La pensión de jubilación no es la misma para todos. Depende del sitio donde hayas trabajo. Y es que, aunque el sistema de pensiones es estatal y se rige por normas comunes, la cuantía que perciben los jubilados varía de forma notable según la comunidad autónoma en la que hayan desarrollado su vida laboral.

En la práctica, esto significa que dos personas con trayectorias laborales similares pueden recibir ingresos mensuales muy distintos simplemente por haber trabajado en regiones diferentes, lo que plantea interrogantes relevantes sobre cohesión territorial y equidad social.

Una diferencia que se ha consolidado con el tiempo

La pensión media de jubilación en España se sitúa en torno a los 1.512 euros mensuales, una cifra que esconde fuertes contrastes internos.

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El País Vasco encabeza el ranking con una prestación media cercana a los 1.841 euros al mes, mientras que Extremadura se sitúa en el extremo opuesto, con algo más de 1.279 euros.

La distancia entre ambos territorios supera los 560 euros mensuales, lo que supone una brecha cercana al 44%.

Si se analiza la evolución de los últimos cinco años, el desfase se ha incrementado en unos 100 euros mensuales, lo que equivale a más de 1.300 euros anuales.

El origen laboral de las desigualdades

La explicación principal de estas diferencias se encuentra en el mercado de trabajo del pasado. Las pensiones contributivas reflejan los salarios percibidos, los años cotizados y la estabilidad laboral que tuvieron los actuales jubilados.

En este sentido, los territorios con mayores niveles de renta y empleo de calidad durante décadas presentan hoy pensiones más elevadas.

El País Vasco ha mantenido históricamente una de las remuneraciones netas más altas del país, mientras que Extremadura ha registrado ingresos medios sensiblemente inferiores. La distancia salarial anual entre ambas regiones ronda los 11.700 euros, lo que supone más de un 26% de diferencia.

Estas condiciones laborales, combinadas con la edad efectiva de retiro y las carreras de cotización, determinan de forma directa la cuantía final que recibe cada pensionista.

Pensiones por debajo del SMI: un fenómeno desigual

Otro indicador revelador es la proporción de jubilados que cobran menos que el Salario Mínimo Interprofesional. De media, cerca del 58% de los pensionistas españoles se sitúan por debajo de este umbral, una cifra que se eleva considerablemente en las comunidades con pensiones más bajas.

En Extremadura, aproximadamente tres de cada cuatro jubilados perciben ingresos inferiores al SMI. Galicia, Andalucía, Murcia y Canarias también presentan porcentajes superiores al 65%, lo que evidencia una mayor concentración de pensiones reducidas.

En contraste, en territorios como el País Vasco, Navarra o Madrid, esta proporción es mucho menor, situándose entre el 40% y el 47%, lo que refleja un mayor nivel de protección económica en la vejez.

El papel del complemento a mínimos

Las diferencias territoriales también se observan en el uso del complemento a mínimos, una ayuda destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos cuando la pensión contributiva no alcanza el umbral legal establecido.

En 2025, este límite se sitúa en torno a los 9.193 euros anuales para hogares unipersonales y supera los 10.700 euros en el caso de unidades familiares con cónyuge a cargo.

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Mientras que en Extremadura alrededor del 33% de las pensiones de jubilación requieren este complemento, en el País Vasco el porcentaje apenas supera el 9%.

La media nacional se sitúa cerca del 18%, aunque en comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha más de una cuarta parte de los jubilados dependen de este refuerzo para alcanzar un nivel básico de ingresos.

Envejecimiento y dependencia territorial

El peso de las pensiones en la economía regional también varía de forma significativa. En provincias como Ourense, Lugo, León o Asturias, más del 30% de la población percibe una pensión contributiva, muy por encima de la media nacional, que ronda el 21%.

A nivel autonómico, el País Vasco y Castilla y León presentan una proporción de pensionistas cercana al 26%, un porcentaje estrechamente vinculado al envejecimiento demográfico.

Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística muestran que Asturias, Castilla y León y Galicia lideran tanto el índice de envejecimiento como la tasa de dependencia de mayores de 64 años.

Estas regiones concentran un elevado número de pensionistas en relación con su población activa, lo que añade presión sobre el sistema y condiciona el equilibrio económico a medio plazo.

Productividad, salarios y pensiones

La relación entre productividad y pensiones es directa. Las comunidades con mayor eficiencia productiva suelen registrar salarios más altos y, en consecuencia, prestaciones de jubilación superiores. 

Los análisis sobre productividad regional confirman que, tras la pandemia, la mayoría de comunidades autónomas han experimentado mejoras, con la excepción de Extremadura, donde la productividad muestra una evolución negativa en el periodo más reciente.

Las regiones que más han contribuido al crecimiento de la productividad en los últimos años incluyen Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña. En

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¿Quién forma parte del 10% más rico? Depende, y mucho, de dónde vivas. Según un análisis reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral para situarse entre el 10 % de mayores rentas varía hasta 20.000 euros entre comunidades autónomas.

Este dato oculta una realidad clave para entender uno de los grandes puntos ciegos del IRPF en España: un impuesto común aplicado con tramos estatales a realidades económicas profundamente distintas.

Desigualdad territorial

Mientras en Madrid o Cataluña se necesitan más de 60.000 euros brutos anuales para entrar en ese segmento (rentas altas), en regiones como Extremadura basta con superar los 41.000 euros.

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La razón principal está vinculada con el IRPF, que es un tributo progresivo, pero cuya progresividad no se traduce de igual manera en todos los territorios. En pocas palabras, la estructura salarial y los precios de la vivienda y servicios hacen que 60.000 euros en Madrid no tengan el mismo poder adquisitivo que en Zamora o en Badajoz. 

Sin embargo, el tratamiento fiscal sí es el mismo: una persona con ese sueldo tributará igual viva donde viva, salvo por los pequeños ajustes autonómicos. Por lo tanto, el resultado es que, en términos efectivos, el IRPF penaliza más a los contribuyentes de comunidades con salarios más altos.

Es paradójico, sin duda, debido a que la mayoría de estas comunidades (en especial, capitales de provincia como Barcelona, Madrid o Valencia, entre otras) son también las que más aportan al sistema en términos absolutos.

Vivir en capitales, caro en impuestos

La comparación se vuelve más llamativa si atendemos a otro dato del informe: el 25 % más rico de Extremadura empieza en apenas 27.600 euros, frente a los 42.400 euros de Cataluña.

Esto significa que un madrileño con 40.000 euros anuales no es considerado "rico" en su comunidad, pero sí lo sería en la mayoría del país… sin que eso tenga ningún reflejo fiscal compensatorio.

Según el análisis de la Agencia Tributaria, las comunidades con mayores ingresos medios declarados en 2022 fueron Madrid (31.393 euros), Cataluña (29.693 euros) y Baleares (28.956 euros), mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (22.647 euros), Castilla-La Mancha (23.256 euros) y Andalucía (23.420 euros).

La diferencia supera los 8.700 euros brutos anuales entre la primera y la última. Estas brechas no solo reflejan distintos niveles de renta, sino también distintas realidades de gasto: desde el precio del alquiler al coste de servicios básicos.

Una realidad que genera tensión frente al principio de justicia redistributiva, que nos dice que los impuestos deberían ajustarse no solo a la renta, sino también al contexto económico y social en que esa renta se produce.

Teletrabajo, oportunidad

En este contexto, el auge del teletrabajo no es solo una cuestión de conciliación o productividad: puede ser también una herramienta redistributiva para algunos.

Las diferencias territoriales en umbrales de renta alta evidencian que vivir en Madrid y trabajar para una empresa en remoto puede implicar pagar más impuestos sin tener un mayor nivel de vida. Y al revés: mudarse a una comunidad más barata puede suponer conservar ingresos altos con un tratamiento fiscal más favorable.

Esto refuerza los argumentos a favor de proteger el teletrabajo, evitar trabas burocráticas o normativas y fomentar políticas de atracción de talento hacia zonas con menor densidad económica.

Sin embargo, hoy por hoy, los empleos de alta presencialidad (incluso en modelos híbridos) y la dificultad de encontrar trabajos 100 % remotos en España —donde el teletrabajo ha crecido, pero sigue muy debajo de la media europea— dificultan esta posibilidad.

Un IRPF ajustado al territorio

Como pregunta final, nos surge una duda difícil de resolver. ¿Tiene sentido mantener un IRPF con tramos únicos a nivel nacional? ¿Es una medida equitativa cuando las realidades económicas son tan dispares? 

Algunas voces abogan por una revisión del sistema que tenga en cuenta el coste de vida, o al menos por corregir el sesgo de los tramos autonómicos, que actualmente apenas compensan la desigualdad territorial. Por ahora, Madrid, Cataluña y Baleares seguirán siendo las comunidades que más aportan y más tributan… aunque no necesariamente donde se vive mejor.

Las comunidades autónomas en España no pasan por su mejor momento. La deuda acumulada después de años de gasto público excesivo supera los 300.000 millones de euros, según cifras hechas pública por el Banco de España.

La falta de una política fiscal efectiva y los desequilibrios económicos originados por la crisis financiera mundial tras la pandemia por la Covid-19 y los desafíos posteriores, han provocado que la deuda siga y siga creciendo. La pregunta, ¿hasta cuándo es sostenible esta situación?

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunció a finales de febrero una propuesta para asumir un total de 83.252 millones de euros de la deuda. Andalucía sería la autonomía con más deuda condonada, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana sumando entre las tres más de la mitad del total.

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Sin embargo, hay que tener una cosa clara: el Estado no perdona a las comunidades su deuda, sino que ha comprometido con todas las regiones a compartir la carga de la deuda a través de lo que se conoce como mutualización.

¿En qué consiste la mutualización?

La mutualización de la deuda no significa que una sola parte de la deuda de las comunidades haya sido perdonada; más bien, el Estado central opta por transferir la responsabilidad a todas las autonomías en general.

En lugar de que cada comunidad sea responsable de su deuda, el gobierno opta por un enfoque que permite la toma de deuda colectiva. La deuda de las comunidades motoras se coloca en un sistema de financiación más grande y las ciudades pueden obtener financiación a tasas de interés más bajos, ya que el riesgo se distribuye entre todas las comunidades.

El propósito de este proceso de mutualización es aliviar la presión sobre las autonomías más endeudadas, de modo que algunas de ellas no se vean atrapadas en un círculo de endeudamiento excesivo que no puedan manejar por sí mismas.

La mutualización discriminará a algunas CCAA

Aunque el proceso pretende reducir los costes para todas las comunidades autónomas, la realidad es que no soluciona el problema subyacente de las finanzas autonómicas. Incluso el reparto de esta deuda colectiva no es equitativo en todos los casos.

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El endeudamiento neto per cápita muestra cómo esta mutualización afecta a cada ciudadano. Mientras que algunas regiones, como Madrid, tienen un endeudamiento neto positivo (594,70 €), otras, como Castilla-La Mancha (-513,32 €) o Andalucía (-349,01 €), presentan cifras negativas, indicando que sus contribuyentes asumirán una mayor carga fiscal.

Lo que hace que las CCAA sean diferentes no solo por su tamaño o por cuánto deben, sino también por sus modelos económicos, sus fuentes de financiación y cómo han gestionado el dinero público todos estos años.

Como resultado, algunas comunidades se van a ver más afectadas por este proceso de mutualización que otras porque no todos soportan el mismo coste. Algunas, como Madrid o Cataluña, tienen una capacidad fiscal que les permite generar más ingresos a través de impuestos que las comunidades más pobres, que dependen de las transferencias.

Por lo tanto, hay una desigualdad económica entre las diferentes regiones que se traduce en la forma en que cada una de ellas absorbe los costes la mutualización de la deuda. Llamativo es el caso de Madrid.Una región superavitaria, es decir que aporta más al Estado de lo que recibe a cambio, y cuyos ciudadanos tendrán que asumir deuda de otras regiones deficitarias.

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El coste de la deuda mutualizada se refleja de manera indirecta en el propio sistema de financiación, y las comunidades de recursos más bajos tendrán podrían sufrir recortes en los servicios públicos o en inversiones en infraestructuras.

¿Es suficiente la mutualización?

La mutualización de la deuda es evidente que alivia la situación económica de muchas comunidades pero poner sobre la mesa una cuestión, ¿es suficiente esta herramienta para garantizar a largo plazo la estabilidad económica de las diferentes regiones?

La decisión del estado de compartir deuda no resuelve la cuestión de fondo. En los próximos años, habrá que discutir si la mutualización es un modelo viable a largo plazo o si se necesita una reforma de la financiación.

La mutualización permite distribuir el riesgo y la deuda, pero no elimina la necesidad de un sistema más justo y equilibrado que otorgue más autonomía a las comunidades autónomas y que éstas administren sus finanzas de una manera más efectiva y responsable.

Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Una posible solución sería un sistema fiscal más equitativo en el que las regiones ricas hicieran frente a una parte mayor de los costes y de la deuda, mientras que las regiones con menos capacidad fiscal fueran más sostenidas por los recursos del país.

Sin embargo, esto se prevé como una tarea imposible ya que cada una de las comunidades tiene intereses muy distintos, tanto políticos como económicos. Lo que sí está claro es que los ciudadanos de las comunidades de diferentes partes de España notarán disparidad de impuestos y en la calidad de servicios públicos a causa la mutualización.

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El Ministerio de Sanidad ha sido claro: "es competencia de Función Pública, no privada", y ha defendido que los funcionarios  supondrán un peso extra del 2,4 % del total de los pacientes que acoge el Sistema Nacional de Salud.

Las preguntas sobre el cómo y el cuándo todavía están en el aire, pero la ministra Mónica García se mostró tranquila ante la posibilidad de que Gobierno y aseguradoras no lleguen a un acuerdo: lo ve perfectamente asumible.

"Perfectamente asumible"

Entre mensajes institucionales, García ha tratado de lanzar algunas declaraciones tranquilizadores tras las últimas semanas de protestas, convocatorias y manifestaciones por parte de los sindicatos, que exigen un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el mensaje desde el Gobierno ha ido virando hacia un “perfectamente asumible” y una crítica feroz contra las aseguradoras.

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En este sentido, la ministra afirmó antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reunió el lunes al Ministerio con las comunidades autónomas, que Muface no es competencia pública y, sobre todo, que son “las aseguradoras son las que tienen que firmar ese convenio [...]”

Además, ha agregado que, para los seguros privados, "los mutualistas no les salen rentables", pero sí al estado. "A quienes sí nos sale rentable cuidar a los pacientes es a la sanidad pública", ha dicho.

Impacto desigual, por regiones

Todo ello, choca con la situación pro comunidades autónomas, que absorberán de forma desigual al grueso de los mutualistas. De este modo, si bien el CIS de junio de 2024, hablaba de que la percepción de la sanidad pública ha ido a peor, a medida que han aumentado las listas de espera (un 26 % más), este impacto es diferente por región.

Tan desigual como que los 70 días de espera en Madrid, La Rioja o el País Vasco, pueden duplicarse en Andalucía o Extremadura (160 días: medio año). A todo ello, se han detectado también fallos en la atención igualitaria a las personas y un empeoramiento de la salud en pacientes asociado a los tiempos de espera, tanto en diagnósticos como en recuperaciones.

Pese a las buenas intenciones, esto parece difícil de gestionar desde el Gobierno central, que, en la práctica, delegará la presión asistencial en las comunidades. Y ocurrirá en un periodo especialmente sensible, con la jubilación anual de alrededor de 2.863 médicos por cada 2.061 que se incorporan.

De este modo, la clave será ampliar plantillas y jornadas y establecer criterios para priorizar a pacientes vulnerables, pero en una tesitura repleta de fechas límite y, sobre todo, sin la seguridad de que las aseguradoras accedan a la prórroga planteada por el gobierno para cumplir el requisito de lista de espera cero.

Desde las CCAA, hay dudas

En esta línea, ante las declaraciones de la ministra, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute (PP), ha advertido sobre la necesidad de aumentar o realizar nuevos acuerdos con la sanidad privada, mientras que el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero (PP), ha afirmado que el presupuesto destinado a Muface no es suficiente para cubrir el traspaso de los mutualistas al sistema público.

Queda un punto importante que, desde el Gobierno, todavía debe revisarse al detalle: cómo afectarán los costes añadidos de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, aquellas con una fuerte dispersión poblacional, mayores listas de espera o con población envejecida.

Por ahora, sigue todo en el aire. La fecha límite, el 31 de diciembre.

La inflación, los impuestos y los elevados tipos de interés siguen asfixiando al consumidor medio europeo. Los salarios se estancan y el nivel de vida se encarece. Resulta interesante analizar el concepto del tipo marginal del IRPF, la retención adicional más alta que debe abonar el contribuyente si superar en un euro o más un nivel de renta previamente establecido.

En España, el tipo marginal del IRPF es un impuesto progresivo, de tal modo que cada tramo de renta tributa a un porcentaje distinto y creciente. Según datos aportados por Tax Foundation, España presenta en la actualidad una tasa marginal del IRPF superior al 50%, en concreto, del 54%.

Situación de los países de la OCDE

Entre los países europeos que forman parte de la OCDE, el tipo impositivo máximo legal medio del IRPF está en el 42,8%. En concreto, Dinamarca (55,9%), Francia (55,4%) y Austria (55%), poseen los tipos máximos más elevados. Por el contrario, Hungría (15%), Estonia (20%) y República Checa (23%).

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Se da la circunstancia de que los países europeos que no forman parte de la OCDE poseen las tasas más bajas y tienden a gravar la renta personal con una tasa única. Así pues, Bulgaria y Rumanía aplican la tasa más baja (con un 10%).

Si se compara con la tasa impositiva máxima sobre el IRPF y federal promedio combinada para los 50 estados de EEUU y Columbia, se concluye que la media es del 42,32%, con tasas que oscilan desde el 37% hasta el 50,3%. Lo que demuestra que en Europa se exige más a los contribuyentes por la misma carga de trabajo.

Esta situación ha derivado que algunos países europeos estén considerando cambiar sus tipos impositivos máximos sobre el IRPF. Así es como Austria planea suprimir su tramo impositivo más elevado en 2026, reduciendo el tipo impositivo máximo sobre la renta del 55% al 50%. Por su parte, Estonia tiene previsto aumentar su tipo impositivo fijo sobre la renta del 20 al 22 por ciento en 2025.

¿Cómo afecta a la Declaración de la Renta en España?

Una realidad es que en España se da la circunstancia de que los tipos marginales del IRPF establecen que, cuanto más se ingresa, más se paga. Así pues, si un contribuyente logra declarar en una renta de 38.000 euros en 2023, los primeros 12.450 euros estarán exentos de tributación, pero los 25.550 euros restantes no.

De ahí que pagaría un 24% por los primeros 7.750 euros (1.812 euros a abonar), un 30% por los siguientes 15.550 euros (4.650 euros) y un 37% por los 2.300 euros restantes, es decir, 851 euros. El tipo marginal se situaría en el 37%.

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En concreto, con una renta anual de 30.000 euros, se estaría aplicando un 30% de impuestos sobre unos 9.800 euros (15% estatal y 15% regional).

Diferenciación por CCAA

Se da la circunstancia de que hay Comunidades Autónomas en las que el tipo marginal total es, incluso, más bajo y la situación se agrava. Los contribuyentes catalanes con ingresos del trabajo de 30.000 euros al año, llegan a pagar un 18,25% de IRPF, lo que supone abonar el tipo impositivo más alto del país al Estado.

Marginal personal income tax rate over 50% is not taxation, it is theft. Would you be willing to work harder, if majority of your incremental income was taken away as a result? pic.twitter.com/egjjMMNbQ9

— Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) July 6, 2024

El segundo puesto lo ocupan los extremeños, con un salario bruto de 60.000 euros y el tercer puesto la Comunidad Valenciana, con un sueldo de 120.000 euros anuales. En base a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Ley 22/2009), recoge que las comunidades poseen la potestad para regular hasta el 50% de la escala general del impuesto y reducir la brecha fiscal existente.

Las Comunidades Autónomas que pagan más IRPF

La Aedaf concluye, para rentas anuales de 30.000, 60.000 y 120.000 euros, que Cataluña es la comunidad que más aportaciones realiza para el IRPF en la campaña de la Renta 2024. Por el contrario, Madrid es la comunidad con menor tributación, con un tipo medio del 16,65%. Entre ambos, la diferencia de tributación llega a ser de 446,61%.

Andalucía posee un 9,50% y un tipo máximo del 23,70. En el caso de Aragón, éste sube hasta el 25,5%. Para Asturias, el tipo mínimo es del 10% y el máximo del 25,5%; Baleares (tipo marginal mínimo del 9% y máximo del 24,75%). Canarias cuenta con un tipo marginal mínimo del 9% y máximo del 26%, mientras que Cantabria va del 8,5% al 24,5% y Castilla-La Mancha del 9,5% al 22,5%.

Para Castilla y León, con una escala de cinco tramos, el tipo marginal mínimo baja del 9% y el máximo del 21,5%. Cataluña regula en 2024 un total de nueve tramos en su escala, igual que en 2022, con un marginal mínimo del 10,5% y máximo del 25,5%.

Para Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, las cifras son de un mínimo del 9% y del 8,5%, respectivamente. El tipo marginal máximo de Madrid es del 20,5% rebajados. País Vasco presenta tipos marginales que oscilan del 23% al 49%, mientras que en Extremadura la escala tiene nueve tramos y va del 8% al 25%.

Para Navarra, la tarifa general compuesta de 11 tramos le lleva a oscilar del 113% al 52% y en Murcia del 9,50% al 22,50%. Galicia mantiene el tipo mínimo en el 9%, mientras que La Rioja regula una escala de siete tramos. Su tipo marginal mínimo se sitúa en el 9% y su tipo marginal máximo en el 27%.

Como se puede comprobar, hay CCAA en las que el tipo marginal supera a las medias española y europeas. En general, los gobiernos pueden generar ingresos de manera más eficiente si aprovechan las tasas impositivas marginales en el extremo inferior de la distribución del ingreso que si utilizan tasas máximas más altas.

Hay que tener en cuenta que, al aumentar la tasa de un tramo inferior, se obtendrán ingresos de los contribuyentes en tramos superiores, sin incentivarlos a reducir sus ingresos.

Las Comunidades Autónomas en España tienen muchas atribuciones. Pueden ajustar las prestaciones sanitarias, regular la educación a todos los niveles, ajustar o eliminar impuestos. Pero no tienen capacidad de ajustar el Salario Mínimo Interprofesional. Eso es un error que debería arreglarse.

¿Por qué debería hacerse? Quizás habría que empezar porque las condiciones de vida en España son bastante heterogéneas. Uno puede conducir unas horas de Pamplona a Lérida y pasar de un idioma co-oficial (eusquera) a otro diferente (catalán) y haber cruzado otra región con un idioma no co-oficial pero protegido (aragonés).

Debido a esto se tiene un nivel de descentralización que como hemos comentado debe aprovecharse para que cada entidad subestatal pueda competir con las demás en ser más eficiente y tener una regulación mejor para su economía concreta. Dado el nivel de descentralización y la capacidad que tienen las autonomías de ajustar valores de su economía (subvenciones, impuestos, regulaciones, etc), que además puedan decidir el salario mínimo no parece nada descabellado. Si además pueden hacerlo niveles más pequeños (provincias), mejor todavía.

El coste de vida no es igual en toda España

El coste de vida, especialmente en lo que a vivienda y restauración se refiere, no es el mismo para toda España. Es decir, no es lo mismo alquilar una vivienda en Madrid o Barcelona que hacerlo en un pueblo de una provincia como Jaén o Soria.

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Se ha hablado mucho de la “España vacía”, en la que se acaba yendo la población de muchos lugares por la falta de oportunidades. Bien, si queremos ofrecer oportunidades, será necesario que empresas e inversores vean alguna ventaja en hacerlo en las zonas despobladas, o al final las tendencias desde el cambio de siglo, harán que Madrid y en menor medida Barcelona y Málaga acaben absorbiendo la mayor parte de la población del país.

Cuando llegue la hora de invertir, ante costes similares es bastante probable que las empresas acaben optando por estar lo más cerca posible de un puerto o aeropuerto para dar una buena salida a los productos, de otras fábricas que consuman sus productos o fabriquen sus insumos (materias primas) o de una gran aglomeración donde les resulte más fácil encontrar a trabajadores con las habilidades que necesitan y que han adquirido trabajando en la competencia o fabricando productos similares. No en zonas despobladas o de baja densidad por el objetivo de ser buenas con la población.

Es decir, se puede ajustar el salario mínimo a aquellas Comunidades Autónomas o incluso mejor, provincias a niveles más adecuados al nivel de precios de las mismas. De hecho, es potencialmente beneficioso a la hora de atraer la inversión.

No es una reducción de derechos, es ajustarse a la realidad

Hay quien argumenta que se trata de reducir los derechos de aquellos que viven en Comunidades Autónomas en las que se opte por salario mínimos más bajos. Bien, lo primero de todo es que debería de ajustarse por parte de la Comunidad Autónoma. Si el gobierno o parlamento autonómico (al que han elegido los ciudadanos de dicha Comunidad Autónoma) considera que pueden apañarse con menos y no quiere subirlo, adelante. Si considera que debe ser igual o incluso más alto que el actual, adelante también.

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Existen muchas prestaciones que no son iguales en todas las Comunidades Autónomas. Por ejemplo en 2004 sólo Andalucía hacía operaciones de cambio de sexo, por lo que las personas que querían someterse a esta intervención, se acababan empadronando en Andalucía para obtener esta prestación por parte de la sanidad pública andaluza.

Cosas así acaban sucediendo con la enseñanza, becas, subvenciones a u otros servicios que proporciona la administración pública. Es lo que sucede con la descentralización que las circunstancias difieren. Para tener la misma norma repetida muchas veces no es necesario tener Comunidades Autónomas.

Además, si el SMI acaba siendo demasiado alto para la empresa respecto al nivel que es capaz de vender sus productos, estamos empujando a que las empresas opten por dos opciones. Una puede ser cerrar. No es lo mismo a lo que se cobran las cañas en un bar de pueblo que a lo que se cobran en el centro de Madrid. No son los mismos gastos que puede asumir un negocio u otro dado el nivel de precio al que vende la misma copa de cerveza de barril.

La otra opción que puede acabar sucediendo es que las empresas acaben diciendo a los trabajadores que u aceptan condiciones ilegales, o no les contratan. Por ejemplo tener un contrato de seis horas y hacer ocho. Alguien puede argumentar que eso puede ser un modo de trampear la subida, pero lo cierto es que es más perjudicial para el trabajador que un SMI más bajo. Porque las cotizaciones para la pensión de jubilación y prestaciones de desempleo también se calculan según una persona haya trabajado a tiempo parcial o a tiempo completo.

No debería haber salario mínimo

¿Y no sería mejor que no hubiera salario mínimo? Existen muchas personas que están a favor de la eliminación del salario mínimo. Afirman que el problema es que se trata de una prohibición de trabajar por menos de una cantidad que acaba creando desempleo. Este argumento viene desde la época de los economistas clásicos y neoclásicos. Estos consideran que lo que se acaba es dejando a los trabajadores menos productivos fuera del mercado y consideran que es cruel dejar a una buena parte de la población sin poder trabajar.

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También existen países con alto nivel de bienestar y protección al desempleo como Dinamarca, Finlandia o Austria que no tienen salario mínimo. Es decir, se puede compensar la falta de SMI con ayudas sociales.

Viendo los resultados electorales del pasado 23 de julio, tengo serias dudas de que más de cinco miembros del Congreso de los Diputados votarían a favor de la eliminación del Salario Mínimo Interprofesional (lo más cercano es algún partido que afirma que no debiera ser necesario, pero no que lo vaya a eliminar).

En España esta medida como modo de protección al trabajador es extremadamente popular. Por lo que si quisiéramos paliar los efectos de la existencia de un SMI, que sea ajustable por provincia sería mejor. De hecho, potencialmente sería más fácil que se eliminara por una CCAA que por el gobierno central, si queremos ser realistas.

Pregunta a los lectores, ¿debería ajustarse el salario mínimo por Comunidad Autónoma o por provincia? ¿Por qué?

El 2023 comienza con un nuevo ejercicio de IRPF, y como siempre vienen algunos cambios. A nivel estatal hay algunas novedades interesantes, como la subida del mínimo exento de tributación y la ampliación de la reducción por rendimientos de trabajo (que favorece a las rentas más bajas).

Sin embargo una cosa que cada vez es más pronunciada es la diferencia entre la normativa estatal y la de las Comunidades Autónomas. Ya había diferencias en el pasado pero cada vez más estas hacen uso de sus facultades de autonomía fiscal.

El ejemplo de Madrid

Aunque casi todas las Comunidades han tocado algo del IRPF, como por ejemplo los tipos mínimos y máximos, el caso de Madrid es especialmente significativo. Con la deflactación del IRPF y de los mínimos personales y familiares, el IRPF de Madrid se parece cada vez menos al Estatal.

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Es decir, Madrid tiene unos tramos completamente distintos a los del Estado. Sus mínimos también son superiores. Los tipos aplicables son más bajos. En definitiva, parece un IRPF distinto.

Esto hace más complicado el cálculo del impuesto pero realmente nadie lo hace a mano da un poco igual. Pero lo cierto es que la idea en su día de que el IRPF se repartiera al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dotando a estas últimas de autonomía para definir su parte, ha culminado.

Al principio de esta reforma las Comunidades simplemente copiaban lo que decía el Estado. Así, si el tipo máximo era del 45%, en realidad era un 22,5% para el Estado y un 22,5% de la Comunidad Autónoma. Pero los años pasan y las Comunidades han ido introduciendo cambios en paralelo a los del Estado.

Si se mira la declaración de la renta se puede ver que los impuestos pagados al Estado y a la Comunidad Autónoma pueden ser bien distintos. Ahora bien, ¿es esto bueno o malo?

Ventajas y contras de impuestos distintos

Que las Comunidades tengan autonomía fiscal es bueno por un lado. Son muy dadas a quejarse de que no tienen dinero y echar la culpa al Estado, pero si tienen capacidad de subir o bajar sus impuestos la cosa cambia.

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La autonomía fiscal que tienen no es perfecta, pues no recaudan ellas mismas, y cuando llega la liquidación puede haber sorpresas, como sucedió con la crisis de 2007-08. Pero tener autonomía permite que planifiquen los ingresos que necesitan y no estén todo el día apuntando a otro con el dedo.

En el sistema que hemos montado las Comunidades Autónomas son responsables de una parte importante del gasto (Sanidad, Educación), así que tiene lógica que tengan también responsabilidad en la recaudación.

Se podría argumentar que tendría más lógica que la declaración de la renta fuera separada completamente, como en EEUU donde hay que hacer una federal y otra estatal, pero eso complicaría las cosas: en la declaración actual, aunque muy pocos lo miran, se separa bastante explícitamente lo que se paga en ambos lados. Si se mejorara el tiempo de liquidación ya sería un gran avance sin afectar a los ciudadanos en general.

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Sin embargo hay un contra también bastante grande: empieza a haber diferencias fiscales entre Comunidades. El tipo máximo en Madrid es del 44% frente al 53% en Valencia. Y esto no solo se nota en los tramos más altos, también en los intermedios (en los más bajos puede haber diferencias pero siendo las bases imponibles bajas realmente no es muy significativo).

Estas diferencias impositivas crean competencia fiscal y aunque quizá todavía no es muy exacerbado es cierto que en países donde hay diferencias importantes en los impuestos regionales suele haber una "subasta" por atraer a trabajadores cualificados y empresas. Y esta "subasta" no es beneficiosa ni para el país ni para las regiones.

¿Entonces qué es mejor?

Definitivamente hemos creado un sistema que no puede ser perfecto. Si no se dota de autonomía fiscal a las Comunidades básicamente se convierten en ejecutoras de lo que les dice el Estado central. En esa situación, ¿para que tener CCAA? Mejor que ejecuten directamente los Ministerios.

Y si dotamos de esta autonomía fiscal inevitablemente se producirá competencia entre regiones. No queda otra. En algún momento se decidió que seríamos más como Alemania que como Francia y ahora hay que hacer frente a las consencuencias.

Por tanto, bienvenido sea un IRPF distinto en el Estado y en las Comunidades. Y no creo que sea positivo los movimientos que hay ahora de recuperar ciertos impuestos Estatales donde las Comunidades han legislado para eliminarlos, la verdad, no tiene mucha lógica con el modelo que se decidió implantar hace décadas.

Un fuerte problema que tiene la organización territorial española es que las autonomías no compiten entre ellas. De hecho parece vetarse por el gobierno central y por parte de la sociedad pública. Lo cual es absurdo, el sentido de tener un estado descentralizado en una casi ferederación/confederación de estados es que estos compitan entre sí.

La avaricia es, a falta de una palabra mejor, buena. Eso dice Michael Douglas interpretando a Gordon Gekko en la película Wall Street. En el caso de la política, la competencia entre entidades subnacionales esa falta de una palabra mejor, necesaria. El economista Jesús Fernández-Villaverde considera que debe aplicarse a las como las comunidades autónomas organizan las universidades, pero lo cierto es que no deben aplicarse solamente a la organización universitaria, sino también a otros ámbitos.

En otros países funciona

Me gustaría considerar tres países en tres continentes en los que la competencia entre sus entidades subnacionales les está funcionando, Suiza, EEUU y China.

EEUU se planteó desde el primer momento como una federación de estados, las trece colonias que se rebelaron contra la majestad británica, se convirtieron en los primeros trece estados de los cincuenta que es la unión actual. La competencia entre estados funciona. No hay más que ver como las empresas y los trabajadores eligen unos estados u otros para establecer su sede o su vida, según las condiciones que les den. Reciéntemente hablamos de como las empresas tecnológicas empiezan a dejar California, que empieza a poner trabas a la actividad empresarial, para irse a Texas u otros estados.

Aunque China nos puede parecer totalitaria y monolítica desde el exterior, las diferencias entre las distintas subdivisiones son abismales, así como las diferencias entre campo y ciudad. Es muy diferente Shanghai de Hainan o de Mongolia Interior. Además al partido comunista le gusta experimentar, a veces una nueva reforma se lanza en una subdivisión concreta, y si funciona, se extiende al resto del país. Tampoco es raro que se premie a los líderes de aquellas provincias que lo han hecho mejor que otras que lo han hecho peor (esto es el motivo por el que algunas provincias han falseado sus estadísticas). Cuando China empezó a experimentar con el capitalismo, primero probó en una ciudad concreta, Shenzhen, que hace frontera con Hong-Kong. Al funcionar fue abriendo más Zonas Económicas Especiales, como Pudong en Shanghai. Hoy, tanto Shenzhen como Pudong están cubiertas de rascacielos.

Suiza es un país que a pesar de su pequeño tamaño está dividido en cantones, que funcionan casi como estados independientes. Su democracia es un caso especial, con elecciones y referéndums cada tres meses, pero también la fuerte independencia que tienen los cantones para organizar sus asuntos. Los cantones Suizos compiten entre sí. No sólo en impuestos, sino también en adelantarse a tendencias, por ejemplo recientemente el cantón de Zug ha empezado a aceptar pagos en criptodivisas (después de haber empezado a regular las mismas) y hace poco el cantón de Ginebra se lanzó a regular las ofertas iniciales de criptodivisas o ICO.

Si queremos que en España funcione…

Recientemente algunos intelectuales están teorizando sobre el uso de las instituciones subnacionales españolas (comunidades autónomas y municipios) como modo de oponerse a la política del gobierno central. A esto se le llama “encastillamiento”. Las tensiones entre los gobiernos centrales (o federales) y las entidades subnacinales o entre unas entidades subnacionales y otras no son nada nuevo. De hecho hace poco que en España se ha acusado a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal, simplemente porque ofrecía unos impustos ligeramente más bajos que otras Comunidades Autónomas y su estrategia parecía estar siendo exitosa.

Volviendo al artículo del profesor Fernández-Villaverde, menciona que en política universitaria en España se ha descentralizado para hacer diecisiete veces lo mismo. Esto es algo que debe de cambiar, el objetivo debería ser incrementar la competencia en el sistema, no sólo universitario, sino en el resto de regulaciones. No tiene sentido que las Comunidades Autónomas funcionen como un cártel regulatorio en el que todas tienen una regulación similar, indistinguible.

No tiene sentido primero porque se supone que están para adaptarse más adecuadamente a las características de su territorio y singularidad cultural. No es lo mismo una gran urbe como Madrid que una extensión rural como Castilla y León o una comunidad costera mediterránea como la Valenciana que una atlántica como la Gallega. Segundo porque para que todas saquen la misma regulación y no den la oportunidad al ciudadano de votar con los pies (trasladando su residencia o negocio de una a otra, algo que ya sucede hacia aquellas con mejores condiciones) no hace falta una descentralización que las justifique. Tercero, porque al no haber innovación, no pueden copiar unas de otras aquello que funciona (por ejemplo la regulación de las ICO.

Pregunta a los lectores, ¿creen que las entidades subnacionales deben competir entre sí? ¿O es mejor una regulación única aunque haya descentralización?

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El coronavirus ha desmontado a casi todos los sectores de la actividad económica en España. Los más afectados, como siempre, ha sido el mercado laboral de todas las comunidades autónomas que se compone España.

La Comunidades Autónomas que más han sufrido los efectos del coronavirus son aquellas que tienen más dependencia del sector servicios y, más concretamente, que dependen del turismo.

El impacto del coronavirus en el mercado laboral ha llegado a más de un tercio en las Islas Baleares y Canarias

Según datos del Ministerio de la Seguridad Social el mes de marzo y abril, meses que se ha iniciado el confinamiento de casi toda la población en España, el impacto sobre el mercado laboral fue del 23,1 por ciento de trabajadores afectados por despidos y por ERTES.

Las comunidades más afectadas han sido las comunidades que más dependen del turismo que son las Islas Baleares y Canarias con un impacto del 38,6 por ciento y del 37,1 por ciento, respectivamente.

Es decir, el impacto ha sido superior del 30 por ciento, siendo las únicas Comunidades Autónomas que llegan a este nivel de afectación, como se puede observar en la gráfica “Empleados afectados por despidos y ERTES en abril sobre la media de afiliados de enero-febrero 2020”:

Andalucía, Valencia y Cataluña han sido las más afectados por su dependencia al turismo

En la Península de España, las Comunidades Autónomas con mayor incidencia en el mercado laboral por culpa del coronavirus ha sido Andalucía, con un 26,5 por ciento, la Comunidad Valenciana, con un 25,3 por ciento, y Cataluña, con un 25,1 por ciento.

Estas 3 comunidades, como les pasa a las Islas Baleares y a Canarias, basan parte de su economía en el sector turístico, por tanto, el impacto ha sido considerable en su mercado laboral.

El resto de comunidades están por debajo de la media nacional del impacto en el mercado laboral del 23,1 por ciento como es el caso de la Comunidad de Madrid, con un 22,6 por ciento.

Los trabajadores en ERTE pueden pasar a ser despidos

Los datos guardan relación correlación con el peso del sector servicios, y más concretamente con el sector turístico, con la actividad económica de cada una de las Comunidades Autónomas, aquellas que dependen más la actividad económica de restaurantes, hoteles, etc. han sufrido más.

El coronavirus ha provocado que alrededor de 4 millones de empleos en España estén en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), ya que han suspendido de forma total o reducción parcial la jordana laboral.

Hasta el día de hoy, se han podido a volver a reincorporar 700 mil trabajadores a sus puestos de trabajo, pero es más que posible el despido llegue en caso que la empresa por falta de actividad llegue a presentar un concurso de acreedores o un despido por causas disciplinarias.

La empresa puede despedir a un trabajador afectado por ERTE si está en riesgo de concurso de acreedores y puede acreditar está situación, o puede aplicar un despido objetivo por causas económicas, organizativas y de producción.

En caso que se aplicará un despido disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o impuntualidad, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o personas que trabajen con el despedido, etc. según lo contempla en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

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Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) está siempre en el objetivo de la opinión pública de los españolas, ya que el problema del paro es uno de los problemas que más preocupa entre los españoles.

La Comisión Europea apunta a graves deficiencias en la gestión de estos servicios, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha confirmado lo que pensaban desde Europa, ya que existes deficiencias en el control y la fiscalización de las Políticas Activas de Empleo (PAE).

Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son las causas establecidas por la Comisión Europea y Airef para que los servicios públicos de empleo no funcionen tan bien como lo tendrían que hacer?

Los SPE a parte de modernizarse necesita más personal para atender el volumen de demandantes de empleo españoles

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha constatado que existe bastantes puntos para mejorar la gestión, y ha propuesto revisar el funcionamientos de los Servicios Públicos de Empleo (SPE).

Se aprecian diferencias de calidad del servicio entre las diferentes comunidades autónomas y coinciden con los peores rendimientos con altas tasas de paro, pero las deficiencias de las oficinas de empleo de las comunidades autónomas no se deben de forma exclusiva a la gestión sino a la falta de personal.

El funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) en España se debe realizar teniendo en cuenta las fuertes restricciones que, sobre la eficiencia de su servicio, introducen grandes carencias en los recursos humanos que los gestionan.

Cada persona de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) atiende a 6 veces más demandantes de empleo que la media que tiene de la Unión Europea en referencia a los mismos servicios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también concluye que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sin tener en cuenta los servicios de las comunidades autónomas, realiza de media 1.026 demandantes de empleo por cada empleado del servicio, frente a la media en Europa que se sitúa en 135, es decir, 6 veces más de trabajo.

Además, de los problemas existentes en la modernización de la gestión y la urgencia en la reforma de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) que sea completada con un incremento de la plantilla.

Los SPE no están conectados con las necesidades del tejido empresarial español

En España, históricamente, siempre ha habido una excesiva cifra de desempleados, alrededor de 3,3 millones de parados, comparando con nuestro vecinos europeos. Los Servicios Públicos de Empleo (SPE), por la falta de personal, dedican su tiempo a la gestión de prestaciones económicas de desempleo, en contra de la intermediación, orientación laboral y el servicio a empresas.

Esto provoca que los Servicios Públicos de Empleo (SPE) no se conecten con el tejido empresarial español y, de esta manera, no se conocen desde los servicios públicos las necesidades que tienen las empresas, lo que haría una mejora en el servicio prestado y su funcionamiento.

La única manera de conocer las necesidades que tiene el tejido empresarial en España es realizar visitas de forma periódica, lo que facilitaría la función de intermediación que tiene asignado los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y así poder conocer los perfiles buscados, nivel de retribución, cualificaciones solicitadas...

Nos podemos fijar como se gestionan los servicios públicos de empleo en Alemania, ya que en tiempos de crisis pueden tener déficit a través de provisiones para préstamos y ayudas. Es decir, los servicios pueden actuar como estabilizadores durante las recesiones sin que se interrumpan el pago de las prestaciones de desempleo ni los programas de empleo.

Los SPE deben absorber los cambios tecnológicos y la rotación en el mercado de trabajo

Influye en los Servicios Públicos de Empleo (SPE) los factores de la demografía, la rotación mercado de trabajo, las indemnizaciones de desempleo, las ayudas a la vuelta al trabajo, el sistema formativa si se adapta a las demandas empresariales, el presupuesto a la activación de Políticas Activas de Empleo (PAE)...

Todo esto no es excusa para dejar de optimizar los recursos humanos que gestionan los Servicios Públicos de Empleo (SPE), y a la vez mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, es decir, entre la estatal y las comunidades autónomas.

Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y en este caso el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se ocupa de la gestión de la pago de las prestaciones por desempleo, como los servicios de las comunidades autónomas que tienen transferidas en materia de empleo y formación, compartan los mismos objetivos con una gestión común de seguimiento y control para evitar deficiencias.

Es decir, todos los organismos deben remar hacía el mismo lado para obtener mayores resultados a un menor coste y optimizar los recursos existentes. De paso, no estaría mal realizar evaluaciones y seguimientos para medir el impacto de las políticas públicas para así tomar decisiones en función de los resultados obtenidos.

Así se podría proporcionar estrategias para el desarrollo de los desempleados y la integración social junto con la formación que están demandando las empresas españolas, facilitando a los Servicios Públicos de Empleo (SPE) absorber los cambios tecnológicos y la rotación del mercado de trabajo.

En El Blog Salmón | Así es la renta mínima que propone la AiREF

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