Aurelio nos acaba de comentar cómo el Gobierno tiene encima de la mesa una reforma sobre la prestación por desempleo que puede acortar la duración máxima de la prestación entre 15 y 18 meses. El caso es que la prestación por desempleo siempre ha sido una de las patas de la protección social que más se ha retocado y reformado a lo largo de la historia, tal y como vamos a ver ahora.
Para remontarnos a los orígenes de la prestación por desempleo, debemos mirar al gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, dado que fue durante su mandato cuando el ministro de Trabajo José Largo Caballero puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. Esta prestación la financiaba el estado al 50% y el 50% mediante cuotas empresariales y trabajadores. La cobertura alcanzaba aproximadamente un tercio del salario y entre tres y seis meses. Este sistema llegó a dar cobertura a más de 25.000 trabajadores con un gasto de 1,7 millones de pesetas entre 1932 y 1933.
La protección del desempleo en la dictadura
Los años 60 fueron los años de consolidación de las leyes en materia de Seguridad Social y protección a los trabajadores. Pero antes de la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social se aprueba la Ley 62/1961 que es la primera ley nacional de Seguro contra el Desempleo.
Esta ley arrancó con una cobertura del 75% del salario como desempleo durante seis meses para todos los trabajadores afiliados al sistema equivalente a la Seguridad Social en el régimen por cuenta ajena y fue la que sirvió de base para la posterior ley de cobertura de desempleo en la democracia.
Las leyes de desempleo en los 80, introducción del subsidio de desempleo por la UCD
En el 1980, se reformuló la prestación de desempleo mediante la Ley 51/1980 Básica de Empleo. Esta ley tenía un alcance máximo de prestación de 18 meses, acumulando 3 meses de derecho por cada año trabajado. La ley establecía un sistema de cobro gradual de la prestación, siendo del 80%, 70% y 60% en tramos de seis meses sobre la media de bases de cotización de los últimos cuatro meses.
Pero además de la prestación de desempleo, esta ley de la UCD introdujo dentro de las prestaciones sociales el subsidio por desempleo, con una cobertura del 75% del SMI y la prestación de gastos farmacéuticos. Esta ley se financiaba mediante el Fondo Especial de Prestación al Desempleo que se nutría del 40% de la aportación estatal y el 60% restante de cotizaciones empresariales.
Altibajos en el Gobierno del PSOE, con dos leyes contrarias
La primera legislatura de González trajo la mayor ampliación en la protección del desempleo que ha existido mediante la Ley 31/1984 al mejorar la definición de la situación legal de desempleo, por la institucionalización del subsidio de desempleo para mayores de 55 años con cargas familiares y por la ampliación de la cobertura del desempleo a 24 meses con cómputos de cálculo de 3 meses de desempleo por cada año trabajado.
Además, se articulaba un desempleo parcial y se comenzaba a cobrar 3 meses de desempleo tan solo con 6 meses trabajados. El importe de la prestación por desempleo no se alteraba respecto la ley de 1980 y se mantenía en el 80% de la base reguladora para los primeros 6 meses, 70% para los seis siguientes y 60% para el tiempo restante.
El endurecimiento del desempleo en 1992/1993
La crisis de los 90 trajo varias reformas en el mercado laboral y en las prestaciones por desempleo muy importantes. La Ley 22/1992 de medidas urgentes de empleo y desempleo que había originado la huelga general anterior, endureció el acceso a la prestación por desempleo al exigir un mínimo de un año cotizado con anterioridad al derecho a la prestación, redujo el importe de la prestación al 70% de la base reguladora para los primeros seis meses y el 60% de la base reguladora para el resto y eliminó la capitalización por pago único, eliminó el desempleo parcial para determinados contratos y ajustó a cuatro meses de prestación por año trabajado pasando de los 6 meses por año que se imputaban anteriormente.
Pero esta ley no quedó aquí y en 1993, se aprobó también la Ley 22/1993 que dio un paso más introduciendo la tributación en el IRPF de la prestación por desempleo y los subsidios asistenciales, la obligación de cotizar a la Seguridad Social por el pago del desempleo y se prohibió la acumulación de periodos trabajados entre prestaciones de desempleo no agotadas, intruduciendo también la caducidad de la prestación en el caso de contratos posteriores a la concesión de la ayuda.
Años 2000, desaparición del PER con carácter transitorio
La última reforma de calado que se puso en marcha en materia de desempleo se llevó a cabo en el año 2002 con la eliminación del desempleo agrícola para nuevos cotizantes del régimen específico y estableciendo un periodo transitorio para todos aquellos beneficiarios de este tipo de prestación. Esta reforma pretendía meter un tijeretazo importante en materia de desempleo, decreto que se suavizó sustancialmente después de la huelga general del 2002.
En el año 2006, el Gobierno de Zapatero, mejoró el acceso a la prestación de desempleo para mayores de 45 años y articuló un sistema específico de protección por desempleo para los trabajadores discontinuos mediante la ley 43/2006. Ya durante la crisis, se puso en marcha el subsidio de 400 euros para parados sin prestaciones y también se le ha dado cobertura para el desempleo a los trabajadores autónomos.
Como podemos ver, la crisis de los 90 trajo una reforma muy importante en materia de la prestación por desempleo que se ha mantenido hasta ahora en sus principales puntos. Quizá el tijeretazo sea una mera cuestión de tiempo en materia de prestaciones por desempleo, tanto en forma de cálculo como en cuantía. No obstante, no todos los decretazos por pensiones y desempleo han logrado sus objetivos, tal y como vimos con la huelga general de 1988 que consiguió posponer unos años las reformas en materia de empleo que se acometieron a principios de los 90. Hagan sus apuestas para el futuro.
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