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Desde que comenzó la crisis hasta ahora el número de parados se ha disparado hasta superar los cinco millones. La tendencia es alcista y los expertos no sólo no descartan llegar a seis millones, sino que algunos ya hablan de alcanzar los siete millones a medio plazo. Y en mitad de este embolado propiciado por un mercado laboral obsoleto hay un grupo de personas que hasta ahora siempre se habían considerado intocables: los funcionarios.

En España hay 2.680.000 funcionarios trabajando para las administraciones públicas, lo que nos da un ratio de 6,5 funcionarios por cada cien habitantes, muy por encima de países como Alemania, Francia o Reino Unido. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas suman 300.000 funcionarios, mientras que Educación y Sanidad se reparten algo más de 1.100.000 empleados y el resto, 1.280.000 personas, trabajan en la gestión de instituciones y organismos públicos.

Tras la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP, según incluye su Disposición Adicional Segunda, por primera vez en España se contempla la posibilidad de despedir a personal laboral del sector público cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen. Con ello, se prevé que los recortes en las Administraciones puedan llegar a los 700.000 empleados públicos.

Como ya comentamos con anterioridad en El Blog Salmón, ha llegado la hora de meter el tijeretazo en el sector público empresarial español. A medida que se destruía empleo en el sector privado se han incrementado las críticas que apuntan a que muchos funcionarios no son productivos, tienen un puesto asegurado o mantienen un sueldo blindado. Y esto, como todo, tiene su parte de verdad y su parte de mentira, por lo que no estaría de más distinguir entre dos tipos de empleados públicos.

El primero de ellos lo constituirían los funcionarios a los que cariñosamente llamo “calientasillas”. Es un tipo de funcionario solitario y rutinario que una vez que es consciente de que tiene una plaza asegurada “para toda la vida” se relaja en su puesto de trabajo y se vuelve perezoso. Su vagancia desprestigia su profesión y lo convierte en el blanco de la ira de la ciudadanía. Nos referimos al funcionario que lee el periódico en el trabajo, no te mira a los ojos cuando llegas a su ventanilla, pone el cartel de cerrado diez minutos antes de hora y se coge la baja laboral al menos un par de veces al año.

En el otro grupo nos encontramos con el funcionario de carrera. Este es un funcionario que ha tenido que sudar para alcanzar su puesto, el cual representa el sueño de toda una vida. Aunque muchos envidien sus horarios y la estabilidad de sus empleos, pocos son conscientes del enorme esfuerzo y la gran dedicación, aprobando una carrera primero y varias oposiciones después, que han sufrido para alcanzar su puesto de trabajo. Nos referimos a algunos profesores, jueces o abogados que cada día luchan contra el sistema para tratar de mejorarlo y volverlo más eficiente.

Si pretendemos redimensionar el sector público español adelgazándolo para hacerlo más eficiente habrá que empezar por atajar el problema de los funcionarios del primer grupo. Adelgazar el tamaño del Estado es primordial si queremos salir de la crisis y poner la vista en un horizonte de estabilidad y empleo. Hay que acabar con los “calientasillas”, así de claro. Con la que está cayendo, este país no puede permitirse pagar las nóminas que mantienen este entramado. Reducir el ratio funcionarios-habitantes incrementando la productividad de los primeros es crucial para que nuestra economía pueda salir del bache.

En El Blog Salmon | Próximo tijeretazo: el sector público empresarial
Imagen | mordicuac

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