RSS Productos financieros

El ministro de economía, Luis de Guindos, ha comunicado avances en la nueva Ley Hipotecaria. Uno de ellos será una mayor facilidad para cambiar desde una hipoteca de interés variable a una hipoteca a tipo de interés fijo y a un coste prácticamente de cero.

Con esta ley se persigue facilitar que el volumen de hipotecas suscritas a tipo de variable puedan pasarse al tipo fijo si finalmente el consumidor prefiere esta modalidad y puede pactarla con su banco o bien con otra entidad alternativa.

También habrá otras modificaciones adicionales como unas condiciones de amortización anticipada mejoradas y facilidades para cuando se pase de un contrato en moneda extranjera a un contrato formalizado en euros.

Otro de los detalles importantes que agrupa la nueva ley hipotecaria será la relevancia del notario que deberá tener una actuación de dos veces, antes y durante la firma del contrato hipotecario.

Pasar de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo puede ser una gran opción

Las hipotecas a tipo variable tendrán una ventaja sobre las hipotecas fijas si la hipoteca viva tiene un plazo de vencimiento de un año, dos o quizá tres. Todo esto dependerá de las acciones futuras del Banco Central Europeo en su política de tipos de interés.

Pensemos que actualmente nos encontramos con una autoridad monetaria que mantiene una política ultra laxa, con tipos de interés son 0% y una tasa de depósitos del -0,40%. Esta situación obviamente no durará toda la vida, por lo que en algún momento se normalizará y los tipos de interés empezarán a subir.

A día de hoy, las hipotecas a tipo variable ofrecen mayores ventajas que las hipotecas a tipo fijo. Esto se debe a que el Euríbor a 12 meses se encuentra cotizando en el -0,151%, por lo que se termina pagando una cantidad inferior al diferencial que nos asigna la entidad bancaria.

Por ahora, las hipotecas a tipo de interés variable están ganando la partida. Imaginemos una hipoteca con un capital pendiente de 120.000 euros, con un plazo de 20 años y un diferencial sobre el Euríbor del 1%. Tras la revisión anual, la cuota hipotecaria pasaría de 548,88 euros hasta 543,56 euros, lo que supone una diferencia de 5,32 euros al mes o lo que es lo mismo 63,84 euros al año.

Bajo el mismo ejemplo, imaginemos una hipoteca, con el mismo capital prestado y plazo del ejemplo anterior -120.000 euros y 20 años- pero esta vez el tipo de interés será fijo situado en el 2,5%. En esta ocasión, la cuota hipotecaria ascendería a 635,88 euros, es decir 92,32 euros más al mes frente la alternativa variable o 1.107 euros al año.

Con estos datos se puede concluir que actualmente las hipotecas a interés variable ofrece mejores condiciones que las fijas. No obstante, si tenemos una visión a largo plazo tenemos que pensar que a medida que los tipos de interés vayan subiendo, el tipo de interés de las hipotecas a plazo fijo también lo harán, por lo que contratar una hipoteca a plazo fijo con los tipos de interés actuales, nos permitirá beneficiarnos del contexto presente en el largo plazo.

Debido a que uno de los objetivos del Banco Central Europeo es una inflación cercana al 2% en el medio plazo, una hipoteca a un interés fijo que establezca un tipo del 2,50%, terminaríamos pagando en términos reales un 0,50% -descontando la evolución de la inflación-.

Por otra parte, los activos inmobiliarios tienden a revalorizarse en el largo plazo al mismo ritmo de subida de los precios, por lo que contratar una hipoteca a plazo fijo permite beneficiarse por un lado del descuento de la inflación en el tipo nominal fijo y por otra parte la revalorización inmobiliaria que en el largo plazo tiende a igualarse con el ascenso del mercado inmobiliario.

El Euríbor se encuentra año y medio en negativo

Si hablamos del mercado hipotecario, obviamente tenemos que mencionar al Euríbor pues es su índice de referencia por excelencia. El pasado mes de junio el Euríbor anotó un nuevo mínimo histórico cuando cerró en el -0,149% Y en este mes de julio no hemos visto alcanzar el -0,16%.

Por ahora, no parece que el BCE vaya experimentar un giro radical en la política monetaria del que promueva una subida generalizada de los tipos de interés, revirtiendo la tendencia bajista que lleva el Euríbor en los últimos años y en negativo durante el último año y medio.

No obstante, cuando la autoridad monetaria decida iniciar un proceso de normalización de su política monetaria, eliminando el QE - que ha elevado el balance de 4,2 billones de euros- y subiendo tipos, el Euríbor se verá afectado y responderá en la misma dirección que los tipos de interés.

A todo ello, recordemos que está pendiente la entrada en vigor del llamado Euríbor plus, cuya implantación se centrará en un nuevo cálculo que integrará las transacciones reales de la banca frente a las estimaciones que se efectuaban la actualidad.

Este cambio supone la alteración de un índice de referencia que afecta a más de 180 billones de euros en contratos y el 90% de préstamos hipotecarios en España, que actualmente están referenciados al Euríbor a 12 meses. Previsiblemente, este nuevo Euríbor se retrasará en su andadura hasta el 2018.

Datos del mercado hipotecario actual

El crédito hipotecario es vital para un país cuya estructura de ahorro familiar se centra en la compra de activos inmobiliarios, lo que lleva a demandar un producto financiero como son las hipotecas, lo que conlleva una elevada exposición y sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés a través del mercado hipotecario.

En España el 78% de la población disfruta de su vivienda habitual en régimen de propiedad, y el 31,2% de la población tiene una carga hipotecaria en su vivienda. De ello se deriva una necesidad de una ley hipotecaria transparente para poder optar a una planificación en el largo plazo.

Del total de hipotecas concedidas, el 95% de las hipotecas se encuentran firmadas a un interés variable. Es decir, el pago de la hipoteca dependerá de un índice como el Euríbor -índice más extendido en los productos hipotecarios-.

Si nos referimos a los últimos datos del mercado hipotecario, el 40% de los nuevos productos hipotecarios, son préstamos a tipo de interés fijo. Este interés por un producto tipo fijo no es casualidad sino que nos encontramos ante uno de los contextos de mercado que hacen más atractiva esta opción.

El tipo medio de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda libre concedido por las entidades de crédito españolas (IRPH), aumentó frente marzo, situando el índice en 1,906% en el mes abril de este año. Se mantiene en niveles similares a los registrados durante todo el año 2016.

En el primer trimestre de 2017, el aumento del importe medio de la vivienda hipotecada junto con el suave incremento del plazo medio de amortización hasta 23,3 años, ha provocado que la cuota mensual resultante (489€), en el presente presente ejercicio, haya subido un 3,93% frente al primer trimestre de 2015.

La crisis ha llevado a un profundo proceso de desapalancamiento financiero en el sector privado y a depender cada vez menos del crédito hipotecario.

El Banco Santander ha demostrado esta semana porqué es el banco más grande de España y uno de los más importantes del mundo. Con una astucia digna de admiración, ha dado un ejemplo de libro de cómo transformar un problema en una ventaja. El pasado 13 julio, tras cerrar el mercado, la entidad presidida por Ana Botín distribuyó una nota de prensa anunciando una "acción comercial para clientes minoristas afectados por la resolución de Banco Popular".

A pesar de la transparencia meridiana de su comunicación ha conseguido que los posibles interesados, accionistas y bonistas de Banco Popular, haya recibido la propuesta como si fuera un rescate de sus pérdidas. Pero las dudas de que acaben recibiendo el dinero son más que razonables con la información disponible en este momento.

En cambio, si la jugada le sale bien. Si Banco Santander lanza esta oferta es porque quiere quitarse de en medio gran parte de la tediosa conflictividad judicial que se atisba en el caso al tiempo que se asegura muchos miles de euros de negocio operativo. Y todo por una excelente gestión de la comunicación.

Tal vez aún no hayas oído hablar de los Roboadvisers, o tal vez sí... puede ser que incluso los hayas utilizado sin saberlo, y sin ser plenamente consciente de hasta qué punto la tecnología lo está invadiendo todo (también en el mundo financiero). Pero lo cierto es que los Roboadvisers hacen furor en Wal Street, y son en la Gran Manzana el auténtico último grito en asesoramiento financiero.

Pero, la pregunta que deben hacerse antes de correr tras cualquier tendencia financiera es: ¿Qué hay realmente detrás de estos Roboadvisers? En el análisis de hoy les explicaremos qué son exactamente los Roboadvisers, sus pros, sus contras, y sus potenciales riesgos. Es nuestro compromiso profesional (y hasta personal) traerles no sólo la noticia, sino darle también las claves y los razonamientos para que usted pueda alcanzar las conclusiones más acertadas posible, y que no le den "(Robo)gato por liebre".

La medida llevaba gestándose más de un año: las tres grandes redes españolas de cajeros automáticos (Servired, 4B y Euro 6000) se fusionarán en una única entidad que ejercerá un monopolio prácticamente total en el servicio de retirada de efectivo. Servired, la mayor de las tres, controlará el 66% de la nueva sociedad.

Esta operación no es sorprendente: en buena parte de Europa los cajeros están operados por monopolios nacionales participados por el sector bancario local. La red alemana Girocard o la francesa Carte Bleue llevan décadas controlando la práctica totalidad de los terminales en sus respectivos países. En Holanda, donde los pagos con tarjeta ya superan a los realizados en efectivo, los grandes bancos se plantean no solo integrar la red sino ceder los cajeros a una entidad conjunta con una marca única. España se suma ahora a esta tendencia.

La empresa resultante operará casi 64.000 cajeros y tendrá 72 millones de tarjetas de crédito y débito en circulación. Los mayores accionistas serán los tres grandes bancos del país: Santander (con el Popular), BBVA y CaixaBank; que también son los que aportan mayor número de cajeros, tarjetas y clientes al conglomerado. ¿Qué consecuencias tendrá el monopolio de los cajeros para los usuarios?

A nadie se le escapa que a raíz de la crisis, el sistema financiero español ha cambiado notablemente su composición, apostando por la concentración bancaria, lo que significa una reducción de la oferta de entidades. El objetivo final era apostar por una esperada estabilidad dentro del sistema financiero para crear entidades "Too big to fail".

La fuerte concentración bancaria se refleja en el indicador CR5 -ratio de concentración de las cinco primeras entidades por el volumen de crédito sobre el total-. En el año 2007, el CR5 era de un 40,6% hasta el 62,1% en 2014.

Casi 11,5 millones de clientes y 415.538 millones de euros invertidos. Estas dos magnitudes demuestran el dinamismo del sector de los fondos de inversión en España, según los últimos datos publicados por la patronal del sector Inverco. Un negocio cuyas transacciones se realizan en el 90% de los casos en las ventanillas de oficinas bancarias. Hasta ahora. Porque la Directiva europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros, más conocida como Mifid II, redactada para mejorar la transparencia en la comercialización de productos de inversión y con teórica puesta en marcha en enero de 2018, amenaza con cambiarlo todo.

Hasta que eso ocurra, el looby bancario está desplegando todo su poder para frenar los estragos que Mifid II podría causar en los beneficios derivados de la gestión de fondos de inversión. Martín Huete, inversor independiente, ha calculado que "el negocio de la banca por comisiones en fondos de inversión sobrepasaría ampliamente los 3.500 millones de euros. A nivel europeo, la consultora Deloitte ha estimado que por fondos domiciliados en Europa se pagan unos 33.000 millones de euros anuales en retrocesiones.

En un entorno de tipos de interés negativos, y con los márgenes de la actividad bancaria cada vez más ajustados, no están los bancos dispuestos a dejar escapar este pastel. Frente a la banca, acecha toda una legión de asesores financieros independientes dispuestos a provechar las nuevas condiciones que impone Mifid II, y darle una vuelta al encorsetado modelo de comercialización de fondos de inversión imperante en España.

En medio de esta contienda, Mifid II parece que no va a ser tan fiera como pintaba en un principio. Al menos, no para el negocio minorista. El texto de la Directiva europea deja margen a los estados para adaptar la normativa en función de las peculiaridades de cada país. La banca española no solo ha apurado al máximo esta excepcionalidad, ahora también apela al "que viene el lobo" y a la amenaza de exclusión financiera para reclamar nueva medidas. Tras tanto ruido causado por los cambios de Mifid II todo podría cambiar para que nada cambie en realidad.

Los accionistas del Banco Popular han perdido todo su dinero. Si bien en el año 2007 la capitalización bursátil del banco era de 18.000 millones de euros, el martes pasado de 1.330 millones de euros, actualmente el Banco Popular no vale nada.

El proceso ha sido de lo más rápido... El Banco Central Europeo (BCE) decidió que el Banco Popular estaba en quiebra y no valía nada el 6 de junio 2017 y notificó al organismo Single Resolution Board (SRB), uno de los pilares clave de la Unión Bancaria.

Seguidamente, SRB y el FROB han decidido que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y asegura la estabilidad financiera. A partir de aquí, la mejor oferta que han encontrado era la del Santander.

La operación por las acciones e instrumentos de capital de Banco Popular se ha ejecutado por una cantidad simbólica de un euro. En consecuencia, las acciones, incluyendo la totalidad del negocio de Banco Popular y sus filiales, han sido traspasados al Grupo Santander a partir del 7 de junio de 2017.

Si nos remontamos a épocas pasadas, normalmente veíamos que era el dinero del contribuyente quién entraba en el capital de una entidad para rescatarla, mediante el sistema bail-out. No obstante, con la nueva normativa europea de rescates y la unión bancaria, quiénes deben hacer frente a los problemas de la entidad son los accionistas y bonitas (sector privado).

¿Quiénes perderán sus dineros y quiénes se salvan?

Los principales afectados por el deterioro del Banco Popular son los accionistas que han visto que a día de hoy sus acciones valen cero, tras una caída sostenida prolongada en los últimos diez años. Cabe recordar que una sesión antes del rescate, las acciones del Popular se situaban en 0,317 euros.

Otro de los grandes grupos afectados por el Popular, son los clientes con bonos y deuda subordinada, participaciones preferentes o bien instrumentos de deuda híbridos al pago de intereses depende directamente del capital o de los beneficios de la entidad.

Por último, y como analizaremos más adelante, otro gran perjudicado podría ser el mismo Santander, pues quizás debería indemnizar algunos accionistas minoritarios del Popular que acudan a los tribunales, por un maquillaje en los estados contables del banco en los últimos tiempos.

Todo ésto se ha hecho con un único objetivo y era salvar las cuentas y depósitos del Banco Popular independientemente si eran inferiores o superiores a 100.000 euros. Y paralelamente evitar que sean los contribuyentes, quiénes participarán indirectamente en una entidad quebrada.

Los accionistas del Popular y las reclamaciones

Los accionistas del Banco Popular tienen todo el derecho del mundo a exigir responsabilidades contra los dirigentes del Banco Popular, contra los supervisores, y quizá contra el Santander, el nuevo propietario del banco.

Por un lado, los accionistas del Popular no han recibido una información contable que se ajustara debidamente a la realidad de la entidad. En la última ampliación de capital del Banco Popular, hace alrededor de un año, se solicitó a los accionistas 2.500 millones de euros para cubrir el agujero que el mercado borró en pocos meses... Luego hemos visto que el agujero del balance era sustancialmente mayor.

Y no solo ésto, en un comunicado del 11 de mayo, es decir, menos de un mes de la compra del Santander, se comunicaba lo siguiente: "En relación con la noticia difundida hoy en un medio digital, Banco Popular desmiente categóricamente que hay encargado la venta urgente del banco y exista un riesgo de quiebra del banco".

Curiosamente, un mes después nos encontramos ante la situación de que el banco estaba quebrado y se lo han adjudicado al Santander por presentar la mejor oferta.

Otro de los temas preocupantes es que al cierre del trimestre, el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y el ratio del capital total se situaba en 11,91%, lo que quedaba por encima de las exigencias regulatorios, unos datos que como sabemos hoy no se ajustaban a la realidad del Popular.

Entre las curiosidades, deberíamos preguntarnos ¿Cómo es posible que el Banco Santander en 24 horas conozca la cantidad que necesita para ampliar capital para compensar las duras provisiones que debería enfrentarse al asumir el Banco Popular?

Teóricamente, la contabilidad es transparente para todos los accionistas y no puede existir información privilegiada. Los accionistas del Popular desconocían el pasado martes si las provisiones adicionales a efectuar eran de 2.000, 4.000 o bien 8.000 millones de euros.

Según el informe presentado del Santander sobre la integración del Popular, en lo referente a activos y morosos inmobiliarios las provisiones son de 7.200 millones de euros. Si a ello añadimos, la mora no inmobiliaria, las provisiones alcanzan los 7.900 millones de euros.

Tanta precisión en la ampliación de capital debería ser sospechosa, pues es difícil de creer que en 24 horas se pueda ejercer una valoración detallada de los deterioros experimentados en la cartera crediticia que obliguen a realizar provisiones por varios miles de millones de euros.

De hecho, existe una 'tabla de salvación' para que los accionistas que persigan ejercer sus reclamaciones correspondientes y es que ya existe jurisprudencia con el caso de Bankia, en el que vimos como los accionistas minoritarios pudieron recuperar su dinero tras la salida a bolsa de la entidad en 2011.

En este supuesto, debería ser el Banco Santander quién responda ante los accionistas minoritarios que han visto de un día para otro perder más de 1.000 millones de euros o incluso más si tenemos en cuenta la última ampliación de capital por 2.500 millones de euros.

El primer bail-in en Europa lo enfrenta el Santander

En todo este movimiento corporativo existe una buena noticia que cabe destacar y es que por primera vez, el dinero público no ha participado en el capital de esta operación, siendo las manos privadas las únicas responsables de enfrentarse a las pérdidas.

Actualmente, con la unión bancaria, la normativa tiene como objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores del banco.

Se ha indicado desde las autoridades europeas que la vía a seguir era la resolución tras determinar que el banco no era viable. Ésto ocurre cuando una entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia u otros requisitos necesarios para mantenerse a flote.

Los instrumentos de resolución en el bail-in son: La venta del negocio de la entidad; La transmisión de activos o pasivos a una entidad puente; La transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos, y la recapitalización interna.

Como hemos visto, se ha optado por la resolución de Popular pues hubiera sido incapaz de llevar a cabo una ampliación de 7.000-8.000 millones de euros que compensara el deterioro de las activos del balance.

Ahí ha entrado en juego el Santander que ha presentado "la mejor oferta" en la subasta, comprar el banco por un euro y asumir una ampliación de capital de 7.000 millones de euros -con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes- cubriendo el capital y las provisiones requeridas.

Ahora los clientes del Popular pasarán a ser del Santander, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes, una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes.

La posibilidad de sufrir un incendio en una empresa no supera el 1 %. En cambio, una empresa española se enfrenta a una media anual de 100 ataques informáticos, de mayor o menor virulencia. Mientras, resulta complicado encontrar compañías capaces de abrir al público sin contratar un seguro de incendios. Eso sí, son raras las que han subscrito un ciberseguro para protegerse de los ataques de hackers, virus, etc.

A pesar de que este tipo de cobertura de riesgos informáticos tiene registros desde hace 20 años, su volumen actual es apenas una gota en el océano del voluminoso mercado de seguros mundial. Según los datos que maneja el sector, estamos ante un mercado que apenas mueve 3.000 millones anuales en todo el mundo, y el 90% del negocio procede de EEUU. Lo que es casi es como decir que fuera del país de las barras y estrellas apenas existe. Pero esta situación parece tener los días contados.

Las tarjetas de crédito sin intereses son habituales, muchos las consideramos un instrumento financiero más a nuestro alcance del que se pueden obtener ciertos beneficios gratuitos o casi. De hecho un antiguo colaborador de este blog las denominaba “navajas suizas financieras”. Pero puede que las tarjetas de crédito sin intereses estén a punto de levantar un escándalo financiero en Reino Unido.

Y si en el Reino Unido ya tienen lo suyo con el Brexit y las elecciones convocadas por Teresa May, un nuevo escándalo empresarial y contable no es precisamente lo que mejor les viene en este momento. Pero ya lo ha avisado el Financial Times, lo cual es lo más cercano a hacerlo oficial en los rascacielos de la City y de Canary Wharf.

Ni palmeras, ni playas paradisíacas, ni mares escondidos. Toca cambiar el cliché mental a la hora de hablar de paraísos fiscales. Al menos, en lo que se refiere a las preferencias de los grandes bancos europeos que, según el último informe de Oxfam y las Fair Finances Guide International, se decantan por Hong Kong, Luxemburgo, Irlanda. Solo en esos tres países se acumula el 72% de los beneficios fiscales obtenidos en paraísos fiscales, seguidos por Bélgica y Singapur.

Los 20 grandes bancos europeos (Santander y BBVA entre ellos) obtuvieron 25.000 millones de beneficios procedentes de negocios localizados en paraísos fiscales en 2015. Esto representa el 25% del total de beneficios, cuando en esos territorios solo tienen el 12% de su facturación y apenas el 7% de su personal. Estos datos son el resultado del análisis que la ONG Oxfam ha realizado de los informes de actividad país por país. Una información que la Unión Europea exige desde 2013 hacer pública a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y tengan actividad en una determinada lista de paraísos fiscales.

Ni siquiera el coste reputacional que implica esta exigencia de transparencia compensa el dulce caramelo fiscal que implican para la gran banca canalizar su actividad a través de lugares con baja tributación. "La actividad de los bancos en jurisdicciones con baja fiscalidad es claramente desproporcionada comparada con el 1% de la población mundial y el 5% del PIB mundial que esos países representan", asegura el informe.