Economía

El fenómeno de la burbuja económica no es un concepto nuevo. En la actualidad vivimos bajo la resaca provocada por una burbuja inmobiliaria que enriqueció a unas cuántas personas y que ha empobrecido a decenas de miles, tal vez millones. Y es que el ser humano no aprende de los errores pasados y cuando el dinero fácil fruto de la especulación se le pone a tiro, salta sobre él como un animal a por su presa.

A lo largo de la historia hemos vivido varias burbujas, siendo las más conocidas las de la tulipomanía (especulación con los tulipanes holandeses en el siglo XVII), la burbuja de los mares del Sur de 1720, el crack de 1929, la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón de los años 80, la crisis financiera asiática de 1997 y la burbuja de las puntocom.

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A medida que la crisis en Grecia continúa y el descontento social se acrecienta, las comparaciones con la situación de Argentina de 2001 comienzan a hacerse más frecuentes. En Argentina, tras la declaración de impago, fue el congelamiento de los depósitos bancarios el punto de inflexión a la generación de protestas masivas. La gente salió a las calles en protesta contra una situación económica que hundió a millones de personas en la pobreza. El gobierno declaró estado de sitio y los presidentes renunciaron uno tras otro.

La convulsión que Argentina vivió hace una década parece estar hoy en pleno desarrollo en la periferia europea. Al margen del hecho de que los gobiernos de Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y España se hicieran a un lado e instalaran nuevos rostros, la volatilidad económica que erosiona la estabilidad de Europa ha envuelto en arenas movedizas la actividad política y la propia democracia pende de un hilo. En esto hay bastante similitud con Argentina. Pero en el caso griego también hay diferencias con el país latinoamericano.

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A cuarenta años de la idea de James Tobin, nueve países europeos, entre ellos Francia y Alemania, han solicitado a la presidencia danesa de la Unión Europea que acelere los trabajos para la introducción del impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto, conocido como Tasa Tobin y también como tasa Robin Hood, busca poner un freno a los capitales especulativos y alentar la economía real.

Hasta el momento, el trámite ha quedado empantanado por la presión de la banca que rechaza tal medida aduciendo que afectará considerablemente al PIB de los países que la apliquen. Sin embargo, un estudio encargado a los economistas Avinash Persaud (presidente fundador de Intelligence Capital y profesor emérito en el Gresham College) y Stephany Griffith-Jones (directora de los mercados financieros en The Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia, y ex investigadora de la Cepal), ha indicado que el impacto económico de la introducción del impuesto a las transacciones financieras (ITF) tendría, en el peor de los casos, una pérdida del 0,1% del PIB en los países que la apliquen.

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Si la crisis económica que sacude a Europa se profundiza, ni siquiera China escapará a una desaceleración de su economía durante este año, como señala último informe del FMI. Los canales de contagio han comenzado a sentirse principalmente a través del comercio y con efectos en cadena a la demanda interna. En un escenario a la baja, el FMi estima que el crecimiento de China se reduciría en cerca de 4 puntos porcentuales, lo que indica que su riesgo ante la situación europea es fuerte y tangible.

El informe del FMI comienza destacando la fortaleza del gigante asiático, la ordenada reducción de su burbuja inmobiliaria, y el descenso de la inflación. Pero señala que su crecimiento puede reducirse significativamente si Europa entra en recesión, por la caída del comercio. El riesgo más significativo es la intensificación de los lazos de retroalimentación de las presiones de financiamiento en la zona del euro, tanto de deuda soberana como de deuda privada. Esto ha derivando en un prolongado proceso de desapalancamiento bancario, lo que está generando contracciones considerables en el crédito y el flujo de dinero en Europa, con la amenaza de expandirse a otros lugares.

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Bien entrados en febrero de 2012, todavía estamos esperando que los bancos internacionales lleguen a un acuerdo financiero con Grecia. En estas páginas he criticado a los políticos griegos por su lentitud en la introducción de sus políticas económicas, muchos anuncios pero la tardanza en su introducción está molestando a sus compañeros europeos. Además, sus promesas de privatizaciones sonaban como el camino a seguir pero su ejecución sigue en los inicios del camino.

Sin embargo, el problema principal que estan sufriendo los europeos no es que los políticos griegos no están cumpliendo con sus promesas lo rápido que gustaría. El problema principal es que los bancos están retrasando y retrasando los acuerdos prometidos, retrasos que ellos piensan llevará a los gobiernos europeos a entrar y salvar a Grecia una vez más y, alternativamente, los retrasos servirán para presionar a Grecia a que ofrezcan más concesiones a los bancos. Al mismo tiempo, estos mismos bancos están recibiendo ayudas billonarias de todos nosotros, especialmente a través del Banco Central Europeo (BCE).

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El Consejo de Ministros de ayer trajo el anuncio de otra nueva Línea ICO para las autonomías, por un importe de 10.000 millones de euros ampliable hasta 15.000 millones. A efectos reales, las condiciones que se han impuesto a estas líneas, equivalen a una intervención encubierta de las autonomías por parte del ministerio de Hacienda.

Es una intervención plena puesto que las autonomías que recurran a la financiación de esta línea ICO tendrán que aceptar un seguimiento por parte del Gobierno, un control estatal en el nivel de endeudamiento, cumplir realmente con las obligaciones de pago a proveedores y adoptar medidas de ajuste para garantizar que cumple los objetivos fijados en la Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera. La línea ICO aprobada Esta línea tiene dos variantes:

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Una vez más, la banca no viene a ser la inocente paloma que muchos nos quieren hacer creer. Esta vez, la acusación viene de la Comisión de Competencia (Comco) de Suiza, que ha detectado que la tasa Libor (acrónimo de London Interbank Offered Rate), o tasa interbancaria de oferta de Londres, ha sido objeto de manipulación por parte de los grandes bancos del mundo: JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, RBS, Rabobank y HSBC, entre otros.

La tasa Libor es uno de los puntos de referencia centrales del mundo financiero, y es la tasa a la cual los bancos prestan dinero a otros bancos. Existe en el actual sistema financiero desde 1986 para facilitar el flujo de dinero en el mercado mayorista o mercado interbancario, y tiene su equivalente japonés en la tasa Tibor (T, de Tokio)

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Con la reforma del sistema financiero a punto de ser aprobada, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pretende “beneficiar” a los ciudadanos, al considerar que el saneamiento rebajará el precio de la vivienda gracias al ajuste de los precios de los activos inmobiliarios en los balances de las entidades.

En un país en el que el precio de la vivienda libre cayó un 6,8% en 2011, para situarse en 1.701,8 euros por metro cuadrado, y donde existe un millón de viviendas vacías, lo raro sería que los precios no bajaran. El problema, sin embargo, es que las nuevas normas son demasiado blandas: la cobertura de suelo y promociones inacabadas, que es bastante significativo, no se verá afectado hasta que se reduzca significativamente el stock de viviendas ya terminadas.

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Un sistema financiero más reducido pero con una banca efectivamente más solvente es el resultado que se espera obtener con la aplicación de la Reforma Financiera que votará hoy el Congreso español, cuyo documento se puede consultar aquí. Con la venta de los activos inmobiliarios que pesan en sus balances, los bancos deberán sanear sus cuentas en un plazo de doce meses y fusionarse con otras entidades para fortalecer sus activos y evitar la bancarrota. Para quienes deseen conocer más a fondo lo que implica esta Reforma, pueden acceder a esta guía práctica posteada en Actibva

La Reforma Financiera obligará a los bancos españoles a aumentar su cobertura de riesgos en 50 mil millones de euros, para cubrir su exposición a los activos tóxicos vinculados con la burbuja inmobiliaria. Este dinero debe salir de las utilidades de este año que producirá la venta de dichos activos, dado que según el ministro Luis De Guindos, “no se empleará ni un euro de dinero público en este saneamiento”. Sin embargo, como la mayoría de los bancos y cajas no podrán cumplir con estas nuevas disposiciones por sí solos, deberán fusionarse con otras entidades. Si con el gobierno anterior las Cajas habían pasado de 45 a 15, con el actual gobierno de Mariano Rajoy quedará menos de una decena de instituciones financieras, entre Cajas y Bancos.

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