RSS Productos financieros

A nadie se le escapa que a raíz de la crisis, el sistema financiero español ha cambiado notablemente su composición, apostando por la concentración bancaria, lo que significa una reducción de la oferta de entidades. El objetivo final era apostar por una esperada estabilidad dentro del sistema financiero para crear entidades "Too big to fail".

La fuerte concentración bancaria se refleja en el indicador CR5 -ratio de concentración de las cinco primeras entidades por el volumen de crédito sobre el total-. En el año 2007, el CR5 era de un 40,6% hasta el 62,1% en 2014.

Casi 11,5 millones de clientes y 415.538 millones de euros invertidos. Estas dos magnitudes demuestran el dinamismo del sector de los fondos de inversión en España, según los últimos datos publicados por la patronal del sector Inverco. Un negocio cuyas transacciones se realizan en el 90% de los casos en las ventanillas de oficinas bancarias. Hasta ahora. Porque la Directiva europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros, más conocida como Mifid II, redactada para mejorar la transparencia en la comercialización de productos de inversión y con teórica puesta en marcha en enero de 2018, amenaza con cambiarlo todo.

Hasta que eso ocurra, el looby bancario está desplegando todo su poder para frenar los estragos que Mifid II podría causar en los beneficios derivados de la gestión de fondos de inversión. Martín Huete, inversor independiente, ha calculado que "el negocio de la banca por comisiones en fondos de inversión sobrepasaría ampliamente los 3.500 millones de euros. A nivel europeo, la consultora Deloitte ha estimado que por fondos domiciliados en Europa se pagan unos 33.000 millones de euros anuales en retrocesiones.

En un entorno de tipos de interés negativos, y con los márgenes de la actividad bancaria cada vez más ajustados, no están los bancos dispuestos a dejar escapar este pastel. Frente a la banca, acecha toda una legión de asesores financieros independientes dispuestos a provechar las nuevas condiciones que impone Mifid II, y darle una vuelta al encorsetado modelo de comercialización de fondos de inversión imperante en España.

En medio de esta contienda, Mifid II parece que no va a ser tan fiera como pintaba en un principio. Al menos, no para el negocio minorista. El texto de la Directiva europea deja margen a los estados para adaptar la normativa en función de las peculiaridades de cada país. La banca española no solo ha apurado al máximo esta excepcionalidad, ahora también apela al "que viene el lobo" y a la amenaza de exclusión financiera para reclamar nueva medidas. Tras tanto ruido causado por los cambios de Mifid II todo podría cambiar para que nada cambie en realidad.

Los accionistas del Banco Popular han perdido todo su dinero. Si bien en el año 2007 la capitalización bursátil del banco era de 18.000 millones de euros, el martes pasado de 1.330 millones de euros, actualmente el Banco Popular no vale nada.

El proceso ha sido de lo más rápido... El Banco Central Europeo (BCE) decidió que el Banco Popular estaba en quiebra y no valía nada el 6 de junio 2017 y notificó al organismo Single Resolution Board (SRB), uno de los pilares clave de la Unión Bancaria.

Seguidamente, SRB y el FROB han decidido que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y asegura la estabilidad financiera. A partir de aquí, la mejor oferta que han encontrado era la del Santander.

La operación por las acciones e instrumentos de capital de Banco Popular se ha ejecutado por una cantidad simbólica de un euro. En consecuencia, las acciones, incluyendo la totalidad del negocio de Banco Popular y sus filiales, han sido traspasados al Grupo Santander a partir del 7 de junio de 2017.

Si nos remontamos a épocas pasadas, normalmente veíamos que era el dinero del contribuyente quién entraba en el capital de una entidad para rescatarla, mediante el sistema bail-out. No obstante, con la nueva normativa europea de rescates y la unión bancaria, quiénes deben hacer frente a los problemas de la entidad son los accionistas y bonitas (sector privado).

¿Quiénes perderán sus dineros y quiénes se salvan?

Los principales afectados por el deterioro del Banco Popular son los accionistas que han visto que a día de hoy sus acciones valen cero, tras una caída sostenida prolongada en los últimos diez años. Cabe recordar que una sesión antes del rescate, las acciones del Popular se situaban en 0,317 euros.

Otro de los grandes grupos afectados por el Popular, son los clientes con bonos y deuda subordinada, participaciones preferentes o bien instrumentos de deuda híbridos al pago de intereses depende directamente del capital o de los beneficios de la entidad.

Por último, y como analizaremos más adelante, otro gran perjudicado podría ser el mismo Santander, pues quizás debería indemnizar algunos accionistas minoritarios del Popular que acudan a los tribunales, por un maquillaje en los estados contables del banco en los últimos tiempos.

Todo ésto se ha hecho con un único objetivo y era salvar las cuentas y depósitos del Banco Popular independientemente si eran inferiores o superiores a 100.000 euros. Y paralelamente evitar que sean los contribuyentes, quiénes participarán indirectamente en una entidad quebrada.

Los accionistas del Popular y las reclamaciones

Los accionistas del Banco Popular tienen todo el derecho del mundo a exigir responsabilidades contra los dirigentes del Banco Popular, contra los supervisores, y quizá contra el Santander, el nuevo propietario del banco.

Por un lado, los accionistas del Popular no han recibido una información contable que se ajustara debidamente a la realidad de la entidad. En la última ampliación de capital del Banco Popular, hace alrededor de un año, se solicitó a los accionistas 2.500 millones de euros para cubrir el agujero que el mercado borró en pocos meses... Luego hemos visto que el agujero del balance era sustancialmente mayor.

Y no solo ésto, en un comunicado del 11 de mayo, es decir, menos de un mes de la compra del Santander, se comunicaba lo siguiente: "En relación con la noticia difundida hoy en un medio digital, Banco Popular desmiente categóricamente que hay encargado la venta urgente del banco y exista un riesgo de quiebra del banco".

Curiosamente, un mes después nos encontramos ante la situación de que el banco estaba quebrado y se lo han adjudicado al Santander por presentar la mejor oferta.

Otro de los temas preocupantes es que al cierre del trimestre, el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y el ratio del capital total se situaba en 11,91%, lo que quedaba por encima de las exigencias regulatorios, unos datos que como sabemos hoy no se ajustaban a la realidad del Popular.

Entre las curiosidades, deberíamos preguntarnos ¿Cómo es posible que el Banco Santander en 24 horas conozca la cantidad que necesita para ampliar capital para compensar las duras provisiones que debería enfrentarse al asumir el Banco Popular?

Teóricamente, la contabilidad es transparente para todos los accionistas y no puede existir información privilegiada. Los accionistas del Popular desconocían el pasado martes si las provisiones adicionales a efectuar eran de 2.000, 4.000 o bien 8.000 millones de euros.

Según el informe presentado del Santander sobre la integración del Popular, en lo referente a activos y morosos inmobiliarios las provisiones son de 7.200 millones de euros. Si a ello añadimos, la mora no inmobiliaria, las provisiones alcanzan los 7.900 millones de euros.

Tanta precisión en la ampliación de capital debería ser sospechosa, pues es difícil de creer que en 24 horas se pueda ejercer una valoración detallada de los deterioros experimentados en la cartera crediticia que obliguen a realizar provisiones por varios miles de millones de euros.

De hecho, existe una 'tabla de salvación' para que los accionistas que persigan ejercer sus reclamaciones correspondientes y es que ya existe jurisprudencia con el caso de Bankia, en el que vimos como los accionistas minoritarios pudieron recuperar su dinero tras la salida a bolsa de la entidad en 2011.

En este supuesto, debería ser el Banco Santander quién responda ante los accionistas minoritarios que han visto de un día para otro perder más de 1.000 millones de euros o incluso más si tenemos en cuenta la última ampliación de capital por 2.500 millones de euros.

El primer bail-in en Europa lo enfrenta el Santander

En todo este movimiento corporativo existe una buena noticia que cabe destacar y es que por primera vez, el dinero público no ha participado en el capital de esta operación, siendo las manos privadas las únicas responsables de enfrentarse a las pérdidas.

Actualmente, con la unión bancaria, la normativa tiene como objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores del banco.

Se ha indicado desde las autoridades europeas que la vía a seguir era la resolución tras determinar que el banco no era viable. Ésto ocurre cuando una entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia u otros requisitos necesarios para mantenerse a flote.

Los instrumentos de resolución en el bail-in son: La venta del negocio de la entidad; La transmisión de activos o pasivos a una entidad puente; La transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos, y la recapitalización interna.

Como hemos visto, se ha optado por la resolución de Popular pues hubiera sido incapaz de llevar a cabo una ampliación de 7.000-8.000 millones de euros que compensara el deterioro de las activos del balance.

Ahí ha entrado en juego el Santander que ha presentado "la mejor oferta" en la subasta, comprar el banco por un euro y asumir una ampliación de capital de 7.000 millones de euros -con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes- cubriendo el capital y las provisiones requeridas.

Ahora los clientes del Popular pasarán a ser del Santander, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes, una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes.

La posibilidad de sufrir un incendio en una empresa no supera el 1 %. En cambio, una empresa española se enfrenta a una media anual de 100 ataques informáticos, de mayor o menor virulencia. Mientras, resulta complicado encontrar compañías capaces de abrir al público sin contratar un seguro de incendios. Eso sí, son raras las que han subscrito un ciberseguro para protegerse de los ataques de hackers, virus, etc.

A pesar de que este tipo de cobertura de riesgos informáticos tiene registros desde hace 20 años, su volumen actual es apenas una gota en el océano del voluminoso mercado de seguros mundial. Según los datos que maneja el sector, estamos ante un mercado que apenas mueve 3.000 millones anuales en todo el mundo, y el 90% del negocio procede de EEUU. Lo que es casi es como decir que fuera del país de las barras y estrellas apenas existe. Pero esta situación parece tener los días contados.

Las tarjetas de crédito sin intereses son habituales, muchos las consideramos un instrumento financiero más a nuestro alcance del que se pueden obtener ciertos beneficios gratuitos o casi. De hecho un antiguo colaborador de este blog las denominaba “navajas suizas financieras”. Pero puede que las tarjetas de crédito sin intereses estén a punto de levantar un escándalo financiero en Reino Unido.

Y si en el Reino Unido ya tienen lo suyo con el Brexit y las elecciones convocadas por Teresa May, un nuevo escándalo empresarial y contable no es precisamente lo que mejor les viene en este momento. Pero ya lo ha avisado el Financial Times, lo cual es lo más cercano a hacerlo oficial en los rascacielos de la City y de Canary Wharf.

Ni palmeras, ni playas paradisíacas, ni mares escondidos. Toca cambiar el cliché mental a la hora de hablar de paraísos fiscales. Al menos, en lo que se refiere a las preferencias de los grandes bancos europeos que, según el último informe de Oxfam y las Fair Finances Guide International, se decantan por Hong Kong, Luxemburgo, Irlanda. Solo en esos tres países se acumula el 72% de los beneficios fiscales obtenidos en paraísos fiscales, seguidos por Bélgica y Singapur.

Los 20 grandes bancos europeos (Santander y BBVA entre ellos) obtuvieron 25.000 millones de beneficios procedentes de negocios localizados en paraísos fiscales en 2015. Esto representa el 25% del total de beneficios, cuando en esos territorios solo tienen el 12% de su facturación y apenas el 7% de su personal. Estos datos son el resultado del análisis que la ONG Oxfam ha realizado de los informes de actividad país por país. Una información que la Unión Europea exige desde 2013 hacer pública a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y tengan actividad en una determinada lista de paraísos fiscales.

Ni siquiera el coste reputacional que implica esta exigencia de transparencia compensa el dulce caramelo fiscal que implican para la gran banca canalizar su actividad a través de lugares con baja tributación. "La actividad de los bancos en jurisdicciones con baja fiscalidad es claramente desproporcionada comparada con el 1% de la población mundial y el 5% del PIB mundial que esos países representan", asegura el informe.

Heather Cox, directora de servicios al cliente de Citi pronunció una frase muy reveladora durante el IBM interConnect de 2015 "la gente necesita servicios bancarios, pero no necesariamente representa los bancos". Esta frase resume perfectamente todo el proceso de cambio que está viviendo la industria bancaria en su modelo de negocio.

La realidad es que han proliferado diferentes actores ya sean startups o gigantes de la tecnología que están buscando especializarse en determinados nichos de mercado de los servicios bancarios, lo que implica desde la banca, una dificultad para poder desarrollar una estrategia de defensa en todos los frentes.

En 2015, el término Fintech fue la palabra de moda con el nacimiento de multitud de statups e importantes gigantes de la tecnología que disponen de capital suficiente para desarrollar las áreas más interesantes de la banca, modelos de negocio propios que puedan extenderse a sus clientes.

La revolución en el mercado bancario no cesa por un momento. Los cambios son vertiginosos desde todas las perspectivas, por un lado una banca convencional en pleno declive, y por otro una banca on-line y ¨fintechs¨ con un crecimiento sin precedentes, que sin lugar a dudas será la banca de un futuro no muy lejano.

El contexto en el que se mueve la banca comercial convencional, en un entorno de tipos de interés nulos, que no hacen más que exprimir los márgenes de los intereses comerciales de sus negocios. Requerimientos de capital constantes exigidos por la EBA (European Bank Authority) y el BCE, la necesidad de compensar sus reducciones de interés con subidas de comisiones de todo tipo, etc....A esto unimos la fiebre de las ¨fintechs¨ y la banca online que aportan servicios financieros prácticamente gratuitos y con una grado de servicio mucho más eficaz, preciso y transparente para PYMES, usuarios y emprendedores. Todo ello plantea un entorno en el que se pone más peso a un sector bancario cada vez más tambaleante.

Pero si todo esto no fuera poco, nos encontramos con las grandes multinacionales tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, Dell o Microsoft cargadas de licencias bancarias y en principio preparadas para atacar al pilar más básico del sistema capitalista, el sector bancario. ¿Veremos nuevos bancos tecnológicos como por ejemplo Google Bank o Facebook Bank... emitiendo hipotecas, gestionando cuentas de ahorro o domiciliando nóminas?. Este artículo procurará dar una perspectiva de la revolución bancaria que estamos viviendo, y que ya nos está afectando.

El año 2016 fue el quinto año consecutivo en el que los fondos de pensiones registraron un aumento en su volumen de activos, lo que llevó al patrimonio de estos productos financieros de ahorro a 106.839 millones de euros al finalizar el ejercicio, lo que se sitúa en máximos históricos.

Este importe representa un incremento de 2.321 millones de euros, o lo que es lo mismo un 2,2% más frente al año anterior. Este aumento se debe principalmente al sistema individual pues su volumen de activos creció un 3,6% del ejercicio pasado, cerca de 2.476 millones de euros.

Lo cierto es que el patrimonio de los fondos de pensiones se ha incrementando sucesivamente desde el año 2011, pues en ese ejercicio el patrimonio de los fondos de pensiones representaban un patrimonio de 83.148 millones de euros, es decir se ha producido incremento del 23,47% en cinco años.

El mercado del alquiler en España está que arde. Nunca como hasta ahora tantos españoles habían apostado por esta fórmula de acceso a la vivienda. Según los datos del Banco de España, ésta ya es la opción elegida por el 21%, de la población y, aunque queda lejos del 30,5% de la media europea, es la cifra más alta registrada en España desde que existen estas estadísticas y se espera que en 2017 siga la tendencia alcista.

Pero si el alquiler está siendo objeto de interés informativo en los últimos meses se debe, sobre todo, a que este incremento de la demanda está acompañado de una escalada de precios que en algunas de las grandes ciudades españolas ha hecho saltar las alarmas. Según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista.com, la revalorización media del precio de alquiler en España en el último trimestre de 2016 fue del 6,7%. En el servicio de estudios de la web Pisos.com, están preparando un informe que se hará público en los próximos días, y calculan que el incremento, con el año 2016 cerrado, puede ascender hasta el 10%.

Esas medias son pulverizadas en las principales ciudades españolas, como Barcelona, donde la revalorización media ha sido la más alta y llega al 18,%, o en Madrid, donde ha superado el 14,6%. Junto a ellas, Valencia, Málaga, San Sebastián o Ibiza entre otras también están comprobando como los precios por los arrendamientos habitacionales ya superan, incluso, los que se pagaban los momentos más intensos de la burbuja. ¿Significa esto que España ha enterrado aquel mantra de que alquilar es tirar el dinero?