Sergio Delgado
Cada vez hay más personas de baja en España. Y esto ocurre en un contexto marcado por la dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado donde la Seguridad Social mantiene presupuestos prácticamente invariables desde 2023.
¿Y cuál es una de las consecuencias? que es obligatorio realizar ajustes continuos para cubrir partidas que crecen muy por encima de lo previsto. Entre todas ellas, la prestación por incapacidad temporal destaca y mucho.
El desembolso destinado a cubrir las bajas laborales no solo alcanza cifras récord, sino que muestra una aceleración constante, alimentada tanto por el aumento del número de procesos de baja como por su mayor duración media.
El resultado es un trasvase multimillonario que tensiona el sistema contributivo y no contributivo.
Evolución del gasto en incapacidad temporal
La tendencia ascendente del gasto en incapacidad temporal desde 2017, según datos del Ministerio de Seguridad Social, es clara. En apenas ocho años, el desembolso prácticamente se ha duplicado, pasando de algo más de 7.000 millones de euros a rozar los 17.000 millones en 2025, con datos aún parciales hasta octubre.
El salto más significativo se produce a partir de 2020, cuando el gasto supera los 11.000 millones y no ha dejado de crecer desde entonces.
Este incremento sostenido se traduce en un aumento interanual superior al 11% en 2025, situando el gasto acumulado por bajas médicas por encima del total registrado en todo 2024.
La tendencia no muestra signos de estabilización, lo que obliga al Ministerio a introducir modificaciones presupuestarias de gran magnitud.
Un trasvase millonario dentro de la Seguridad Social
Para cubrir el desfase entre el presupuesto inicial y el gasto real en incapacidad temporal, la Seguridad Social ha tenido que movilizar más de 5.300 millones de euros adicionales.
Esta cifra representa el grueso de las modificaciones realizadas en el nivel contributivo, concentrando alrededor del 81% de los ajustes en este ámbito. Si se amplía el foco a todas las prestaciones, incluidas las no contributivas, la incapacidad temporal absorbe casi la mitad de las modificaciones presupuestarias.
Con estos refuerzos, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales alcanza ya los 17.093 millones de euros, una cantidad que consolida esta prestación como una de las más dinámicas en términos de crecimiento del gasto público.
El peso de las bajas comunes frente a las profesionales
El gasto en incapacidad temporal se reparte de forma desigual entre las distintas contingencias. La mayor parte del desembolso corresponde a las bajas por causas comunes, es decir, aquellas no vinculadas directamente al trabajo.
Enfermedades comunes o accidentes fuera del entorno laboral concentran la mayor presión presupuestaria, con un gasto que supera ampliamente los 15.700 millones de euros y que ha requerido casi la totalidad de los fondos adicionales movilizados.
Las contingencias profesionales, asociadas a accidentes laborales o enfermedades derivadas del trabajo, tienen un peso mucho menor en el conjunto, lo que refuerza el debate sobre los factores estructurales que están impulsando el aumento de las bajas no relacionadas con la actividad profesional directa.
Más bajas y más tiempo fuera del trabajo
El incremento del gasto no puede entenderse sin analizar la evolución del número de bajas y su duración.
Las estadísticas más recientes muestran que las horas no trabajadas por incapacidad temporal han aumentado un 73% desde 2019, mientras que el total de horas cotizadas solo lo ha hecho en torno al 17% en el mismo periodo.
Una divergencia similar se observa en los días cotizados y los días de baja, con crecimientos del 16% y del 70% respectivamente.
Estos datos apuntan a un cambio profundo en el patrón de utilización de la prestación, con más procesos de baja y una mayor permanencia en situación de incapacidad, lo que amplifica el impacto económico sobre el sistema.
Un efecto arrastre sobre otras prestaciones
La presión presupuestaria no se limita a la incapacidad temporal. Más del 90% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social han necesitado ajustes adicionales y, a estas alturas del año, cerca del 80% ya han superado el gasto acumulado del ejercicio anterior.
En total, las modificaciones presupuestarias superan los 11.000 millones de euros, repartidos entre el nivel contributivo y el no contributivo.
Otras prestaciones, como las vinculadas al nacimiento y cuidado del menor, también han requerido refuerzos significativos, en parte relacionados con la ampliación reciente de permisos.
Las pensiones contributivas, aunque siguen siendo la partida más voluminosa, muestran un crecimiento más contenido en términos de modificaciones, pese al inicio de la jubilación de la generación del baby boom.
El contexto macroeconómico del gasto social
En términos agregados, el gasto en protección social ya representa el 18,7% del PIB, con una tendencia claramente ascendente. Dentro de este bloque, las pensiones absorben cerca del 13% del PIB y más del 30% del gasto público total.
En las últimas tres décadas, el peso de las pensiones sobre el PIB ha crecido más del doble de lo que lo ha hecho el conjunto del gasto público.
La evolución de la incapacidad temporal se suma así a un escenario de presión estructural sobre las finanzas públicas, en el que cada vez más recursos se destinan a prestaciones sociales y menos margen queda para absorber desviaciones sin recurrir a ajustes continuos.
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