Sergio Delgado
El Gobierno anunció en enero de este mismo año que estudiaría la puesta en uso de unas 17.000 fincas rústicas de titularidad estatal para facilitar el acceso a la tierra, especialmente entre jóvenes y mujeres. Nueve meses después, la información pública disponible sigue sin permitir identificar con precisión buena parte de esos terrenos.
Así lo afirma el informe Antes de movilizar la tierra, elaborado por el comparador Cocampo, que ha examinado miles de registros del patrimonio inmobiliario estatal.
Su principal hallazgo es que ninguna de las 15.510 fichas analizadas incluye una referencia catastral completa, un dato fundamental y básico para localizar una parcela y comprobar sus características.
Y claro, hay un problema: antes de decidir qué terrenos pueden destinarse a nuevos proyectos agrarios, es necesario conocer exactamente dónde se encuentran y cuál es su situación jurídica.
Más de 3.500 fincas sin una identificación suficientemente clara
El estudio parte de información obtenida a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. En ella aparecen 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los cuales 15.510 están identificados bajo el uso “Patrimonio del Estado”.
En 11.963 casos es posible deducir un único par de números de polígono y parcela a partir de las descripciones publicadas. Sin embargo, en otros 3.547 registros ni siquiera puede reconstruirse esa combinación con suficiente seguridad.
Además, disponer de esos números no garantiza que la identificación siga vigente ni que coincida con una única finca registral.
Por tanto, el informe no demuestra que el Estado desconozca físicamente todos esos terrenos como tal, sino que la información publicada resulta insuficiente para comprobar su localización de manera clara y concisa.
Tierra Joven, la plataforma anunciada en enero
El 14 de enero, Pedro Sánchez presentó una iniciativa para analizar unas 17.000 fincas públicas y determinar cuáles podrían incorporarse a la actividad agraria.
La propuesta contemplaba dar prioridad a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales, dentro de una estrategia orientada a facilitar el relevo generacional en el campo.
También se anunció Tierra Joven, una plataforma destinada a conectar terrenos disponibles con personas interesadas en desarrollar proyectos agrícolas.
Según Cocampo, en octubre de 2026 no constaba públicamente que esta herramienta estuviera operativa.
El problema de identificación puede dificultar la selección de terrenos aprovechables, aunque ojo las 17.000 fincas anunciadas no equivalen necesariamente a las 15.510 fichas examinadas.
El Estado lleva más de una década comercializando terrenos
La puesta en valor del patrimonio público no comenzó este año ni mucho menos. En 2012 se impulsó el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado. Posteriormente, entre 2013 y 2015, se programó la comercialización de más de 15.000 inmuebles rústicos y urbanos.
Desde 2023 existe otro programa de puesta en valor con horizonte en 2030.
Al revisar los procedimientos publicados en el Boletín Oficial del Estado, Cocampo ha localizado 11.576 referencias catastrales rústicas diferentes entre 2012 y 2026.
Estos expedientes muestran que, cuando una finca sale a subasta o se incorpora a un procedimiento concreto, habitualmente se facilita su identificación catastral.
Solo el 2,79% de las parcelas aparecen coordinadas
El informe también examina otro problema añadido: las diferencias entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.
La Ley 13/2015 estableció mecanismos para mejorar la coordinación entre ambos organismos mediante información geográfica de las fincas. Sin embargo, once años después, esa coordinación continúa siendo muy limitada.
Según los datos utilizados por Cocampo, España contaba con 38,72 millones de parcelas rústicas y 14,14 millones urbanas en el ámbito de gestión catastral considerado. Frente a ese conjunto de 52,86 millones, el contador consultado el 27 de septiembre registraba 1.476.595 parcelas coordinadas, equivalentes al 2,79%.
Esta proporción no representa exclusivamente al suelo rústico, ya que incluye parcelas urbanas.
Y claro, las diferencias entre Catastro y Registro complican las operaciones
Las discrepancias de superficie, los linderos imprecisos y las descripciones antiguas pueden retrasar compraventas, arrendamientos y agrupaciones de terrenos.
Aunque entre 2021 y 2025 aumentó un 118,9% el número de fincas coordinadas, la regularización sigue realizándose caso por caso.
La Dirección General del Catastro dispone de herramientas de consulta y cartografía, pero la coincidencia con la información registral no se produce automáticamente.
Imágenes | Telecinco, Albert Hyseni
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