Deuda Pública de economías avanzadas perdurará durante décadas

10 comentarios

Deuda
La maldición de la deuda pública que vive el mundo desarrollado perdurará durante décadas. Incluso, en el caso de Japón, se mantendrá hasta finales de siglo. Esto es lo que se desprende del último informe del International Institute for Management Development (IMD), que señala que Japón tardará 74 años (hasta el año 2084) en llegar a niveles de deuda pública aceptable.

El IMD es una de las más importantes escuelas de negocios del mundo y su campus se encuentra en la ciudad de Lausana a orillas del lago de Ginebra, en Suiza. En este informe el IMD da una buena noticia para España pues estima que alcanzará los niveles aceptables de deuda pública (60% del PIB) mucho antes que Alemania, Francia y el Reino Unido. Para los expertos del IMD, una deuda puede calificarse de manejable, una vez que llega al 60% del PIB.

El IMD proyecta que Japón será el último de los países industrializados en estabilizar sus arcas gubernamentales pues según sus estimaciones, le tomará 75 años alcanzar una deuda pública equivalente al 60% del PIB. De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), este año la deuda pública de Japón llegará al 227% del PIB.

Los datos del informe (ver gráfica), señalan que Italia alcanzará una deuda pública equivalente al 60% del PIB el año 2060, mientras Portugal el año 2037 y Bélgica el año 2035. Estados Unidos alcanzará este nivel el año 2033, mientras Islandia y Grecia el 2032. Francia, Alemania y el Reino Unido llegarían a este nivel el año 2029.

De ser certeras estas estimaciones, incluidas en la “Prueba de stress de la deuda” (un capítulo del Anuario de competitividad mundial del IMD), España, que ha sido objeto de fuertes ataques especulativos en las últimas semanas, será el primero en estabilizar sus cuentas públicas: el año 2019.

De acuerdo con el análisis, la capacidad de repago depende del tamaño de la economía y de su PIB potencial. Esta es la razón por la cual Estados Unidos puede sanear sus arcas públicas en los próximos 23 años (hasta 2033): “repondrá su capacidad de pago una vez que la economía tenga la fortaleza para generar ingresos fiscales”.

El IMD da cuenta de un hecho inobjetable: “a pesar de que terminó la gran recesión, las economías continuarán absorbiendo las consecuencias de la crisis durante mucho tiempo al tratar de estabilizar sus cuentas públicas”. Para el IMD, la fortaleza económica de los países y su potencial humano, serán los determinantes del tiempo que les tomará digerir “la inmensa deuda pública adquirida durante años y que terminó por reventar con la crisis financiera”.

Esta es la primera vez que el IMD realiza una prueba de estrés a la deuda de las economías industrializadas. Su especialidad, desde 1989, ha sido el Análisis de Competitividad Mundial que publica todos los años. A partir del 2015, con India, veremos como han sido estos pronósticos. Y el seguimiento de los datos españoles año a año hasta el 2019, nos dirá si vale la pena esperar hasta el desendeudamiento de Japón, proyectado para el 2084!.

Más información | Resumen del IMD

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Comentarios

  • 1

    !
    | 2 estrellas

    Otra variable de la economía. El paro, no nos olvidemos de el. Que las deudas hay que pagarlas, para eso hay que generar riqueza y trabajo. Tantas previsiones ya me cansan, nuncan dan en el clavo.

  • 2

    Avatar de M O S S I O !

    Me gustaría podeer creer sin más que España tiene una situación aventajada, pero no llego a entender cómo el indicador que relaciona Deuda Pública / Capacidad de repago y PIB, nos resulta tan favorable.

    Me inclino a pensar que alguna de las variables de la realidad española, no se incorporan al estudio o no se valoran en proporción adecuada.

    El paro, como ya ha indicado el Sr. Castro, pero tambien el modelo de estado, la baja productividad, la incapacidad de liderar de nuestros políticos, el estar sometidos a las reglas de la CEE (qué políticas impondrán desde Europa si de las fases de repago de deuda que menciona este estudio, resulta que las situaciones de unos y otros son tan dispares como para afirmar que España necesitará hasta 2019 e italia hasta el Italia 2060), etc.

    Demasiadas variables como para creerme este estudio "...a pies juntillas..."

    -- editado por última vez a las 09:51

  • Respondiendo a #2:
  • 4

    Avatar de solitario !

    El paro no se arreglará hasta que no se constituyan nuevas empresas, cosa que pasará cuando mejoren las condiciones fiscales y los problemas financieros con los bancos. Para esto tendríamos que "engendrar" nuevos políticos (los que hay ahora no valen) y deshacernos de los avaros y chorizos, a la vez que mantenemos a raya a los especuladores. ¡Casi ná!

    A ver si se les ocurre algo al discípulo de Obama o al discípulo de Bush (ZP o Rj).

  • Respondiendo a #4:
  • 5

    Avatar de fromm !

    ¿Nuevas empresas de qué? That´s the question, my friend.....

  • Respondiendo a #5:
  • 6

    Avatar de solitario !

    "Be water". Je je

    Hay que crear industrias, que nos hemos quedado sin. Ser un poco autosuficientes, que si en un futuro nos viene una crisis política mundial y nos vemos aislados, ya me dirás que haremos sin industrias, sin agricultura, sin pesca y sin petroleo.

  • Respondiendo a #2:
  • 7

    Avatar de lendermain !

    La deuda pública española en relación al PIB es del 52% ahora, por lo que podemos endeudarnos todavía hasta el 60% (un poco más, no mucho)

  • 3

    Avatar de fromm !

    ¿Y si el problema no fuese de deuda píblica sino de deuda privada, y la escasa productividad marginal que tienen ambas deudas? En conclusión, yo lo que entiendo es que el modelo de producción tal como lo conocemos está totalmente finiquitado. Necesitamos a nivel mundial una nueva burbuja ya ;)

  • 8

    !
    | 1 estrellas

    EL SECTOR PÚBLICO Y LA DEUDA PÚBLICA. LA CRISIS DEL SECTOR PÚBLICO

    Para analizar la situación del sector público se debe recordar una obviedad poco conocida por los ciudadanos; éste no comprende únicamente las tres Administraciones si no también Consorcios, Mancomunidades, Institutos, Agencias, Fundaciones, Patronatos, Empresas Públicas, etc..; incluso, empresas mixtas, cajas de ahorro, concesionarias de servicios públicos,..., por su elevada dependencia de la Administración y de los políticos. También, otras entidades de derecho público como partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, cámaras de comercio, etc.., que además reciben financiación pública. En este inmenso entramado se mezclan frecuentemente intereses públicos y privados sin una clara delimitación. En la práctica, toda la trama depende de los partidos políticos, cuyo principal objetivo ha derivado en conquistar o mantener el poder con el subobjetivo de procurar la supervivencia de parte de sus afiliados y la sobrevivencia de algunos, con la connivencia de los sindicatos. En efecto, el sector público proporciona la posibilidad de disponer de ingentes recursos económicos y de cientos de miles de puestos de trabajo discrecionales, granero de votos y fuente de poder en las luchas internas de las distintas familias que componen los partidos. En este escenario, se ha producido un deterioro progresivo de la Administración, eliminando o marginando a los profesionales más preparados y con vocación de servicio, sustituyéndolos paulatinamente por personal “de confianza”, que va impregnando también todo el sector público, y vaciando de contenido y medios las estructuras más productivas. Simultáneamente, ha crecido de forma desmesurada una Administración paralela a través de miles de “entidades públicas instrumentales”, algunas sin apenas contenido real o con una función de simple intermediación, con una gestión mucho más ineficiente que la que efectuaba la Administración matriz, pero con cientos de miles de puestos de trabajo de dotación discrecional. Paradójicamente, éstas entidades se crean con la coartada de una mayor agilidad en la gestión. La explicación de este contrasentido no se debe a un ensayo fallido, pues existe una larga experiencia que permite conocer la ineficacia histórica de, por ejemplo, las empresas públicas, que hay que eliminar cíclicamente en cada reconversión industrial. La explicación hay que buscarla en la mayor facilidad que otorgan las diversas “entidades instrumentales” para copar los puestos directivos con “personal de confianza”, manejar inmensos presupuestos con mayor “flexibilidad” y contratar personal discrecionalmente (aunque en la Administración ésta facilidad es cada día mayor), cerrando así el círculo del entramado. Además, no es desdeñable el importe económico que suponen los consejeros y cargos directivos de éstas entidades y los sobresueldos a funcionarios, frecuentemente afines al poder político.

    Esta gigantesca Hydra requiere presupuestos fabulosos para mantener, tanto al ejército de empleados públicos y gastos de funcionamiento, como subvenciones, a veces para las actividades más pintorescas, e inversiones que, ante la ausencia generalizada de planificación, constituyen frecuentemente gastos aunque se imputen a capítulos de subvenciones. Esto es, “inversiones” que se justifican únicamente para mantener las “sociedades instrumentales” y disponer de recursos económicos en manos del entramado, gastos que “mueven” la economía pero no crean estructura productiva de valor añadido. Todo ello con una productividad, aunque enormemente desigual, baja en porcentaje medio. Esta estructura se ha demostrado insostenible pues las aportaciones del sector productivo ya no alcanzan para mantener al sector público hipertrofiado. Esta es la verdadera crisis. Por ello, la bajada de salarios indiscriminada a los funcionarios públicos (que no a todos los empleados del sector público) resulta, además de disparatada e injusta, perfectamente inútil. La solución no es otra que acometer la reestructuración del sector, recuperando una administración estrictamente profesional, bien dimensionada y dotada y dedicada a lo que son sus competencias originarias, trasladando al sector privado las “entidades instrumentales” y demás inventos, que han conducido al país a la quiebra, para su autodepuración, lo que implicará reformas legislativas con objeto de impedir la cobertura legal que ha permitido las desviaciones. Que se produzca el cambio es altamente improbable pues deben ser los partidos políticos quienes la impulsen y resulta poco creíble que vayan a inmolarse, salvo que la ciudadanía reaccione, reacción casi imposible pues no existen otras organizaciones capaces de movilizarla y aquellos lo saben.

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