Compartir
Publicidad

¿Despidos o reducción de jornada en el sector público? Pros y contras

¿Despidos o reducción de jornada en el sector público? Pros y contras
Guardar
12 Comentarios
Publicidad
Publicidad

El sector público es uno de los objetivos de los recortes en las administraciones públicas. La reducción del gasto obliga a redimensionar unas plantillas infladas durante los últimos años. Sin embargo, hasta ahora se han planteado dos soluciones para rebajar el desembolso de nóminas: despidos masivos o reducción de jornada de los empleados. La primera opción ha sido elegida por gobiernos autonómicos como el de Valencia o por el Ejecutivo de Rajoy que lo tiene en el ‘debe’ de su gestión tras la ‘recomendación’ de Bruselas. La segunda ha sido lanzada por el Gobierno andaluz liderado por Griñán, con el fin último de no echar a nadie a la calle, tal y como planteaba en un post Aurelio.

Ambas son fórmulas que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La opción de los despidos y el ajuste del sector público se haría justo después del que se ha llevado en el privado (logrando el equilibrio que muchos reclaman). ¿Los pros? Permite ajustar la estructura de cara al futuro haciendo ahora el esfuerzo. En cambio, hay dos consecuencias negativas fundamentales: incrementará de forma considerable un desempleo en cotas alarmantes en el peor momento y, además, reducirá la capacidad adquisitiva y el consumo en uno de los grupos de población con mejores condiciones para ‘engrasar’ la maquinaria.

En el caso planteado por el Gobierno andaluz, tiene una sola ventaja: se mantiene el empleo. Pero también hay que ver a qué precio: reduciendo más de un 50 por ciento la jornada y un 40 por ciento unos sueldos ya reducidos en los distintos recortes. Es decir, con una capacidad adquisitiva muy mermada para mantener el consumo. A ello se suma el principal inconveniente: sigue posponiendo esa reestructuración del sector público que desde todos los ámbitos se plantea como imprescindible.

Para conocer la dimensión de las cifras, echemos un vistazo al sector público español. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) disponible, correpsondiente al primer trimestre del año, en este país había 3.104.100 empleados públicos, de los que más de la mitad pertenecen a las comunidades autónomas. Pese a que en los últimos trimestres se ha reducido ligeramente la cantidad final (por los despidos y la no reposición de plazas en muchas administraciones), desde los tres primeros meses de 2008, cuando comenzó a golpear con fuerza la crisis, se han incrementado en un 7,4 por ciento, es decir, 163.000 más. En este crecimiento los gobiernos autonómicos han tenido el principal protagonismo.

En este tema, como comentaba Aurelio, hay opiniones diversas. Para mí, una combinación de ambas medidas no sería una mala salida para, por un lado reducir costes de personal y, por otro, mantener todo el empleo que se pueda en este momento tan delicado (quizá un 40 por ciento de reducción de salario sería excesivo).

Lo que sí hay que imponer como condición ‘sine qua non’ para poner en marcha esta reestructuración de la administración es la reducción de cargos públicos y de confianza y de gastos superfluos y prebendas de la clase política. Seguramente sea una cantidad poco significativa en comparación con el ahorro que se quiere lograr. Pero en esta ocasión no es una cuestión de cifras y de rentabilidad económica pura y dura, sino más bien de ética y autoridad moral.

En El Blog Salmón | El plan B andaluz para los empleados públicos: trabajar la mitad y cobrar la mitad, Comunitat Valenciana despedirá entre el 40% y el 50% de los empleados públicos, ¿Por qué la administración local es tan reticente a disminuir su tamaño?
Imagen | No man´s land

Temas
Publicidad
Comentarios cerrados
Publicidad
Publicidad
El futuro del trabajo

Ver más artículos