Pau A. Monserrat Valentí es economista y está especializado en la creación de contenido económico en la Red, concretamente en el portal iAhorro. Es además autor del libro La banca culpable (reseñado en El Blog Salmón).
A estas alturas del despropósito bancario en España, a nadie le sorprenderá que señale a las sucursales bancarias y su política de colocación de productos financieros como uno de los principales culpables de la apropiación indebida de los ahorros de miles de familias. El delito técnicamente no será éste, pero delito o falta sin duda hay detrás de muchos casos (por no decir la mayoría) de venta de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y demás productos de ahorro tóxicos, como los denomino en mi primer libro.
Si los bancos son responsables de primer orden, nuestros reguladores, Banco de España y CNMV, no se quedan atrás. Tanto la ausencia de asesoramiento debido (o falta de diligencia) en las sucursales, como el potencial peligro de las preferentes y sus primas-hermanas, eran conocidas por los reguladores invisibles, sordos y ciegos. Lo que pasa es que no quisieron actuar, o no se atrevieron por miedo a los verdaderos dirigentes de nuestra vida pública, los banqueros.
En principio, nada hay de malo en que los bancos quieran hacer negocio y vendan de forma agresiva, siempre que no engañen, evidentemente. Pero para frenar la natural avaricia empresarial, se crean leyes y reguladores que miren por el bien común. Al menos en un país democrático y moderno, que cada día dudo más que sea el nuestro. Nuestro ordenamiento jurídico no ha estado a la altura, sean en materia de inversiones (como la aplicación de la MIFID) o de préstamos hipotecarios (y a la vista de las reformas cosméticas aprobadas por el partido gobernante, seguirá sin estarlo). Pero más sangrante aún es la aplicación práctica de la normativa y la supervisión de los supuestos garantes de ello.
Evidentemente el cliente tiene su parte de culpa en contratar contra sus propios intereses. Pero no seré yo el que aproveche esta realidad matizable para culpar a las víctimas. La cultura financiera del español medio es, cuanto menos, escasa. Por pereza, en ocasiones, pero también por la inexistencia de estas materias en nuestros colegios e institutos. Y por otra razón esencial, la confianza que la institución bancaria proyectaba al ciudadano, con la aquiescencia del poder político. Aún hoy hay gente que no sabe que el personal de un banco es, ante todo, un vendedor.
Para explicar adecuadamente a un cliente qué es una participación preferente no hace falta leerle todo el clausulado del contrato (si bien espero que nadie vuelva a firmar sin leer a lo que se obliga), sería suficiente con decirle que una participación preferente es un producto híbrido (a caballo entre la renta fija y la variable), complejo, de riesgo y que no está garantizado por Fondo de Garantía alguno.
Si además queremos ser unos vendedores honrados, le diremos al ahorrador que la rentabilidad que ofrece el producto depende de que el banco o caja tenga beneficios en el periodo en cuestión (y no se acumulan para un futuro más próspero), que no tiene vencimiento y que solo podremos vencer a la perpetuidad intentando vender en el mercado secundario, asumiendo pérdidas si procede, y señalando el significado real de preferente: en caso de liquidación del banco, se tiene preferencia respecto a los accionistas a la hora de cobrar, es decir, se es el penúltimo de la fila (y no se cobra, si de bancos quebrados estamos hablando). Y en caso de cajas, ni siquiera se es el penúltimo, ya que no hay accionistas en peor situación.
Si a un cliente se le explicó que las participaciones preferentes eran una “especie” de depósito a plazo más rentable, que se podía recuperar en 48 horas, se le engañó. Se le estafó. Y además la venta en 48 horas que se mencionaba, era entre clientes del mismo banco, a precios fuera de mercado. Y como argumenta el Dr. Fernando Zunzunegui esta práctica supone una flagrante manipulación de precios que vulnera el Código de Comercio.
Nos rasgamos las vestiduras con las quitas fijadas a los depositantes chipriotas, a partir de los 100.000 euros. Mucho más grave es la quita ignominiosa que se aplicará a los preferentistas mal informados, que realmente eran clientes conservadores cuyo interés era contratar un depósito a plazo normal.
El arbitraje me suena más a una pantomima que a una solución, dado los requisitos que se están marcando para acceder a él. No hace falta ser un anciano, minusválido o no saber leer ni escribir para acreditar que se ha sido engañado. Cualquier cliente con una cultura financiera media, cuyo patrimonio líquido esté en un porcentaje elevado invertido en preferentes, sin que tenga un histórico de inversiones en productos de riesgo, probablemente ha sido engañado o mal asesorado. El banco debería demostrar la buena praxis y no al revés. Vivimos una situación esperpéntica que avergüenza a cualquiera que conozca mínimamente lo que ha pasado (y debe seguir pasando, me temo) en los bancos comerciales. Y los culpables se van de rositas, si la sociedad civil no hace nada.
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Imagen | Images of Money