diversos informes de la OCDE alertan precisamente de esto: del impacto del edadismo, es decir, la discriminación por edad, en las oportunidades laborales.

Las empresas tienden a priorizar perfiles más jóvenes o con expectativas salariales más bajas, lo que limita las opciones para trabajadores con mayor experiencia. Esta situación se agrava en sectores en transformación, donde la actualización de competencias resulta clave.

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Hoy, España tiene 2,4 millones de desempleados: la cifra más baja desde la crisis de 2007, un 11,5 %. Sin embargo, al mismo tiempo, se mantiene la tendencia de miles de puestos sin cubrir. En septiembre de 2025, se hablaba de más de 150.000 puestos, cifra que se ha triplicado en solo 10 años y que afecta, principalmente, al sector servicios.

El fenómeno más llamativo, no obstante, es otro: el 36% de las vacantes laborales se concentran en el sector público. Y, en este contexto de escasez de mano de obra en determinados perfiles, que un tercio de las vacantes procedan de la Administración obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿está el Estado cubriendo carencias estructurales o directamente compite por el mismo talento que necesita el sector privado?

Qué tipo de empleo

Los datos del INE muestran que la mayor concentración de vacantes se produce en ramas vinculadas a Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, sanidad y educación.

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Ese 36% no es solo algo puntual, sino el resultado de varios años en los que el empleo público ha ganado peso relativo tras la pandemia, impulsado por estabilizaciones, reposiciones y refuerzos estructurales.

En parte, el aumento responde a un factor demográfico evidente: la jubilación masiva de la generación del baby boom está afectando especialmente a sectores públicos intensivos en empleo, como sanidad y educación, donde una parte significativa de la plantilla se aproxima a su retiro.

Desde esta perspectiva, el crecimiento de vacantes públicas no sería una expansión discrecional, sino un reemplazo necesario para sostener servicios básicos.

El problema aparece cuando se observa el mercado laboral en su conjunto, donde sectores como la hostelería (siempre gran protagonista, aunque sea por volumen total), construcción o determinados servicios técnicos arrastran desde hace años dificultades crónicas para encontrar trabajadores, como ha venido señalando el SEPE en sus análisis sobre desajustes entre oferta y demanda.

El punto clave es que, si bien no todas las vacantes públicas compiten directamente con las privadas, sí comparten un mismo recurso escaso: el capital humano.

La competencia por el talento

España es una economía de pequeñas y medianas empresas, con baja productividad media y limitada capacidad financiera para competir en salarios y condiciones.

Diversos estudios (por parte del Banco de España y la Airef, por ejemplo) han señalado que existe una prima salarial en el sector público respecto al privado en términos medios, incluso ajustando por características de los trabajadores. A todo ello se suma la estabilidad contractual, menor riesgo de despido y horarios más previsibles.

En ese contexto, cuando el Estado amplía convocatorias o acelera procesos de reposición, no solo cubre necesidades internas: también se convierte en un competidor atractivo para captar perfiles cualificados que, de otro modo, podrían integrarse en el sector privado.

En este punto, aparece un concepto clave: el efecto desplazamiento laboral. Si el sector público absorbe una parte creciente del talento disponible en una economía con escasez relativa de determinados perfiles, puede estar reduciendo la oferta efectiva para empresas privadas, especialmente para aquellas con menor margen para competir en condiciones.

Un problema de asignación

España no solo arrastra un problema de desempleo estructural en determinados colectivos. También sufre un problema de desajuste y asignación ineficiente del talento.

El peso del empleo público sobre el total de asalariados se sitúa en torno al 17 %, según datos recogidos por el Banco de España a partir de la EPA. En paralelo, las empresas privadas (sobre todo, las pymes) apuntan a crecientes dificultades para cubrir puestos técnicos y cualificados.

La paradoja es evidente: una economía con millones de parados y, al mismo tiempo, sectores incapaces de encontrar trabajadores adecuados. Si el sector público concentra una parte relevante de las vacantes en un entorno de baja productividad y tejido empresarial fragmentado, el debate deja de ser cuantitativo (cuántos empleos se crean) para volverse cualitativo (dónde y con qué impacto sobre el crecimiento).

En términos comparados, España no es uno de los países con mayor tasa de vacantes de la UE. De hecho, su ratio es inferior a la media comunitaria. La singularidad no está en el volumen total de puestos sin cubrir, sino en su concentración relativa en el sector público.

En economías con tasas de vacantes más elevadas, la escasez suele reflejar mercados laborales tensionados por crecimiento. En nuestro país, en cambio, la falta de determinados perfiles convive con un paro todavía elevado, lo que apunta más a un problema estructural de asignación que a una economía sobrecalentada.

El dilema estructural

La pregunta clave que toca responder es: ¿puede España mejorar su productividad si una parte creciente del talento se dirige hacia empleo financiado vía impuestos, en lugar de hacia sectores exportadores o generadores de valor añadido?

Y, sobre todo, ¿es una solución necesaria para sostener el Estado del bienestar o una decisión que agrava las debilidades del modelo productivo?

Foto: @DaniMarcosFoto; Daniel Marcos Pina (CC BY-NC-ND 4.0).

Estos días, se cita como hecho histórico en la prensa: España ha logrado reducir su tasa de paro por debajo del 10 % por primera vez en casi dos décadas. El dato marca un hito para un mercado laboral que, históricamente, ha estado marcado por el desempleo estructural y por recuperaciones desiguales tras cada crisis.

En términos generales, el balance es positivo: hay más ocupados, menos parados y un nivel de empleo que se sitúa en máximos históricos. Sin embargo, necesitamos una lectura más detallada de los datos para ir más allá del cuántos empleos se están creando; en concreto, hasta el dónde y cómo se está produciendo esa creación de empleo, un matiz esencial para entender la sostenibilidad del actual ciclo laboral.

Dónde se crea emplea

La caída del paro se apoya en el sector privado, que concentra la inmensa mayoría de los nuevos puestos de trabajo. No es el empleo público, que ha vuelto a dispararse en el último trimestre, el que explica el grueso del descenso del desempleo, sino la evolución de la actividad empresarial.

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Una dinámica que puede observarse en el desglose de la última Encuesta de Población Activa, publicado el martes pasado en el INE, que muestra un aumento significativo de los ocupados en actividades privadas.

El protagonismo sectorial es claro, donde el sector servicios vuelve a actuar como principal motor de la creación de empleo con actividades ligadas al consumo interno, la hostelería, el comercio y el turismo, que explican buena parte del avance, en línea con la fortaleza de la demanda y la normalización de la actividad tras los años de pandemia.

Un patrón que ya se observaba antes de la crisis sanitaria y se ha reforzado en la fase actual de recuperación.

Este comportamiento es la consolidación de un modelo económico muy definido: España crea empleo, pero lo hace sobre todo en los sectores donde ya estaba especializada. El mercado laboral mejora, pero lo hace apoyándose en ramas productivas intensivas en mano de obra y muy sensibles al ciclo económico.

Más empleo, mismos problemas

El contraste aparece al observar otros sectores. La construcción y la agricultura aportan empleo de forma más limitada, mientras que la industria presenta una evolución más irregular, con avances en algunos trimestres y retrocesos en otros.

Esta divergencia sectorial implica que la mejora del mercado laboral no es homogénea y que parte de la actividad productiva sigue mostrando dificultades para ganar peso en el conjunto de la economía.

Al mismo tiempo, uno de los cambios más relevantes respecto a etapas anteriores es la mayor estabilidad del empleo. El aumento de los contratos indefinidos y la reducción de la temporalidad han mejorado la calidad estadística del mercado laboral, un fenómeno ampliamente analizado en informes económicos recientes.

Este avance contribuye a explicar por qué la caída del paro se mantiene incluso en un contexto económico más exigente. El empleo es hoy menos volátil que hace una década. Sin embargo, esta mejora contractual no implica necesariamente un cambio profundo del modelo productivo. 

Los puestos de trabajo son más stables, pero siguen concentrándose en sectores con márgenes de productividad limitados.

La consecuencia es una paradoja conocida en la economía española: el mercado laboral mejora en términos cuantitativos, pero el patrón de crecimiento apenas se transforma. El empleo crece, pero la productividad avanza con mayor dificultad, un problema recurrente que condiciona la evolución de los salarios y la capacidad de resistencia ante futuros cambios de ciclo.

Con el paro en mínimos, el debate económico ya no gira únicamente en torno a la creación de empleo, sino en torno a la estructura de ese empleo. Reducir el desempleo es una condición necesaria, pero sigue siendo insuficiente para fortalecer el crecimiento a medio y largo plazo.

El reto que se abre es claro: mantener la mejora del mercado laboral al tiempo que se diversifican las fuentes de creación de empleo y se refuerzan los sectores capaces de sostener mayores niveles de productividad y salarios. De lo contrario, España corre el riesgo de consolidar un mercado laboral más estable, pero apoyado en el mismo modelo económico que ha mostrado límites en anteriores fases del ciclo.

¿Es real el desempleo oficial contabilizado en España? La realidad es algo diferente a los discursos triunfalistas del Gobierno. Y es que, una parte relevante del mercado laboral se está quedando fuera del foco estadístico.

Se trata de personas inscritas en los servicios públicos de empleo que no computan como paradas, pese a no tener un trabajo efectivo en el momento de la medición.

Esta brecha entre la percepción social y los datos oficiales no es nueva, pero sí ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

Casi dos millones de demandantes fuera del paro registrado

A finales de 2025, el número de demandantes de empleo excluidos del paro registrado ascendía a 1,89 millones de personas. Esta cifra representa el 44 % del total de inscritos en las oficinas públicas de empleo y solo encuentra precedente en 2020, cuando la pandemia y los ERTE dispararon los registros hasta los 2,87 millones. La diferencia es que ahora no existe una situación excepcional comparable.

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El dato resulta especialmente significativo porque se produce en un ejercicio en el que el paro registrado descendió en más de 152.000 personas. Sin embargo, al mismo tiempo, los demandantes no considerados parados aumentaron en más de 64.000, elevando su peso relativo hasta máximos históricos. El resultado es una fotografía laboral más compleja de lo que sugieren los titulares.

Una metodología anclada en los 80

Aunque el contexto económico y laboral ha cambiado profundamente en las últimas décadas, los criterios que determinan qué personas figuran dentro del paro registrado apenas han variado.

La modernización de los sistemas informáticos ha permitido un seguimiento más preciso de los demandantes de empleo por parte de las comunidades autónomas, pero la base metodológica que separa a los parados de otros inscritos continúa siendo la misma que se fijó a comienzos de los años ochenta.

Desde el Ministerio de Trabajo se sostiene que el incremento de personas excluidas del paro responde a una mayor dinámica del mercado laboral. La tesis oficial apunta a que un número creciente de trabajadores con empleo acude a los servicios públicos en busca de mejores oportunidades.

Este argumento tiene precedentes, ya que en 2006, cuando se alcanzó el mínimo histórico de paro registrado, el porcentaje de demandantes excluidos se situaba en torno al 31%. Sin embargo, las cifras actuales desbordan ampliamente cualquier referencia anterior conocida.

La polémica cifra de los fijos discontinuos

Uno de los factores clave del cambio estructural es la reforma laboral aprobada a finales de 2021.

Esta normativa impulsó el uso del contrato fijo discontinuo, una figura indefinida que alterna periodos de actividad e inactividad. Durante esos periodos sin trabajo efectivo, los empleados pueden inscribirse como demandantes y acceder a prestaciones, pero no computan como parados registrados.

En 2024, la media mensual de fijos discontinuos inactivos excluidos del paro superó las 687.000 personas, casi el triple que en 2019.

Todo apunta a que en 2025 la cifra siguió creciendo. Este colectivo se ha convertido en el principal componente del grupo de demandantes con relación laboral, desplazando a otros como los afectados por ERTE o los beneficiarios de antiguos subsidios agrarios.

Otros colectivos invisibles en las estadísticas

Además de los fijos discontinuos, existen otros grupos que tampoco figuran como parados. Entre ellos se encuentran personas con la demanda suspendida por realizar cursos de formación o por no buscar empleo en condiciones estándar. A cierre de 2025, este colectivo superaba las 366.000 personas, el porcentaje más alto de toda la serie histórica.

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También se observa un cambio en el ámbito agrario, donde muchos empleos antes cubiertos por contratos eventuales han pasado a formalizarse como fijos discontinuos.

Este trasvase reduce el número de parados oficiales, pero no necesariamente implica una mejora proporcional en la estabilidad laboral ni en el acceso real al empleo continuo.

Paro registrado frente a EPA

El Ejecutivo suele apoyarse en la coincidencia entre el paro registrado del SEPE y los datos de la Encuesta de Población Activa para descartar distorsiones.

Sin embargo, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. La EPA incluye como parados a colectivos que el SEPE excluye, como algunos fijos discontinuos inactivos o trabajadores agrarios eventuales que buscan activamente empleo.

A esta diferencia se suma la presencia de personas prejubiladas que figuran como demandantes para mantener prestaciones, un fenómeno que la EPA detecta y el paro registrado no siempre refleja. La comparación directa entre ambas fuentes, por tanto, resulta limitada.

Desde 2021, el peso de los demandantes no parados no ha dejado de crecer. A pesar de los compromisos públicos para mejorar la transparencia, los datos detallados sobre fijos discontinuos inactivos solo se conocen con un año de retraso y de forma agregada.

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El mercado laboral español muestra una aparente fortaleza, de eso no hay duda. Sin embargo, contiene algunas sombras cada vez más difíciles de ignorar. La afiliación a la Seguridad Social registra cifras históricas sí, y las estadísticas oficiales de desempleo mantienen un tono positivo.

Pero bajo esa superficie se esconde una realidad que matiza la lectura de los datos: el crecimiento del colectivo de trabajadores fijos discontinuos inactivos, que ya supera las 740.000 personas según registros del Servicio Público de Empleo Estatal.

Se trata de empleados que mantienen su relación contractual con una empresa, no trabajan en ese momento y tampoco aparecen en las listas del paro.

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Este fenómeno, que se ha intensificado desde la aprobación de la reforma laboral hace cuatro años, está reabriendo el debate sobre el llamado “paro oculto” y sobre las implicaciones reales de un mercado que combina elevadas cifras de ocupación con un volumen creciente de inactividad.

El diseño de esta modalidad contractual y su uso extendido en sectores no siempre estacionales han generado un escenario estadístico complejo, en el que la frontera entre empleo y desempleo resulta más difusa que nunca.

El peso creciente de la inactividad y su impacto en las cifras laborales

Los contratos fijos discontinuos, convertidos en alternativa preferente a los temporales tras el cambio normativo, permiten que el trabajador mantenga el vínculo con la empresa incluso en los periodos sin actividad. 

Este mecanismo evita contabilizar a estas personas como paradas registradas, pero sí les da acceso a prestación por desempleo mientras no están trabajando. 

El resultado es una doble lectura de las cifras: el paro no aumenta en el registro oficial, pero el número de expedientes gestionados se ha disparado. Entre enero y septiembre se tramitaron 570.164 prestaciones asociadas a esta modalidad, más del doble que antes de la reforma.

Este incremento del 114% respecto a 2019 evidencia que la modalidad ha dejado de ser residual y se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada para cubrir necesidades intermitentes de personal. 

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Paralelamente, introduce un margen de incertidumbre en la valoración del mercado laboral español, ya que estas personas no cuentan como desempleadas pese a encontrarse sin actividad y cobrando ayudas en muchos casos.

Un mercado laboral que sigue mostrando señales de estacionalidad

Organizaciones sindicales como la Unión Sindical Obrera sitúan el “paro real” por encima de los 3,7 millones de personas al agregar diferentes colectivos que, aunque no figuran en las cifras oficiales, se encuentran sin trabajo efectivo.

A los 2,44 millones de parados registrados se suman trabajadores con disponibilidad limitada, personas en ERTE, ocupados que buscan otro empleo y los fijos discontinuos inactivos.

Según esta visión, el mercado laboral español sigue arrastrando una estructura marcada por picos de actividad y periodos de parón, especialmente en sectores como servicios, agricultura o industria, donde las oscilaciones siguen siendo notables.

Los datos del paro juvenil refuerzan esta lectura. En el último registro, las cifras aumentaron en más de 10.000 personas en menores de 25 años, lo que representa casi la mitad del avance mensual. El desempleo femenino continúa en niveles más altos que el masculino y, aunque ambos se reducen en términos interanuales, la brecha apenas se corrige.

Estas dinámicas dibujan un mercado tensionado, vulnerable a los ciclos y dependiente de medidas que aún no han logrado modificar su estructura profundamente estacional.

El aumento del gasto en prestaciones y la preocupación empresarial

La expansión del colectivo de fijos discontinuos no solo altera la lectura de los datos de empleo, sino que se refleja en el gasto público. AIReF y Banco de España estiman un incremento interanual de entre el 30% y el 35% del volumen total de ayudas.

En 2019, los trabajadores de esta modalidad representaban el 7,7% de quienes cobraban prestación; en 2025 rondan ya el 11%. Las cifras de perceptores medios también han crecido con fuerza, con 88.000 personas en septiembre y más de 129.000 en el conjunto del año.

Se trata de un colectivo con alta rotación y periodos de cobro breves, lo que eleva el número de expedientes administrativos.

A este escenario se suma la advertencia de la CEOE sobre la caída de la productividad por ocupado respecto a finales de 2019 y la reducción de la jornada media efectiva en el sector privado, situada en 30,9 horas semanales según la Encuesta de Población Activa.

La patronal vincula estas tendencias al aumento de las incapacidades temporales y a una regulación de permisos que, a su juicio, introduce inseguridad jurídica y mayores dificultades organizativas para las empresas.

Un tejido laboral que muestra síntomas de fragilidad estructural

El uso progresivo de los contratos fijos discontinuos también está transformando el perfil del trabajador que los suscribe. Ya no se circunscriben a campañas agrícolas o temporadas turísticas, sino que se extienden a la logística, la educación o la atención al cliente, sectores donde los periodos de actividad son más cortos y la rotación más frecuente.

Esta diversificación amplía el alcance del fenómeno y complica la detección del desempleo real, ya que no existe un dato único de inactivos inscritos y las competencias se reparten entre administraciones autonómicas.

A la par, otros indicadores revelan las dificultades del mercado laboral español para ofrecer estabilidad. Más de 847.000 personas declaran pluriactividad para complementar ingresos, el absentismo supera el millón de ausencias diarias de media anual y España figura como el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil.

Asociaciones como ATA y Cepyme advierten además de un crecimiento desigual, donde medianas y grandes empresas concentran la creación de empleo mientras autónomos y microempresas muestran dinámicas de destrucción o estancamiento.

La presencia de cientos de miles de trabajadores sin actividad que no figuran en el paro registrado plantea un desafío estadístico e incluso político.

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España nunca había tenido tantos mayores de 50 años cobrando un subsidio por desempleo. Según datos de la Fundación Adecco, más de 545.000 personas en esa franja de edad dependen actualmente de esta ayuda.

En total, representan el 70 % de todos los beneficiarios del subsidio por desempleo en España, de acuerdo con las cifras del SEPE, lo que apunta a que es la primera vez que una generación está tan expuesta a la pobreza y la exclusión del mercado laboral: "Estamos ante una brecha generacional de la que apenas se habla: el desempleo sénior crónico", resume el informe de Adecco.

Un récord silencioso

El dato refleja un cambio profundo en el perfil del desempleo. Tradicionalmente, los subsidios de paro estaban vinculados a jóvenes con escasa cotización o a parados de larga duración. Hoy, sin embargo, los mayores de 55 y 60 años son el grupo que más crece en número de perceptores.

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"Es una forma silenciosa de precariedad que no afecta solo a los jóvenes". El informe apunta, además, que en el último año ha habido un incremento de un 3,4 % respecto al año anterior (y un 9 % frente a hace cinco años): una cifra que evidencia que el desempleo a esas edades no es coyuntural, sino estructural.

En palabras de los expertos, estos trabajadores suelen haber agotado la prestación contributiva y dependen del subsidio asistencial —de unos 480 euros al mes—. En muchos casos, el cobro de esta ayuda se prolonga hasta la edad de jubilación y se conoce de forma coloquial como "jubilación encubierta", un limbo en el que miles de personas quedan fuera del mercado sin dejar oficialmente de ser parte de él.

El boomer desempleado suele tener entre 60 y 65 años, una larga carrera laboral a sus espaldas, pero también dificultades crecientes para reincorporarse al mercado laboral. Según El Economista, los mayores de 60 años concentran ya más del 34 % de todos los subsidios.

En muchos casos, son personas que perdieron su empleo durante la crisis de 2008 o tras la pandemia, y nunca lograron reengancharse. El Gabinete Asesor Fernández destaca que este grupo "es el más numeroso que vive de prestaciones y además recibe las más reducidas".

En la práctica, muchos dependen de sus parejas o familias, y arrastran lagunas de cotización que reducirán sus futuras pensiones.

La brecha con los trabajadores jóvenes

Mientras los menores de 50 años aún mantienen un peso mayor en las prestaciones contributivas, los mayores se concentran en subsidios asistenciales.

Los datos del SEPE muestran que entre los mayores de 50 años casi el doble de personas cobra un subsidio que una prestación, mientras que en los menores de 50 ocurre justo lo contrario.

Esto revela dos dinámicas opuestas: los jóvenes sufren paro intermitente, pero recuperan empleo más rápido; los sénior, en cambio, caen en un desempleo prolongado y casi definitivo.

En pocas palabras, el paro de larga duración se enquista en España, y lo hace sobre todo entre los mayores. La situación, además, plantea un reto evidente para las políticas activas de empleo y para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Un mercado que no los quiere

Según Vozpópuli, la tasa de paro entre los mayores de 55 años ronda el 10 %, el doble de la media europea. A pesar de su experiencia, el mercado laboral los percibe como perfiles menos adaptables o más costosos, una barrera que los expulsa de los procesos de selección.

Solo uno de cada diez desempleados séniores logra un empleo antes de un año, y la mayoría acaba encadenando subsidios hasta poder jubilarse. En este sentido, como señalan desde Adecco, "no es un problema de voluntad de trabajar, sino de un mercado que no ofrece segundas oportunidades […]".

El subsidio para mayores de 52 años, aunque protege rentas, se ha convertido en la única salida para muchos desempleados de larga duración. El resultado es un fenómeno que combina envejecimiento, desempleo y vulnerabilidad: trabajadores con décadas de cotización que acaban dependiendo de ayudas mínimas para sobrevivir.

En este sentido, el debate público suele centrarse en los jóvenes precarizados, pero existe otra cara todavía menos visible en el mercado laboral español: los mayores que quedaron fuera.

¿Es verídica la imagen que contrapone a jóvenes con salarios bajos frente a generaciones anteriores supuestamente ya más acomodadas? La realidad, en ocasiones, es otra bien distinta.

En 2025, una parte creciente de trabajadores veteranos ha quedado atrapado en un mercado laboral que no les ofrece estabilidad ni acceso a empleos de calidad.

La evolución de los datos demuestra que son precisamente ellos quienes acumulan más dificultades para mantenerse ocupados en su última etapa profesional.

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En medio de un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para acceder a la vivienda y la presión sobre el sistema de pensiones, existe la percepción de que muchos ciudadanos de más edad gozan de completa ventaja. Pero los números revelan lo contrario.

Un volumen cada vez mayor de personas supera los 60 años sin un empleo y subsiste gracias a ayudas de carácter asistencial que apenas permiten cubrir los gastos básicos del día a día.

Un colectivo creciente que depende de ayudas mínimas

De acuerdo con los datos adelantados por el Ministerio de Trabajo, más de 769.000 personas recibían subsidios asistenciales en octubre.

De ellas, un 34,5% pertenece al tramo de edad que supera los 60 años. Se trata de una cifra sin precedentes que refleja cómo quienes nacieron en pleno auge demográfico de los años sesenta han pasado a ocupar una posición de vulnerabilidad laboral muy distinta a la que se puede creer.

La paradoja es, cuanto menos, llamativa. Hace dos décadas, quienes entonces superaban los 40 años y perdieron su empleo durante la Gran Recesión quedaron inmersos en una espiral de precariedad de la que muchos no han logrado salir.

Hoy forman parte del grupo que registra mayores dificultades para acceder a un contrato y que depende en gran medida de un subsidio que rara vez supera los 480 euros mensuales.

La persistencia del desempleo entre los más veteranos

Las encuestas de población activa confirman la tendencia. Mientras otros grupos de edad han recuperado o incluso mejorado sus niveles laborales respecto a 2008, quienes superan los 50 años siguen arrastrando tasas de paro superiores a las registradas en los momentos más críticos de la crisis financiera.

En el caso de quienes ya han cumplido los 60, la cifra se ha disparado más de un 270% respecto a aquel periodo.

No se trata de personas inactivas a la espera de poder jubilarse. De hecho, las cifras de quienes podrían considerarse prejubilados se encuentran en mínimos históricos.

La inmensa mayoría continúa buscando empleo porque su situación económica no les permite vivir sin ingresos propios. Esa decisión habla de las dificultades que afrontan para sostenerse con la ayuda que reciben y del riesgo de precarización en su futura pensión si no logran cotizar más años.

La trampa del paro de larga duración

Solo unas 90.000 personas mayores de 60 años perciben una prestación contributiva. Representan un porcentaje muy inferior al peso que tienen en el total de parados registrados.

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El grueso depende de subsidios, especialmente del destinado a mayores de 52 años. Este esquema refleja que las prestaciones ligadas a la cotización se agotan antes de que puedan reincorporarse al mercado laboral, lo que los empuja al nivel asistencial.

A partir de los 50, las oportunidades de encontrar empleo disminuyen progresivamente. Cuando se consume el tiempo máximo de la prestación contributiva, la única vía de protección es el subsidio.

La mayoría de quienes lo perciben recibe el importe mínimo, que puede mantenerse hasta alcanzar la edad legal de jubilación, pero no garantiza estabilidad económica ni la posibilidad de mejorar la base reguladora futura.

Un fenómeno que no responde solo al ciclo económico

La evolución de los datos desde 2009 deja claro que este aumento no es únicamente consecuencia de crisis puntuales. Mientras otros grupos de edad han reducido de forma notable su dependencia de subsidios, los mayores de 60 no han dejado de crecer.

El cambio demográfico, la ampliación progresiva de la edad legal de jubilación y las condiciones más estrictas para acceder a la jubilación anticipada explican parte del fenómeno.

La menor presencia de prejubilaciones forzosas confirma que muchos optan por mantenerse como demandantes de empleo mientras esperan una oportunidad laboral que les permita mejorar su futura pensión.

Y es que, la precariedad no distingue edades y golpea con intensidad creciente a quienes se aproximan al final de su vida profesional.

Imágenes | Pixabay, RTVE

La foto del mercado laboral en España a cierre de agosto ha presentado señales alarmantes. La afiliación a la Seguridad Social se derrumbó en 199.300 personas, lo que constituye una caída histórica, la tercera más intensa de los últimos diecisiete años.

Esta regresión deja el número de cotizantes en 21.666.203 y coincide con un repunte del desempleo, que suma 21.905 parados más, alcanzando los 2.426.511 registro.

Al mismo tiempo emerge un fenómeno que desliza otra capa de precariedad laboral: el pluriempleo. Aunque representa una fracción de los trabajadores, alcanza cifras elevadas que, al sumarse con el desempleo, revelan una holgura laboral preocupante.

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Y en este escenario también aparecen los fijos discontinuos inactivos: más de 830 000 personas que, pese a estar registradas como ocupadas, no trabajan ese mes; se desglosa entre quienes descansan por baja, vacaciones o suspensiones y los que simplemente no prestan servicio.

El desempleo sube mientras la afiliación se desploma

El golpe a la afiliación marca agosto de 2025 como uno de los peores meses desde 2008. La pérdida de casi 200.000 cotizantes supera largamente los retrocesos ordinarios del verano y refleja la caducidad masiva de empleos temporales, especialmente en educación, donde 75.869 docentes perdieron su contrato ese mismo mes.

El desempleo, aunque elevado, sigue estando en niveles bajos para un mes de agosto —el más bajo desde 2007— pero el descenso interanual no apacigua el golpe estacional.

El aumento del paro es particularmente significativo entre jóvenes y mujeres, así como en las regiones de Cataluña, Madrid y Euskadi. Además, la afiliación anual sigue positiva (con casi medio millón de afiliados más que hace un año), lo cual evidencia un crecimiento de fondo, aunque irregular y vulnerable

Pluriempleo elevado y fijos discontinuos inactivos

El dato del pluriempleo —la cantidad de personas con más de un vínculo laboral— ha alcanzado ya niveles históricos. El promedio de afiliados en pluriactividad en 2024 fue de 847.150 personas al mes, el 4% del total de cotizantes, cifra que supera ampliamente los registros previos a la Gran Recesión.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), unos 585 800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, cifra que ha crecido un 43% en la última década.

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Sin embargo, en 2025 el pluriempleo también ha comenzado a declinar. Durante el primer trimestre del año, la cifra de personas con un empleo adicional se redujo a 537 700, la más baja desde 2022, representando una caída del 9,1% interanual.

Este descenso se concentra entre asalariados, mientras los autónomos en pluriactividad aumentan un 6,5 %. Esta evolución sugiere que el fenómeno, aunque aún alto, podría estar moderándose.

Desglose de los fijos discontinuos inactivos

Dentro de las más de 830 000 personas clasificadas como fijos discontinuos inactivos, algunos están en baja médica, descanso vacacional o suspensión temporal, y otros no trabajan por falta de convocatorias o servicios en este periodo.

No todas esas personas realizaron actividad laboral en agosto, aunque sí permanecen afiliadas. Este fenómeno distorsiona parcialmente la percepción de ocupación y hace más compleja la lectura real del mercado.

¿Es siempre malo que caigan autónomos?

Entre julio y agosto desaparecieron 15 000 autónomos del registro de cotización. Aunque en principio una caída puede interpretarse como mala señal, no siempre lo es.

Una disminución puede reflejar el cierre de actividades insostenibles, el tránsito hacia empleos empleados, o regularización de actividades informales.

También puede indicar que algunos autónomos abandonan el registro pero siguen trabajando precarizados o en economía sumergida.

El impacto de esta caída depende del contexto: si obedece a eliminación de actividad económica real, es preocupante; si refleja una puesta en orden de la afiliación o reducción de emprendedores ficticios, puede leerse como un ajuste positivo.

Eso sí, récords dolorosos en paro

España ha alcanzado tasas de paro juvenil y general que superan por primera vez a Grecia, ubicándose como la nación con mayor desempleo en Europa. Asimismo, la holgura laboral, expresada en desempleo oculto, pluriempleo y fijos discontinuos inactivos, es la más elevada del continente, aunque muestra señales de desaceleración en ciertos componentes.

En países como Alemania, los famosos minijobs cumplen una función similar a los pluriempleos aquí, pero están regulados bajo otro marco que permite flexibilidad con menos precariedad. Aunque ese modelo no debe copiarse directamente, sí destaca que mercados laborales más estructurados pueden contener mejor los efectos adversos del trabajo fragmentado.

El conjunto de indicadores refleja una situación dual: por un lado, crece la ocupación, pero la pérdida estacional de afiliación y el repunte del paro dejan al descubierto una fragilidad del mercado laboral que aún tiene mucho que decir en este 2025.

Imágenes |  Pixabay, Instagram