En los edificios antiguos, las manchas de humedad no son solo una cuestión estética. Según se explica en NoticiasTrabajo, los arquitectos advierten de que muchos bloques con pisos de más de 20 años presentan problemas de aislamiento que afectan al confort de la vivienda y también al gasto energético.

El problema no es solo el moho, es la factura

Una pared con moho suele ser la señal visible. Lo importante está detrás: si el aislamiento falla, la vivienda pierde calor en invierno y gana temperatura en verano.

Eso obliga a usar más la calefacción o el aire acondicionado. Y claro, el resultado acaba llegando a la factura de la luz.

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Los arquitectos citados por el texto original insisten en que el origen no siempre está en el estado superficial de la pared. Puede estar en la fachada, en una envolvente mal aislada o en una ventilación insuficiente dentro de la vivienda.

Aunque estos problemas son más habituales en bloques antiguos, también pueden aparecer en obra nueva si se han usado materiales de baja calidad, si son defectuosos o si se ha producido algún fallo en la ejecución.

Cómo hacer la prueba del papel de aluminio

La prueba es sencilla y se puede hacer en casa sin contratar a nadie. Basta con usar un trozo de papel de aluminio, un material barato y fácil de encontrar en cualquier supermercado.

Para que el resultado sea más fiable, los arquitectos recomiendan hacerla en días de lluvia, porque las diferencias de temperatura y la condensación de humedad se detectan mejor.

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El procedimiento consiste en pegar un trozo de papel de aluminio sobre una pared, preferiblemente en la habitación donde se sospeche que hay más moho o humedad.

Después hay que dejarlo colocado entre dos y tres días.

Qué significa cada resultado

Una vez pasado ese tiempo, hay que retirar el papel y observar dónde aparece la humedad.

Si la cara del papel que estaba pegada a la pared aparece húmeda o fría, el problema apunta al aislamiento de la fachada.

Si la humedad aparece en la cara que miraba hacia el interior de la vivienda, el origen suele estar en una mala ventilación.

Y si ninguna de las dos caras presenta humedad, no habría señales de un problema importante.

El dato clave es este: cuando la humedad aparece en la parte pegada a la pared, puede ser una señal de que el bloque no está bien aislado. En ese caso, las humedades y las pérdidas térmicas no serían una casualidad, sino la consecuencia de un fallo estructural del edificio.

La solución no suele estar dentro de una sola vivienda

Los remedios caseros pueden aliviar el problema, pero los arquitectos advierten de que suelen ser temporales y poco efectivos.

Si el fallo está en la fachada o en el aislamiento general del bloque, la solución real pasa por una actuación de la comunidad de vecinos.

La recomendación es llegar a un acuerdo para acometer obras integrales de mejora del aislamiento del edificio y contratar a profesionales especializados que evalúen el estado de la fachada.

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El punto económico es evidente. Una obra de aislamiento puede parecer un gasto incómodo para la comunidad, pero vivir años en una vivienda que pierde calor y acumula humedad también tiene coste: más consumo energético, peor confort y posibles daños en paredes y acabados.

Imágenes | Jael Rodríguez (Unsplash)

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Un matrimonio madrileño que arrastraba una situación grave de insolvencia ha conseguido cancelar 77.472,50 euros de deuda sin perder sus tres viviendas en propiedad. Según explica elEconomista.es, el caso lo ha llevado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y ha terminado con una resolución del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid. El punto más relevante no es solo el perdón de la deuda, sino que el juzgado ha rechazado la oposición de la Agencia Tributaria.

Hacienda sostenía que la deudora había actuado de mala fe por una derivación de responsabilidad tributaria vinculada a antiguas deudas empresariales. El juzgado, sin embargo, recuerda que esa derivación no convierte automáticamente a una persona en deudora de mala fe ni bloquea por sí sola el mecanismo de segunda oportunidad.

La diferencia es importante. Una cosa es que exista una deuda derivada de la actividad de una empresa. Otra, que se demuestre una conducta fraudulenta concreta, deliberada y personal.

La deuda total era mucho mayor: 234.717,50 euros

La situación del matrimonio empezó tras el hundimiento de su negocio y la imposibilidad de afrontar las obligaciones financieras acumuladas. El texto original apunta a dos causas principales: la crisis de la empresa y los avales personales firmados durante años de actividad.

La deuda total ascendía a 234.717,50 euros. Pero una parte relevante correspondía a préstamos hipotecarios que el matrimonio seguía pagando con normalidad.

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Ahí está una de las claves del caso: las hipotecas estaban al corriente de pago. Por ese motivo, quedaron fuera de la exoneración.

El matrimonio ha podido conservar tres viviendas. Dos de los inmuebles pertenecen a ambos al 50%. La tercera es la vivienda habitual y figura como propiedad íntegra de uno de ellos.

La deuda finalmente cancelada asciende a 77.472,50 euros, lo que permite a la familia mantener su patrimonio inmobiliario y estabilizar su situación económica.

La oposición de Hacienda: más de 26.000 euros en sanciones tributarias

El conflicto central llegó por una deuda superior a 26.000 euros derivada de sanciones tributarias relacionadas con la antigua empresa.

La Agencia Tributaria defendía que la mera existencia de esa derivación bastaba para considerar que la deudora había actuado de mala fe. Y, si había mala fe, debía quedar fuera del mecanismo de segunda oportunidad.

La defensa del matrimonio sostuvo lo contrario. Se apoyó en la doctrina reciente del Tribunal Supremo, según la cual no basta con que exista una derivación tributaria para impedir la exoneración. La Administración debe acreditar una conducta fraudulenta concreta, deliberada y personal del administrador.

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Y eso, según la resolución, no ocurrió en este procedimiento.

Durante el proceso quedó acreditado que la insolvencia no procedía de un fraude ni de un vaciamiento patrimonial, sino del colapso económico provocado por impagos empresariales en cadena.

También se demostró que la deudora sufría desde hacía años una grave enfermedad psiquiátrica directamente relacionada con la presión económica y empresarial vivida durante la crisis de la compañía.

Además, el matrimonio siguió intentando recuperar créditos pendientes para pagar a los acreedores. No ocultó patrimonio ni realizó maniobras para eludir pagos. De hecho, conservó los inmuebles porque siguió pagando regularmente las cuotas hipotecarias incluso en los peores momentos.

Insolvencia no es lo mismo que mala fe

La resolución judicial es especialmente dura con la posición de Hacienda. El magistrado distingue entre una infracción cometida por una sociedad y la responsabilidad personal de quien la administraba.

La Agencia Tributaria describió conductas negligentes u omisivas, pero no actuaciones fraudulentas equivalentes al dolo.

José Domínguez, letrado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y director jurídico del procedimiento, resume así el alcance del fallo: “Esta resolución deja claro que Hacienda no puede utilizar automáticamente una derivación tributaria para bloquear una segunda oportunidad sin demostrar un comportamiento realmente fraudulento”.

Domínguez añade:

El Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid ha realizado un análisis especialmente valiente y riguroso de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, diferenciando claramente entre insolvencia y mala fe.

El juzgado concluye que impedir la exoneración en un caso así sería desproporcionado y contrario a la finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad. Su objetivo, recuerda la resolución, es permitir que personas honestas arruinadas por circunstancias económicas sobrevenidas puedan rehacer su vida.

Desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento destacan que el fallo “supone un mensaje muy importante frente a oposiciones automáticas de la Administración basadas únicamente en derivaciones tributarias”.

La entidad insiste en que “la buena fe no puede negarse sin pruebas reales de fraude” y señala que cada vez más juzgados están aplicando la doctrina del Tribunal Supremo para proteger a autónomos, empresarios y familias que actuaron de forma honesta pese al fracaso de sus negocios.

Imagen: Magnific.

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Una trabajadora de 65 años y medio llama agotada. Quiere saber cuándo puede jubilarse. La respuesta que recibe no es la que esperaba: con 25 años cotizados, todavía le queda esperar.

Según recoge NoticiasTrabajo, el caso lo ha contado Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones, en su canal de YouTube. Muñoz lo utiliza para abrir un debate más amplio sobre lo que llama desaceleración laboral: cómo adaptar la carga de trabajo cuando una persona se acerca al final de su vida activa.

La cuestión tiene mucho de cálculo legal, pero también de desgaste físico y mental. En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España está fijada en 66 años y 10 meses para quienes no acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. En 2027, el calendario previsto por la Ley 27/2011 sobre actualización del sistema de la Seguridad Social llevará esa edad a los 67 años plenos.

Ese incremento lleva 13 años aplicándose de manera progresiva. Y, según Muñoz, cada vez más voces dudan de que el trabajador medio pueda sostener el ritmo actual hasta esa edad.

Una vida laboral de 25 años que no abre la puerta a la jubilación anticipada

El funcionario arranca su intervención con una llamada concreta. “Hace unos días me llamó una compañera que tenía 65 años y medio y que estaba agotada laboralmente y quería saber cuándo podría jubilarse”, relata.

Al revisar su informe de vida laboral, Muñoz constata que la trabajadora suma 25 años cotizados. El texto original explica que su trayectoria había estado marcada por las irregularidades laborales, la crianza de sus hijos y la dureza de un mercado cada vez más exigente.

Ese recorrido la deja lejos de las vías de salida anticipada. Con 25 años cotizados, no alcanza los 35 años efectivos que exige la jubilación anticipada voluntaria. Tampoco llega a los 33 años de la jubilación anticipada involuntaria del artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, la modalidad vinculada a despidos por causa objetiva, ERE y concurso de acreedores.

También queda fuera de la jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión, reservada a quienes acreditan 38 años y 3 meses cotizados.

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“La única opción que le queda es aguantar a duras penas hasta los 66 y 8 meses”, lamenta Muñoz, que registró el caso cuando ese era todavía el umbral vigente. En 2026, ese mismo perfil debe esperar dos meses más, hasta los 66 años y 10 meses.

Sobre el papel, dos meses parecen poco. Para una trabajadora agotada y contando los días para retirarse, pueden ser otra cosa.

La desaceleración laboral como debate pendiente

Muñoz sostiene que se habla poco de quienes tienen que llegar a esas edades “subidos a un andamio” o encadenando guardias en un hospital sin descanso.

El perfil que describe es el de un trabajador quemado física y mentalmente, empujado al límite por un mercado que exige seguir rindiendo hasta edades cada vez más avanzadas. En su opinión, cada vez más expertos coinciden en que es muy difícil sostener el ritmo actual del mercado laboral hasta los 67 años en plenas capacidades.

De ahí su propuesta de abrir el debate de la desaceleración laboral. Es decir, fórmulas que reduzcan progresivamente la carga del trabajador a medida que se aproxima a la jubilación.

La pregunta que lanza va directa al diseño del mercado laboral: “¿Debe tener la misma jornada laboral un joven de 23 años que un trabajador de 65 años de edad?”.

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Muñoz plantea también la necesidad de adaptar el mercado a nuevas realidades sociales. Y apunta a una vía ya existente, pero que en su opinión debería ganar peso: la jubilación parcial.

“¿Habría que fomentar y potenciar aún más la jubilación parcial para permitir el relevo generacional?”, concluye el funcionario. Esa modalidad permite al trabajador reducir su jornada antes del retiro definitivo y suscribir un contrato de relevo con otro trabajador desempleado.

Imagen: Alfonso Muñoz Cuenca

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La noticia Funcionarios de la Seguridad Social coinciden: “es muy difícil que un trabajador llegue a los 67 años en plena capacidad” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Cobrar el salario a tiempo no es ni mucho menos un gesto de amabilidad por parte de una empresa. Es su obligación legal.

Sin embargo, los retrasos en el pago de las nóminas son más frecuentes de lo que pensamos, sobre todo cuando algunas compañías atraviesan dificultades económicas o problemas de liquidez.

Pero lo que muchos empleados desconocen es que la legislación laboral española contempla mecanismos para protegerles frente a estas situaciones.

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El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en TikTok como Un Tío Legal recuerda que las empresas tienen la obligación de abonar los salarios de forma puntual y que los trabajadores cuentan con herramientas legales para reclamar cuando esto no ocurre.

El retraso en la nómina tiene consecuencias para la empresa

La normativa laboral establece que el salario debe abonarse en la fecha acordada entre empresa y trabajador. Cuando se produce un retraso, aunque sea de una sola mensualidad, el empleado puede reclamar las cantidades pendientes.

Según explica Ignacio de la Calzada, "las empresas, independientemente de los motivos, están obligadas en cualquier circunstancia a pagarte la nómina puntualmente y no es legal deberte nada".

Además, el retraso no solo obliga a abonar la cantidad pendiente. La ley contempla un interés por mora del 10% anual sobre las cantidades adeudadas. Este porcentaje no se aplica íntegramente en cualquier situación, sino que se calcula de forma proporcional al tiempo transcurrido desde que debía haberse efectuado el pago.

El abogado aclara este punto al señalar que "si te deben una nómina, tienen que pagarte un interés del 10% anual, que si te deben cinco días no te van a pagar un 10%, sino que ese 10% tienes que calcularlo en 365 días".

Cuándo los impagos permiten abandonar la empresa con indemnización

Los problemas se vuelven especialmente graves cuando los retrasos dejan de ser puntuales y pasan a convertirse en una práctica habitual.

En estos casos, la legislación ofrece una vía que muchos trabajadores desconocen. Se trata de la posibilidad de solicitar judicialmente la extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa.

Ignacio de la Calzada resume esta posibilidad con una frase contundente: "Te deben tres nóminas, vete con indemnización y al paro".

No obstante, para acceder a esta medida deben cumplirse determinadas circunstancias recogidas por la normativa laboral y respaldadas por la jurisprudencia.

Los dos supuestos que pueden abrir la puerta al autodespido

La primera situación se produce cuando la empresa acumula tres mensualidades completas sin pagar al trabajador.

La segunda aparece cuando existen retrasos continuados en el abono de los salarios durante un periodo prolongado. Por ejemplo, cuando la compañía solía pagar regularmente una fecha concreta de cada mes y comienza a retrasarse de forma sistemática.

Sobre este aspecto, el abogado explica que la posibilidad de acudir a esta vía existe "si tu empresa lleva tres nóminas impagadas enteras o si, por ejemplo, se retrasa en el pago de las nóminas cuando antes te pagaba el día 5, ahora no lo hace y lleva más de seis meses y ese retraso es de más de 15 días".

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Cuando se da alguna de estas circunstancias, el trabajador puede iniciar un procedimiento judicial para solicitar la extinción de la relación laboral.

Qué es exactamente el autodespido

Aunque popularmente se conoce como autodespido, jurídicamente se trata de una extinción del contrato promovida por el trabajador debido a un incumplimiento grave del empresario.

No implica una dimisión voluntaria ni una renuncia al puesto de trabajo. Al contrario, es una medida prevista para proteger al empleado cuando la empresa incumple una de sus obligaciones esenciales.

Tal y como explica Ignacio de la Calzada, "se inicia un procedimiento de autodespido. Básicamente es extinción del contrato de trabajo por instancias del trabajador porque la empresa está incumpliendo una de sus obligaciones, en este caso el pago puntual del salario".

Para ello resulta necesario acudir a los tribunales y acreditar adecuadamente la existencia de los impagos o retrasos reiterados.

La indemnización puede ser equivalente a la de un despido improcedente

Una de las principales ventajas de este procedimiento es que el trabajador puede obtener una indemnización similar a la que recibiría si hubiera sido despedido de manera improcedente.

En función de la antigüedad y de las circunstancias concretas del contrato, la compensación puede alcanzar los 33 días de salario por año trabajado o incluso 45 días en determinados periodos anteriores a la reforma laboral.

El abogado laboralista explica que el afectado puede llegar a conseguir "una indemnización por despido improcedente, es decir, 33 días, 45 por año, además de poder irte al paro porque te has ido, pero no es por tu voluntad, es por el incumplimiento de tu empresa".

Imágenes | laboral_tips

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Las herencias no se complican solo por el dinero. También se complican por los silencios, los olvidos o los cambios familiares que nunca llegaron a reflejarse en el testamento. Tal y como cuenta COPE, Blanca Palmero, abogada de Vilches Abogados, advierte de que dejar fuera a un heredero forzoso puede tener efectos muy serios sobre el reparto de una herencia.

Qué es la preterición en una herencia

La palabra técnica es preterición. Y, aunque suene muy jurídica, describe una situación bastante concreta: alguien que debía aparecer en el testamento no aparece.

Palmero la define como la "omisión en un testamento de alguna persona que, por parentesco, tiene derecho a estar en él".

El ejemplo más claro es el de una persona que hace testamento nombrando herederos a sus hijos reconocidos y, después, aparece otro descendiente con los mismos derechos hereditarios.

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En ese caso, explica la abogada, "no se ha tenido en cuenta el derecho a la herencia de este último hijo aparecido".

La clave está en distinguir esta figura de la desheredación. La desheredación implica que el testador excluye a un heredero de forma voluntaria y expresa. La preterición, en cambio, puede deberse a un error, a un desconocimiento o a una omisión no intencionada.

Herederos forzosos y legítima: la parte que no se puede ignorar

El testamento no permite repartir siempre todos los bienes como se quiera. En España, el Código Civil protege a determinadas personas mediante la legítima.

Palmero recuerda que esos familiares son los herederos forzosos o legitimarios, quienes "tienen derecho a un mínimo que les otorga el código civil, denominado legítima".

Por eso, cuando una persona otorga testamento, debe tener en cuenta a los descendientes, ascendientes o cónyuge, según corresponda en cada caso. El Código Civil define la legítima como la parte de los bienes de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos forzosos.

Si uno de ellos queda fuera, aparece el problema. Y no siempre se resuelve de la misma manera.

Cuando el olvido fue intencionado

La preterición puede ser intencional o no intencional.

La primera se da cuando el testador sabe que existe un heredero forzoso y aun así decide no incluirlo en sus disposiciones testamentarias.

En ese escenario, la persona omitida no queda desprotegida. Palmero explica que "tiene derecho a ese mínimo que el Código Civil le reconoce".

Para encajar ese derecho en el reparto, "se reducirá la institución de otros herederos para que esa persona pueda optar a esa cuota que el Código Civil le asigna".

Y si no basta con reducir lo recibido por los otros herederos, se tocarán otras disposiciones, como los legados. Es decir, el testamento no necesariamente cae entero, pero sí se corrige para respetar la legítima.

Cuando el testador no sabía que existía un heredero

La situación cambia cuando la omisión no fue voluntaria.

La preterición no intencional se produce cuando el testador no incluye a un heredero forzoso porque no sabía que existía, porque se le olvidó o porque había una situación familiar pendiente de aclarar.

"Este es el caso que nos encontramos tantas veces en el despacho cuando una persona no era conocedor de que tenía un hijo, o incluso cuando se haya pendiente un procedimiento de filiación", detalla la abogada.

Aquí la consecuencia puede ser mucho más dura, sobre todo si el olvido afecta a todos los herederos forzosos. El Código Civil establece que, si en una preterición no intencional de hijos o descendientes resultan preteridos todos, se anulan las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial.

Palmero lo resume así: "se anularán todas las disposiciones de contenido testamentario".

Y añade la frase central: "el testamento no será válido en caso de que una persona desconociera que tenía varios herederos y, por tanto, se regirá lo dispuesto como si no lo hubiera otorgado".

Qué pasa si solo se omitió a uno de varios herederos

No todos los casos llevan al mismo resultado. Si el testador omitió solo a uno de varios herederos forzosos, las consecuencias se parecen más a las de la preterición intencional.

En ese supuesto, se reducirá la parte de los demás herederos instituidos. Y, si hace falta, se anularán legados u otras disposiciones para que el heredero olvidado reciba la legítima que le corresponde.

En la práctica, esto obliga a rehacer el equilibrio económico de la herencia. El testamento puede seguir teniendo efectos, pero el reparto diseñado por el fallecido queda condicionado por los derechos del heredero omitido.

Por qué conviene revisar cada caso antes de repartir

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La lectura económica es clara: un testamento mal planteado puede alterar por completo la transmisión de patrimonio. No hablamos solo de una discusión familiar, sino de viviendas, ahorros, empresas, inversiones o bienes que pueden quedar bloqueados mientras se resuelve el conflicto.

Por eso Palmero recomienda acudir a profesionales especialistas en herencias. En estos casos es necesario "analizar cada caso y ver en qué situación nos encontramos".

Esa revisión puede ser clave tanto para el heredero preterido que quiere reclamar sus derechos como para quienes figuran en el testamento y deben defender o negociar el reparto.

El testamento sigue siendo una herramienta fundamental para ordenar una herencia. Pero cuando deja fuera a quien la ley protege, la voluntad del testador ya no basta por sí sola.

Imagen: Bufete de Abogados | Vilches Abogados Madrid, Tumisu.

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El problema de la vivienda no se vive igual en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. En unas zonas faltan pisos asequibles; en otras sobran casas vacías que necesitan obras antes de poder ser habitadas. Según recoge El Español, La Rioja ha reforzado el Plan Revive, una línea de ayudas pensada para atraer población joven al medio rural y recuperar viviendas en municipios pequeños.

Una ayuda para rehabilitar casas y fijar población joven

El Plan Revive está dirigido a personas de hasta 45 años que quieran instalarse de forma permanente en municipios rurales de La Rioja. No se limita a la compra: también cubre la rehabilitción de inmuebles y la autopromoción de una vivienda, siempre que vaya a ser residencia habitual y permanente.

La ayuda se aplica en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes. Y ahí está la lógica de la medida: facilitar vivienda donde hay casas disponibles, pero muchas veces necesitan inversión para volver al mercado.

El contexto pesa. El acceso a la vivienda golpea especialmente a los jóvenes y también añade dificultades a muchas mujeres. La brecha salarial, la precariedad laboral y el peso de los hogares monoparentales hacen que comprar una vivienda o asumir una reforma siga siendo complicado para muchas familias.

Hasta 40.000 euros en los pueblos más pequeños

La cuantía depende del tamaño del municipio. Cuanto más pequeño es el pueblo, mayor es el porcentaje subvencionable.

• En municipios de hasta 500 habitantes, la ayuda puede cubrir hasta el 40% del coste total, con un máximo de 40.000 euros.
• En localidades de entre 501 y 2.000 vecinos, la subvención alcanza el 30%, con un límite de 30.000 euros.
• Y en municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes, la ayuda baja al 20%, con un máximo de 20.000 euros.

Eso sí, el programa fija un límite económico: el precio de compra, rehabilitación o autopromoción no puede superar los 220.000 euros, sin impuestos, según la página oficial del Gobierno de La Rioja consultada.

Más de 1.000 solicitudes en 117 municipios

La acogida ha superado las previsiones iniciales desde su puesta en marcha en 2024. El Gobierno de La Rioja asegura que el plan ha superado los 1.400 solicitantes y más de 1.000 solicitudes en 117 de los 134 municipios riojanos de menos de 5.000 habitantes. Eso supone llegar al 87% de las localidades objetivo.

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El programa contará en 2026 con un aumento presupuestario del 46% para ampliar su alcance. Según Actualidad Rioja Baja y la información del Ejecutivo riojano, ya se han visto proyectos en municipios como Cellorigo, Grávalos, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín.

La clave está en que no se trata solo de ayudar a una compra individual. El objetivo es que esas viviendas se ocupen de verdad y que los pueblos ganen vecinos estables.

Requisitos y plazos

Para acceder al Plan Revive hay que cumplir varios requisitos. El solicitante debe tener ingresos iguales o inferiores a seis veces el IPREM, contar con nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o bien disponer de autorización de estancia o residencia en España si es extranjero no comunitario.

En el caso de rehabilitación o autopromoción, debe ser propietario de la vivienda o del terreno al solicitar la ayuda. Además, los beneficiarios tienen que empadronarse en el municipio en un plazo máximo de tres meses tras la compra, la obtención de la cédula de habitabilidad o la certificación final de obra.

Las operaciones pueden iniciarse hasta el 1 de junio de 2027. Para la compra, la ayuda debe solicitarse antes de firmar el contrato o, como máximo, en el mes siguiente. Para rehabilitación o autopromoción, hay que pedirla antes de empezar las obras.

El pago llega después, una vez presentada la documentación que justifica la compra o la finalización de las obras.

Cómo se solicita

La tramitación puede hacerse de forma presencial en la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, en la calle Marqués de Murrieta, número 76, de Logroño, o a través del Servicio de Atención al Ciudadano.

También se puede presentar por vía telemática mediante la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Otras comunidades también miran a la vivienda rural

La Rioja no es la única comunidad que está usando la rehabilitación como herramienta contra la despoblación. Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía tienen programas con condiciones propias para recuperar vivienda en pueblos o destinar inmuebles a alquiler asequible.

En Galicia, las ayudas pueden cubrir hasta el 75% del coste de la reforma, con un máximo de 30.000 euros por vivienda.

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En Aragón, el Plan 700 ha contemplado ayudas para municipios de menos de 3.000 habitantes, con importes de entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda pública rehabilitada.

En Castilla-La Mancha, las ayudas a vivienda rural pueden alcanzar hasta el 80% del coste subvencionable, con un límite de 60.000 euros por vivienda.

Andalucía, por su parte, mantiene líneas que cubren de forma general alrededor del 40% de la inversión y que pueden elevarse hasta el 75% en determinados casos, especialmente en hogares con menos recursos o actuaciones de accesibilidad, según los datos citados en el texto original.

Imagen | Diego Delso

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La noticia Entró en vigor: la ayuda de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 2.000 habitantes fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Según recoge OkDiario, España ya ha empezado a distribuir de forma progresiva una nueva moneda de 2 euros dedicada al artículo 49 de la Constitución.

La emisión está vinculada a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aprobada en 2024, que actualizó el lenguaje y el contenido del precepto dedicado a las personas con discapacidad. La orden publicada en el BOE acordó para 2026 la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euros conmemorativas bajo el lema “España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión”.

Hasta esa reforma, el texto constitucional utilizaba el término “disminuidos”, una expresión cuestionada durante años por asociaciones, juristas y entidades sociales. La nueva redacción lo sustituyó por “personas con discapacidad” y reforzó el enfoque de derechos, igualdad y no discriminación.

El cambio no fue solo terminológico. El nuevo artículo 49 establece que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. También obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen su autonomía personal y su inclusión social en entornos universalmente accesibles.

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Cómo es la nueva moneda

La moneda mantiene la estructura habitual de los 2 euros: una cara común europea y una cara nacional española.

La diferencia está en el anverso. Ahí aparecen varias manos sosteniendo un libro que representa la Constitución Española. Sobre la imagen figura la inscripción “artículo 49 INCLUSIÓN”. A la izquierda se lee “ESPAÑA” y, a la derecha, el año de acuñación, 2026, junto a la marca de Ceca. La zona exterior mantiene las doce estrellas de la Unión Europea.

El diseño, por tanto, convierte una reforma legal reciente en un objeto cotidiano. La modificación del artículo 49 deja de estar solo en el BOE y pasa a circular en algo tan común como una moneda.

1,5 millones de piezas en circulación

La tirada total es de 1,5 millones de monedas. Desde finales de marzo han empezado a distribuirse progresivamente por España, de manera que no aparecerán todas a la vez ni en todos los puntos del país.

La lógica es la misma que con el resto del efectivo: entran en circulación a través del circuito bancario y de las operaciones habituales. Por eso puede que un ciudadano se encuentre una de estas monedas al pagar en un comercio o al recibir cambio.

El BOE fijó la puesta en circulación durante el primer trimestre de 2026 y establece que el Banco de España será quien las ponga en circulación, según las necesidades del mercado, tras recibirlas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

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Curso legal en toda la zona euro

Aunque tenga un diseño especial, no es una moneda de colección en sentido estricto. Es una moneda conmemorativa destinada a circular.

Eso significa que puede utilizarse como cualquier otra moneda de 2 euros. El Banco Central Europeo recuerda que las monedas conmemorativas de 2 euros tienen curso legal en toda la zona euro, mantienen la cara común europea y solo cambian el motivo de la cara nacional.

El Banco de España también explica que este tipo de emisiones solo pueden ser de 2 euros, conservan la cara común y cada Estado miembro puede emitir, por regla general, hasta dos monedas conmemorativas al año.

Un objeto de pago y también de memoria

Otras monedas conmemorativas

España ha usado en otras ocasiones estas emisiones para recordar monumentos Patrimonio de la Humanidad, aniversarios culturales o hechos históricos. En 2026, de hecho, la FNMT incluye en su euroset anual dos monedas conmemorativas: la del artículo 49 y la dedicada al Monasterio de Poblet.

Lo llamativo de esta moneda es que no conmemora solo un lugar o una efeméride. Recuerda un cambio legal y social muy reciente: la actualización del texto constitucional para reconocer de forma más adecuada los derechos de las personas con discapacidad.

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La noticia El BOE lo ha confirmado: ya están en circulación en España las nuevas monedas de 2 euros por el artículo 49 de la Constitución fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La jornada de Andrea Marambio Brito empieza antes de que el primer cliente reciba su pedido. La usuaria de TikTok, que publica en la cuenta @andremarambio12, ha compartido un vídeo sobre su trabajo como repartidora de Amazon en Alemania que se ha popularizado rápidamente.

Según recoge COPE, la joven arranca el día en la estación de reparto: “Partimos la mañana cargando los paquetes que se designan a cada conductor”. Ese día, la cifra era contundente: “Hoy me tocaron 180 paquetitos”, explica mientras un compañero la ayuda a cargar la furgoneta.

Después llega una parada para repostar diésel. Y a partir de ahí empieza la ruta.

Andrea documenta parte del paisaje y algunas de las “cosas entretenidas” que se va encontrando durante el reparto. También muestra un detalle cada vez más habitual en la logística de última milla: la creatividad de algunos clientes para asegurar sus paquetes.

Pero la parte clave del trabajo es menos vistosa. Cada paquete que se deja en una puerta o en un buzón debe quedar fotografiado, para que exista “siempre el respaldo de que el paquete quedó ahí”.

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El salario en Alemania: por encima del mínimo, pero con matices

El caso de Andrea sirve para mirar también las condiciones laborales del sector logístico. De acuerdo con los datos citados en el texto original, un repartidor de Amazon en Alemania se mueve entre 14,50 y 16,20 euros brutos por hora.

Esa horquilla está por encima del salario mínimo legal alemán, situado en 13,90 euros por hora. Traducido a una jornada completa de 40 horas semanales, supone un salario mensual bruto de entre 2.400 y 2.800 euros.

El neto, sin embargo, cambia según la clase fiscal. La media citada se sitúa entre 2.100 y 2.400 euros mensuales.

La clave está en quién contrata. La mayoría de los repartidores no trabajan directamente para Amazon, sino para empresas externas colaboradoras, las conocidas como DSPs. Estas compañías pueden ofrecer bonos por no tener bajas o dietas diarias.

También existe otra modalidad: Amazon Flex. En ese caso, los repartidores trabajan como autónomos con vehículo propio y una tarifa de 25 euros por hora, aunque de ahí deben salir gastos como combustible, seguros e impuestos.

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La última milla también se mide en paquetes no entregados

El vídeo de Andrea encaja con otros testimonios de repartidores que han contado la dureza del día a día en la paquetería.

Antonio, otro profesional del sector citado en el texto original, explicaba que su ganancia media por paquete es de 26 céntimos. Su balance era claro: “si volviera, no volvería a montar”.

Zigor Hernández, también repartidor, lanzaba otra advertencia a los clientes: “Pensáis que subimos todos los paquetes a casa y no es así, tened cuidado con lo que pedís”. Su queja apunta a una parte del reparto que muchas veces queda fuera del clic de compra: paquetes pesados, escaleras, falta de ascensor y presión por completar la ruta.

Andrea termina su jornada alrededor de las siete de la tarde. Es entonces cuando vuelve a la estación para “devolver los paquetes que no pudieron ser entregados y a ordenar las bolsas”.

Solo después llega el final real del día: ir “a la casita”.

Imagen: @andremarambio12

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La noticia Andrea, repartidora de Amazon: “hoy me tocaron 180 paquetitos y a las siete vuelvo a la estación con los no entregados” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

El centro de Madrid ya no se vacía solo de comercio tradicional. También se vacía de vecinos. Según recoge La Sexta a partir de una intervención de Mercedes Arnalte en su entrevista para El Intermedio, esta residente de toda la vida denuncia que la presión de los pisos turísticos ha cambiado por completo la convivencia en una de las zonas más céntricas de la capital.

De cuatro familias en el edificio a quedarse sola

Mercedes vive en la calle Preciados, en plena Puerta del Sol. Tiene 67 años y asegura que quedan muy pocos residentes permanentes en su entorno.

"Yo creo que soy de las pocas que queda, no sabemos cuántos somos, pero desde luego en esta manzana debo ser la única", lamenta en La Sexta.

Su relato empieza con una comparación sencilla: antes había vecinos, rutinas y familias. Ahora hay turistas entrando y saliendo.

"Toda mi vida he vivido aquí, he nacido en esta casa. Éramos cuatro familias, porque había una por planta, y todo el mundo eran vecinos normales, familias normales, con hijos todos", recuerda.

Hoy, cuando le preguntan cuántos quedan, responde sin rodeos: "Ninguno, solo quedo yo".

Cuando el alquiler turístico entra por rachas

La convivencia, explica Mercedes, depende mucho del tipo de visitantes que ocupen los pisos turísticos.

Esto va por rachas… hay rachas que está pacífico, porque viene gente normal, educada, que no da problemas, y otras veces es horrorosa, porque vienen de fiesta

Ahí está una de las claves del conflicto. La vivienda sigue siendo vivienda para quien reside allí, pero funciona como alojamiento de paso para quien llega unos días a Madrid. Y esas dos lógicas no siempre encajan.

"No piensan que vienen a una casa donde la gente trabaja y tiene que dormir por la noche. Además, es normal querer dormir por la noche", añade Mercedes.

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En la Madrid turistificada, los comercios cierran para dejar espacio a otra cosa: casas en bajos y alquileres para turistas

Cuando las fiestas se alargan, cuenta que termina llamando a la policía. Pero no confía demasiado en el resultado.

"Tienes que llamar a la policía y esperar a que venga cuando pueda. Les preguntan cuánto tiempo están, si tienen contrato, en qué plataforma han alquilado los pisos... Pero luego no hacen nada con eso", señala.

Lavandería a las cuatro y media de la mañana

El ruido no llega solo por los turistas. Mercedes también denuncia la logística que rodea a varios apartamentos turísticos del edificio.

Según cuenta, en su inmueble se ha habilitado incluso una buhardilla como almacén para la limpieza de varios pisos turísticos.

"A las cuatro y media de la mañana viene el servicio de lavandería… dan la luz y empiezan a sacar ropa limpia del ascensor, a subir y bajar el piso con ropa sucia. No es normal", protesta.

La escena resume bien el problema económico de fondo. Donde antes había una comunidad de vecinos, ahora puede haber una pequeña cadena de alojamiento turístico: entradas, salidas, limpieza, ropa, plataformas y rotación constante.

"Son ilegales, ninguno tiene licencia"

Mercedes asegura que empezó a denunciar esta situación hace años. Su primera denuncia, dice, fue en 2018.

"Son ilegales, ninguno tiene licencia", afirma tajante.

Pero su sensación es que no ha cambiado nada. "Aquí no pasa nada, esto es una tomadura de pelo integral", sentencia.

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La falta de inspecciones municipales es uno de los puntos que más la desespera. Mercedes rechaza el argumento de que sea difícil localizar estos pisos.

"El alcalde dice que no saben dónde están los pisos turísticos. ¿Cómo que no saben? Si yo he puesto una denuncia donde digo dónde está el piso turístico, con dirección y todo", reprocha.

Para ella, la solución pasa por más medios de control. "Esto es tan fácil como poner más inspectores, pero no dos. 20 o 30 por distrito".

La rentabilidad que expulsa a los vecinos

El dato económico que da Mercedes ayuda a entender por qué el alquiler turístico se ha convertido en un factor de presión en las zonas más céntricas.

"Una noche son 400 y pico euros, más de 12.000 euros al mes", calcula.

La cifra no es menor. Un piso turístico en una ubicación como la Puerta del Sol puede generar en pocos días lo que muchos alquileres residenciales no alcanzan en un mes. Y esa diferencia de rentabilidad explica parte del desplazamiento de vecinos.

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El registro único de alquiler de corta duración parece que está funcionando en el mapa de la vivienda. Los pisos turísticos marcan mínimo en 3 años

Mercedes lo vive como una pérdida personal y colectiva. El edificio en el que creció ya no funciona como el edificio de su infancia.

"Es una sensación de aislamiento, de tristeza muchas veces... Esta es mi vida, mi historia y mi memoria, además de la memoria de mi familia", confiesa.

Pese a todo, no piensa marcharse. "Yo no me voy a ir de aquí", concluye.

Imagen: La Sexta.

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La noticia Mercedes vive en la Puerta del Sol rodeada de pisos turísticos: "Una noche son 400 euros, unos 12.000 al mes" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

En los últimos meses varios bancos están aumentando la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo a cifras de lo más interesantes: en algunos casos superan holgadamente el 3% TAE e igualan los números de la actual inflación, que se sitúa en el 3,2% según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para quien esté buscando proteger sus ahorros de la depreciación que supone la inflación, esto es una extraordinaria noticia, porque con estas cifras el dinero parece efectivamente a salvo de ese enemigo silencioso. Sin embargo, no es así del todo, porque los números que usualmente aparecen en ofertas y promociones son brutos, no netos, por lo que a esas cantidades habría que restar un buen pellizco, como mínimo del 19%, que es lo que se debe pagar en impuestos.

A esto habría que añadir que algunos depósitos bancarios ofrecen intereses altos a cambio de que el cliente cumpla con determinadas condiciones o vinculaciones. Normalmente son esas elevadas rentabilidades bonificadas las que promocionan, por lo que de no leer la letra pequeña, el cliente corre el riesgo de contratar un producto que no le va a dar lo que él pensaba.

Por todo esto, es importante comprobar bien todos los detalles de los depósitos a plazo fijo que interesen al usuario para saber qué es necesario para conseguir las rentabilidades promocionadas, y también es conveniente hacer el cálculo del porcentaje neto que realmente se quedará una vez pagados los impuestos. Con esos datos se podrá hacer una planificación financiera real para aprovechar al máximo las ventajas de estos productos que, con todo, siguen siendo los mejores para combatir la inflación sin riesgos.

Los mejores depósitos bancarios sin vinculaciones del momento

Cómo calcular la rentabilidad neta de un depósito

Calcular la rentabilidad neta de un depósito a plazo fijo es una operación matemática muy sencilla, siempre que en los intereses finales no influyan otras variables, como las vinculaciones ya comentadas. Para un depósito bancario que ofrezca beneficios sin condiciones, basta con multiplicar el porcentaje de rentabilidad bruta ofertado por 0,81, ya que el 19% es el tipo impositivo mínimo para este tipo de instrumentos y afectará a la mayoría de los usuarios.

De esta forma, si un depósito bancario ofrece un 3,20% TAE bruto, al multiplicar ese porcentaje por 0,81 obtenemos que la rentabilidad neta que en realidad ofrece el producto es del 2,59%. Unas cifras que no alcanzan para igual el 3,2% de la inflación actual, pero que sí ayudan a paliar el golpe significativamente.

Para hacer el cálculo de la rentabilidad neta hemos tomado como referencia el tipo más bajo que cobra el Estado en impuestos por ganancias de este tipo, el 19%, que es el que se aplica a beneficios de hasta 6.000 euros. Para rentabilidades superiores los impuestos que se cobran son: 21% entre 6.000 y 50.000 €, 23% entre 50.000 y 200.000 €, 27% entre 200.000 y 300.000 €, 30% para más de 300.000 euros.

Vinculaciones frecuentes de los depósitos bancarios

Además de los impuestos, a la hora de valorar la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo también hay que tener en cuenta las vinculaciones que algunos bancos demandan para ofrecer su cifra más alta de intereses. Si el cliente no cumple, o deja de cumplir en algún momento, esa cifra promocional se reduce y ya no es tan rentable como podía parecer al principio.

Una de las vinculaciones más usuales para los depósitos a plazo fijo es que el usuario tenga una cuenta corriente en la misma entidad y domicilie en ella su nómina. Además de común, es una de las más sencillas y económicas de cumplir, porque no cuesta nada y todo trabajador necesita cobrar el sueldo en alguna cuenta bancaria, por lo que esta condición no exige demasiado.

Otras, sin embargo, sí demandan más al cliente, como contratar un plan de pensiones, un plan de inversión o una tarjeta de crédito para llegar a la cifra máxima de intereses del depósito bancario. En estos casos sí se debe estar más atento, pues frecuentemente se trata de productos que tienen sus propios costes y si no estaba en los planes del usuario contratarlos, hacerlo sólo para conseguir la rentabilidad más alta supone, en realidad, un coste encubierto que resta beneficios al depósito a plazo fijo.

Otra fórmula para ofrecer rentabilidades altas de algunos bancos es la promoción de bienvenida: depósitos bancarios con plazos cortos, generalmente de entre tres y seis meses, con intereses altos sólo para nuevos clientes. Es una buena forma de aprovechar altas remuneraciones si se acepta que será por un tiempo limitado para después tener que volver a buscar un destino a esos ahorros. 

Depósitos bancarios: una ayuda, no un escudo

Como hemos visto, las rentabilidades ofrecidas por los bancos en sus comunicaciones comerciales distan de lo que acaba entrando en el bolsillo de sus clientes. En el mejor de los casos, a esos intereses sólo habría que restarle el 19% de impuestos, pero en otros las ganancias puede caer bastante más.

Y esto lleva a una pregunta obvia: entonces, ¿los depósitos a plazo fijo no son buenos instrumentos contra la inflación? Y la respuesta es que depende. Si el usuario quiere batir la inflación, no, porque casi ningún producto de este tipo lo hace, pero entonces tendría que apostar por activos como las acciones o los ETF, mucho más arriesgados y que no garantizan las ganancias. De hecho, pueden provocar pérdidas con cierta facilidad, cosa que en los depósitos bancarios es mucho más complicado. Además, para operar con ellos es necesario tener buenos conocimientos financieros y seguir constantemente el mercado.

Para quien quiera proteger su dinero sin riesgos, sin tener muchos conocimientos financieros y sin tener que seguir los mercados financieros, los depósitos a plazo fijo sí son uno de los mejores instrumentos contra la inflación. Pero en este caso hay que tener una cosa clara: serán una ayuda para que el dinero propio se deprecie mucho menos, pero lo más seguro es que no sirva para protegerlo completamente de la inflación.

En finanzas, la rentabilidad suele ser inversamente proporcional a la seguridad: cuanto más seguro es un producto, menos dinero puede dar. Por eso, quienes no quieran arriesgar sus ahorros deben ser conscientes de que reducir el impacto de la inflación sin eliminarlo del todo es, probablemente, lo mejor que pueden conseguir al mismo tiempo que siguen durmiendo bien por las noches. 

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La noticia Los mejores depósitos bancarios prometen más del 3% TAE. La realidad es que ninguno te va a dar tanta rentabilidad fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Pablo Rodríguez .

En el mercado del alquiler, las fechas y las notificaciones importan. Y mucho. Según cuenta Infobae, la Audiencia Provincial de Girona ha desestimado la petición de desahucio de un propietario contra su inquilino en Palafrugell porque el arrendador no respetó la duración mínima legal del contrato ni probó por qué necesitaba recuperar la vivienda.

Un contrato de dos años que la ley alargaba a cinco

El conflicto empezó con un contrato firmado el 1 de octubre de 2019. El propietario defendía que el alquiler vencía a los dos años y que necesitaba el inmueble para uso propio o de su familia.

Con esa idea, aseguró haber enviado una notificación en agosto de 2023 para poner fin al contrato. El problema es que el inquilino no entregó la posesión de la vivienda.

La defensa del arrendatario se apoyó en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU. Desde la reforma vigente para contratos posteriores a 2019, cuando el arrendador es una persona física, si el contrato dura menos de cinco años se prorroga obligatoriamente por anualidades hasta alcanzar ese mínimo, salvo que el inquilino comunique que no quiere renovarlo.

En este caso, aunque el contrato hablaba de dos años, la protección legal llevaba el alquiler hasta un mínimo de cinco años. Según el texto original, eso implicaba una prórroga obligatoria hasta el 30 de septiembre de 2024, salvo renuncia del inquilino.

La “necesidad familiar” no basta si no se acredita

El propietario intentó activar una excepción: recuperar la vivienda por “necesidad familiar”. Es una vía prevista por la ley, pero no funciona como una simple declaración de intenciones.

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Prohibir los desahucios a los alquileres: solución equivocada a un problema muy real

Primero, el juzgado de primera instancia dio la razón al inquilino y desestimó el desalojo. Después, el propietario presentó recurso de apelación, insistiendo en que el contrato ya preveía esa excepción por necesidad y en que la notificación enviada era suficiente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona no lo vio así. Para el tribunal, que en el contrato se dejara constancia de una eventual necesidad del arrendador no bastaba para interrumpir la protección legal del inquilino.

La LAU permite al arrendador persona física recuperar la vivienda durante los primeros cinco años solo si esa posibilidad consta expresamente en el contrato desde el inicio y si la necesita para sí, para familiares en primer grado de consanguinidad o adopción, o para su cónyuge en caso de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad. Además, debe comunicarlo con al menos dos meses de antelación.

El aviso llegó mal: sin destinatario, sin causa y sin plazo suficiente

La clave del fallo está en la notificación. El tribunal entendió que el aviso enviado por el propietario tenía dos problemas decisivos: no decía cuál era la necesidad concreta ni identificaba a quién se destinaría la vivienda.

La sentencia lo expresa de forma clara: “no se hace la menor alusión a la necesidad de vivienda del arrendador o sus familiares, limitándose a señalar que no operará la prórroga del contrato a la finalización del periodo vigente”.

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También fallaba el plazo. Según Infobae, la entrega exigida era para el 31 de septiembre de 2023, con menos de dos meses de aviso. Ese punto fue relevante porque la ley exige una comunicación previa suficiente antes de reclamar la recuperación del inmueble.

Y había otro problema: no se aportó prueba de la necesidad. La resolución lo resume así: “Dicha protección puede ceder ante la necesidad del arrendador, pero solo cuando esta existe y se han cumplido los requisitos que marca la propia ley, sin que en el supuesto de autos se haya acreditado ni una ni otra cosa”.

La LAU protege el plazo mínimo del inquilino

El caso gira alrededor de una idea sencilla, pero con enormes consecuencias para propietarios e inquilinos: pactar una duración inferior no siempre permite terminar el alquiler cuando llega esa fecha.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, si el contrato de vivienda tiene una duración inferior a cinco años cuando el arrendador es persona física, llegado el vencimiento se prorroga obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar ese mínimo. Si el arrendador fuera persona jurídica, el mínimo es de siete años.

La excepción por necesidad familiar existe, pero es estrecha. Debe estar prevista en el contrato, debe haber una necesidad real, debe comunicarse correctamente y debe poder probarse.

Por eso la jueza rechazó el argumento del propietario y dejó escrito que “yerra cuando sostiene que con la mención en el contrato y sin ningún tipo de requisito ni de prueba de aquella necesidad puede hacerse valer la misma para denegar las prórrogas obligatorias que para la protección del arrendatario fija la LAU”.

Una advertencia para propietarios e inquilinos

La lectura económica es evidente: en un mercado del alquiler tensionado, la seguridad jurídica no depende solo del precio o de la voluntad de las partes. También depende de cumplir con precisión los plazos y requisitos legales.

Para el propietario, el fallo recuerda que recuperar una vivienda por necesidad exige algo más que incluir una frase en el contrato. Para el inquilino, confirma que la duración mínima de la LAU puede protegerle incluso cuando el contrato firmado recoge un plazo inferior.

Imagen: Gemini.

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La noticia La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó los cinco años mínimos ni probó para qué necesitaba la vivienda fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La ayuda no es nueva, pero sigue pasando desapercibida para muchos hogares. Según recoge El Español, el Complemento de Ayuda para la Infancia, conocido como CAPI, está pensado para familias con ingresos bajos y menores a cargo, y forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente.

Una ayuda dentro del IMV, pero con vida propia

La clave del CAPI es que no obliga necesariamente a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Se solicita junto con el formulario del IMV, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad, según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto significa que una familia puede no tener derecho al IMV completo y, aun así, recibir este complemento si cumple los requisitos específicos.

El objetivo es claro: combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias. La medida entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital.

Hasta 115 euros al mes por menor

El importe depende de la edad de los hijos. En 2026, las cuantías fijas por menor a cargo son las siguientes:

• 115 euros al mes para familias con menores de tres años.
• 80,50 euros al mes para mayores de tres años y menores de seis.
• 57,50 euros al mes para mayores de seis años y menores de 18.

La ayuda se cobra mensualmente y depende de los ingresos y del patrimonio de la unidad familiar. Además, para ser beneficiario hay que cumplir el rango de ingreso mensual del hogar según el tipo de unidad de convivencia.

En otras palabras: no es una ayuda universal por hijo. Es una prestación dirigida a hogares que no superen determinados límites económicos.

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Los requisitos básicos

Los puntos esenciales son tres. Primero, se puede recibir aunque no se cobre el IMV. Segundo, está condicionada por los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar. Y tercero, el importe mensual cambia según la edad de los menores.

Ahí está buena parte del problema: muchas familias conocen el Ingreso Mínimo Vital, pero no necesariamente saben que este complemento puede tener umbrales más amplios y recibirse de forma separada.

Por eso conviene revisar el caso concreto antes de descartarlo. Una familia que queda fuera del IMV puede seguir teniendo derecho al CAPI.

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Valencia añade una ayuda municipal por nacimiento o adopción

Además de esta ayuda estatal, el Ayuntamiento de Valencia cuenta con fondos para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar.

El consistorio creó una ayuda económica por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de Valencia durante 2025, con el objetivo de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o la adopción y facilitar la conciliación familiar. Esa ayuda se ha ampliado durante 2026 y la partida se ha incrementado.

Pueden solicitarla las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras que residan en el municipio de Valencia y cumplan los requisitos de la convocatoria.

El trámite permite pedir una ayuda única de hasta 400 euros. Según la información municipal, en 2026 la ayuda es de 400 euros por cada persona menor nacida o adoptada en Valencia, mientras que para 2025 el importe indicado en la página municipal es de 300 euros.

Imagen: La Moncloa.

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La noticia Ya está en vigor la ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo menor de 18 años que muchas familias desconocen fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Pongamos que tienes una deuda con Hacienda y pasan los años sin que nadie llame a tu puerta. La ley le pone fecha de caducidad a esa espera: cuatro años, y lo que no se haya reclamado en ese plazo ya no se podrá reclamar nunca, tal y como recoge elEconomista. Ahora bien, entre el contador que corre y el contador que de verdad llega al final media una distancia considerable.

Cuatro años que casi nunca son cuatro años seguidos

La regla. El artículo 66 de la Ley General Tributaria da cuatro años a la Administración tanto para fijar la deuda ("determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación") como para cobrarla ("exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas"). El reloj del primer derecho arranca al día siguiente de acabar el plazo voluntario para presentar la declaración; el del segundo, al día siguiente de acabar el plazo de pago voluntario. Y si la declaración se entregó tarde, la cuenta empieza al día siguiente de presentarla.

El contador que vuelve a cero. Prácticamente cualquier movimiento con sustancia reinicia la cuenta. Del lado de Hacienda, valen las actuaciones dirigidas a "reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar y liquidar" el impuesto. Del lado del contribuyente, interponer recursos o reclamaciones, o "cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria". Es algo que va en serio: el Tribunal Supremo lleva años anulando las llamadas diligencias argucia, esas actuaciones de relleno cuyo único fin es reiniciar artificialmente el reloj, y exige que la actuación sea real, válida, notificada y precisa para interrumpir la prescripción. 

El artículo 68 añade además un matiz: tras una interrupción el contador siempre vuelve a empezar, y lo que ocurre en los concursos de acreedores y en los pleitos es que ese reinicio se aplaza, con el reloj en pausa hasta que la resolución judicial sea firme.

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¿Significa todo esto que, pasados los cuatro años sin noticias, uno queda limpio? Sí, y con una elegancia poco frecuente en la norma tributaria: la prescripción se aplica de oficio, "incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario", y una vez ganada "extingue la deuda tributaria". A Hacienda le toca reconocértela aunque no la pidas, igual que le toca retenerte la devolución de la Renta mientras la deuda siga viva.

La letra pequeña que el contador no toca

El derecho que no caduca. Aquí viene lo que nos interesa: desde la reforma de 2015, la ley distingue entre cobrar y comprobar, y el derecho de Hacienda a comprobar e investigar ejercicios pasados no prescribe: no podrá liquidarte aquel año remoto, pero sí revisarlo cuando sus efectos alcanzan a ejercicios todavía vivos. Y las bases o cuotas compensadas, esas pérdidas antiguas que una empresa va restando en sus declaraciones, tienen reloj propio. Diez años.

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Si lo defraudado supera los 120.000 euros en un ejercicio y por un impuesto, el asunto deja la vía administrativa y entra en el Código Penal: delito fiscal, con prescripción de cinco años, que sube a diez cuando la cuantía pasa de los 600.000. Eso sí, el Supremo cerró en enero de 2025 una puerta que Hacienda tenía entreabierta: no se puede perseguir por vía penal una deuda ya prescrita administrativamente, por mucho que el plazo del delito siga vivo.

Por cierto, los cuatro años tampoco cayeron del cielo: hasta 1998 eran cinco, y fue el Estatuto del Contribuyente el que recortó el plazo dentro de aquella ola de garantías frente a la Administración que hoy nos parece el orden natural de las cosas. La prescripción tiene fecha de nacimiento, y también sus contrapesos.

Así que la imagen del muro de los cuatro años conviene guardarla con matices: existe, protege y se aplica sola (hasta si pagaste lo que ya no debías, que tiene su gracia tratándose de Hacienda), pero entre los reinicios del contador, las pausas judiciales y los relojes paralelos de diez años, quizá sea más honesto describirla menos como un muro y más como una puerta que la Administración puede volver a abrir durante bastante más tiempo del que solemos creer.

Imagen: Moncloa.

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La noticia Hacienda está obligada a perdonar las deudas a los cuatro años, pero con un requerimiento real puede poner el contador a cero fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Lorena llegó desde Colombia con una trayectoria profesional previa. Pero en España, como les ocurre a muchas mujeres migrantes, su puerta de entrada al empleo ha sido otra: cuidar personas mayores, cuidar niños y limpiar casas.

Según cuenta El Español, su caso encaja en un fenómeno conocido como brain waste: personas inmigrantes con estudios universitarios, formación técnica o experiencia cualificada que terminan ocupando puestos muy por debajo de su preparación.

La paradoja es evidente. España necesita trabajadores en sectores esenciales como los cuidados, la limpieza o el empleo doméstico. Pero esa necesidad se cubre, muchas veces, con personas que ya tenían una carrera profesional en su país de origen y que, al llegar, no pueden ejercerla.

“Era profesional en mi país y he tenido que llegar a España a cuidar abuelos, a cuidar niños y a limpiar casas. En la mayoría de los casos tenemos que llegar aquí a hacer labores y trabajos que incluso en nuestro país nunca habíamos hecho”, cuenta Lorena en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Por qué tantos migrantes acaban en trabajos por debajo de su cualificación

La explicación no está en una sola causa. El texto original apunta a varias barreras que se encadenan.

La primera es administrativa y profesional: la dificultad para convalidar titulaciones, acreditar experiencia o conseguir permisos legales limita el acceso a empleos acordes con la formación previa. También puede influir el dominio del idioma, aunque en el caso de Lorena no se desarrolla como problema concreto.

La segunda tiene que ver con la demanda. Cada vez más familias en España necesitan servicios de limpieza, cuidado de mayores o cuidado de niños. Son trabajos disponibles, con entrada más rápida y con menos requisitos formales que muchas profesiones reguladas o cualificadas.

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España no es solo un país que recibe inmigración: también tiene emigración, y de alta calidad

La tercera es la urgencia económica. Para quien acaba de llegar y necesita ingresos cuanto antes, estos empleos pueden ser la forma más inmediata de sostenerse, aunque impliquen peor remuneración y menor reconocimiento social.

Ahí aparece el coste laboral de la migración: trabajar no siempre significa integrarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Según un estudio de Nature, los trabajadores extranjeros ganan de media un 29% menos que los nacidos en España, y la segregación hacia empleos de menor remuneración explica gran parte de ese diferencial.

De vivir con familiares a conseguir permiso laboral

Lorena también utiliza sus redes sociales para dar consejos a quienes buscan abrirse camino en España sin papeles, a partir de su propia experiencia migratoria.

Llegó hace dos años. Al tener familiares en el país, pudo pasar sus primeros meses viviendo con ellos mientras hacía trámites, completaba el empadronamiento, buscaba un lugar donde establecerse y trataba de encontrar empleo. A los nueve meses consiguió acceder a un trabajo con permiso laboral gracias a la solicitud de asilo político. Ese paso permitió a su familia alquilar finalmente un piso. Mientras tanto, además de dedicarse a la limpieza, fue encadenando otros trabajos con un objetivo muy concreto: reunir el dinero necesario para empezar a construir una nueva vida en España.

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En el tipo de inmigración que recibamos nos jugamos el futuro en España: tenemos que conseguir atraer más universitarios y menos receptores de ayudas

El caso muestra una tensión habitual en la economía migrante: la cualificación de origen no desaparece, pero queda suspendida mientras se resuelven los papeles, los ingresos y la vivienda.

“No me define el trabajo que hago”

Lorena no presenta esos empleos como una derrota personal, aunque reconoce el desgaste emocional del proceso:

Al contrario de sentirme mal o decepcionada por lo que estoy haciendo, realmente trato de verlo como parte de un proceso que tengo que seguir por decisiones simplemente que se han tomado. Siento que lo que hago en este momento no me define como persona. Lo que sí siento que me define es la forma en cómo lo hago.

Su reivindicación pasa por la dignidad del trabajo, incluso cuando ese trabajo no coincide con el proyecto profesional que tenía antes de migrar.

“Si tengo que limpiar casas, pues lo limpio como quisiera yo encontrar mi casa si pago, que si cuido niños o abuelos, lo hago con el cariño que quisiera que cuidaran a los míos”, afirma.

Eso no elimina la renuncia. Hay días en los que Lorena se siente desanimada: “Pero ¿quién no se ha sentido así en cualquier parte del mundo, cualquier día? Y si a eso le sumamos la crisis del migrante, pues mucho más”.

Imagen: lore.cv94

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La noticia Lorena, limpiadora en España: “en mi país era profesional y aquí cuido abuelos para sobrevivir” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Abrir un negocio desde cero suele contarse desde el escaparate: el local, el producto, la ilusión. Pero detrás hay otra parte bastante menos amable. Según recoge COPE, Marta, la joven pastelera que está detrás de la cuenta de TikTok @laherenciabakery, ha contado en redes cómo está siendo levantar La Herencia Bakery prácticamente sola.

Una pastelería nacida primero como obrador digital

Marta es una joven pastelera y emprendedora española de 23 años. Su proyecto, La Herencia Bakery, es una pastelería artesanal ubicada en Pilar de la Horadada, Alicante. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada recoge el establecimiento en su censo comercial, situado en la calle José Sánchez, nº 8, dentro de la actividad de alimentación.

La historia no empezó con un local abierto al público. Primero fue un obrador digital, un proyecto pensado para encargos y tartas personalizadas. Después, tras meses de esfuerzo, llegó la apertura física del negocio.

En TikTok, Marta ha convertido ese proceso en contenido. No solo enseña dulces. También enseña cansancio, organización, dudas y la carga de trabajo que hay detrás de un pequeño negocio cuando quien lo impulsa está casi en todas las fases.

La frase que resume ese coste personal es contundente: "Empiezo a trabajar a las tres de la madrugada y salgo a las 11 de la noche, esto no es solo ser trabajadora, es dejarle la vida intentando llegar a todo".

"Una de las mayores locuras de mi vida"

La propia Marta define la decisión de abrir su pastelería como "una de las mayores locuras de mi vida". Aun así, también asegura estar "muy feliz" con el resultado.

Su relación con la repostería viene de lejos. Cuenta que su pasión nació en la infancia, viendo programas de cocina y haciendo sus primeros "chapurreos en casa". Con el tiempo fue mejorando la técnica hasta que sus creaciones, según explica, "al final me salían bien".

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Esa evolución personal terminó convirtiéndose en un proyecto económico. Y ahí está la clave: lo que empieza como una afición puede acabar siendo una empresa, pero el salto exige algo más que talento. Exige tiempo, dinero, estructura y resistencia.

La doble vida antes de abrir La Herencia Bakery

Antes de que La Herencia Bakery tuviera local físico, Marta llevaba una especie de doble vida laboral.

Por un lado, tenía un trabajo con nómina. Por otro, dedicaba su tiempo a su verdadera pasión: hacer tartas personalizadas por encargo.

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El negocio empezó a crecer de la forma más clásica posible, por recomendación. "Uno se lo dijo a otro, otro se lo dijo a otro y otro la lió y todo el pueblo se enteró", relata en uno de sus vídeos más vistos.

Ese boca a boca fue empujando el proyecto hasta convertirlo en algo más grande que una actividad paralela. Primero había demanda. Después llegó la necesidad de dar forma legal y operativa al negocio.

De un obrador legal a una vitrina de dulces

La idea inicial era relativamente sencilla: montar un obrador legal para poder hacer sus tartas. Pero a Marta ese planteamiento le parecía "un poco floja".

El problema es que estaba sola. Y ella misma lo resume así: "Contemplemos la opción de que estoy yo sola. Eso es una locura".

A partir de ahí, el plan fue cambiando. La joven decidió complementar los encargos con una vitrina de dulces para llevar. Es decir, no limitarse a las tartas personalizadas, sino ofrecer también producto diario para quien entrara en la pastelería.

"La idea principal se fue transformando a lo que es La Herencia", explica.

Ahora su negocio combina dos líneas: encargos de tartas y venta de una variedad de productos diarios. La cuenta de Instagram del negocio lo presenta como un espacio de "dulces que crean historias" y también muestra su ubicación en Pilar de la Horadada.

Emprender sola también significa trabajar más de lo razonable

El caso de Marta conecta con una realidad que muchas veces queda fuera del relato amable del emprendimiento: cuando el negocio depende de una sola persona, casi todo acaba pasando por sus manos.

En su caso, eso se traduce en jornadas que empiezan a las tres de la madrugada y terminan a las 11 de la noche. No es solo producir. Es comprar, preparar, hornear, limpiar, vender, atender encargos, gestionar redes, organizar pedidos y pensar el día siguiente.

Por eso su frase ha tenido tanta repercusión: "Esto no es solo ser trabajadora, es dejarle la vida intentando llegar a todo".

La comparación con otros trabajadores de horarios duros aparece en el texto original: Fernando, reponedor, que se levanta a las 4:30h, o Juani, trabajadora de un club de golf, que empieza su jornada a las seis y media. En todos los casos, la misma idea de fondo: hay empleos y negocios que se sostienen sobre horarios que el consumidor apenas ve.

Pese al cansancio, Marta se muestra agradecida por la acogida que ha tenido La Herencia Bakery. Su mensaje para quienes están pensando en emprender no es ingenuo, pero sí optimista.

"Nunca escuches los comentarios negativos de la gente. Intenta hacer un buen plan de empresa, céntrate en ti y en el negocio que estás creando, que se puede con mucho esfuerzo, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión".

Imagen: Tiktok de La Herencia Bakery.

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La libre circulación no desaparece. Pero Bruselas quiere ordenar una zona gris que lleva años generando tensiones: qué país debe pagar determinadas prestaciones cuando una persona se desplaza dentro de la UE y no trabaja en el Estado donde pide la ayuda. Según recoge El Español, la Comisión Europea publicará un listado con los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos residentes dentro del territorio para acceder a esas ayudas.

La reforma no crea una Seguridad Social europea

El cambio afecta a las normas que coordinan los sistemas nacionales de Seguridad Social. Es decir, no crea un organismo europeo nuevo ni sustituye la legislación de cada país.

La clave está en otra parte: aclarar cuándo un Estado miembro podrá limitar determinadas prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios que residan en su territorio sin trabajar ni mantener una relación suficiente con su sistema.

El acuerdo político fue alcanzado el 22 de abril por el Consejo y el Parlamento Europeo. Después fue refrendado por los representantes de los Estados miembros. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara también lo respaldó a comienzos de mayo, aunque el texto todavía necesita la aprobación formal del Parlamento y del Consejo para entrar en vigor.

La reforma actualiza los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, que son los que fijan qué legislación se aplica cuando una persona vive o trabaja en otro país de la UE. Bruselas busca reducir conflictos entre administraciones y repartir mejor el coste de las prestaciones.

El foco está en los ciudadanos comunitarios sin empleo

El punto más sensible afecta a los europeos que se trasladan a otro Estado miembro sin ejercer una actividad económica.

Las nuevas reglas aclaran en qué circunstancias los países podrán limitar el acceso a ciertas prestaciones sociales solicitadas por estas personas. Pero esto no significa que un ciudadano comunitario pierda automáticamente derechos por no trabajar.

La clave estará en varios factores: la residencia legal, la situación personal, la normativa nacional y la relación real con el sistema del país en el que se pide la ayuda.

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La UE mantiene que la libre circulación sigue siendo un derecho fundamental. Cualquier ciudadano europeo puede buscar empleo, trabajar y residir en otro Estado miembro sin permiso laboral. Lo que se pretende acotar es el acceso a ayudas asistenciales cuando no existe actividad, cotización o vínculo suficiente.

El texto también subraya que no debe impedirse a los ciudadanos móviles cotizar a regímenes de cobertura sanitaria. La reforma distingue así entre proteger derechos sociales en situaciones transfronterizas y evitar que una prestación no contributiva recaiga sobre un Estado sin conexión clara con el solicitante.

Seis meses de paro para buscar trabajo en otro país

La reforma no se queda en las ayudas sociales para ciudadanos sin empleo. También cambia las reglas de las prestaciones por desempleo.

Quienes se desplacen a otro país de la UE para buscar trabajo podrán seguir cobrando la prestación del país anterior durante seis meses. Ese plazo podrá ampliarse, si ese Estado lo decide, hasta agotar el periodo reconocido.

También se fijan reglas para los trabajadores transfronterizos. Si una persona ha trabajado, ha sido autónoma o ha estado asegurada durante 22 semanas ininterrumpidas en un Estado miembro, ese país asumirá el pago de la prestación, siempre que se cumplan sus condiciones nacionales.

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La lógica económica es clara: si el vínculo laboral reciente se ha producido en un país, ese país pasa a tener más responsabilidad en la prestación. La reforma intenta reducir el limbo administrativo y evitar que el coste acabe en un Estado con una relación más débil con el trabajador.

Cuidados de larga duración y prestaciones familiares

Otra novedad está en los cuidados de larga duración. La UE incorporará una definición común y una lista de prestaciones cubiertas por estas reglas.

El objetivo es evitar vacíos para personas dependientes o cuidadores que se mueven entre países. En una Europa con movilidad laboral y población envejecida, esta parte del paquete no es menor: afecta a situaciones donde la frontera administrativa puede chocar con necesidades muy concretas de atención.

En el caso de las prestaciones familiares, la reforma distingue entre dos tipos de ayudas. Por un lado, las ayudas en efectivo destinadas a sustituir ingresos cuando una persona reduce o deja su actividad para cuidar a un hijo. Por otro, el resto de ayudas familiares.

Bruselas sostiene que esta separación evitará desincentivos económicos.

Una propuesta bloqueada desde 2016

La propuesta original de la Comisión Europea data de diciembre de 2016. Desde entonces, el expediente llevaba años encallado por las diferencias entre países de origen y países de destino de trabajadores móviles.

El acuerdo actual intenta cerrar ese debate con criterios más previsibles. No se trata solo de quién tiene derecho a una prestación, sino de qué administración debe asumirla y bajo qué condiciones.

La reforma también afecta a los trabajadores desplazados. Los empleados o autónomos enviados temporalmente a otro país podrán seguir asegurados en el Estado de origen hasta 24 meses, siempre que no sustituyan a otro trabajador y hayan estado asegurados al menos tres meses antes.

Además, habrá notificación previa obligatoria a las autoridades cuando se realicen actividades en otro Estado miembro.

Hay excepciones: los viajes de negocios y las actividades de corta duración de hasta tres días consecutivos en un periodo de 30 días quedan fuera de esa obligación. La excepción no se aplicará en la construcción.

Menos limbo legal y más control del gasto

Con este pacto, la UE intenta equilibrar dos objetivos que no siempre encajan bien: proteger la movilidad laboral y reforzar los mecanismos contra errores, fraudes o cargas mal repartidas.

No es un cierre general de prestaciones sociales. Es una forma de precisar qué país paga, cuándo paga y con qué vínculo del solicitante con su sistema.

Cuando Parlamento y Consejo adopten formalmente el texto, los Estados miembros deberán aplicar unas reglas pensadas para dar más claridad a ciudadanos, empresas y administraciones.

Imagen: Moncloa.

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La construcción tiene un problema evidente de relevo. Es un sector envejecido, muy masculinizado y con dificultades para atraer nuevos trabajadores. Por eso el caso de Nerea no es solo una anécdota viral: también ayuda a entender qué ocurre cuando una mujer joven intenta abrirse paso en un oficio donde todavía son minoría.

Según recoge El Español, el Observatorio Industrial de la Construcción calcula que las mujeres representan el 11,2% de los trabajadores del sector de la construcción. El propio Observatorio recoge ese porcentaje en su informe Mujeres en el Sector de la Construcción 2023.

Una mujer en un sector todavía muy masculino

El dato explica por qué cada historia de una mujer albañila llama tanto la atención. La construcción sigue siendo una actividad ampliamente masculina, y cada incorporación femenina rompe una barrera en un oficio donde la igualdad avanza despacio.

El contexto laboral tampoco ayuda. En España el 55% de los profesionales obreros tiene más de 45 años. Es decir, no solo hay pocas mujeres: también falta relevo generacional.

Ahí aparece Nerea, una española dedicada a la albañilería que ha usado su cuenta de TikTok, @Nereaexplora, para contar cómo vivió su primer día como obrera en Australia.

"Soy obrera. Estoy reventada, pero tan contenta"

Nerea empieza su relato agotada, pero satisfecha. "Soy obrera. Estoy reventada, pero tan contenta con mi primer día como albañil. Llego a las 7 de la mañana, estaban el jefe de obra y el supervisor. Me dicen: 'Hola, ¿qué quieres?' y yo le digo que quiero trabajar", cuenta en el vídeo.

El arranque ya anticipa el choque. Ella había ido a trabajar como obrera, pero en la obra parecían esperar otra cosa.

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Según explica, le dijeron: "Pero es que hoy no nos hacen falta traffic controllers". Y ella respondió: "De traffic nada, yo soy obrera albañila".

Nerea vio venir que podían mandarla de vuelta a casa. Pero reaccionó rápido: "Estaba viendo ya que me iban a mandar a casa. No sé en ese momento qué se apoderó de mí, que voy y le suelto: 'Mira, esto es lo que vamos a hacer. Por haberme hecho venir hasta aquí, ya me vas a tener que pagar 4 horas'".

La clave laboral: cobrar cuatro horas aunque no se trabajen

La escena tiene un punto importante desde el lado laboral. Nerea explica que en Australia, cuando alguien va a trabajar a una obra, siempre que no guarde responsabilidad, "te tienen que pagar cuatro horas aunque no las trabajes".

Esa regla no es menor. En determinados marcos laborales australianos de la construcción, un trabajador casual tiene derecho a un pago mínimo de 4 horas por cada incorporación al trabajo, según el Building and Construction General On-site Award 2020 de la Fair Work Commission.

Y claro, la frase funcionó. La joven consiguió que le dejaran trabajar, aunque con una condición: tenía que usar un jackhammer, un martillo mecánico.

Cinco horas con el martillo mecánico

Nerea aceptó. Aunque, según admite, no sabía ni qué era esa herramienta. "Les dije que por supuesto sabía usar uno, aunque no sabía ni lo que era eso. Pues yo ahí con el jackhammer. Cinco horas me han tenido con el jackhammer de arriba a abajo. Digo, se me caen los brazos, se me desarman los hombros", relata.

La experiencia muestra la dureza física del oficio. No era una prueba simbólica ni una simple bienvenida: fueron cinco horas usando un martillo mecánico, de arriba a abajo, en su primer día.

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Después le pidieron otra tarea: reordenar la basura. Ella siguió adelante porque, como explica, sentía que no podía permitirse fallar.

"Si no podía hacer el trabajo iba a quedar, aparte de inútil y de floja, de boca chancla. Y yo, ahí estaba aguanta, aguanta, aguanta. Luego me pidieron reordenar la basura", cuenta.

El giro final resume toda la historia. Nerea empezó el día con la sensación de que la iban a mandar a casa. Lo terminó con una oferta para volver. "Al final viene el jefe de obra y me dice, 'Nerea, ¿puedes venir mañana?' Le dije que podía venir toda la semana".

Imagen: Nereaexplora expandida con Gemini.

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No todos los despidos llegan con una carta ni con una reunión en recursos humanos. La práctica conocida como despido silencioso es una “estrategia” por la cual algunos trabajadores terminan abandonando la empresa por su propia voluntad. Y no, no lo hacen porque sí. Lo hacen tras meses de presión, desgaste psicológico y situaciones incómodas que acaban por llevarles al límite.

Sobre el auge de este fenómeno ha hablado el abogado laboralista Juan Manuel Lorente en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde asegura que determinadas compañías buscan empujar al empleado hacia la dimisión para evitar, claro está, el pago de una indemnización.

O lo que es lo mismo: generar un entorno laboral tan sumamente difícil y asfixiante que el trabajador acaba marchándose por iniciativa propia.

Qué es en realidad el despido silencioso

Lorente asegura que se encuentra este tipo de situaciones con frecuencia en su despacho y considera que muchas personas no son conscientes de que están siendo sometidas a una estrategia de desgaste laboral.

"Así despiden a sus trabajadores muchas empresas y no, no es con una carta de despido. Ojo, yo no digo que haya empresas que no hagan esto, pero que me encuentro en el despacho muchas empresas que sí lo hacen es una verdad como un templo. Y me parece una forma lamentable de despedir, pero es una realidad y os la tengo que contar", explica el abogado.

Tras una sucesión de comportamientos, el empleado ve cómo se deteriora su situación dentro de la empresa hasta provocar que sea él mismo quien decida marcharse.

Cómo desgastan al trabajador

Según explica Lorente, una de las claves de esta práctica es que el desgaste se produce poco a poco y de manera continuada. "Van desgastando todos los días al trabajador", afirma el abogado al describir una situación que, según señala, puede prolongarse durante meses.

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Para conseguir ese desgaste, algunas empresas recurren a diferentes actuaciones. Tal y como explica el experto e instagramer, pueden hacerte "sentir mal un día" y "si te pueden fastidiar al siguiente, te lo hacen". También pueden mandarte un trabajo que saben perfectamente que odias hacer, dejarte en ridículo delante del resto de compañeros o ir echando por tierra tu trabajo constantemente.

El objetivo de estas conductas sería generar una situación cada vez más difícil para el empleado, que termina sintiéndose desmotivado, aislado o incapaz de soportar la presión diaria.

Un fenómeno cada vez más conocido

Aunque el término ha ganado popularidad recientemente, el despido silencioso no es, ni mucho menos, algo nuevo. Según el informe de InfoJobs de 2023 sobre Intención de Cambio de Empleo, el 57% de los trabajadores afirmó haber sufrido alguna de las situaciones asociadas al quiet firing o despido silencioso desde la pandemia.

La TEDxSpeaker Rosa Dichas explicó el pasado año que esta situación se produce "cuando una empresa utiliza tácticas sutiles (y a veces no tan sutiles) para hacer que un empleado se sienta incómodo, desmotivado o excluido en su lugar de trabajo, con la esperanza de que decida abandonar voluntariamente la empresa".

Y todo ello en una situación bastante deprimente en el entorno laboral actual. Según la Guía del Mercado Laboral 2022, el 54% de los encuestados afirma sentirse desmotivado en su trabajo y el 77 % de profesionales señalan que querrían cambiar de empleo.

Pero la cosa ha ido a más. Un espectacular 80% de los participantes en una encuesta reciente de LinkedIn News declararon que habían sufrido el despido silencioso en carne propia o habían sido testigos de cómo le ocurría a un compañero.

Por qué se habla de despido si el trabajador dimite

La particularidad de esta práctica es que la empresa no despide formalmente al empleado. Sin embargo, el resultado final puede ser muy parecido.

"Si esto te lo hace todos los días en la empresa, lo normal es que llegue el momento que no puedas más, que revientes, y que un día pidas la baja voluntaria porque tu cabeza ha dicho basta", explica Lorente.

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Cuando el trabajador presenta una baja voluntaria, pierde una serie de derechos que sí tendría en caso de despido. Precisamente ahí radica el principal beneficio para la empresa cuando consigue que sea el empleado quien tome la decisión de marcharse.

"Te vas de la empresa sin indemnización y sin paro. Es decir, la empresa consigue que te vayas sin pagarte ni un euro", advierte el abogado.

En estos casos, la compañía únicamente tendría que abonar el finiquito correspondiente, incluyendo conceptos pendientes de pago como salarios devengados o vacaciones generadas y no disfrutadas.

Qué pueden hacer los trabajadores

Lorente recuerda que una situación de este tipo podría llegar a encajar en determinados supuestos de acoso laboral o de incumplimiento grave de las obligaciones empresariales.

Por ello, recomienda buscar asesoramiento especializado antes de presentar una baja voluntaria. Y es que, la legislación española contempla mecanismos de protección para estos casos.

En concreto, el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario.

Si la solicitud prospera, el trabajador puede percibir una indemnización equivalente a la de un despido improcedente y acceder a la prestación por desempleo siempre que reúna los requisitos exigidos legalmente. Un derecho, no silencioso, que todos merecemos.

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La noticia Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre los nuevos despidos: “Consiguen que te vayas sin pagarte un euro. Van desgastando todos los días al trabajador” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La fiscalidad de una herencia puede complicarse por los inmuebles, por el parentesco y también por algo aparentemente menor: los muebles. Según explican los compañeros de NoticiasTrabajo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y a la Agencia Tributaria autonómica frente a una heredera que reclamaba la devolución de 38.395,47 euros por ingresos indebidos en una liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. El tribunal entiende que la liquidación quedó “consentida y firme” al no haber sido recurrida en plazo.

Una herencia millonaria y una liquidación que acabó siendo firme

El origen del caso está en el fallecimiento, en enero de 2018, del tío de la demandante. El hombre no tenía ascendientes ni descendientes directos con derecho a herencia, de modo que la mujer quedó como única heredera.

Tras presentar la escritura de aceptación de la herencia ante el organismo liquidador de la Comunidad de Madrid, la Administración le notificó meses después una liquidación provisional por 1.591.218,64 euros.

La contribuyente pidió un aplazamiento y acabó ingresando la totalidad de esa deuda tributaria en julio de 2019. Y ahí está buena parte del problema: pagó, pero no interpuso en ese momento recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa.

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El ajuar doméstico: el 3% que puede disparar la factura

Casi un año después del pago, en junio de 2020, la heredera solicitó la devolución de ingresos indebidos. Su argumento era que el ajuar doméstico, es decir, los muebles y enseres, se había calculado mal.

La Administración había aplicado automáticamente el 3% sobre todo el caudal hereditario. La demandante, en cambio, invocó varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2020, que habían fijado doctrina sobre este punto: el dinero, los inmuebles o los valores mobiliarios no deben entrar en ese cálculo porque no están afectados al uso personal o de la vivienda.

Con ese nuevo criterio, la diferencia a su favor ascendía a 38.395,47 euros.

El artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que el ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria y se valora en el tres por ciento del caudal relicto, salvo que se pruebe su inexistencia o un valor inferior.

La Administración y el TEARM rechazaron tramitar la devolución

La solicitud no prosperó. Tanto la Dirección General de Tributos como el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, el TEARM, rechazaron tramitar la petición.

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La razón fue procesal, no de fondo: para ambos organismos, la liquidación inicial ya no podía tocarse por esa vía. La contribuyente había dejado pasar el plazo de recurso y, por tanto, el acto administrativo había ganado firmeza.

Ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la heredera defendió que la liquidación era provisional y que, por ese motivo, podía rectificarse después por motivos distintos a los planteados inicialmente.

Pero el tribunal no aceptó esa tesis. Los magistrados subrayaron la diferencia entre una autoliquidación, que presenta el ciudadano, y una liquidación, que gira la Administración. Esa distinción fue decisiva.

La clave fue el plazo

La sentencia recuerda que “el acuerdo de liquidación era susceptible de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes”.

Como la heredera no recurrió entonces y decidió pagar, el tribunal concluye que “dicho acto quedó consentido y firme”. Y una vez alcanzada esa firmeza, la vía elegida por la contribuyente ya no servía para obtener directamente la devolución.

La resolución recalca que no puede presentarse una “solicitud de devolución de ingresos indebidos directamente sin iniciar previamente un procedimiento especial de revisión para anular el acto firme primero”.

En otras palabras: aunque la doctrina posterior del Supremo podía favorecer su cálculo del ajuar doméstico, el TSJ de Madrid entiende que el cauce utilizado no era válido porque antes había que atacar la firmeza de la liquidación.

Imagen: Magnific.

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La noticia Hereda varias viviendas de su tío en Madrid y en Sucesiones le cobran 38.395 euros más por los muebles: la justicia lo avala por recurrir tarde fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Un padre sin ingresos empresariales, viviendo en una caravana en un camping y con una obligación mensual de 1.200 euros con sus tres hijos. Ese era el punto de partida de un caso que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta muy concreta: hasta cuándo deben mantenerse las pensiones de alimentos cuando los hijos ya son mayores de edad.

El asunto, recogido por Noticias Trabajo, llega desde la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el padre contra una resolución previa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Rubí.

El padre pedía dejar de pagar a dos hijos y rebajar la pensión del tercero

La pensión fijada inicialmente era de 400 euros mensuales por cada hijo. En total, 1.200 euros al mes.

El padre pidió modificar esas medidas. Su situación económica había cambiado de forma sustancial: había liquidado las dos empresas que le proporcionaban ingresos, estaba pendiente de recibir el subsidio para mayores de 55 años, actualmente sustituido por el subsidio para mayores de 52 años, y residía en una caravana situada en un camping.

Su solicitud tenía dos partes. Por un lado, quería extinguir la pensión de los dos hijos mayores, de 28 y 26 años. Por otro, pedía una rebaja de la pensión del tercer hijo, de 23 años, que todavía seguía estudiando.

La madre se opuso. Defendió que debían mantenerse las medidas fijadas por el juzgado de Rubí, es decir, los 400 euros mensuales por hijo.

La falta de relación familiar no bastó

En primera instancia, el juzgado rechazó cambiar las medidas. Entendió que no había motivos suficientes para extinguir o reducir las pensiones alimenticias.

El padre recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Entre sus argumentos, alegó que no mantenía relación con sus hijos mayores desde hacía años y que esa falta de vínculo debía justificar también el fin de la obligación alimenticia.

Pero ahí la Audiencia no le dio la razón.

El tribunal descartó ese argumento porque no quedó acreditado que la ruptura de la relación fuera responsabilidad exclusiva de los hijos. La clave está en el artículo 451-17 del Código Civil de Cataluña, que contempla la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar como causa relevante solo si esa falta de relación es imputable exclusivamente al legitimario.

La sentencia añadió un matiz importante: cuando se produjo la separación de los padres, los hijos tenían solo 8 y 6 años. Por eso, la Audiencia consideró que no podía atribuirse únicamente a ellos el deterioro de la relación familiar.

Lo decisivo fue que los dos hijos mayores ya trabajaban

Donde sí apreció un cambio relevante fue en la situación económica de los dos hijos mayores.

El hijo de 28 años llevaba más de cuatro años incorporado al mercado laboral. La hija de 26 años acumulaba cerca de año y medio trabajando. Con esos datos, la Audiencia entendió que ambos habían terminado su etapa formativa y podían mantenerse por sí mismos.

En otras palabras, el tribunal no extinguió la pensión porque los hijos no hablaran con el padre, sino porque consideró que ya no existía la situación de necesidad que justificaba la pensión de alimentos.

Para ello aplicó el artículo 237-13 del Código Civil de Cataluña, que regula las causas de extinción de la obligación de prestar alimentos. Entre ellas figuran la reducción de rentas del obligado cuando impide cumplir sin desatender sus propias necesidades y la mejora de las condiciones de vida del alimentado cuando hace innecesaria la prestación.

El hijo de 23 años mantiene la pensión, pero reducida

El caso del tercer hijo era distinto.

Tiene 23 años, continúa estudiando y todavía no se ha incorporado de forma estable al mercado laboral. Por eso, la Audiencia Provincial de Barcelona mantuvo su derecho a percibir alimentos.

La diferencia está en la cuantía. La pensión baja de 400 a 200 euros mensuales.

Para tomar esa decisión, el tribunal valoró la delicada situación económica del padre: ya no tenía ingresos empresariales, estaba pendiente de recibir una prestación para mayores de 55 años y vivía en una caravana en un camping.

También tuvo en cuenta que, al extinguirse la pensión de los otros dos hijos, el gasto total del progenitor quedaba muy reducido. Aun así, consideró proporcionado rebajar la pensión del hijo menor a esos 200 euros al mes, no eliminarla por completo.

Una sentencia sobre el límite económico de la obligación familiar

La resolución deja una lectura clara: la mayoría de edad no extingue automáticamente una pensión de alimentos, pero tampoco la convierte en indefinida.

Cuando un hijo mayor sigue formándose y no tiene independencia económica, la obligación puede mantenerse. Cuando ya trabaja de forma suficiente y ha terminado su etapa formativa, el tribunal puede considerar que la necesidad ha desaparecido.

Eso es lo que ha ocurrido en este caso: dos pensiones extinguidas, una pensión reducida y un padre que pasa de una carga mensual de 1.200 euros a una de 200 euros.

La sentencia, dictada el 20 de marzo de 2025, no era firme. Las partes podían presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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La noticia Un padre sin ingresos que vive en una caravana deja de pagar la pensión de 1.200 euros a sus hijos de 28 y 26 años porque ya trabajan fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .