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Una de los argumentos de defensa más habituales cuando desde determinados sectores se afirma que los programas de compartición de archivos o P2P fomentan la piratería es que estos programas no son más que un medio, que igual que material protegido pueden compartir material perfectamente legítimo, y que por lo tanto es injusto actuar contra ellos: es matar al mensajero.

Claro, que esta empresa en cuestión desearía que fuera así… y es que resulta que uno de sus empleados se instaló el emule en la oficina, puso a compartir ficheros… con tal grado de despiste que además de su carpeta de “cosas para compartir”, puso a disposición de todo el mundo archivos con información sensible para la compañía. Entre esa información se encontraba un archivo con datos personales de toda su plantilla, con nombres, DNI, dirección… y claro, la Agencia de Protección de Datos le ha impuesto, en aplicación de la LOPD, una soberana multa por faltar al deber de proteger esos datos.

Y estamos hablando de unos datos de plantilla, pero entre esos documentos podría haber estado un plan estratégico, el diseño de un nuevo producto o vaya usted a saber que información relevante.