La futura ley de Unidad de Mercado, una ley que nacerá muerta

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Soraya Sanez Santamaria

El Consejo de Ministros de ayer aprobó el Anteproyecto de la Ley de Mercado, una ley que persigue la simplificación en las trabas administrativas para el establecimiento comercial en las diferentes comunidades autónomas y que busca en simultáneo una homologación de la circulación de bienes y servicios entre las diferentes comunidades.

Esta ley, que parte de un objetivo bueno, es una ley que nace muerta de antemano, dado que, las competencias legislativas básicas que quiere abordar esta ley, realizan una invasión de las competencias transferidas a las diferentes comunidades autónomas. Las competencias sobre comercio, política industrial, ordenación del territorio y un gran paquete de normas sobre sanidad, servicios y diferentes regulaciones, ya las tenemos transferidas y cada comunidad autónoma, legisla en estos capítulos como buenamente le parece.

La unidad legislativa desde las autonomías, el caballo de batalla


Según explicó ayer la vicepresidenta Sáenz, la ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las Administraciones mediante la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión. La ley abordará mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos. Las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de mercado.

Se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre Administraciones y entre autoridades de origen y destino para el ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de Administraciones Públicas.

Estas palabras bonitas, hacen que la ley quede en aguas de borrajas dado que no existe una unidad legislativa como tal y se fija un mecanismo de acuerdo legislativo para que los 19 aparatos legislativos del país se pongan de acuerdo por ejemplo para redactar el texto legal de un carte que diga “Prohibido fumar”. Lógicamente, el paso sencillo sería tener solo un organismo legislando, pero como ya he apuntado al principio, ese movimiento equivale a detraer competencias y aquí vamos directos al Constitucional.

El impacto económico, datos a analizar


Según el Gobierno, realizar esta nueva ley conseguirá un impacto positivo en el PIB en torno a 0,15 puntos, unos 1.500 millones al año. Pues sí, o pues no, pero lo que está claro es que hay que hacer algo al respecto y que esta ley tal y como está redactada, dejando la unidad legislativa en manos de los políticos, nace muerta antes de su aprobación.

Os pongo un ejemplos sencillo y muy visual de los efectos legislativos autonómicos. Como bien sabemos, se realizó una prohibición de fumar en espacios públicos. Esta prohibición estatal, transfirió el texto normativo y el desarrollo a las autonomías y a la vez, se obligaba a la señalización de los espacios. Una cosa tan simple como un cartel de “Prohibido Fumar” degeneró por ejemplo en esto:
carteles antitabaco
carteles antitabaco 2
Imaginemos por ejemplo una cadena hotelera que opere en varias autonomías; tiene que preparar carteles específicos para establecimiento en función de la legislación del cartel de cada una de ellas, dado que además, no usar el cartel correcto es motivo sancionable por la administración pública. Lo peor de todo es que, el Gobierno Central no tiene capacidad legislativa para unificar el cartel y que dificilmente, los 19 entes legislativos, se pondrían de acuerdo en una señalización tan simple como esta. Hagan sus apuestas sobre el futuro de la ley.

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