El tiempo se agota en Moncloa y Pedro Sánchez ultima las negociaciones con los diferentes grupos políticos para poder optar a la reelección como presidente del Gobierno y evitar así la celebración de un nuevo proceso electoral en enero de 2024. Uno de sus aliados será SUMAR, liderado por Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo.
Los acuerdos con la formación deben cerrarse antes del 27 de noviembre, fecha límite para la constitución del Gobierno de coalición. En todo momento, Díaz ha expresado que se muestra en contra de ceder ‘un cheque en blanco’ al PSOE, pero que espera un escenario de diálogo entre ambas partes. Todo ello en un marco en el que la amnistía se encuentra en el punto de mira.
Unas exigencias con puntos débiles
Reducción de jornada laboral: pozo sin fondo para las empresas
Algo que ha dejado claro SUMAR, en voz de su portavoz, Ernest Urtasun, es que es imprescindible y nuclear que se efectúe la reducción de la jornada laboral. Proponen que se pase de ocho a siete horas, es decir, que la jornada laboral sea de 32 horas semanales sin que el salario del trabajador se viese afectado. Así pues, la jornada laboral máxima en 2024 sería de 37,5 horas, garantizando la conciliación familiar y personal.
Con esta medida, el trabajador se vería muy beneficiado, pero el tejido empresarial del país claramente afectado. El trabajo es una energía que se transforma y que se adapta a los nuevos tiempos, por lo que resulta descabellado que las empresas tengan que trabajar a pérdidas, manteniendo e incluso subiendo los salarios de los empleados por menos horas de trabajo, y por ende, por una menor tasa de productividad.
Esta medida no le saldría gratis al mercado laboral, por lo que de aplicarse podrían llegar a destruirse hasta 273.000 puestos de empleo entre 2024 y 2025, según advierte el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria en un estudio reciente. Esta medida supondría costes adicionales a las empresas, que tendrían que contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de producción.
Muchas empresas verían imposible aplicar esta medida, ya que su estructura de costes no se lo permitirá. Por consiguiente, aprovechando esta debilidad, empresas del mismo sector procedentes de otros países perpetrarán en el mercado español de forma más intensa y competitiva.
La disminución de la jornada laboral, aplicada la elasticidad, podría conllevar a una merma en el empleo del 1,8%. Así pues, se establecería la destrucción de 220.000 empleos en 2025.
Aumento del salario mínimo interprofesional (SMI)
El aumento del SMI implica un incremento notorio de costes para las empresas, que cada vez encuentran más dificultades para cubrirlos. El aumento debe ser sostenido por la generación de valor añadido por los trabajadores, de tal modo que si sube más será más difícil cubrir dichas necesidades y se incentivaría la creación de la economía sumergida. La consecuencia más preocupante sería la desaparición de empresas, que no pudiesen soportar el aumento cuantitativo de los costes.
Esta medida va de la mano del aumento de la rigidez en las indemnizaciones por despido, un obstáculo para que la economía española siga creciendo. Los empresarios cada vez encuentran más trabas para afrontar las indemnizaciones y esto provoca que se destruya más empleo y que cierren más empresas.
Prórroga de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas
La petición de SUMAR es un auténtico disparate que va a provocar que grandes empresas salgan del país y busquen otras residencias fiscales en las que estén sometidas a menos exigencias y presiones. Todo apunta a que, de efectuarse el acuerdo, Repsol seguiría los pasos de Ferrovial. En este caso, la energética ha paralizado sus inversiones en España y no descarta invertir en Portugal.
El hecho de que los impuestos extraordinarios se mantengan e incluso se aumenten, sumado a la aplicación del tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el beneficio contable, solo sirve para seguir asfixiando a un sector económico cada vez más debilitado.
Paquete de propuestas no tan descabelladas
Bono Social de Emergencia
Una de las medidas que propone SUMAR al gobierno de Sánchez es la implementación de un bono social de emergencia dirigido a los hogares que tienen que pagar hipotecas, solventando así la elevada inflación y las férreas condiciones que mantienen las entidades bancarias. Se dirigirá a familias con hipotecas de hasta 250.000 euros y una antigüedad máxima de 10 años.
Esta medida, si se tienen en cuenta las circunstancias económicas latentes y las repercusiones directas que tendría para la banca, puede ser muy beneficiosa. Hay que tener en cuenta que el Euríbor ha aumentando constantemente y ha ocasionado un incremento de hasta 300 euros al mes para las hipotecas variables de muchas familias. En las familias con ingresos inferiores a los 1.500 euros al mes, sobrevivir se ha convertido en una quimera.
Ayudas de 20.000 euros a jóvenes emprendedores
Además de la recuperación del ministerio de Igualdad, que supondría mantener la lucha contra la lacra de la violencia de género, Yolanda Díaz quiere mantener su proyecto de concesión de 20.000 euros a los jóvenes de 18 años.
Es una propuesta que debe analizarse y estudiarse con detenimiento para comprobar que no supone una banca rota para las arcas del Estado, aunque contribuiría al emprendimiento y a la formación de las nuevas generaciones y su posicionamiento en el mercado laboral. Para hacerla efectiva, Díaz quiere extraer los fondos de los impuestos con un coste fiscal y un 0,8% del PIB, en torno a los 8.000 millones de euros.
Este dinero no se entregaría así sin más, sino que los beneficiarios deberán justificar el destino de dicho capital y lo cobrarían cinco años después, es decir, a los 23 años.
SUMAR y PSOE están dispuestos a entenderse, y de hecho la propia Yolanda Díaz asegura que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca de lo que parece. Una convergencia de las propuestas socio-económicas de la formación rosa con los intereses nacionales podría derivar en un éxito, siempre y cuando el tejido empresarial español no tuviese que pagar con los platos rotos de unas políticas ventajistas.