Una de las noticias más controvertidas en la actual situación, es que cada funcionario (vamos a tratar conjuntamenta la Administración Central, Comunidades Autónomas y la Administración local) cuesta a cada familia 6 000 euros . Esto se deriva de la 'curiosa' división administrativa que presenta nuestro país.
Un país cada vez más descentralizado, y que desde hace hace unas décadas, con las primeras autonomías, de un modo u otro, estas se han querido ir perfilando como gestoras de ciertos servicios públicos, bienes y obligaciones para los ciudadanos de su ámbito administrativo, sin tomar en consideración principios de economía que persigan una mayor eficiencia en la gesitión pública. Posteriormente, se luchó a este nivel para conseguir ciertas competencias como la Educación y la Sanidad que el Estado gestionaba a nivel central. A continuación ocurrió del mismo modo con los cuerpos de seguridad del Estado, y así sucesivamente.
Es obvio, que cada vez que se transfiere alguna competencia a una autonomía, cada vez que genera duplicidad de funciones en la administración y se amplia el espectro funcionarial en una nación, se presentan una serie de problemas:
Aumento del coste (personal, dietas, alquileres, etcétera). Por apuntar algún dato, en el momento actual, al erario público le cuesta al doble un funcionario que hace diez años.
División de competencias carentes de criterio lógico, generando para el administrado duplicidad en las gestiones, inseguridad, pérdidas de tiempo e incluso mayor coste administrativo.
Disminución generalizada de las expectativas profesionales y empresariales, condenando a los emprendedores a la 'inanición', incitando a los ciudadanos a querer ser funcionarios (en la actualidad uno de cada cinco trabajadores en activo en nuestro país es funcionario).
Aumento de la crispación social, por existir dos categorías muy distintas de empleados (funcionarios y empresa privada), con unos derechos laborales cada vez más dispares.
Generación de conflicto entre comunidades autónomas, poniendo en entredicho el principio de solidad financiera de la nación.
A pesar de que los propulsores de la división administrativa lo defienden, lo justifican argumentando una mayor cercanía y mejora de las relaciones con el administrado, hay otros muchos que nos planteamos, si esta estrategia es la más correcta con unos recursos públicos cada vez más escasos, y si los jóvenes de hoy, y los del mañana tenemos que sufrir unos incentivos cada vez menores a la iniciativa privada. De momento, cada una de nuestras familias, pagamos 6 000 Euros por un sueño que se presume roto.