Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

En España, independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos jóvenes: sueldos ajustados, vivienda cara y poca capacidad de ahorro. Ese es el contexto que explica por qué algunos miran a países como Australia, aunque el salto implique irse a 14.000 kilómetros, lejos de la familia y los amigos durante mucho tiempo.

El caso de Virginia, una gaditana instalada en Perth, encaja de lleno en esa tendencia. Según recoge El Español, es periodista y comunicadora de profesión, pero ahora trabaja en el servicio de limpieza de minas en Australia, una de las actividades económicas más potentes del país.

2.500 euros por siete noches de trabajo

La cifra que ha llamado la atención es esta: Virginia asegura que gana "por siete días de trabajo en el turno de noche 2.500 euros". Si trabajase 21 días a lo largo de un mes, eso equivaldría a 7.500 euros.

La comparación con España es inevitable. El texto original recuerda que el salario medio en nuestro país ronda los 2.300 euros brutos al mes, mientras que el salario mediano se sitúa alrededor de los 1.900 euros brutos mensuales, según los datos citados.

La clave está en que no es un empleo convencional de oficina ni un trabajo cómodo en una ciudad. Virginia trabaja en minas, hace turnos de 12 horas con descansos y cobra también un suplemento por nocturnidad. Aun así, ella lo presenta como el trabajo por el que más ha cobrado desde que está en Australia.

En su cuenta de TikTok, @virgsanz, lanzó una pregunta directa a sus seguidores: "¿qué os parece esta cifra por llenarte de mierda?". La frase resume bien el intercambio económico: más dinero, pero a cambio de condiciones que no todo el mundo aceptaría.

El trabajo no siempre consiste en estar limpiando sin parar

Lo llamativo es que Virginia matiza que no todos los días son igual de duros. Algunos, explica, son bastante tranquilos porque se limita a regar la mina para evitar que se levante polvo.

Ella misma lo cuenta así: "Hay días que me los paso enteros en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo y estoy muy tranquila. Pero de vez en cuando se agradece que me pueda mover porque si no las horas se te pasan muertas".

Ese detalle cambia parte de la lectura. No elimina la dureza del empleo, porque sigue siendo trabajo nocturno, por turnos largos y en un entorno minero, pero sí muestra que las tareas pueden variar mucho de un día a otro.

La discusión: si 2.500 euros compensan o no

Algunos seguidores le han contestado que, teniendo en cuenta que trabaja de noche, la remuneración no es tan elevada. Virginia no lo ve así.

Su comparación no es con un empleo medio español, sino con sus otros trabajos en Australia. Según explica, en empleos anteriores del sector servicios, ya fuera en hostelería o como personal de limpieza, cobraba unos 1.500 euros a la semana.

Por eso defiende con claridad la diferencia: "Para gustos colores, pero que este trabajo está bien pagado es una verdad como un templo".

En otras palabras: el salario no se entiende solo por la tarea concreta, sino por el contexto. Australia paga más en ciertos sectores, las minas necesitan personal no solo para extraer minerales, sino también para mantener operativos los campamentos y servicios asociados, y hay trabajadores extranjeros dispuestos a asumir esa vida durante una etapa para ahorrar.

Minas, campamentos y empleos alrededor de la extracción

Las minas australianas son yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos y forman parte fundamental de la economía del país. Los mineros viven en el campamento y se ocupan de las labores de extracción.

Pero alrededor de esa actividad hay muchos otros puestos necesarios. Virginia no trabaja como minera de extracción, sino en tareas vinculadas al funcionamiento de la mina: limpieza, apoyo operativo y trabajos como el riego con camión cisterna para controlar el polvo.

Ahí está la lectura económica de fondo. El salario alto no aparece en el vacío: responde a una combinación de sector potente, ubicación remota, turnos largos, nocturnidad y una organización laboral en campamentos. Para muchos jóvenes españoles, esa combinación puede ser atractiva si el objetivo es ahorrar más rápido de lo que podrían hacerlo en España.

El caso de Virginia no significa que emigrar a Australia sea una solución sencilla ni universal. Pero sí muestra por qué estos trabajos se han vuelto tan virales: condensan en una cifra muy fácil de entender, 2.500 euros por siete noches, una brecha salarial que en España resulta difícil ignorar.

Imágenes | RRSS (@virgsanz)

Durante años, muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han tenido una duda muy concreta: si acepto un trabajo, hago más horas o mejoro mis ingresos, ¿me recortan la prestación? La pregunta no es menor. En España, cerca de 830.000 hogares cobran esta ayuda, y cualquier cambio en su cálculo puede afectar directamente a la renta disponible de familias en situación vulnerable.

La clave está en el Real Decreto 240/2026, que entró en vigor el 27 de marzo de 2026 y reforma la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o de una actividad económica por cuenta propia. Según recoge NoticiasTrabajo, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, ha explicado en un vídeo que el nuevo mecanismo busca que trabajar no implique una pérdida automática e inmediata de la ayuda.

El cambio: una parte del nuevo salario no cuenta para calcular el IMV

La idea de fondo es sencilla, aunque el sistema anterior no lo fuera tanto. La Ley 19/2021 ya contemplaba que el Ingreso Mínimo Vital pudiera ser compatible con el empleo. El problema es que el desarrollo reglamentario posterior, el Real Decreto 789/2022, acabó generando un mecanismo difícil de entender para los propios beneficiarios.

El Gobierno reconoce ahora que aquella fórmula, después de más de tres años de aplicación, tenía un problema práctico: si una persona no entiende bien cuánto puede ganar sin perder la prestación, es más fácil que tema aceptar un empleo o mejorar sus condiciones.

Muñoz lo resume así: “El incentivo al empleo persigue motivar a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital para que se incorporen al mercado laboral o mejoren sus condiciones, es decir, para que puedan obtener ingresos provenientes del trabajo sin que supongan la pérdida automática e inmediata de la prestación”.

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Con la reforma, el sistema introduce un importe exento. Es decir, una parte de los ingresos procedentes del trabajo no se tiene en cuenta al revisar la cuantía del IMV. El cálculo se hace comparando lo que la persona beneficiaria o la unidad de convivencia ganó en un ejercicio fiscal con lo que había ganado el año anterior. Sobre ese incremento se aplica un porcentaje de exención.

Hasta 6.000 euros más al año sin perder ni un euro de ayuda

El punto central está en el umbral de 6.000 euros anuales. Si el incremento de rentas del trabajo o de actividad económica es igual o inferior a 6.000 euros, queda excluido del cómputo el 100% de ese aumento.

En palabras de Muñoz: “En el caso de que ese incremento de renta sea inferior o igual a 6.000 euros, se excluirá del cómputo de rentas el 100% de ese incremento”.

En la práctica, esto significa que una persona que cobra el Ingreso Mínimo Vital y empieza a trabajar no verá reducida su prestación por ese nuevo ingreso mientras el aumento anual no supere esos 6.000 euros.

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Pero la reforma no se detiene ahí. Si el incremento supera los 6.000 euros, los primeros 6.000 euros siguen exentos al 100%. A partir de ahí, el exceso queda exento al 50%. Y hay una mejora adicional para las unidades de convivencia con complemento por discapacidad o monoparentalidad: en esos casos, la exención sobre la parte que supere los 6.000 euros sube al 55%.

En otras palabras: trabajar más sí puede acabar reduciendo parte del IMV si el aumento de ingresos es elevado, pero ya no funciona como un corte automático. El sistema intenta que el salto al empleo no penalice de golpe.

Dos ejemplos para entenderlo mejor

El primer ejemplo que plantea Alfonso Muñoz es el de una unidad familiar cuyos ingresos pasan de 6.500 euros anuales a 10.000 euros anuales. El incremento es de 3.500 euros. Como está por debajo del umbral de 6.000 euros, queda exento al 100%.

La lectura es clara: ese primer salto de ingresos no reduce la prestación. El IMV sigue funcionando como colchón mientras la familia mejora su situación laboral.

El segundo caso permite ver qué ocurre cuando el aumento supera el umbral. Una familia pasa de 8.000 euros a 16.000 euros anuales. El incremento es de 8.000 euros. Los primeros 6.000 euros quedan exentos por completo. De los 2.000 euros restantes, se excluye el 50%, es decir, otros 1.000 euros.

Resultado: de los 8.000 euros de incremento, 7.000 euros no se tienen en cuenta para calcular el IMV. Solo 1.000 euros computan a efectos de revisión de la prestación.

También cambia la relación entre el IMV y las políticas de empleo

El Real Decreto 240/2026 incorpora además una nueva disposición que conecta el Ingreso Mínimo Vital con las políticas activas de empleo. Las personas beneficiarias quedarán comprendidas en los programas de los servicios públicos de empleo del Estado y de las comunidades autónomas.

Esto implica que el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno deberá incluir programas específicos para este colectivo. También se prevén protocolos de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, una pieza importante porque el IMV no es solo una ayuda económica: pretende funcionar como una vía de inclusión social y laboral.

La norma introduce otro matiz relevante: excluye del cómputo de ingresos el subsidio no contributivo por desempleo cuando estuviera extinguido en la fecha de solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Es un ajuste técnico, pero importante para quienes encadenan prestaciones y pueden verse penalizados por ingresos que ya no cobran.

La prueba real llegará con la revisión del primer año

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a revisar la eficacia del nuevo incentivo cuando se consoliden los datos del primer ejercicio de aplicación. Esa evaluación será elevada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La gran pregunta es si este diseño será suficiente para reducir el miedo a aceptar trabajos de baja remuneración, parciales o inestables. Porque el objetivo declarado no es solo hacer compatible el IMV con el empleo, sino evitar que la prestación se convierta en una trampa burocrática para quienes intentan salir de ella.

Muñoz lo plantea así: “Trabajar no reduce automáticamente la prestación, sino que la puede complementar. El sistema permite el esfuerzo y la progresividad laboral y mejora la seguridad jurídica del beneficiario”. Y añade: “Y sobre todo, se refuerza el objetivo principal del Ingreso Mínimo Vital, que es la inclusión social a través del empleo”.

La reforma, por tanto, no convierte el IMV en una ayuda ilimitada ni elimina todos los controles. Pero sí cambia el incentivo económico: el primer tramo de mejora laboral queda protegido. Y eso puede marcar la diferencia entre aceptar un empleo o rechazarlo por miedo a perder la prestación.

Imagen: Alfonso Muñoz Cuenca, en YouTube

La baja por incapacidad temporal funciona como una protección económica mientras una persona recibe asistencia sanitaria y está impedida para acudir a su puesto de trabajo. Pero esa protección tiene una condición de fondo: el sistema cubre una situación de recuperación, no una baja prolongada artificialmente por desentenderse del tratamiento.

Según recoge NoticiasTrabajo, la Seguridad Social puede suspender el pago de la prestación cuando el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento médico prescrito sin justificarlo. La base está en el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que habla expresamente de suspender el subsidio si, “sin causa razonable”, el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento indicado.

La baja médica no es un cheque en blanco

La incapacidad temporal, más conocida como baja médica, cubre a los trabajadores mientras reciben asistencia sanitaria y no pueden desempeñar su actividad profesional. La Ley General de la Seguridad Social la define para casos de enfermedad común o profesional y accidente, sea o no laboral, siempre que exista asistencia sanitaria e impedimento para trabajar.

La clave está en que la prestación tiene una finalidad: permitir que el trabajador se cure o mejore lo suficiente para reincorporarse a su puesto. Es, en palabras del texto original, una especie de “paraguas” económico mientras dura ese proceso.

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Por eso, si el paciente decide por su cuenta dejar de tomar la medicación, no acudir a rehabilitación o rechazar una intervención prescrita sin un motivo de peso, la Seguridad Social puede retirar ese apoyo económico. No porque la persona esté ya curada necesariamente, sino porque ha dejado de colaborar con el tratamiento que justifica la continuidad de la baja.

El matiz importante: tiene que faltar una causa razonable

La norma no castiga cualquier negativa médica. El punto decisivo es la expresión “sin causa razonable”.

Esto significa que no es lo mismo abandonar una rehabilitación porque se prefiere descansar que rechazar un tratamiento por motivos médicos documentados. Si el paciente cuenta con informes contradictorios, acredita un riesgo vital inasumible o demuestra incompatibilidades médicas, puede alegar esa justificación para defender su derecho al cobro.

En otras palabras, la Seguridad Social no está diciendo que el trabajador deba aceptar cualquier intervención en cualquier circunstancia. Lo que establece es que rechazar o abandonar el tratamiento sin una explicación sólida puede romper el derecho a seguir cobrando la prestación.

Un ejemplo sencillo: la rehabilitación que se deja de hacer

Pensemos en un operario logístico con una lesión grave de hombro. Está de baja por incapacidad temporal y cobra la prestación correspondiente. El traumatólogo le prescribe sesiones diarias de rehabilitación como vía principal para recuperarse.

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Si la mutua colaboradora o la Inspección Médica del INSS detectan que ha dejado de acudir de forma sistemática porque prefiere descansar o irse a su segunda residencia, el pago de la baja puede suspenderse. A efectos prácticos, el médico de cabecera podría mantener el parte de baja si el trabajador no está curado, pero el beneficiario dejaría de ingresar el dinero mensual por no seguir el tratamiento indicado.

El punto económico es relevante: una cosa es la situación médica y otra el derecho a cobrar el subsidio. Una baja puede continuar clínicamente, pero la prestación puede verse suspendida si se entiende que el trabajador ha incumplido sus obligaciones como beneficiario.

Fraude, trabajar durante la baja y no acudir a revisiones

Abandonar el tratamiento no es el único supuesto que puede poner en riesgo el cobro. El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social también permite denegar, anular o suspender el subsidio por incapacidad temporal cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, o cuando trabaje por cuenta propia o ajena mientras está de baja.

El texto original lo resume con una fórmula muy clara: “Trabajar en B (o en A)”. Es decir, el problema no está solo en trabajar sin declarar, sino en realizar cualquier actividad laboral incompatible con la situación de incapacidad temporal.

También hay otro supuesto especialmente importante: no acudir a las revisiones. La incomparecencia a las convocatorias de los médicos del INSS o de las mutuas colaboradoras produce la suspensión cautelar del derecho mientras se comprueba si hubo o no justificación. Si después se determina que la ausencia fue injustificada, la consecuencia puede ser la extinción de la prestación.

La lógica del sistema: proteger la recuperación, no financiar el abandono

La incapacidad temporal tiene un equilibrio delicado. Por un lado, protege al trabajador cuando no puede trabajar por motivos de salud. Por otro, exige que ese trabajador siga el proceso razonable de recuperación.

Ahí está la lectura de fondo. La baja médica no es solo una prestación económica vinculada a no acudir al puesto. Es una ayuda condicionada a una situación sanitaria concreta: recibir asistencia, estar impedido para trabajar y avanzar, cuando sea posible, hacia la curación o la mejoría.

Por eso la Seguridad Social puede cortar el pago si interpreta que el beneficiario está boicoteando ese proceso. No basta con estar enfermo o lesionado. También hay que mantener una conducta compatible con la recuperación que justifica la prestación.

Imagen: Magnific.

El campo español lleva años buscando cultivos con más margen. Y la historia de Juan José Chacón ayuda a entender por qué el pistacho se ha convertido en una de las grandes apuestas agrícolas en Castilla-La Mancha.

Según recoge Vozpópuli a partir de una entrevista en La Sexta, este agricultor de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, pasó de moverse en cultivos tradicionales como la viña, el olivo y el cereal a construir una explotación de 160 hectáreas dedicada al pistacho.

De un crédito de 6.000 euros a 160 hectáreas de pistacho

La historia empezó en 2010. Chacón decidió pedir un préstamo de 6.000 euros para cambiar el rumbo de su explotación agrícola. Hasta entonces trabajaba con cultivos habituales en buena parte del campo manchego: viña, olivo y cereal.

El salto no fue inmediato, pero sí muy rápido en términos agrícolas. El propio agricultor asegura que, entre 2010 y 2016, logró triplicar el capital invertido. “Entre 2010 y 2016 triplicamos el capital”, explicó.

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De invertir 6.000 euros a ganar 650.000 euros al año : el boom del pistacho para agricultores como Juan José

La clave no estuvo solo en plantar pistacho. También estuvo en qué hizo después con el dinero que iba entrando.

Chacón optó por una estrategia muy clara: reinvertir los beneficios en nuevas plantaciones. En la práctica, eso significaba comprar más tierra, ampliar superficie y aumentar la producción. Ese proceso le ha llevado hasta las 160 hectáreas de pistacho que maneja actualmente.

El salto de ingresos: de 40.000 a 650.000 euros al año

La comparación es la que convierte el caso en llamativo. Según su propio testimonio, antes ingresaba unos 40.000 euros anuales con el cereal y el olivo. Con el pistacho, asegura haber llegado a 650.000 euros al año.

No es una diferencia menor. Es el tipo de cifra que explica por qué tantos agricultores empiezan a mirar más allá de los cultivos tradicionales cuando los precios bajos, la competencia exterior y la incertidumbre reducen los márgenes.

Chacón, además, sostiene que su explotación todavía tiene recorrido. Si mantiene esta evolución, calcula que podría alcanzar los 2 millones de euros en apenas dos años.

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Su defensa del cultivo es rotunda: “No hay producto en el campo que se iguale al pistacho. Ni en inversión, ni en producción, ni en rentabilidad”.

Y todavía fue más lejos al describir lo que, en su opinión, puede suponer este fruto seco para quienes lo produzcan: quien se dedique al pistacho podrá vivir de ello “como un marqués”.

La lectura económica: más margen en un campo con menos certezas

El caso de Juan José Chacón no explica por sí solo todo el futuro del campo español. Pero sí resume una tendencia de fondo: muchos productores están buscando cultivos alternativos con más rentabilidad, más estabilidad y mejor margen.

El pistacho ha entrado justo en esa conversación. Especialmente en Castilla-La Mancha, donde este cultivo ha pasado de ser una apuesta minoritaria a convertirse en una opción observada por agricultores que vienen de sectores más presionados.

El problema es que no todos los cambios de cultivo son replicables de forma automática. Hace falta tierra, capital inicial, tiempo, capacidad de reinversión y asumir el riesgo de una transición agrícola. Pero el caso de Chacón muestra por qué el pistacho se ha ganado tanta atención: cuando funciona, puede cambiar por completo la economía de una explotación.

En definitiva, el pistacho ya no aparece solo como una promesa agrícola. Para algunos productores, se ha convertido en un negocio de alto margen. Y para agricultores como Juan José Chacón, en la diferencia entre sobrevivir con cultivos tradicionales y multiplicar los ingresos de una finca.

Imagen: La Sexta.

Hay frases que explican mejor el mercado laboral que muchas estadísticas. “No me hago rico, pero estoy mejor que en muchos sitios” resume bastante bien la experiencia de algunos trabajadores de IKEA en España: un sueldo ajustado, pero acompañado de condiciones que, dentro del comercio, pueden resultar más competitivas que en otros empleos de base.

Según recoge El Español, algunos empleados de IKEA en España hablan de sueldos de unos 1.300 euros mensuales, incluyendo complementos. La cifra no es especialmente alta en términos absolutos, pero obliga a mirar algo más que la nómina nominal.

La pregunta de fondo es sencilla: cuánto gana realmente un trabajador de IKEA y qué parte de esa remuneración depende del salario base, los complementos, las pagas extra o los beneficios añadidos.

Un sueldo modesto, pero en la parte alta de algunos puestos base

Los datos citados por El Español muestran una horquilla bastante clara. Según HuffPost, en 2023 el salario base anual para un empleo de IKEA en categoría de personal base era de 15.705,65 euros brutos. Prorrateado en 12 mensualidades, eso equivale a unos 1.308 euros al mes si se incluyen las pagas extra.

Otros portales rebajan algo esa referencia. Jooble estima que el salario promedio de un trabajador de IKEA en España ronda los 13.536 euros anuales, lo que supondría aproximadamente 1.128 euros al mes en jornadas completas.

Indeed, por su parte, recoge opiniones internas de empleados que mencionan salarios cercanos a los 1.180 euros mensuales para puestos de base. En esas valoraciones también aparecen críticas: algunos trabajadores consideran que los sueldos son “muy bajos para el esfuerzo exigido”.

Con ese marco, los 1.300 euros mensuales quedan en la parte alta del rango para empleados de base, especialmente si se tienen en cuenta complementos y pagas extra. No es una cifra que permita grandes márgenes de ahorro o gastos extraordinarios, pero sí puede resultar más atractiva que otras alternativas comparables dentro del comercio.

Lo que IKEA añade más allá de la nómina

La remuneración no se limita al sueldo que entra cada mes en la cuenta. IKEA ofrece beneficios adicionales como comedor subsidiado, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos para empleados. Esos elementos no sustituyen a una subida salarial, pero sí pueden mejorar la percepción global del empleo.

Además, IKEA negoció en 2023 con los sindicatos una subida media del 6,68% en los complementos salariales. Según el texto original, esas mejoras se incorporaron desde 2024 y situaron a la plantilla con uno de los salarios fijos más altos del sector de la distribución en España.

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Albino, albañil boliviano en España: "En Bolivia ganaba 400 euros. Aquí me dejo la espalda por 1.300, pero al menos se valora más"

La clave está en que ese paquete puede hacer que el salario real de un trabajador supere los 1.300 euros mensuales si se suman complementos y beneficios. Pero el matiz es importante: eso no convierte el sueldo en alto, sólo lo hace algo más competitivo frente a otros empleos de base.

También hay una segunda cara. En opiniones compartidas en Indeed se repite una idea: el ambiente puede ser “bueno”, pero la carga de trabajo es intensa. Algunos empleados señalan que los salarios no compensan del todo el esfuerzo físico ni los turnos rotativos.

El artículo original también recoge una crítica reciente relacionada con Reino Unido e Irlanda. Allí IKEA habría prometido subidas salariales, mientras que no contemplaría aumentos similares para la plantilla española por ahora. Esa diferencia ha generado preocupación entre empleados.

En este punto, la negociación colectiva se vuelve decisiva. El convenio del sector de grandes almacenes regula muchas condiciones salariales y complementos, así que buena parte de las mejoras depende del acuerdo colectivo vigente y de la capacidad de negociación con los sindicatos.

Para quienes ascienden dentro de la compañía, la foto cambia. Puestos como coordinador, técnico o jefe de sección pueden superar esos niveles base. En esos casos, los 1.300 euros mensuales ya no serían un techo, sino más bien un punto de partida.

En definitiva, el caso de IKEA muestra una realidad bastante frecuente en el comercio: un salario que sigue siendo modesto, pero que puede ganar atractivo si se acompaña de complementos, beneficios y cierta estabilidad. La frase del trabajador funciona porque no vende una situación ideal. Describe algo más cotidiano: no cobrar mucho, pero sentir que se está algo mejor que en otros sitios.

Imagen: IA generada por Magnific.

La desconexión entre la alta demanda de reformas y la drástica caída de jóvenes dispuestos a mancharse las manos anticipa un serio desafío para el sector de la edificación. La clave está en que las viviendas no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial, por lo que la falta de relevo amenaza la oferta inmobiliaria y los costes de mantenimiento del hogar. En una economía donde la inflación aprieta el bolsillo de los consumidores, este oficio vive una paradoja: hay empleo y buenos salarios, pero faltan brazos.

De las telecomunicaciones al andamio: el reto del relevo generacional

Santiago Carpintero es un joven de 22 años que rompe los moldes estadísticos del mercado laboral actual. Hijo de albañil, aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión por la obra, un espacio donde asegura llevar "toda la vida". Aunque estudió un grado medio de telecomunicaciones, al terminar admitió a su familia que su verdadera vocación era la albañilería, una profesión en la que ya acumula cinco años de experiencia de forma profesional. Desde pequeño acompañaba a su progenitor y, según recuerda de manera distendida, más que ayudar, estorbaba un poco, pero le encantaba.

Tal y como recoge la información original publicada por Clarín, la falta de interés de las nuevas generaciones por este sector responde a un cambio de mentalidad cultural. El propio Carpintero señala que la juventud descarta estas opciones "porque ahora todo el mundo quiere estudiar y tener un trabajo cómodo. No quieren ensuciarse las manos. Aunque se paga bien, prefieren estar en una oficina con aire acondicionado. El día de mañana va a hacer mucha falta mano de obra, y no la vamos a tener".

Desde hace un par de años, el joven comparte su día a día y ofrece consejos prácticos para el hogar en redes sociales bajo el pseudónimo de El albañil de TikTok. Este proyecto en plataformas digitales arrancó por pura casualidad tras grabar un plato de ducha de piedra construido junto a su padre; el vídeo acumuló dos mil visitas en solo veinticuatro horas y desde entonces no ha dejado de subir contenido.

Las cifras de la obra: salarios competitivos frente al mito de la precariedad

Existe un arraigado mito de que las profesiones manuales pertenecen al pasado y carecen de atractivo financiero. Sin embargo, los datos económicos del sector desmienten esta percepción. De acuerdo con el testimonio de Carpintero, "mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto".

La realidad del mercado muestra tarifas competitivas: en la actualidad, un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, mientras que un oficial percibe una nómina que oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros mensuales.

La escasez de personal cualificado sugiere que la construcción se valorará todavía más en el futuro debido a las leyes de la oferta y la demanda. A pesar de estos ingresos y de la satisfacción de entregar una obra terminada desde cero tras ganarse la confianza del cliente, las duras condiciones físicas actúan como disuasorio. El frío del invierno y el calor extremo del verano (especialmente a las tres de la tarde, cuando no hay un alma en la calle) convierten la edificación en una actividad de alta exigencia estacional.

El calvario fiscal del autónomo y el auge del bricolaje por necesidad

La viabilidad de estos trabajadores independientes se enfrenta también a la fuerte presión burocrática del sistema. El albañil de TikTok critica la desprotección que sufren los trabajadores por cuenta propia en sectores como la fontanería, la electricidad, la carpintería o la propia construcción. En sus propias palabras, "en lugar de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y para pagar. Ese es el problema: nos tienen ahogados". El joven lamenta la total ausencia de ayudas o facilidades operativas, destacando el riesgo económico que corren si su gestor comete un error administrativo, cuyas consecuencias económicas acaban recayendo exclusivamente sobre el propio profesional.

Esta asfixia financiera para los profesionales coincide con un entorno de alta inflación para los consumidores. El encarecimiento de la vivienda, los alquileres, la comida y el gasoil provoca que para muchas familias sea casi imposible permitirse el lujo de contratar a un albañil.

Esta coyuntura ha disparado el interés por las pequeñas reformas domésticas guiadas por tutoriales en redes sociales. No obstante, Carpintero advierte de que existen límites claros para los aficionados: problemas complejos como las humedades o la aparición de grietas estructurales vinculadas a la cimentación requieren obligatoriamente la asistencia de un especialista. Intentar solucionarlo de forma casera suele acabar mal y los problemas reaparecen, por mucho que la evolución del mercado ofrezca hoy nuevos materiales que permiten trabajar de forma más rápida y limpia en comparación con el clásico uso exclusivo de yeso o cemento.

El valor del esfuerzo en el mercado laboral moderno

A largo plazo, el sector se juega algo más que la mano de obra; se juega una cultura laboral basada en el rendimiento tangible. Frente a ciertos hábitos de consumo de jóvenes con empleos cómodos que terminan gastando sus ingresos en apuestas deportivas y pidiendo dinero a sus padres el fin de semana, la obra enseña que el dinero exige sudor y que nadie regala nada.

Aunque Carpintero aspira a que sus futuros hijos estudien, afirma que respaldará su decisión si eligen la construcción en caso de que no deseen ir a la universidad. El pilar final del oficio, concluye, reside en el respeto humano básico por parte de unos clientes que a veces olvidan gestos mínimos: existen aquellos estupendos que ofrecen un refresco a media mañana y hacen sentir valorado al trabajador, frente a otros que no facilitan ni un vaso de agua ni indican dónde está el baño, detalles que marcan la diferencia para quienes sostienen físicamente la economía real.

Imágenes | Magnific (rawpixel.com)

Una reforma de baño que parecía estética acabó convertida en una instalación completa desde el contador. El protagonista es Emanuele, fontanero autónomo en Valencia, que ha contado en redes cómo una jornada de 12 horas terminó con una factura de 2.540 euros.

El caso, recogido por NoticiasTrabajo, sirve para mirar más allá de la cifra llamativa. Porque detrás de esos más de 2.000 euros en un día hay materiales, especialización, responsabilidad técnica, seguros, certificaciones y un sector con un problema cada vez más evidente: hay demanda, pero no hay suficientes manos cualificadas.

Una reforma de baño que terminó siendo otra cosa

El encargo inicial no parecía especialmente complejo. Se trataba de una reforma estética en un baño, algo más cercano a un cambio de grifos que a una obra profunda. Pero al abrir las paredes apareció el verdadero problema: tuberías de hierro y plomo completamente obstruidas y, según el relato original, al borde del reventón.

Emanuele lo explicó mostrando los restos de la instalación antigua: “Claro que no pasaba el agua, mirad, está totalmente obstruido. No pasaba nada”.

Lo que iba a ser una intervención limitada terminó obligando a rehacer la instalación completa desde el contador. Y además no de cualquier manera. El cliente quería una estética industrial y moderna, con la instalación vista y en cobre. Eso eleva la exigencia: no basta con que la tubería funcione, también tiene que quedar bien integrada en el recorrido del baño y los muebles.

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Ahí aparece una parte del trabajo que suele pasar desapercibida. Una instalación vista requiere dominio de la soldadura, criterio estético y capacidad para hacer que los tubos parezcan parte del diseño, no un parche.

La fontanería ya no es solo “abrir el grifo y ver si gotea”

El propio caso desmonta el tópico del oficio manual poco tecnificado. Según el relato de Emanuele, tras montar la instalación de cobre y multicapa todavía quedaba una fase clave: comprobarla.

Para ello realizó una prueba de estanqueidad digital sometiendo la red a una presión de 8 bares, con el objetivo de verificar que no había fugas. Después sacó un certificado digital en el acto, dejando por escrito que la instalación cumplía los estándares de seguridad.

Ese punto es importante porque explica una parte de la factura. El cliente no paga solo por unas horas de trabajo físico. Paga por una instalación que debería durar décadas, por la garantía de que no va a reventar una tubería detrás de una pared y por la responsabilidad profesional de quien firma el trabajo.

El dato incómodo: hay unos 40.000 fontaneros autónomos, pero no bastan

La cifra individual de Emanuele llama la atención, pero encaja con un problema sectorial más amplio. Según los datos citados en el texto original, España ha alcanzado un récord de 3,43 millones de autónomos, mientras los oficios tradicionales están en “alerta roja”.

En fontanería, el mismo artículo sitúa el número de profesionales autónomos en torno a 40.000. Aun así, la demanda supera la capacidad disponible. En ciudades como Madrid o Barcelona, la espera para un servicio no urgente ya supera las tres semanas.

El cuello de botella no es solo de agenda. También es generacional. La edad media del sector rondaría los 50 años, en parte por el bajo prestigio social que durante años se ha asociado a la Formación Profesional y a los oficios manuales. Y la previsión citada es todavía más clara: en la próxima década se jubilará el 35% de los fontaneros actuales, sin que haya suficientes jóvenes para cubrir ese hueco.

Por qué una factura de 2.500 euros no equivale a ganar 2.500 euros

La tentación es leer la cifra como si fuera salario neto. No lo es. Una factura de 2.540 euros en una jornada no significa que ese dinero acabe íntegro en el bolsillo del autónomo.

Primero están los materiales. En este caso se habla de cobre y sistemas multicapa de calidad, dos partidas que encarecen cualquier instalación. El texto original subraya además que los precios de estos materiales han subido de forma imparable, lo que aumenta la inversión previa que asume el profesional.

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Después está la responsabilidad. Firmar una instalación de agua no es hacer un arreglo menor: implica asumir riesgos, contar con seguros de responsabilidad civil, estar al día de las normas de seguridad y poder certificar el trabajo realizado.

Y queda la jornada. Emanuele habla de días de “hierro”: trabajo físico intenso desde primera hora hasta pasadas las nueve de la noche. En este caso, además de rehacer la instalación, terminó dejando instalado incluso un inodoro nuevo.

El oficio que muchos no quieren hacer vuelve a tener poder de mercado

La frase de Emanuele resume bien el fondo económico de la historia: “hay pocos que cumplen”. En un sector tensionado, ser serio, resolver una reforma completa en un día y entregar una instalación certificada se convierte en una ventaja competitiva.

Esto no significa que cualquier fontanero facture 2.500 euros al día, ni que todos los encargos tengan ese margen. Pero sí muestra algo relevante: cuando un oficio requiere conocimiento técnico, esfuerzo físico, responsabilidad y disponibilidad, y además hay pocos profesionales fiables, el precio sube.

La paradoja es evidente. Durante años, muchos trabajos manuales han sido vistos como opciones de menor prestigio frente a empleos de oficina o itinerarios universitarios. Ahora, en plena escasez de mano de obra cualificada, algunos de esos oficios están recuperando una capacidad de ingresos y negociación que el mercado laboral más “moderno” no siempre ofrece.

Imagen: @Ema.fontanera.val

España puede presumir de récord de empleo, pero esa foto tiene una segunda lectura mucho menos cómoda. La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con más de 21,8 millones de ocupados, una cifra que el Gobierno ha utilizado para defender la fortaleza del mercado laboral. El dato oficial del cuarto trimestre elevó incluso la ocupación hasta los 22.463.300 trabajadores.

El problema es que el número total de ocupados no cuenta toda la historia. La tasa de actividad se mantiene en torno al 58%, lo que significa que una parte muy relevante de la población en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Y, al ampliar el foco, aparecen jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos. Es decir, muchas personas que consumen servicios públicos, pero no todas contribuyen al sistema a través del empleo.

El récord de ocupación no elimina el problema de fondo

La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y especialista en política fiscal, abordó este desequilibrio en el pódcast TruthTime Project, donde habló de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es especialmente duro: a su juicio, el sistema “ya ha explotado” porque una parte creciente de las pensiones se financia mediante deuda pública.

La clave está en cómo funciona el sistema español. Las pensiones públicas se basan en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Mientras la base de cotizantes crece y la población activa es suficiente, el mecanismo puede sostenerse con menos tensión.

Pero la ecuación cambia cuando hay más pensionistas, menos nacimientos y una parte importante de la población fuera del mercado laboral. Ahí es donde Poole sitúa el principal punto débil de España: un país envejecido, con baja natalidad y con una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos.

Su frase resume esa preocupación: “En España, solo el 37% de la población trabaja”. Y añade otra idea que condensa su diagnóstico: somos “un país muy grande sostenido por muy pocos”.

Conviene matizar el dato. Las estadísticas laborales oficiales pueden medirse de varias maneras y no todas responden exactamente a la misma pregunta. No es lo mismo calcular ocupados sobre población total que medir tasa de actividad, tasa de empleo o población en edad de trabajar. Pero la advertencia de Poole apunta a una tensión real: la base que sostiene el sistema es más estrecha de lo que sugiere el titular del récord de empleo.

Pensiones, deuda y una factura que se traslada al futuro

La presión sobre las cuentas públicas ya es uno de los grandes debates económicos de España. El gasto en pensiones sigue aumentando y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para cubrir todos los pagos.

No es una preocupación aislada. Organismos como la AIReF llevan tiempo avisando de que el envejecimiento obligará a tomar decisiones importantes si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En su evaluación más reciente, la autoridad fiscal concluye que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes.

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Poole va más allá en su interpretación. Sostiene que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho más alto que el que aparece en las cifras oficiales. En otras palabras, el país estaría sosteniendo una parte del sistema “tirando de crédito” y desplazando el coste hacia las próximas generaciones.

Esa es la parte incómoda del debate. No se trata únicamente de pagar las pensiones de hoy, sino de saber qué margen fiscal quedará mañana para financiar sanidad, dependencia, educación, inversión pública o cualquier otra política.

El esfuerzo fiscal también entra en la ecuación

Poole también pone el foco en el sistema fiscal español. Su tesis es que muchos trabajadores no perciben de forma completa cuánto pagan realmente en impuestos y cotizaciones, porque buena parte de ese coste se descuenta automáticamente de la nómina.

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Eso hace que el esfuerzo fiscal sea menos visible. El trabajador recibe su salario neto, pero no siempre interioriza el coste laboral completo, las cotizaciones sociales o el peso agregado de IRPF y otros tributos.

La economista considera además que España soporta una presión fiscal elevada para el nivel salarial del país. La comparación con otros países europeos, según su argumento, no puede hacerse solo mirando impuestos: también hay que mirar los sueldos. Con salarios más altos, una carga fiscal elevada puede ser más asumible. Con salarios más ajustados, el impacto se nota directamente en el ahorro, el consumo y los gastos básicos de las familias.

Ayudas, incentivos y demografía

Otro punto de su crítica está en algunas ayudas sociales. Poole sostiene que, en determinados casos, pueden generar incentivos débiles para incorporarse al mercado laboral. No plantea el problema solo como una cuestión de gasto, sino como un equilibrio delicado entre protección social y estímulo al empleo.

Pero, para ella, el núcleo del problema sigue siendo demográfico. España tiene cada vez menos nacimientos y una población cada vez más envejecida. Eso implica menos trabajadores futuros y más presión sobre un sistema público que depende de las cotizaciones presentes.

En definitiva, el récord de ocupación es una buena noticia, pero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cuántas personas trabajan, cuánto cotizan y durante cuánto tiempo podrán sostener un gasto público cada vez más condicionado por las pensiones y el envejecimiento.

El caso de un septuagenario que factura miles de euros mensuales como autónomo evidencia las costuras del modelo asistencial actual. Según los datos del testimonio televisivo recogidos por Antena 3, la brecha entre tener un inmueble en propiedad o carecer de ingresos mínimos es insalvable.

La precariedad económica en la tercera edad está empujando a ciertos perfiles a ensayar fórmulas de autoempleo tan imprevistas como complejas. Mientras el imaginario colectivo asocia el retiro con prestaciones de hasta 2.000 o 3.000 euros, la realidad para quienes no alcanzan los 1.000 euros al mes es crítica. El problema es que la falta de recursos arrastra a algunos mayores a compartir piso con estudiantes o a depender de la caridad y otro tipo de ayudas, convirtiendo la jubilación en una extensión de la vida laboral activa para lograr una existencia digna.

Del retiro obligado a la cabina de una excavadora

El ejemplo de Ángel Martín ilustra a la perfección este fenómeno de retorno laboral forzado. A sus 77 años, este pensionista rompe cualquier estereotipo sobre la vejez. Lejos de resignarse a una situación económica asfixiante, cuando tenía 73 años decidió formarse técnicamente para conducir una excavadora.

Para reactivarse en el mercado, Ángel asumió un notable riesgo financiero al adquirir una máquina por un valor de 50.000 euros. Esta inversión se financió mediante un préstamo bancario que el jubilado todavía continúa amortizando en la actualidad con sus ingresos mensuales.

Las cuentas del autoempleo en la tercera edad

La radiografía financiera de su situación previa justifica la decisión. Ángel percibía una pensión inicial de 850 euros, mientras que el coste de su alquiler se elevaba a los 800 euros mensuales. La viabilidad de subsistir con la diferencia era inexistente. Al dar el paso hacia el régimen de autónomos, su prestación de jubilación experimentó un recorte de 350 euros. Sin embargo, los rendimientos de su nuevo desempeño profesional compensan sobradamente la pérdida de ingresos públicos.

Actualmente, su cuota de autónomos que abona mensualmente no llega a los 150 euros. En contraposición, su volumen de negocio se ha incrementado sustancialmente: "La media es de unos 3.000 o 3.500 euros al mes", puntualiza el profesional sobre sus ingresos actuales. Estos recursos extraordinarios le permiten ir pagando la deuda de la maquinaria de forma sostenida.

La paradoja de trabajar para poder descansar

A pesar de que estas ganancias mensuales resulten muy atractivas para cualquier trabajador en activo, este escenario dista mucho de ser una elección idílica o un retiro deseado. Regresar al entorno laboral a una edad avanzada responde a la necesidad imperiosa de asegurar unas condiciones materiales mínimas, no a un deseo de prolongar la carrera profesional de forma voluntaria.

Ángel Martín confirma que preferiría disfrutar de un retiro convencional si las condiciones estructurales del sistema se lo facilitasen. Como bien admitió el propio protagonista durante su intervención televisiva: "Si tuviera una pensión digna para poder vivir con un apartamento chiquitito, tendría suficiente".

En definitiva, la historia de este operador senior deja una lectura económica profunda sobre el impacto del mercado inmobiliario en las prestaciones públicas. Cuando las pensiones mínimas son devoradas por los precios de los arrendamientos, el autoempleo en la tercera edad deja de ser una opción de emprendimiento para convertirse en la última red de seguridad frente a la exclusión.

Imágenes | Antena 3 - Y ahora Sonsoles