Con la pandemia y los cierres obligatorios, el sector empresarial se ha resentido y algunas grandes empresas están buscando la mano del Estado para que, con el dinero público, se intervenga el balance de la empresa para no entrar en proceso de quiebra y posterior liquidación.

En este contexto cobra especial importancia el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que se trata de un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. A través de él, la mano política interviene las empresas consideradas estratégicas.

Depende del Ministerio de Hacienda, y en él se creó un mecanismo específico, el Fondo de Apoyo a la Solvencia que está dotado con un total de 10.000 millones de euros. Fue aprobado por el Gobierno el pasado julio con el objetivo de ofrecer apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

En este punto hay dos conceptos clave "afectadas por la pandemia" y "estratégicas" que más adelante nos puede hacer una idea de si se ha cumplido este objetivo.

Debido a la indefinición medida, al final las decisiones quedan en las manos políticas del Gobierno. Por lo tanto, las solicitudes realizadas quedan en manos del Consejo Gestor del Fondo, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones.

La primera ayuda vino a satisfacer las necesidades de la aerolínea Air Europa, aprobando un total de 475 millones, distribuidos con un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones.

Todo parece indicar que, desde el punto de vista de este mecanismo, estaría perfectamente justificado. Air Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de autorizaciones para volar a destinos internacionales. Su dimensión según sus ingresos representa el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas.

En el caso de Avoris (integración de Barceló y Globalia), el 16 de marzo se aprobó una ayuda que suma un importe total de 320 millones de euros y se canalizará a través de un préstamo participativo de 163,2 millones de euros y de un préstamo ordinario de 156,8 millones de euros.

Hablamos de una empresa líder en el mercado de agencias de viaje mayoristas porque la operación de fusión representó la concentración de los dos primeros operadores, con una cuota conjunta próxima a una cuarta parte del sector.

Como vemos, Avoris ostenta una elevada cuota de mercado, vinculada a un gran volumen de negocio (4.067 millones de euros de facturación agregada en 2019) y un importante número de empleados directos (6.400 trabajadores). El sector del turismo ha sido el gran perjudicado de los cierres por la COVID-19 y ha tenido un gran impacto en el sector turístico, estimándose entre un 60% y un 80% la caída registrada en 2020 frente a 2019.

Pero ¿y la aerolínea Plus Ultra? Desde el Gobierno se aprobó una ayuda que asciende a un total de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.

¿Podemos decir que es una empresa estratégica? Si bien todas las aerolíneas han quedado afectadas por la crisis, Plus Ultra no parece que responda a la etiqueta de "estratégica". Es más el propio Gobierno dice lo siguiente "Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)". Los datos no parecen avalar a la idea de estratégica. Tan solo opera el 0,03% de los vuelos en España, y su volumen de trabajadores es de 343, lo que significa que las ayudas suponen pagar 150.000 euros por trabajador.

Dudas similares surgen en el caso de Duro Felguera pero en este caso por el concepto "afectadas por la pandemia". Y sí gran parte del tejido empresarial ha quedado afectado, pero la clave es si ya arrastraba problemas estructurales previos para ser beneficiario de la ayuda. Así que veamos sus resultados en los años anteriores.

• 2016: -19,1 millones de euros.
• 2017: -271,2 millones de euros.
• 2018: -119,2 millones de euros.
• 2019: +10,9 millones de euros.
• 2020: -171,6 millones de euros.

La empresa ya ha estado previamente en fase de quiebra técnica y con ampliaciones de capital ha ido aguantando su actividad. La crisis solo ha hecho que agravar los problemas estructurales de fondo que arrastraba Duro Felguera. Pero las pérdidas de 2020 le han servido para ser beneficiario de una ayuda pública que asciende a 120 millones de euros concedidos el 9 de marzo, a través de un préstamo participativo por importe de 70 millones de euros, un préstamo ordinario de 20 millones de euros y una aportación de capital o, en su caso, nuevo préstamo participativo, por un montante global de 30 millones de euros.

Por ahora, de cuatro empresas a las que se ha asignado el rescate, dos ostentan dudas más que razonable sobre si el mecanismo alcanza verdaderamente el objetivo que, en primera instancia, se asignó en su creación y tendrían motivaciones de corte político. Y pensemos que ya se ha asignado cerca del 10% de la dotación del fondo y quedan detrás 26 empresas que han solicitado un rescate al fondo para la solvencia de empresas estratégicas.

Incluso, otras empresas estarían interesadas en acceder al dinero público aunque todavía no hayan solicitado las ayudas. Este es el caso de Mediapro, que solicita 300 millones de euros para no entrar en proceso de disolución debido a su mala política de compras en el mercado de los derechos audiovisuales del fútbol. Una empresa audiovisual con afinidad ideológica al gobierno, que si como sucede con Plus Ultra o Duro Felguera, con su rescate, se estaría premiando a aquellas empresas con problemas estructurales, nada que ver con la crisis.

Luego queda en debate moral. El actual gobierno de coalición está formado por dos formaciones políticas, PSOE y Unidas Podemos, que criticaron, los rescates bancarios o los rescates de las autopistas, con toda la razón, pues se pretendía utilizar el dinero público para empresas que no se gestionaron adecuadamente y fueron los contribuyentes a quienes se les obligó a socializar las pérdidas asumidas.

La fusión entre Caixabank y Bankia generará la mayor entidad en el territorio español. Tendrá activos por valor de 664.000 millones de euros a finales de junio de 2020, lo que refuerza la posición de CaixaBank como mayor actor nacional, que suponen el 25% de los activos totales del sistema, frente al 16%. El nuevo grupo tendría aproximadamente 6.700 oficinas (4.500 en CaixaBank y 2.300 en Bankia) y una plantilla conjunta de aproximadamente 51.500 empleados (35.600 en CaixaBank y cerca de 15.900 en Bankia).

La transacción permite una reducción sustancial de la estructura de costes combinada con sinergias de costes anuales estimadas por valor de 770 millones de euros antes de impuestos (aproximadamente el 40% de la base de costes de Bankia en 2019). La fusión generará una mala voluntad que absorberá completamente el impacto de los costes de reestructuración de alrededor de 2.200 millones de euros. También se espera que la nueva entidad genere sinergias de ingresos por valor de 290 millones de euros en 2025.

Debido al rescate bancario, hoy, el Estado a través del FROB, ostenta una participación del 61,81% de Bankia. Por lo que se considera un actor de suma relevancia en esta fusión.

Y llama la atención el papel Estado en esta operación. Históricamente, desde los tiempos de Banesto hasta el Popular, se abrían pujas para que el Estado maximizara el importe de la entidad rescatada. Pero esta vez, ante una fusión por absorción -no se crea una nueva entidad- que llevaría a la pérdida del control de la entidad resultante, no hay subasta pública sino canje de acciones para que el Estado finalmente se quede con el 16% con la entidad resultante.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha participado en estas negociaciones y, hasta la fecha, ni se explica las razones por las que se aparta la subasta y, básicamente, se coloca a dedo una entidad que ha sido intervenida costando a los contribuyentes 24.000 millones de euros.

Debido que no hay explicaciones solo queda especular sobre las potenciales razones por las que no se entra en subasta. O bien se pretende maximizar el valor de la participación de Bankia para seguidamente privatizarla o bien tener una altísima influencia en el primer banco español.

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Fusión CaixaBank y Bankia: ¿es buena idea?

Debido a las sinergias comentadas y velando por el interés de los recursos públicos utilizados, esta fusión tiene sentido para maximizar el valor de la participación de Bankia que en los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso. Hay una fuerte necesidad pues, valorando los últimos cinco años y antes de dar a conocer la fusión, Bankia ha visto como su cotización se hundía un 73%.

Ante tal contracción de la cotización, que el Estado busque alternativas para maximizar el valor de su participación es un hecho positivo para que los contribuyentes recuperen parcialmente los dineros destinados a salvar Bankia.

Paralelamente, en 2017 se buscó analizar esta vía cuando se analizaba la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), concluyendo que era la mejor estrategia para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión.

Dicho esto, el Estado ha estado prorrogando en los últimos años los plazos para la privatización de Bankia. En el último Consejo de Ministros se decidió que el plazo final se orientaba en 2021. Se ha ido prorrogando mientras la cotización se ha ido desplomando. Parece que nunca ha sido buen momento para la privatización de la entidad.

Con el 16% del grupo tras la absorción, el Estado se asegura en el consejo de administración de la futura CaixaBank. Y aquí se abre la segunda posibilidad de las intenciones reales del poder político: tener influencia política en la entidad resultante de Caixabank.

El peligro que tenemos ahora es volver a ese experimento de la gestión pública en las Cajas de Ahorros que no es recordada por su éxito.

Con un movimiento de estas características puede que exista la tentación de olvidarse de la privatización. Y ante la concentración bancaria que experimenta el sector, sería muy peligroso para el sector volver a las andadas, ya que la intervención política estaría inmersa en el primer banco sistémico español cuyo negocio no está internacionalizado y afectaría directamente al riesgo país de España.

Los frugales por el norte y los derrochadores por el sur, suponen dos versiones europeas contrapuestas de lo que debería ser la gestión socioeconómica, y que cohabitan dentro de una misma superpotencia. Y el delicado equilibrio de poderes se impone de uno u otro lado según se incline la balanza en cada ocasión.

Aunque en aquellas negociaciones europeas del macro-plan de rescate pandémico algunos vendieron una imagen triunfalista que no se correspondía para nada con la realidad que se impuso, lo cierto es que en esta ocasión los frugales se salieron con la suya en prácticamente todos los frentes abiertos. Y menos mal, porque al menos eso garantiza cierta racionalidad en un gasto que, si no, prometía con ser demasiado arbitrario y discrecional.

Pero entre bastidores siempre hay susurros y secretos bien guardados, y lo realmente sorprendente en esta ocasión es cómo la tradicionalmente frugal Alemania basculó hacia el derrochador eje del sur, alineándose con esos países europeos sureños que tanto distan de sus propios principios de rigor en las cuentas públicas. Y ante tan grande incógnita, ahora sabemos el porqué del repentino y sorprendente giro teutón. Y no, ni las cosas son muchas veces lo que parecen, ni son lo que deberían ser.

Cuando a la cautela se le llama frugalidad, obviando que la imprevisible realidad siempre debería llevar (en parte) a la cautela…

Hay que empezar haciendo justicia a la prudencia en la gestión socioeconómica, y hacer honor a la cautela con la que siempre hay que aproximarse a la economía, y en especial a esas cuentas públicas que algunos piensan que se basan en un dinero publico que no es de nadie, cuando en realidad es de todos más que ningún otro, y cuyo déficit y deuda pagamos todos durante muchos muchos muchos años. Para todo político que busque el bien común y que se aleje del cortoplacismo extremo imperante debería ser una máxima el guardar hoy algo de dinero por si nos hace falta mañana para algún imprevisto o causa de fuerza mayor que pueda sobrevenir.

Así, a esos países del norte de Europa con una gestión del dinero público mucho más cautelosa que en otras longitudes, se les ha colgado la injustamente la etiqueta de “frugales”, cuando se debería hablar de ellos en términos de prudencia y cautela, algo que siempre ha de ser bienvenido en una economía que no sólo ha de cargar con la pesada losa del pasado y gestionar el complejo presente, sino que además ha de ser capaz de prever el futuro para empezar a encarrilarlo desde la capacidad de acción del hoy. La incertidumbre y la inseguridad son las peores enemigas de la economía, pero sin embargo una correcta gestión de las mismas puede llevar a cosechar grandes éxitos socioeconómicos por previsores, donde otros se dan de bruces con la realidad que no quisieron o no fueron capaces de anticipar.

Alemania tradicionalmente no sólo ha venido perteneciendo al club de los frugales, sino que además es uno de los países europeos que más inclementemente ha ejercido de azote del derroche y de la falta de rigor presupuestario. Y desde luego mal no le ha ido ante la debacle económica del Coronavirus, para cuya gestión contó con un valioso colchón producto de los esfuerzos del país en los últimos años por lograr un déficit cero (conocido en Alemania como política de “Schwarze null”) en las cuentas públicas, y que ahora le ha permitido disponer de una vital capacidad de endeudamiento extra para afrontar una crisis imprevisible y colosal como la de la pandemia. Y por cierto, todo sea dicho, como notable actitud, Alemania lleva el carácter de excepcionalidad de la crisis del Coronavirus hasta sus últimas consecuencias, y así en el país teutón ya están pensando en volver a la senda del déficit cero una vez que esa excepción haya pasado definitivamente. Así, Alemania ha sufrido una contracción económica que se queda en tan sólo apenas la mitad del escandaloso despeñe del -18,5% intertrimestral español, suponiendo este último dato de España nada más y nada menos que un “noqueante” -55,8% anualizado. Así fue tal y como le rebatía recientemente con toda la razón Juan Ramón Rallo a un Alberto Garzón al que claramente se le entremezclan los términos y los plazos econométricos.

El súbito y aparentemente inexplicable giro alemán hacia un rigor presupuestario más del estilo del “Viva la Pepa”

Aunque éste punto del guardar hoy algo de dinero por lo que pueda venir mañana era algo que ya reclamábamos urgentemente desde estas líneas, cuando pedíamos responsabilidad a nuestros gobernantes para reducir la abultada deuda pública española mientras los vientos del BCE soplaban a favor, lo cierto es que ésa no es la única justificación para el injustificable abismo existente entre las cifras de decrecimiento española y alemana. Resulta obvio que, además, una correcta y competente gestión de la pandemia permitió a los alemanes no tener que acabar recurriendo a un confinamiento más severo y más largo como ocurrió en España, lo cual contribuyó definitivamente a no extenuar a una economía que luchaba por no ahogarse, y que mientras que en otros países le lanzaban un bote salvavidas que habían comprado con los ahorros de los años precedentes, en España se dedicaban a atizarle con el remo de las subidas de impuestos en toda la cabeza y sumergiéndola todavía más bajo las aguas.

Menos mal que parece que se ha impuesto finalmente in-extremis un mínimo de cordura, y que el gobierno español ha decidido al menos aplazar las subidas de impuestos anunciadas para aplicarlas pero cuando ya haya pasado la crisis del COVID-19. Aunque supone tan sólo postergar un impacto económico que va a ser eminentemente negativo para el tejido económico, al menos han dejado de atizarles a las empresas con el remo cuando estaban luchando por sacar la cabeza del agua para conseguir respirar. Eso sí, la pregunta de oro ante este último anuncio no es otra sino… ¿Pero cuándo diantres podremos decir en España que hemos dejado atrás la crisis económica del Coronavirus? Porque la cosa va para muy muy muy largo, y puede que ni siquiera seamos capaces de discernir hasta dónde llegó el Coronavirus, y dónde empieza lo sistémico de la muy mejorable realidad socioeconómica española.

Pero mejores y peores gestiones aparte, frugales y derrochadores aparte, norte y sur aparte, lo cierto es que, en las recientes negociaciones europeas “a cara de perro” sobre el macro-paquete de ayudas contra la terrible crisis del Coronavirus, los países del sur contaron con un aliado altamente inesperado, y que si bien no logró imponer en esta ocasión su mayor transigencia con los sureños, lo cierto es que el giro ya supuso toda una sorpresa, además de un golpe de timón. Y no, en economía nadie te regala nada; ni tus socios ni tus amigos socioeconómicos te dan ninguna sorpresa ni tan siquiera de cumpleaños, por lo que la cuestión realmente intrigante es porqué Alemania cambió de bando súbitamente en esta ocasión, dejando solos y sensiblemente con menos poder de imponerse a sus tradicionales amigos frugales, y haciendo en su momento que las probabilidades que tuvieron entonces los países del sur para imponer sus tesis fuesen sensiblemente mayores.

¿Y por qué esta vez Alemania dejó desamparados a sus amigos frugales y se unió a la fiesta de gasto sur-europea?

En medio de esas tensiones norte-sur que la propaganda se encarga de exacerbar al extremo para romper Europa, la lógica de la posición alemana ha sido que una cosa es la política pública del “Déficit cero” que tan diligentemente aplicaron las administraciones, y otra cosa muy distinta es el panorama de su deuda empresarial. Así, la realidad de la empresa alemana es que se ha enfrentado a la crisis del Coronavirus con 10 puntos más de endeudamiento sobre recursos propios que la empresa española, o 108% versus 98%. Un endeudamiento del 108% sobre recursos propios indica que las empresas alemanas deben un 8% más de lo que poseen en activos junto con lo que tienen en caja, pasando la peligrosa línea roja que marca a partir de dónde se debe más de lo que se tiene, y por tanto ya no se podría pagar con total garantía en caso de necesidad: un punto al que las empresas españolas sí que llegarían a poder pagar íntegramente.

Así pues, Alemania tenía un problema de endeudamiento empresarial que podía explotarle con la crisis del Coronavirus, y por ello habría podido haber decidido posicionarse esta vez en el club de la laxitud con el endeudamiento, a fin de lograr condiciones más fáciles de digerir por su tejido empresarial ante la complicada coyuntura pandémica que se nos ha venido encima a todos. La realidad es que, en este sentido, la posición de endeudamiento alemana le sitúa a años luz de aquella de los países frugales, llegando al extremo de que tres de las diez empresas más endeudadas del planeta son empresas alemanas (automovilísticas, para más referencias).

Y es que parece que la empresa española ha hecho (al menos en parte) sus deberes de desapalancamiento tras la funesta crisis inmobiliaria. Como pueden leer en el enlace anterior, en el último lustro el endeudamiento de las empresas españolas se ha reducido en línea con aquellas de los países frugales, en extremo que sin embargo no ha ocurrido con las empresas alemanas. Y la paradoja aquí en términos de deuda es mayúscula, con unas administraciones públicas alemanas que hicieron lo que sus empresas no hicieron tan bien, mientras que nos encontramos con unas empresas españolas que sí que hicieron lo que sin embargo sus administraciones públicas dejaron flagrantemente de hacer. Desde luego, las idiosincrasias nacionales muchas veces no son lo que parecen a primera vista, y menos cuando se culpa a justos por pecadores.

Pues si hay algo seguro es que, en este mundo de intereses y juego de poderes, todas las posiciones nacionales tienen un porqué; otra cosa es que se llegue a saber. En este caso, la posición alemana en las negociaciones del macro-paquete de ayuda para la crisis del Coronavirus era ciertamente intrigante, hasta que supimos el porqué. Una vez más este asunto tenía toda la lógica socioeconómica del mundo, y especialmente en un mundo en el que ya les decía que nadie regala nada: nosotros tampoco, que por ejemplo ya eché en falta ver a ciertos sectores comprando con sus ahorros letras del tesoro griegas a espuertas cuando la terrible crisis azotó aquel país: se limitaron a criticar a la temida Troika, que al final fue la que enviaban los únicos que ponían el dinero sobre la mesa; eso sí, a cambio de unas condiciones draconianas para unas cuentas griegas ciertamente desbocadas.

Y es que hasta el solidario más solidario se lo piensa dos veces antes de meter su propio dinero en un saco sin fondo, pero sin embargo muchos no tienen reparo en exigir que se haga lo mismo con el dinero de todos o con el de los demás. La solidaridad que en la práctica a ti no te cuesta nada (o que incluso te puede llegar a favorecer), no es verdadera solidaridad, sino tan sólo acomodarse en la exigencia de que otros sean solidarios por ti. La solidaridad no se predica (y menos se exige), sino que se practica. Y en esta ocasión ha resultado que los alemanes tampoco estaban siendo totalmente solidarios, sino que en realidad lo que les pasaba era que la laxitud y la solidaridad de los nor-europeos les iba a favorecer a ellos. ¡Qué mundo éste que nos ha tocado vivir! Por el interés te quiero Andrés: resulta que algún tipo “menor” de solidaridad es mucho más fácil cuando se comparte o se ha compartido una misma situación. Y ya resulta muy censurable encontrar personas (y países) que disfrazan su interés de una solidaridad que, en realidad, no les importa ni mucho menos tanto como aparentan. Por eso, dejando a un lado solidaridades de escaparate con más "falsetes" que una canción de los Bee Gees, un servidor aprecia doblemente a las personas verdaderamente solidarias: lo primero por su espíritu bondadoso, y lo segundo por su coherencia personal. Ni lo uno ni lo otro abundan hoy en día a nuestro alrededor, y así nos va.

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A partir de la gran crisis que vivimos en 2008, muchos gobiernos de todo el mundo se lanzaron a la nacionalización de las entidades financieras para garantizar su supervivencia. Los contribuyentes hicieron frente a una dura factura de la crisis agravada por la compra obligatoria de las entidades financieras que no supieron gestionar adecuadamente sus riesgos.

Ya en 2020, la crisis del COVID-19 está afectando a un sector en particular, las aerolíneas y se están empezando a valorar nacionalizaciones. El sector vive con el agua al cuello. Si tomamos los datos del mes de abril, la capacidad de pasajeros internacionales se redujo hasta ahora en un 85% frente al 33% del mes de marzo, y que en el caso específico de España se eleva hasta el 90%.

En el caso específico de Europa, la pérdida potencial de ingresos de las compañías europeas en 2020 ha aumentado a 89.000 millones de dólares y se prevé que la demanda de pasajeros (medida en kilómetros de ingresos por pasajero) será un 55% inferior a los niveles de 2019. Esto supone un aumento con respecto a las estimaciones anteriores (publicadas el 24 de marzo) de 76.000 millones de dólares y el 46% respectivamente.

En términos de impacto económico, el actual colapso del 90% en el tráfico aéreo pone en riesgo alrededor de 6,7 millones de puestos de trabajo y podría llevar a un impacto negativo del PIB de 452.000 millones de dólares en toda Europa. En bolsa son quiénes han sufrido el mayor varapalo por las fuertes pérdidas presenciadas.

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¿Cuáles están siendo los sectores más afectados por el coronavirus?

España es el país que más sufriría en términos de pérdida de pasajeros en Europa y de ingresos. Serían 114 millones de pasajeros menos, lo que supone una pérdida de ingresos de 15.500 millones de dólares, con el riesgo de 901.300 empleos y 59.400 millones de dólares de contribución a la economía española.

La empresa his­pa­no-­bri­tá­nico IAG, propietaria de Iberia, ha anunciado que su capacidad de vuelo se reducirá en un 75% y Virgin Atlantic reducirá el 80% de sus vuelos, y se le pidió al personal que tome ocho semanas de vacaciones sin sueldo. Ryanair, EasyJet y Norwegian también están recortando la mayoría de sus vuelos y sus trabajadores se enfrentan a despidos, recortes salariales y, posiblemente, incluso la pérdida de empleos.

El sector de la aerolíneas pide ayudas a los gobiernos

La situación es verdaderamente complicada para el sector y las dos grandes asociaciones internacionales, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) están solicitando los gobiernos que ofrezcan inmediatamente ayuda financiera para respaldar tanto a los operadores de aeropuertos como las aerolíneas durante la crisis del COVID-19 y así apoyar la conectividad.

La decisión del confinamiento sumada las restricciones del tráfico aéreo a repercutido en un impacto económico sobre la industria mundial del transporte aéreo coma provocando una caída en la demanda de mensajeros a niveles nunca antes vistos. Sus ingresos están cayendo más allá de la capacidad de adoptar las medidas de reducción de costes más extremas, lo que les lleva a enfrentar un periodo de falta de liquidez.

Estas asociaciones recalcan que el riesgo reno ayudar al transporte aéreo se traduce en la pérdida de millones de empleos. En términos globales, la industria de la aviación respalda a 65,5 millones de empleos en todo el mundo, incluidos 10,5 millones de personas empleadas en aeropuertos y aerolíneas, y aporta 2,7 billones de dólares en la actividad económica global.

Pero ¿qué tipo de ayudas están solicitando? El sector está pidiendo desgravaciones fiscales, que incluyan el alivio de los impuestos sobre la renta, impuesto sobre sociedades, préstamos en condiciones ventajosas con garantías por parte de los estados y, en última instancia el apoyo directo para mantener a flote las empresas a través de liquidez financiera o hasta el punto de proceder al rescate, pura nacionalización.

Afirman que desde los gobiernos se ha reconocido la urgencia de actuar, pero se está acabando el tiempo para que otros gobiernos brinden la ayuda financiera necesaria para mantener a toda la industria viable y lista para apoyar una recuperación equilibrada, incluidos los operadores de tierra y otros proveedores de servicios en los aeropuertos.

Intervencionismo y distorsiones del mercado

Italia es el principal país que está sufriendo en su economía la crisis vinculada al COVID-19. El último trimestre la economía italiana se hundió un 4,7%, su mayor caída primer trimestre desde los registros recientes que parten de 1995.

Fruto de las dificultades, en el mes de marzo, se decidió nacionalizar a Alitalia, su principal aerolínea. La aerolínea se está nacionalizando, y el gobierno tomará el control total en junio. Ya ha tenido más de 2.100 millones de euros desde que tomó participación en 2017.

Si bien es cierto que está crisis ha pasado una gran factura para su aerolínea, lo cierto es que sus cuentas ya han estado en una situación difícil durante los últimos años. Con la fuerte crisis, prácticamente se ha quedado sin efectivo para afrontar sus necesidades financieras.

Por su parte, la aerolínea nacional alemana Lufthansa está buscando un rescate de 10.000 millones de euros que le daría al gobierno alemán una participación del 25,1% en la compañía.

Air France-KLM, una de las aerolíneas más grandes de Europa, recibirá un préstamo bancario de 4.000 millones de euros respaldado por el estado francés y un préstamo gubernamental directo de 3.000 millones de euros. Paralelamente, el gobierno holandés dijo que proporcionaría entre 2.000 y 4.000 millones de euros adicionales en ayuda pública.

En Estados Unidos también se está aguantando a la aerolínea de referencia. En este caso, Amerinan Airlines, el mayor operador estadounidense, se ha asegurado 5.800 millones de dólares dedicados al apoyo para el pago se las nóminas y se está negociando los términos para un préstamo federal separado de 4.750 millones.

Por supuesto, el debate está servido. Que algunas aerolíneas estén siendo rescatadas o reciban asistencia financiera en condiciones ventajosas, mientras que otras como por ejemplo Ryanair que se ven abocadas a afrontar reformas estructurales en sus cuentas (la compañía despediría al 15% de su fuerza laboral) nos lleva a un mercado con claras distorsiones.

Las aerolíneas rivales, ya sean estatales o antiguas compañías de bandera, reciben ayudas públicas, que les permiten competir en condiciones especialmente favorables. En contraste, sus rivales más pequeños dependen de sus propios recursos para aguantar el golpe.

Tanto la economía española como la italiana no están pasando por su mejor momento fruto de las enormes necesidades presupuestarias derivadas de ofrecer una respuesta sanitaria al ser los grandes focos de propagación del COVID-19. A ello, hay que añadir las consecuencias económicas vinculadas al parón del tejido productivo de las respectivas economías.

Todo este contexto hace que el déficit que nos encontremos para este año será sustancialmente superior a las estimaciones realizadas previamente para ambos países. La pregunta que debemos hacernos es si en este contexto y, especialmente en estos países de referencia, ambos países serán capaces de llevar a cabo una emisión efectiva para hacer frente tanto a los vencimientos de deuda que van surgiendo como a las necesidades de gasto público que se encontrarán en el futuro más inmediato.

Y es que ambos países parten de una complicada situación en materia de déficit y deuda+. España ha sido el numerosos ejercicios el país con mayor déficit de la Unión Europea y su relación entre deuda pública y PIB asciende al 95,5%. Además, hay que señalar negativamente que por primera vez desde 2012 la senda de reducción del déficit público se ha incumplido en 2019 con una subida de 2 décimas hasta alcanzar un desequilibrio presupuestario del 2,7% del PIB.

Por su parte, si bien Italia tenía un déficit inferior al español -2,7% frente al 1,6%-, su problema reside en la elevada deuda pública que se eleva hasta el 134,8% del PIB, así como las numerosas dificultadas de corte estructural que llevan a su economía a una posición de debilidad ante un shock externo.

Debido a que tanto Italia como España representan la tercera y la cuarta economía de la eurozona respectivamente, cabe preguntarse si necesitarán algún tipo de asistencia financiera por parte del resto de socios europeos para atender a las necesidades de déficit del presente ejercicio.

Italia: sus dificultades le acercan al rescate antes que España

Si algo puede consolar a España es que Italia se encuentra en una posición más debilitada. Si hay que rescatar un país, sin lugar a dudas, Italia tiene todas las papeletas para coger el primer número del rescate financiero.

Los problemas económicos de la economía italiana no son nuevos sino que es un hecho extendido en el tiempo caracterizados por una falta de competitividad grave que ha anulado las tasas de crecimiento, con cuatro recesiones en una década, una banca caracterizada por una alta morosidad a lo que hay que añadir la suspensión de los pagos de la hipoteca para sus ciudadanos en cuarentena, y una deuda pública del 135%, la segunda mayor relación después de Grecia, que implica una elevada sensibilidad a los shocks externos para afrontar los vencimientos de deuda.

Todo parece indicar que Italia entra en otra recesión técnica el primer trimestre del año ya que, en el trimestre anterior, vimos un descenso trimestral de la economía del 0,2%. Y, para éste, debemos valorar que la distribución regional de la infección se concentra en las regiones ricas del norte de Lombardía (22% del PIB), Emilia Romagna (9% del PIB) y Véneto (9% del PIB).

Inicialmente se esperaba que para el año en curso sería capaz de lograr un crecimiento del 1%. No obstante, con el shock económico que sufre a raíz del coronavirus, se han desdibujado las estimaciones anteriores y dejan a Italia abocada a la recesión.

El problema de base para Italia es que es del todo improbable que el débil sistema bancario pueda permanecer solvente o sin problemas de liquidez en las condiciones actuales de bloqueo nacional.

La ratio deuda pública/PIB se encuentra 40 puntos porcentuales por encima de la española. Por ello, la prima de riesgo italiana presenta un diferencial de 200 puntos básicos con el bono alemán a 10 años a pesar de la acción de BCE.

En comparación, España ha mantenido unas tasas de crecimiento fuertes en los últimos años, liderando el crecimiento económico de los grandes países de la Eurozona. La situación bancaria ha mejorado considerablemente por los procesos de recapitalización y fusiones, apoyados tanto por las ampliaciones de capital como el rescate de las cajas de ahorros.

España presenta una mejor posición frente a Italia, pero eso no significa que, en un momento de serías dificultades económicas, será capaz de financiar su deuda en los mercados. Sobretodo cuando el Gobierno rompió el año pasado la senda de reducción del déficit público, una gestión que no ofrece confianza para pedir prestado.

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El Gobierno del PSOE rompe la senda de reducción del déficit

Hemos visto en el mes de marzo cómo se perdían 830.000 afiliados a la Seguridad Social, por lo que si se extienden las medidas de confinamiento, el Gobierno español deberá incrementar el volumen de emisiones. Y de no poder llevarlas a cabo, por los altos intereses exigidos, debería asumir un segundo rescate, aunque esta vez no sea para su sistema bancario.

El rescate sigiloso ya ha empezado...

Cuando hablamos de rescatar un país o prestarle asistencia financiera se trata, al fin y al cabo, de rebajar la cuantía de los intereses que debería afrontar en relación al riesgo como emisor, para hacer frente a sus necesidades financieras.

Hay muchas maneras de alterar la percepción del riesgo de un emisor. La más extendida es la que anunció el Banco Central Europeo con un programa de compra deuda valorado en 750.000 millones de euros. La operación es simple, autoridad monetaria amplia su balance creando dinero de la nada, y lo inyecta en el mercado secundario de deuda para que el precio de los bonos suba y relajar así las rentabilidades de los bonos soberanos.

Para que la intervención monetaria sea lo más amplia posible y reduzca los intereses de Italia y España el BCE ha roto los límites autoimpuestos, podrá comprar deuda de muy corto plazo con un vencimiento de tan solo 70 días y no se aplicará un límite para comprar no más del 33% de la deuda de ningún país en circulación. Si se está interviniendo todas la curva de rendimientos de un bono se trata de un rescate en toda regla.

En total, el plan específico eleva las compras previstas por el BCE para este año a 1,1 billones de euros, y solo las compras recientemente acordadas representan el 6% del PIB de la Eurozona.

Esta medida se trata, a su vez, un regalo a la banca porque podrían esperar una menor rentabilidad de la deuda soberana por la subida de precio de los bonos, y estos beneficios del mercado incrementan inmediatamente su capital.

Pero ¿y si todo falla? Dado que se desconocen las consecuencias finales de esta crisis, han ido surgiendo nuevas propuestas como la de los eurobonos para que Italia y España puedan compartir sus riesgos con los socios. La razón de esta propuesta viene dada porque los países de la UE tendrán enormes déficits presupuestarios este año para combatir la pandemia y sus consecuencias, y países como Italia y España, con perfiles crediticios más débiles que Alemania, deberán poder endeudarse a tipos de interés razonables.

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Resurge la propuesta de los eurobonos ¿y el riesgo moral?

Pero Alemania con el apoyo de Austria y Holanda han dicho que no. Se han opuesto durante mucho tiempo a la emisión de deuda a nivel de la UE por temor a que efectivamente signifique que sus contribuyentes están financiando el gasto de los estados miembros más pobres.

Si todo falla, si la crisis es más intensa de lo esperada, si Italia y España no pueden financiar el alto déficit que se espera este año por los altos intereses exigidos por el mercado, solo quedará una opción, el rescate puro y duro. Aprovechar los 410.000 millones de euros que quedan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo de rescate establecido para ayudar a los países durante la crisis de la deuda de la UE hace ocho años que iría acompañado de duras condiciones para asegurar la devolución.

El Gobierno ha parado el funcionamiento de gran parte del tejido productivo español. En otras palabras, queda anulada la vía de los ingresos por gran parte de las empresas, mientras que la estructura de costes debilita la posición de caja de las empresas, por lo que el Gobierno ha tenido que flexibilizar las condiciones para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Ya estamos recibiendo las primeras estimaciones sobre la evolución del PIB en el segundo trimestre de este año. Por ejemplo, desde el Deutsche Bank se estima una caída del PIB del 23,3%, un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

En el sector empresarial español, la pyme se encuentra especialmente vulnerable por la menor capacidad de eficiencia en costes frente a la gran empresa y su constante carga impositiva, lo que puede llevar, en una situación de "parada obligatoria", a problemas de suspensión de pagos y en última instancia, la quiebra. En consecuencia, si se daña a las pymes, el golpe va directo a la banca.

Medidas destinadas a las pymes ¿o a la banca?

En respuesta a la complicada situación, el Gobierno español ha emprendido una serie de medidas centradas en proporcionar liquidez y flexibilizar los costes de las empresas que se han visto obligasas a echar el cierre o la facturación ha disminuido notablemente. Según las palabras del Gobierno, el objetivo es "movilizar hasta 200.000 millones de euros".

Esa abultada cifra tiene truco. En primer lugar, no es que el Estado ponga dinero sobre la mesa sino que estará detrás cubriendo con avales. A través del ICO, el Estado otorgará garantías de hasta 100.000 millones de euros, con el fin de facilitar la concesión de préstamos tanto a empresas como autónomos.

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Esto es todo lo que se sabe de los avales públicos contra el coronavirus

El objetivo de esta medida es proporcionar una liquidez inmediata a las empresas para poder hacer frente a las necesidades de tesorería por los gastos no ajustados de la actividad productiva o el vencimiento de los préstamos.

Podríamos pensar que la finalidad es ayudar a las empresas pero en realidad se está garantizando los activos de los bancos... Cabe recordar que la banca que ha vivido un desplome bursátil cercano al 50% en los últimos 30 días (stoxx600 banks) porque los inversores están descontando la reducción de los flujos esperados en la actividad bancaria.

Esta medida en específico debería dar confianza a los accionistas bancarios porque, en última instancia, el Estado español garantizará los créditos concedidos a las pymes. Pero, como contrapunto, si este escenario se llegara a producir en su totalidad, el Gobierno tendría muy complicada la emisión de deuda por el fuerte déficit que estaría dispuesto a asumir para rescatar a la banca, lo que llevaría a la masiva subida de impuestos a los contribuyentes.

Este punto llama la atención que venga por parte de un gobierno de coalición, cuando uno de los miembros de este gobierno, Unidas Podemos ha criticado, y con razón, el dinero entregado a los bancos (o mejor dicho a las cajas de ahorros).

En la última década, la banca ha buscado capitalizarse, limpiar sus libros de préstamos, se ha sometido a mayores dosis de regulación y una serie de "test stress" para prepararse en escenarios de shocks económicos y de mercado.

En este tiempo, la morosidad se ha reducido. Según el informe de la Autoridad Bancaria Europea, sobre las tendencias en la calidad de los activos del sector bancario de la UE, que muestra que ha mejorado significativamente en los últimos cuatro años. El total de préstamos dudosos disminuyó de más de 1,15 billones de euros en junio de 2015 (6% como porcentaje del total de préstamos) a 636.000 millones de euros a junio de 2019, una cifra muy elevada.

En un contexto de bajos tipos de interés y márgenes decrecientes, el enfoque de algunas entidades ha sido buscar rentabilidad a través de segmentos más arriesgados.

Pero, ante la actual crisis, es difícil aventurarse a decir cuál será la pérdida en la calidad de los activos bancarios que se avecina. Lo que está claro en este punto que la rentabilidad de muchos bancos es inadecuada para gestionar una crisis económica si llega a prolongarse en el tiempo. Por esta razón, el Gobierno está buscando un rescate encubierto a través de avales, disfrazado como ayuda a las pymes.

Otras cifras a tener en cuenta hasta llegar a los 200.000 millones

Siguiendo con las cifras, tenemos que el pasado 12 de marzo se anunció la movilización de 18.225 millones de euros. Esta vez sí que se trata de dinero recursos reales.

Aquí entran diferentes medidas que van dirigidas al sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y medidas de liquidez para las empresas afectadas, muy específicamente para el sector turístico y las pymes.

Para las pymes veríamos los aplazamientos del pago de impuestos (14.000 millones). No debemos confundir esa medida con una condonación o reducción de impuestos. Si de verdad se persiguiera ayudar a las pymes, la carga impositiva se reduce y no se aplaza, porque en muchas empresas se ha desplomado su actividad directamente se ha anulado en su totalidad .

Se incluye, una línea de financiación específica a través del ICO valorada en 400 millones de euros para las necesidades de liquidez del sector turístico, que está siendo el principal damnificado de esta crisis. Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

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Así está afectando al turismo mundial el coronavirus

Y ¿hasta los 200.000 millones de "movilización"? Nos quedaría una cifra alrededor de 83.000 millones de euros que estaría plenamente enfocada en el sector privado para que suministradoras de servicios básicos y entidades financieras, permitan los aplazamientos y no inicien procesos como cortar luz y el gas, en un momento de falta de liquidez por el parón forzado. Es una medida que no era necesaria, ya que, de manera descentralizada, las empresas permiten flexibilidad en condiciones de falta puntual de liquidez si ello no afecta a la solvencia del cliente.

En el fragor de la batalla contra el Coronavirus, fuimos uno de los primeros medios en pronunciarnos alto y claro sobre la deprimente respuesta inicial del gobierno español en lo que a la lucha contra pandemia implicaba en el también ineludible plano económico.

Igualmente, tras recapacitar y escuchar por fin a los analistas que les dijimos desde el primer momento que era vital (y existencial) un auténtico plan de choque económico sin precedentes, ese plan ha llegado. Y ahora debemos congratularnos rojos y azules porque por fin España está ya más en la senda de minimizar en la medida de lo posible el shock económico que está produciendo el COVID-19, y sobre cuyos riesgos les venimos alertando y analizando desde principios de Febrero, cuando todavía era un tema mayormente chino. Posteriormente también les analizamos y alertamos, unos días más tarde, de que ya estaba afectando a las cadenas de producción y distribución occidentales.

Pero el tema es que, habremos avanzado mucho (ahora sí), aunque lamentablemente no es suficiente. Se requieren urgentemente nuevas medidas radicales e innovadoras para la economía y las empresas, producto de cómo el escenario económico va degenerando. Esperemos que ahora el gobierno no tarde tanto en escucharnos, y tome las medidas necesarias mucho más ágilmente. Nos va el país (y nuestra vida tal y como la conocemos) en ello.

El plan de choque contra el shock económico (ahora sí) es el camino correcto… Cafeína para mantener despierta la socioeconomía

Desde estas líneas, en ejercicio de nuestro deber más vocacional, hemos sido muy críticos con la penosa reacción inicial del gobierno, lo cual estaba plenamente justificado. Está claro que lo suyo era una (casi) inacción de lo más inconcebible, especialmente ante la situación de shock cardíaco a la que se enfrentaban la empresas, los autónomos y los trabajadores. Con todo ese panorama, las medidas iniciales del gobierno eran descorazonadoras (pero de verdad: eran de quedarse sin pulso económico), y lo peor era que demostraban cómo nuestros dirigentes se habían ido a por uvas, mientras el país y la economía se caían a trozos a golpe virásico. Además, por si eso no fuera poco, mientras la economía se desangraba por momentos, en vez de empezar a aplicar torniquetes como si no hubiera un mañana, el gobierno se había enfrascado en bochornosas luchas de poder internas e intestinas, que llegaron incluso a retrasar un consejo de ministros que era esencial y urgente al extremo, y que debía celebrarse cuanto antes para poder mantener la respiración asistida a una España que, también económicamente, ya estaba en la UCI en tan sólo unos pocos días.

Aquí me voy a limitar a resumirles brevemente las medidas adoptadas por el gobierno, asumiendo la mayor parte de ellas como mayormente adecuadas, y sin entrar a hacer un análisis detallado: en la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos, no se puede perder el tiempo tratando de analizar al detalle medidas que en términos generales son evidentemente oportunas, y vamos a concentrar nuestro tiempo y esfuerzo en proponer más medidas esenciales que también consideramos vital adoptar urgentemente. La síntesis de las medidas es básicamente que el importe asignado al plan esta vez ya no es mera calderilla, como calificábamos el viernes pasado las famélicas medidas iniciales. Ahora sí que el orden de magnitud se corresponde con la dimensión del problema y con la dimensión de la economía: el gobierno moviliza ahora un contundente 20% del PIB, todo un “bazooka” económico. Y permítanme la licencia de que el plan del gobierno actual ahora coincide con las líneas de actuación que exponíamos como esenciales desde estas líneas el viernes pasado: regular ERTEs temporales y más medidas que, en una situación de emergencia nacional, concluíamos que debían atenerse a la máxima de que “El déficit está precisamente para este tipo de situaciones no sistémicas, excepcionales y transitorias. Sin más”. Dicho y hecho. Genial. Ahora sí. Ya sólo queda que la implementación sea buena, y el comienzo promete, puesto que lo último que necesitamos ahora es otro despropósito como el funesto Plan E.

Empezaremos por apuntar que el gobierno ha disparado su salva de rescate sin perder el enfoque social en sus medidas. Con ello, aparte de proveer de un (a veces) necesario salvavidas a escala masiva a los ciudadanos que han caído abruptamente en situación de vulnerabilidad extrema, tenemos una medida que, además de dar al plan una dosis de justicia social, también va a prevenir el dejar más margen a la propaganda para que alimente el descontento social, y que así no pueda acabar alentando a las siempre impredecibles (y generalmente sangrientas) revoluciones. Mención especial merece la especial cobertura y protección que se da a las PYMES y autónomos, siempre mucho más vulnerables por su naturaleza. Vitales resultan también las medidas de, con el respaldo del estado, dar liquidez masiva a las empresas, cuyo giro brusco e inesperado en su situación financiera les ha podido coger en un mal momento, y pueden tener que echar la persiana para siempre por una falta momentánea y transitoria de liquidez. Muy acertada es también que la moratoria de hipotecas y reducciones de ciertos pagos de servicios básicos se aplique selectivamente a los ciudadanos que hayan caído en situación de desempleo a raíz de la pandemia.

Imprescindible era también regular y potenciar legislativamente el que empresas y trabajadores puedan recurrir a una generalización del teletrabajo. Y no lo es sólo en términos económicos: además esta medida refuerza el efecto mitigador de las medidas de contención, para aplanar la curva de infección de la pandemia. No olviden que ya les dijimos desde aquí a principios de febrero que ya pensábamos que la mortalidad del COVID-19 venía más bien por la situación que producía de colapso sanitario por infección masiva en un breve plazo de tiempo, y no tanto por la mortalidad de la propia enfermedad. Y así ha sido: hay pues que frenar también con teletrabajo el incesante caudal de enfermos graves por Coronavirus que están colapsando nuestros hospitales, y hacerlo más asumible en términos hospitalarios. Y ya por último apuntaremos la medida más evidente de que el gobierno dedica una línea de 30 millones de Euros destinada a potenciar al máximo la investigación de una posible vacuna contra el funesto virus.

Y en medio de toda esta refriega con muertos, asoma la despiadada propaganda para tratar de sembrar más muerte y destrucción

Vaya por delante que la propaganda internacional más cruda ya tenía preparados los Whatsapp, esperando caninos el momento en el que el gobierno dedicase un necesario e ineludiblemente cuantioso paquete de medidas económicas para salvar la situación. Los mensajes por la red social han empezado a circular en cuestión de minutos. Les reproduzco a continuación un mero ejemplo de la ramplona campaña de desinformación que están inoculando en las redes sociales: “Vamos a ver, si van a sacar 200.000 millones de Euros para solucionar la crisis, yo tengo una solución mejor. ¿Que somos 47 millones de españoles? Pues que nos den un millón a cada uno y se ahorran 150.000 millones. Y a nosotros se nos acaban los problemas. Pásalo”. ¡Qué decir después de semejante cosa! ¡Menudo lumbreras este individuo, debería ser por lo menos Ministro de Economía! Como Venezuela íbamos a acabar…

Para empezar, este elemento ni siquiera parece tener unos mínimos conocimientos de las matemáticas más elementales, pues resta 1 millón de Euros por español (en total 50 billones) al paquete económico de 200.000 millones , ¡Y va y al elemento le quedan 150.000 millones!: un crack, ni el milagro de los panes y los peces, a ver si va a ser verdad que debería ser ministro por encontrar dinero donde no lo hay. ¡Cómo puede ser que al restarle 50 billones de Euros (billón=millón de millones) le queden de los 200.000 millones de Euros todavía 150.000 millones! Inconcebible. Un auténtico crack. Pero esta falsedad y esta evidente mentira la ha elaborado alguien a propósito, y es que hace tiempo que ya les advertimos que la propaganda económica nos iba a inundar, pues la economía es uno de los grandes éxitos y uno de los pilares que pretenden destruir de nuestro sistema de bienestar.

Imaginen lo que puede haber realmente detrás del “susodicho” y del resto de hilos de Whatsapp surgidos rápida y simultáneamente desde la oscuridad: más intención agitadora de masas que una economía de la que no tienen ni la idea más elemental. Lo que más apunta a que muy probablemente sea una campaña de desinformación planificada es ese “Pásalo” final, que evidencia cómo su verdadero objetivo es viralizar y azuzar el descontento popular y la incultura económica más empobrecedora. Y éste es un extremo especialmente peligroso en un estado de alarma en el que la población estamos aislados en casa, y somos especialmente susceptibles de caer abducidos por estas campañas, que nos llegan por unas redes que ahora son nuestra principal conexión al mundo. Están azuzando el avispero con un palo, a ver si sacan algo para sus fines siempre destructivos.

Y la verdad es que hoy tengo algo de tiempo (y líneas por delante), así que me voy a molestar un poco más en rebatir semejante ocurrencia feliz a pesar de la falsedad de los cálculos. Aquí no se trata simplemente de dar un millón de Euros a cada ciudadano, y con eso ya vaya a tener la crisis y la vida resuelta. Nada más lejos de la realidad. Eso es literalmente pan para la hora siguiente (ni para hoy llega) y hambre eterna para mañana y para el resto de la existencia. Porque no hay que rescatar sólo a los ciudadanos (a los cuales se dedica ya en el plan del gobierno una parte importante del dinero, por cierto), sino que lo que también hay que rescatar es una economía con un PIB anual que sobrepasa holgadamente el billón de Euros anuales, y además también a más de tres millones de empresas con un capital social de millones y millones, a más de tres millones de autónomos, seguir pagando las pensiones, las nuevas prestaciones de desempleo que van a necesitarse ahora (esperemos que sean por ERTEs temporales y no por EREs), etc. etc. etc. ¿A que es literalmente vergonzoso cómo nos insulta la propaganda intentando manipularnos con argumentos más simplistas que un cubo y que no engañan ni a un niño de primaria?

Pero es que aún hay mucho más. Y es que, si por arte de magia el gobierno se dedicase a repartir millones “por la patilla” sólo a los ciudadanos, en vez de invertir parte de ellos también en que estos ciudadanos puedan conservar su empleo y su actividad económica, el resultado final, además de provocar una defunción masiva de empresas que nos dejaría a todos sin trabajo, sería que ese millón tampoco nos serviría absolutamente de nada. Porque con semejante despropósito de reparto masivo de dinero, la moneda sufriría ipso-facto una hiperinflación rampante, que en unas pocas semanas (o escasos meses) se comería literalmente todo el valor de ese dinero. Al final, tendríamos un millón de euros cada uno que no nos serviría para comprar nada, y encima nos habrán dejado sin trabajo por el camino.

Es la misma secuencia de acontecimientos que, con otra escala de tiempos, el populismo más irracional y su propaganda acabaron imprimiendo al bolívar venezolano al despeñar literalmente su economía, con toda la miseria que este tipo de políticas de total incultura económica han llevado al devastado país latinoamericano. Y miren como están allí ahora mismo… Que aquí nuestro sistema sanitario está asistiendo (como puede) a todos los enfermos de Coronavirus graves, pero en Venezuela el sistema sanitario se ha quedado en un sistema tercermundista que no puede dispensar a su población apenas asistencia ante la pandemia. Igualito que lo que hemos conseguido tener este país con décadas de esfuerzo, y con una población formada que es capaz de encontrar trabajo y ganarse su propio pan, y no repartiendo millones de euros anárquicamente por doquier de “pan para hoy y hambre para mañana”, y que además de algún sitio tienen que salir de forma económicamente sostenible aparte de una impresora.

Pero siendo el plan de choque mayormente adecuado, se necesitan urgentemente aún más medidas vitales para una economía que sigue en la UCI

Lamentablemente, si bien las medidas del “bazooka” del gobierno contra el shock económico de la pandemia van en la senda correcta, distan mucho de ser suficientes. Apuntábamos desde El Blog Salmón hace unas horas algunas medidas adicionales que no vamos a volver a abordar ahora. Y como eximente, que no para evitar que el gobierno siga trabajando a toda máquina, hemos de reconocer que realmente es materialmente imposible, con el poco tiempo del que disponen en esta vorágine, que nuestros dirigentes y su corte de asesores sean capaces de pensar en todo y en unos plazos exiguos cuyo alargamiento debe medirse en muertos. En la situación actual, todo el tejido socioeconómico nacional tenemos el deber profesional y personal de apoyar nuestro sistema de bienestar, y entre todos contribuir con ideas y propuestas que puedan acabar traduciéndose en nuevas medidas para paliar la situación conforme ésta evolucione y lo vaya requiriendo. Y es que además, ante una situación tan imprevista y tan masiva, cada día surgen literalmente nuevas medidas que se hacen esenciales en cuestión de horas, y que desde aquí debemos contribuir en divulgar y que lleguen donde tienen que llegar.

Esta crisis sólo la superaremos todos juntos y esforzándonos cada uno en la medida de nuestras posibilidades, justo lo que trata de evitar la propaganda desuniéndonos y sembrando la confusión y la discordia. Posiciónense en el bando correcto y ayúdennos a combatir esa venenosa propaganda, así como a proteger nuestro sistema de bienestar: por muy mejorable que puedan ser ciertos aspectos de éste, les puedo asegurar que sin él vamos a la “ruina caracolera” (y si no, hablen ustedes con millones de venezolanos y verán lo que les cuentan). Además, no se puede perder de vista que llevamos ya varios años instalados en un guerra socioeconómica global, de la cual tampoco se puede descartar que estemos viviendo una nueva y convulsa fase que sea aprovechada por otras superpotencias al calor de la pandemia. Así, resulta esencial adoptar medidas de protección de las capacidades e innovación europeas para combatir el COVID-19, y bloquear a nivel europeo iniciativas como la de Trump, que va detrás de arrebatar a Europa una vacuna contra el Coronavirus que unos laboratorios alemanes casi tienen ya, con el significativo agravante de que, además de hacerse con la vacuna, impuso a los responsables del laboratorio la condición de que esta vacuna fuese exclusiva de EEUU. ¿Qué interés puede tener Trump en que los europeos no tengamos acceso a una vacuna contra el Coronavirus que además hemos desarrollado nosotros mismos (y por cierto: con participación de dinero público)?.

En este sentido, son especialmente geoestratégicas y acertadas las medidas del plan del gobierno referentes a la seguridad económica nacional. Sánchez ya ha afirmado que van a blindar a las empresas españolas para impedir que, al calor de la debacle bursátil, venga capital foráneo hostil a comprar nuestras cotizadas más estratégicas. Un 10 para esta medida. Sin paliativos. Estamos en una auténtica guerra socioeconómica, y hay que desarmar a las potencias hostiles que pudieran estar al acecho para pescar en un rio que están tratando de mantener lo más revuelto posible. Pero en general al gobierno aún le queda mucho trabajo por delante, y ahora hay que ver, más allá de los anuncios, cuánto tardan en poner las medidas en marcha y cómo lo hacen, y además si van a encontrar en los mercados internacionales suficiente capacidad de financiación para afrontar el déficit y el endeudamiento extra que va a suponer toda esta batería de medidas. Éste es sin duda el punto más clave de todo este plan para el shock económico, y de ello sin duda depende si se va a poder llevar a cabo. ¡Qué bien nos habría venido ahora para tener más margen haber ido reduciendo nuestra deuda estos años atrás cuándo podíamos hacerlo, tal y como desde aquí reclamamos insistentemente en su momento.

Y además de la implementación, hay otras medidas que en las últimas horas ya se han tornado esenciales para el tejido socioeconómico. Se requiere un cierre selectivo y ordenado de la economía, al menos de los sectores que lo requieran. No, no se preocupen, no nos hemos vuelto locos proponiendo hacer un cierre económico en un momento en el que todos los planes de choque internacionales están luchando desesperadamente por mantener la economía viva. Ahora les explico el porqué, y viene con conocimiento de causa. Es esencial que el gobierno dote, a las empresas y sectores en que se hace imprescindible, de la cobertura legal necesaria para poder acometer un cese de la producción impuesto por la situación y por el estado de alarma, evitando con esto que (paradójicamente) seguir vivas ahora mismo como entidad empresarial (que no produciendo) acabe llevando a las empresas a la quiebra.

Esto no es en absoluto que estemos diciendo que el gobierno deba gripar los motores de la economía, sino que este shock transitorio nos fuerza a que los motores de la economía sean de “Start/Stop”. Indudablemente, ello conllevará alguna penalización económica severa para el país y para las empresas, pero aquí de lo que se trata es de que la penalización no sea permanente en forma de defunción empresarial y… casi hasta nacional como la cosa se cronifique y se generalice, tal y como no es descartable que pueda acabar ocurriendo si no se toman más medidas adecuadas vitalmente necesarias. Hay que parar ciertos motores de la economía durante un breve plazo de tiempo, pero hay que hacerlo de forma ordenada, y salvaguardando la actividad esencial, sanitaria y de productos de primera necesidad, y toda la actividad que pueda ser suplida con teletrabajo y que no requiera de salvaguarda legal para dejar de producir.

El motivo concreto por el que habría que cerrar una parte del país es para evitar las quiebras empresariales, que seguirían al pago masivo de indemnizaciones millonarias por parte de muchas empresas principalmente exportadoras. Estas empresas van a tener que afrontar esta insoportable carga financiera por dejar de proveer a sus clientes de productos y parar sus cadenas de producción, un perjuicio por el que en muchos sectores deben responder con el pago de indemnizaciones por obligación contractual. Ahora mismo hay muchas empresas que, aunque podrían seguir produciendo, están teniendo que dejar de hacerlo por ejemplo por no poder garantizar la desinfección del COVID-19 en sus instalaciones, y por no poder limitar el riesgo de contagio de sus plantillas. Esto ocurre por un tema tan sencillo como que actualmente no hay disponible en el mercado suficiente suministro de geles de alcohol y similares para poner a disposición de los trabajadores, y sin estas medidas higiénicas, lógicamente los sindicatos acaban impidiendo el funcionamiento de líneas de producción enteras para proteger la salud de sus trabajadores.

Y es que no hay en el mercado ni geles desinfectantes, ni mascarillas, ni apenas guantes para que las empresas los puedan adquirir y que sus trabajadores puedan trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad, porque además de que la demanda se ha multiplicado exponencialmente en unos pocos días, el gobierno con el estado de alarma está confiscando todas las existencias y toda la producción para desviarla al sistema sanitario, que es lo más urgente ahora mismo para salvar vidas en la UCI que se nos están yendo por momentos. Si el personal sanitario cae enfermo masivamente, ya sería “el acabose”. Como ven, nuestros dirigentes deben plantearse seriamente la opción de cerrar estratégicamente ciertos sectores, y dar así una causa de fuerza mayor que sirva a las empresas para poder dejar de suministrar sin tener que afrontar las indemnizaciones. Obviamente, como efecto colateral, con el cierre selectivo tendrán que resignarse a perder algo de PIB e ingresos fiscales y empresariales, pero esto será compensado con creces por evitar llevar a multitud de empresas a la quiebra segura.

Así, por contraproducente que pueda parecer, lo mejor que el gobierno puede hacer ahora mismo económicamente es cerrar una parte del país. Además de ayudar a reforzar las medidas sanitarias contra el contagio, es humana y financieramente imposible e injusto tener que indemnizar de sopetón a todos sus clientes internacionales por un factor ajeno a las empresas, cuando tus clientes siguen produciendo y requieren tus suministros porque la pandemia allí es menos explosiva. Hay que echar la persiana de parte de "España S. A." para protegerla hasta que se restablezcan los suministros a las empresas de los productos básicos para que sus empleados puedan seguir trabajando. Y con un cierre decretado gubernamentalmente las empresas podrán acogerse contractualmente a una causa de fuerza mayor que les evite los pagos de indemnizaciones y la quiebra. Y por cierto, por mucho que fuesen muy decepcionantes las medidas iniciales del gobierno español y que tal vez les queden todavía más medidas por adoptar, no se puede tampoco negar que, al menos, hicieron infinitamente más que un Johnson que ya les analizamos que mayormente, asumiendo impasiblemente la muerte de muchos de sus mayores, optó consciente y suicidamente por la inacción más irresponsable. Ahora, a la vista de su garrafal error y con incontables ciudadanos ya cayendo sin control víctimas de la pandemia, el categórico Johnson ha tenido que recular a marchas forzadas cuando ya es demasiado tarde. Es lo que tiene poner incontrolados al poder: lo son para todo.

Y para finalizar por hoy, si el otro día les contaba cómo en nuestra casa nos destrozamos las manos todas las tardes aplaudiendo a las 20h a nuestro personal sanitario, ahora un servidor, cuando los aplausos ya aflojan y habiendo guardado el debido respeto, como otros tantos miles de Españoles hacen cada tarde, pongo a todo volumen la épica canción del Dúo Dinámico "Resistiré", porque ni el virus ni nada podrá acabar con este gran país, grande (muy grande) cuando se mide por sus gentes y por el esfuerzo heróico que están haciendo. Aunque en el aislamiento de su familia con este encierro hogareño les parezca que están viviendo solos esta catástrofe socioeconómica, en realidad pocas veces en la historia tantos millones de españoles han estado tan unidos frente a la calamidad. No están solos en absoluto.

Estamos todos a una. Salgan a aplaudir cada tarde en comunidad y siéntanse unidos a sus vecinos y a todo el país. Y sobre todo sean eternamente agradecidos especialmente con nuestros héroes sanitarios, pero también con esos empleados de telecomunicaciones que nos mantienen a todos conectados y entretenidos, a esos repartidores que nos traen a casa todo lo que necesitamos, a los empleados de supermercados y de farmacias, etc. Y déjenme tomarme la licencia de decirles también que, desde estas líneas, nos tomamos en estos días como un deber ineludible (e insomnemente nocturno) el aportar contenido que leer durante la cuarentena, así como aportar ideas a nuestros dirigentes y a nuestros agentes socioeconómicos, que en algún caso me consta que han llegado sorprendentemente alto. Sean agradecidos. Sean valientes. Resistan. Esto pasará en algún momento. Suerte.

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Se cumplen estos días diez años de la llamada 'revolución de las cazuelas' (Búsáhaldabyltingin) en la que las manifestaciones en Islandia forzaron la caída del gobierno del conservador Geir Haarde tras una brutal crisis financiera que se llevó todo el sector bancario del país por delante. Fueron las primeras protestas violentas en Islandia (un país que carece de ejército) desde 1949.

Mucho se escribió sobre aquella revolución donde, según las múltiples leyendas, se encarceló a los banqueros, no se rescató el sector financiero y se redactó una constitución entre todo el pueblo. Las fake news de los medios españoles llegaron a tal nivel que los medios islandeses llegaron a hacerse eco del 'mito islandés en la prensa española'.

En realidad el auge y caída de la economía islandesa distaron mucho de ser ejemplares. Fue el influjo de capital extranjero el que infló una burbuja financiera de dimensiones colosales, y fue la resistencia a devolver sus deudas en el extranjero lo que evitó el completo hundimiento del país. ¿Cómo fue la gran estafa islandesa?

Así se infló la gran burbuja islandesa

Al comienzo del siglo XXI, Islandia era aún poco más que una remota isla ártica habitada por 300.000 almas cuyos principales recursos económicos eran la pesca y la fundición de aluminio. En 2003, el sector bancario islandés ya había alcanzado un tamaño equivalente al de toda la economía nacional. En otros tres años se disparó hasta multiplicar ¡por 10! el PIB del país. Fue "la expansión más rápida de la historia del sector bancario de un país".

¿Cómo sucedió el milagro? la economía islandesa no tenía capacidad para crecer tanto en tan poco tiempo ni de forma remota. Pero sus tasas de interés eran más elevadas que las del resto del mundo desarrollado. Muchos inversores extranjeros, ansiosos por recuperar las pérdidas de la burbuja 'puntocom', comenzaron a tomar préstamos en yenes (con un interés casi nulo) para invertirlos en bonos islandeses con altos intereses y una divisa relativamente estable.

La banca islandesa vio rápido el negocio. Islandia era percibido como un país relativamente fiable, con tasas de interés superiores a las de la Eurozona. Podían, por tanto, atraer depósitos en euros ofreciéndoles un interés superior al de los bancos locales. Así lo hicieron. Las filiales online de bancos islandeses como IceSave o Kaupthing Edge se convirtieron en un fenómeno que atrajo a millones de pequeños inversores especialmente en Holanda y Reino Unido.

Con la cartera llena de ahorros europeos, los bancos islandeses hicieron rodar la bola de nieve ladera abajo, comprando todo tipo de activos dudosos sin apenas control (eran bancos que habían sido minúsculos hasta muy pocos años atrás, y el nivel de profesionalismo y experiencia de sus gestores era limitadísimo). Los intereses altos siguieron atrayendo ahorros holandeses y británicos y realimentando el sistema durante varios años.

Los islandeses se beneficiaron enormemente de este influjo de dinero, ya que gran parte se quedó en el país en forma de inversiones y crédito fácil. De repente, todas las empresas y particulares tenían dinero disponible para realizar sus sueños. Se generaron cientos de bien pagados empleos en el sector financiero. La corona islandesa se revaluó enormemente, permitiendo a la población la adquisición de productos extranjeros cada vez más caros con sus sueldos denominados en coronas. Pero todo lo que sube, baja.

El colapso de la banca islandesa

Los problemas para el sector financiero islandés comenzaron varios meses antes de la caída de Lehman Brothers. A los evidentes signos de burbuja financiera se le unió la desconfianza extranjera en la capacidad del país a hacer frente a una potencial crisis (dado el minúsculo tamaño de su economía frente al de su sector bancario). La corona islandesa se devaluó un 35% entre enero y septiembre de 2008, disparando la inflación.

Con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 todo se precipitó. El gobierno anunció su intención de nacionalizar uno de los tres bancos (Glitnir), pero no hubo tiempo: días antes entró en suspensión de pagos. Landsbanki (matriz de IceSave) le siguió días después. El tercer gran banco, Kaupthing, vio cómo todas sus filiales (Reino Unido, Suecia, Luxemburgo) eran intervenidas por sus respectivos países en cuestión de semanas.

Publicidad de IceSave en el metro de Londres

El gobierno islandés promulgó una ley de emergencia para tomar el control de los bancos quebrados y dar prioridad a la protección de los depósitos de ciudadanos islandeses. En el Reino Unido, Kaupthing Edge había sido vendida a ING Direct. Medio millón de clientes británicos y holandeses de IceSave que no habían sacado su dinero tuvieron menos suerte y sus fondos fueron congelados en Islandia.

Ante el colapso financiero, grupos de ciudadanos islandeses comenzaron a organizar manifestaciones semanales para pedir la dimisión del gobierno. El 20 de enero de 2009, las protestas obligaron a intervenir a los antidisturbios. El 22 de enero, por primera vez en 60 años, se disolvió de forma violenta una manifestación ante el parlamento. Cuatro días más tarde el primer ministro conservador Geir Haarde anunciaba su renuncia y era sustituido por la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir.

Islandia sí rescató a sus bancos

El mito de que Islandia dejó caer su banca es radicalmente falso. Las autoridades islandesas hicieron exactamente lo contrario dentro de sus limitadas capacidades frente al monstruoso tamaño de su sector financiero. Si bien la quiebra de los grandes bancos era inevitable, las leyes de emergencia islandesas trataron de salvar todos los muebles posibles.

La posible confusión viene de que el gobierno islandés nunca llegó a desembolsar los rescates prometidos de 600 y 500 millones de euros a Glitnir y Kaupthing, respectivamente, porque ambos entraron antes en suspensión de pagos. Pero el gobierno islandés tuvo que crear nuevos bancos para gestionar los activos y pasivos de los bancos quebrados. Es decir, tuvo que nacionalizar todo el sector bancario.

¿Le salió esto gratis al contribuyente islandés? obviamente no. Tal como señala el periodista español Èric Lluent en su magnífico artículo "Islandia sí rescató a la banca", el banco central necesitó enormes recursos para hacer frente a la nacionalización. Concretamente, 2.000 millones de las arcas públicas, o 6.250 euros por cabeza. Esto se suma a otros 1.245 millones de inyecciones a otros bancos y aseguradoras minoritarios que no fueron nacionalizados. En total, según la OCDE, Islandia destinó un 20% de su PIB en el rescate bancario. En comparación, España (que según algunos debería haber mirado a Islandia como modelo) gastó el 8,5% en los rescates de las antiguas cajas.

En resumen, Islandia rescató la banca todo lo que pudo, con un significativo coste para el contribuyente (muy superior al del rescate de las cajas españolas). Si no pudo más fue sencillamente por el masivo tamaño de su sector bancario, diez veces más que la economía nacional. La banca islandesa no era too big to fail (demasiado grande para caer), sino too big to bail (demasiado grande para ser rescatado).

El resto de Europa ¡también rescató la banca islandesa!

El tsunami financiero islandés no solo arrasó la banca de la isla, sino que la marea llegó hasta la Unión Europea, donde muchos ahorradores habían depositado dinero en bancos islandeses como IceSave atraídos por su alta rentabilidad. Tras nacionalizar sus bancos, Islandia mantuvo el compromiso de garantizar los ahorros islandeses, pero no los extranjeros (de los cuales la economía islandesa había estado años beneficiándose).

Aproximadamente 5.000 millones de euros de depósitos británicos (y algo más de 1.500 millones de holandeses) se vieron atrapados en Islandia sin que el gobierno islandés les garantizase un céntimo de vuelta (al contrario que a sus propios ciudadanos, a quienes sí garantizaba la totalidad de los depósitos). Ante esta discriminación, el Reino Unido aplicó leyes antiterroristas para congelar activos islandeses y garantizar el pago.

Los estados británico y holandés compensaron a sus ciudadanos de sus propias arcas (pese a que IceSave no había contribuido a los fondos de garantía de depósitos de estos países) y reclamaron al gobierno islandés una compensación de al menos el mínimo garantizado por cliente por el fondo de garantía de depósitos islandés, lo que habría supuesto unos 4.000 millones de euros.

En una evaluación preliminar de mayo de 2010, la EFTA (espacio europeo de libre comercio al que pertenece Islandia, permitiéndole la posibilidad de establecer actividades comerciales en la UE) dio la razón al Reino Unido y Holanda, al tiempo que criticaba la discriminación hecha por Islandia en favor de los ahorradores islandeses. Comenzó por tanto la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, los islandeses rechazaron en referéndum pagar las deudas contraídas por bancos islandeses con ciudadanos extranjeros (pero no, obviamente, con ciudadanos islandeses).

Al final, Islandia terminó devolviendo las deudas generadas por sus bancos

El masivo rechazo de los islandeses (93%) a pagar las deudas del país obligó a la búsqueda de un nuevo acuerdo. En los nuevos términos, se establecía un periodo de pago de 30 años con condiciones muy favorables. El nuevo acuerdo fue sometido de nuevo a referéndum, y de nuevo rechazado por la ciudadanía islandesa, aunque por un margen más ajustado (58%).

Ante la imposibilidad de un acuerdo, el problema se sometió a los tribunales de la EFTA. Sorprendentemente, con contra de la evaluación preliminar, en 2013 la justicia de la EFTA falló en contra del Reino Unido y Holanda y eximió a Islandia de compensar con dinero público los depósitos perdidos por sus bancos privados. ¿Cómo fue posible, entonces, que esta historia acabase con final feliz?

En realidad, Reino Unido y Holanda no exigieron que el estado islandés pagase la deuda de IceSave, sino que garantizase aquella que la liquidación de Landsbanki (matriz de IceSave) no pudiese cubrir. Pese a la falta de acuerdo en dicha garantía, sí se acordó que los estados británico y holandés fuesen considerados acreedores prioritarios de la liquidación. Tras un proceso satisfactorio de administración concursal, el último tramo de deuda con británicos y holandeses fue cancelado en enero de 2016.

Tras completar como un alumno aplicado el programa de rescate del FMI (¡otro mito que se cae!), con el aumento de competitividad asociado a la devaluación de su moneda y ya libre de la mayoría de cargas de sus viejos mastodontes bancarios, hoy en día Islandia vuelve a mirar al futuro con optimismo. En 2017 su PIB per cápita logró superar al de antes de la crisis.

Pero no hubo milagros. Islandia gastó más dinero público que cualquier otro país (a excepción de Irlanda) en rescatar sus bancos.

En El Blog Salmón | Miremos el impago de Islandia con perspectiva ¿opinaríamos igual si habláramos de ING Direct?

Hace una década que empezó la crisis financiera en la Unión Europea y después de modificar las normativas y el reglamento del Mecanismo Europeo de Rescate (ESM), algunos países miembro de la Unión Europea siguen rescatando sus entidades financieras por problemas.

El último en ser rescatado ha sido la Banca Carige, donde el Gobierno italiano ha aprobado el rescate. Tanto los partidos 'Movimiento 5 Estrellas' y 'Liga Norte' habían dicho durante la campaña poner fin a la recapitalización de las entidades financieras con fondos públicos.

Nos podemos preguntar: ¿Cuántos países y cuántas entidades financieras han tenido que rescatar los países miembros de la Unión Europea?

Italia ha puesto de su bolsillo para el rescate de Banca Cargie

La Banca Cargie ha sido rescatado con el dinero de los ciudadanos italianos es decir, el Gobierno Italiano ha tirado de las arcas del país, mientras que durante las crisis financiera era la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la que ponía y distribuía la financiación entre los países que pedían un rescate.

Además, la troika, denominados los hombres de negro, evaluaban en el país rescatado si se cumplían las condiciones impuestas.

Pero este ha sido el último caso de los 15 países de la Unión Europea que se han tenido que rescatar alguna de sus entidades financieras desde el inicio de la crisis financiera, y se han rescatado en total 61 entidades financieras.

Reino Unido, Irlanda y España lo que han dedicado más recursos para rescatar sus entidades financieras

En España se ha rescatado una quinta parte de las entidades financieras, hasta llegar a las 11 entidades financieras intervenidas o nacionalizadas desde el inicio de la crisis, el 2008. En el Reino Unido es el país que más ha dedicado recursos para reestructurar su sector bancario, llegando casi a los 100.000 millones de euros.

Irlanda ha tenido que dedicar alrededor 64.600 millones de euros para recapitalizar sus entidades financieras. No queda muy lejos de los más de 64.098 millones de euros, según datos del Banco de España, que se ha dedicado a las entidades financieras en España para el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB) como el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC).

En el caso de Dinamarca o Eslovenia, los recursos empleados son menores a los dedicados al Reino Unido, Irlanda y España. Dinamarca ha dedicado alrededor de 18.000 millones de euros a rescatar 9 entidades financieras, y Eslovenia ha dedicado alrededor de 3.200 millones de euros para rescatar a 5 entidades financieras.

Letonia sólo ha tenido que rescatar a 1 entidad financiera dedicando alrededor de 315 millones de euros.

En este cuadro se resume los países miembros de la Unión Europea que han tenido que rescatar alguna de sus entidades financieras, ordenadas por el número de entidades que han sido nacionalizadas o intervenidas:

Realizado por Raúl Jaime Maestre para 'El Blog Salmón'
Fuente: Baltic News Network, Nasdaq Baltic, Le Monde, Irish Times, Bloomerang, Reuters, Financial Times y Banco de España.

Rescate con dinero público sigue vigente frente el 'bail-in'

No todos los rescates de entidades financieras en la Unión Europea se han realizado a cargo de las cuentas públicas. En el caso del Banco Popular, en el que fuero los propios accionistas y los poseedores de la deuda convertible los que asumieron el coste del rescate, perdiendo de este modo toda su inversión. Luego el Banco Santander compró la deuda subordinada al Banco Popular por 1 euro.

Este rescate desde dentro, denominado 'bail-in', forma parte del nuevo instrumento de recapitalización directa del Mecanismo Europeo de Rescate (ESM). Como demuestra el rescate con fondos públicos italianos de la Banca Carige, la nacionalización sigue arraigada como forma de resolver los problemas de las entidades financieras.

En El Blog Salmón | El FMI quiere más fusiones en la banca española, todos los detalles

Imagen | Pixabay

Este año será el año del rescate de las autopistas. El pasado jueves 15 de marzo, el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA (SEITTSA), asumió tanto la explotación como de mantenimiento de la autopista AP-36, en otras palabras, un rescate en toda regla.

Éste no es el único rescate de este año, sino que la AP-36 pasará a ser la tercera autopista de peaje que se revierte al Estado en lo que va de año. Recordamos que el pasado 21 de febrero, SEITTSA se hizo cargo de la explotación de la R4 entre Madrid y Ocaña (Toledo) y el 1 de marzo de la R2 entre Madrid y Guadalajara.

Aquí no acaba la cosa, además de las autopistas mencionadas, está previsto que las autopistas AP-7 entre Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante reviertan Estado el próximo 1 de abril.

¿Por qué se rescatan las autopistas?

Muchos podrían pensar que si la explotación de un servicio no resulta rentable y se ve obligado a quebrar, no debería afectar a las arcas públicas o al bolsillo de los contribuyentes. No obstante, la legislación presente prima la socialización de las pérdidas para que puedan salir adelante los proyectos de obra pública.

La razón por la que al quebrar la concesionaria el Estado se hace cargo de la autopista, la encontramos en la ley de Contratos del Sector Público. Se prevé que en el caso de que una concesión de una obra pública determinada en una fase de liquidación mediante concurso de proveedores, existe la obligación resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la Administración Pública.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, traslada al ordenamiento jurídico español las Directivas emanadas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Estas directivas establecen lo siguiente:

El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, adoptada por razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público.El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

Además, si la causa de la resolución del contrato se imputa a la Administración, deberá hacerse cargo del global del importe de las inversiones realizadas por razón de las poblaciones de dos renuncias: Ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo al grado de amortización.

La factura del rescate

Diez años después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aún vemos coletazos de lo que fue un despropósito en materia de obra pública en la que se persiguió construir lo que fuera, debido a las altas expectativas existentes en aquellos años, sobre una demanda que nunca llegó.

Las concesionarias no han podido recuperar el importe que se invirtió en la construcción de estas autopistas con los peajes y, en consecuencia, tal y como dicta la ley, el Estado debe hacer frente al importe “no recuperado con la amortización”.

Ese importe en específico se trata de una estimación. Por parte del Gobierno, se estima que son 2.000 millones de euros, aunque los acreedores que financiaron estas autopistas elevan esta estimación hasta los 4.500 millones. Este diferencial se debe a que los bancos tienen deuda vinculada a las empresas concesionarias creadas para construir las autopistas.

A pesar de que no conocemos el importe final que deberá repercutir a las arcas públicas, el Gobierno ha anunciado que plantea relicitar las autopistas. Con esta venta, se esperaría recobrar una cifra entre 700 y 1.000 millones de euros, por lo que las pérdidas ocasionadas podrían superar los 1.000 millones de euros.

Los problemas vinculados a la obra pública

Uno de los grandes problemas de la obra pública que hemos visto en los años del boom inmobiliario es que los responsables de la administración pública tienen incentivos en “sacar tajada” por designar una u otra determinada concesionaria.

Los casos de corrupción han sido varios en España, en los que predomina un denominador común, la administración contrata un servicio público a una empresa privada y parte de este contrato, es revertido a las arcas del partido político o bien del cargo que debe asumir la decisión. Este tipo de clientelismo y corruptelas varias suponen un incremento del coste del servicio para el contribuyente.

Por otro lado, un elemento esencial es valorar el riesgo moral al que se incurre en el momento de emprender cualquier tipo de rescate. Si los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan ¿Dónde queda el riesgo de la actividad económica y la iniciativa privada?

Si en el contrato de obra pública se especifica que la Administración Pública será la responsable de la parte pendiente de amortizar de la inversión, los incentivos perversos se acentúan. Por ejemplo, existen incentivos en incrementar el importe de la inversión, los llamados sobrecostes, y beneficiar a proveedores que muchas veces son sociedades participadas por las propias constructoras.

Tenemos varios ejemplos en el que el sobrecoste determinada obra pública se ha disparado. Por ejemplo, las autovías de Ibiza se presupuestaron en 12 millones de euros y acabaron costando 172 millones de euros (+1.333%), la terminal cuatro de Barajas se presupuesto en el proyecto inicial 1033 millones de euros aunque finalmente el coste del proyecto fue de 6.200 millones de euros (+ 500%).

Las políticas de demanda lo aguantan todo y si el objetivo es construir y construir con la justificación de “mover el dinero” o de “reactivar la economía”, muchas veces no importa la eficiencia del proyecto o la viabilidad del mismo.

Cuando predomina el despilfarro, no solo se incurre en una deuda pública que deberán pagar los contribuyentes sino que se genera un elevado coste de oportunidad a nivel de optimización de recursos, es decir, todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos por no ser eficientes, realizar sobrestimaciones en proyectos y en definitiva, por incurrir en clientelismos.