Las consecuencias del terrorismo en el bolsillo de todos nosotros
Los ministros del Interior de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para que se retengan entre 6 y 24 meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para luchar contra el terrorismo. La directiva, que deberá ser ratificada por la Eurocámara, permitirá conocer quién ha hecho una llamada, a quién, desde dónde y cuánto ha durado, siendo sólo posible el acceso al contenido de la comunicación mediante la correspondiente orden judicial.
Aunque todavía está por ver que los costes tengan que ser asumidos por las operadoras y no por los Gobiernos, la realidad es que esta directiva ha puesto los pelos de punta a las operadoras, pues se estima que la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría un coste para cada compañía de ...
... 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria, así como 50 millones de euros anuales por su mantenimiento. Aunque, quizás, los que deberíamos tener los pelos de punta debiéramos ser todos los que tenemos un teléfono móvil, por la posible repercusión que puede tener en nuestro bolsillo la entrada en vigor de esta directiva.
Vía | El Mundo
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Bueno, si el coste lo asumieran los Gobiernos, lo pagaríamos todos a través de impuestos, en vez de a través de la factura del móvil.
¿Qué más da? Es más, si me apuras veo más sensato este segundo medio, de forma que sean los usuarios de telefonía los que soporten el gasto derivado del uso de la misma.
Si no, alguien sin teléfono móvil, sin teléfono fijo, que no realice llamadas de ningún tipo... tendría que pagar "su" parte.
Consultor,
En mi opinión, ningún usuario de telefonía móvil o fija debería asumir como "gasto derivado", el gasto en el que deba un gobierno incurrir relacionado con la lucha con el terrorismo.
Lo suyo sería que las operadoras pudieran repercutir esos costes a los gobiernos y que éstos, evidentemente, no los repercutan a los ciudadanos en forma de impuestos. Tengamos en cuenta que lo que puede ser una cantidad importante para una operadora (50 millones de mantenimiento al año), carece de relevancia en el conjunto de los presupuestos generales del estado.
Eso quiere decir que si finalmente los costes los asumen las operadoras, casi seguro que nos impactaran a todos. Mientras que si los asumen los gobiernos, siempre existe la posibilidad de que no nos impacten a nosotros por la escasa relevancia de la cifra y la posibilidad que siempre tiene un gobierno de jugar con las diferentes partidas hasta conseguir un equilibrio.