Hace unos días la Audiencia Nacional dictaba un auto en el que imputaba a la cúpula de Bankia, tras la nefasta gestión de los últimos años en la entidad. Ver el nombre de gestores y políticos entre los que deberán declarar ante el juez se convertía en un símbolo de lo que debe ser la regeneración que siga a esta dura crisis económica. Depurar responsabilidades es el paso obligado con el que tratar de cerrar las heridas y hacer justicia con los que han contribuido a llevar a España a la situación crítica en la que está hoy.

El dictamen del juez Fernando Andreu Merelles no tiene desperdicio, pues afirma ver indicios claros de hasta cinco delitos diferentes, algunos de ellos muy graves. Era, realmente, la primera ocasión en la que los contribuyentes, aquellos que han estado y estarán pagando los excesos y la mala gestión no sólo del sistema financiero sino de gran parte de sus representantes, se han visto resarcidos en parte.

Porque aspirar a que se haga justicia con quien ha malgastado y gestionado de forma nefasta durante los últimos años no es nada descabellado. Tendría tres efectos:

• Eliminaría de una vez esa sensación de impunidad que los ciudadanos contemplan atónitos mientras su bolsillos siguen siendo los que sufragan todo.
• Serviría como un ejercicio ejemplarizador para el resto de la sociedad.
• Se permitiría no cerrar en falso un capítulo para olvidar en la economía de este país.

Como nos decía Remo en su post, el caso Bankia no debe ser el chivo expiatorio en el que volcar todas las culpas de esta crisis de abusos. Hay muchos gestores, públicos y privados, que deberían asumir responsabilidades (penales o no) y pagar por unos actos que han sumido a este país en una situación que costará años superar. He aquí algunos:

• Los distintos responsables del Banco de España. Ha sido el supervisor de un sistema financiero que ha pasado de estar en la ‘Champions League’ a necesitar más de 60.000 millones de capital público para no caer. Como mínimo hubo dejación de funciones ante gestiones más que discutibles, especialmente en las cajas de ahorro.
• Los responsables públicos de administraciones (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobiernos) que, durante los últimos años, han contribuido a crear una estructura que hoy es insostenible.
• Los miembros de los consejos de administración, fundamentalmente políticos, empresarios y sindicatos, que con sus discutibles decisiones en la inmensa mayoría de las entidades (proyectos megalómanos, compromisos y ‘caprichos’ políticos, apuesta excesiva e irresponsable por el ladrillo…) han llevado al sistema financiero a un atolladero que ahora han de pagar los ciudadanos.

Como decía, depurar responsabilidades no es la solución mágica para la coyuntura económica actual, ni para evitar el precipicio que peligrosamente vislumbramos en estos tiempos convulsos. Sin embargo, sí que supondría una cura moral tras los excesos con la que tratar de cerrar las heridas, haciendo justicia con los que han contribuido a llevar a España a una situación crítica.

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