La economía francesa atraviesa un momento delicado, con unas cifras macroeconómicas que reflejan una situación fiscal insostenible. El déficit público se ha disparado y la deuda ha alcanzado niveles sin precedentes.

Ante esta realidad, el gobierno ha dado un paso que muchos temían: iniciar una serie de recortes que afectarán directamente al bienestar social de millones de ciudadanos.

Según los más críticos, lejos de soluciones estructurales se opta por medidas que agravan la desigualdad y profundizan el malestar económico.

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Y es que, el actual panorama en Francia es el resultado de años de falta de previsión, errores de política fiscal y decisiones orientadas a favorecer a las grandes empresas mientras se reducen los ingresos del Estado.

La presión fiscal más alta de Europa convive con un gasto público ineficiente y con una deuda que no deja de crecer. Francia se encamina a un punto de inflexión sin haber resuelto sus contradicciones estructurales.

Francia y el abismo fiscal

El déficit público en Francia alcanza el 5,4% del PBI en 2025, una cifra que evidencia la incapacidad de contener el gasto sin afectar servicios esenciales. Este dato es incluso más alarmante si se tiene en cuenta que la deuda pública ha pasado de representar el 97,9% del PBI en 2019 al 114% en lo que va del año.

El propio primer ministro François Bayrou reconoció recientemente que “estamos en una situación de peligro extremo”.

Fuente: https://x.com/MichaelAArouet

Durante la presentación de las líneas generales del presupuesto 2026, Bayrou anunció un recorte equivalente a 43.800 millones de euros. El plan, titulado “El momento de la verdad”, pone el foco en ajustes que afectan principalmente a trabajadores, jubilados y beneficiarios de ayudas sociales, mientras que los sectores empresariales continúan sin asumir ninguna carga adicional.

Un esfuerzo que no es equitativo

Entre las medidas previstas destacan la suspensión de la indexación de pensiones e ingresos sociales a la inflación, la creación de una prestación social unificada con menos cobertura, la no sustitución de un tercio del personal estatal que se jubile y la eliminación de 3.000 puestos públicos.

Se suma además la propuesta de eliminar dos días festivos y una reforma del seguro de desempleo que apunta a “estimular la contratación”, aunque la oposición la tachado ya mayor precariedad laboral.

Estas medidas se aplican en un contexto donde los grandes capitales no solo no son afectados, sino que continúan recibiendo ayudas públicas. En 2023, las subvenciones a empresas ascendieron a 211.000 millones de euros.

Según el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE), el deterioro de las finanzas públicas no se debe a un incremento del gasto, sino a una significativa caída de los ingresos provocada por la reducción de impuestos a empresas y capitales.

Presión fiscal sin margen de maniobra

Francia ostenta la mayor presión fiscal de Europa, lo que le impide aumentar impuestos sin poner en riesgo el crecimiento económico. La estructura del gasto está centrada en pensiones, gobiernos locales y prestaciones sociales. En este escenario, cualquier ajuste fiscal termina afectando a los sectores más vulnerables.

El problema de fondo es la ausencia de reformas estructurales. La fragmentación política impide acuerdos duraderos, lo que deja al Ejecutivo sin capacidad para aplicar cambios de fondo. La austeridad, entonces, se convierte en la única herramienta, aunque sea a costa del tejido social.

El aumento en defensa como prioridad

Mientras se anuncian recortes, el gobierno francés decide duplicar el presupuesto en defensa. Desde los 32.200 millones de euros en 2017, se ha alcanzado un total de 50.500 millones en 2025.

La proyección para 2026 incluye una subida de 3.500 millones, y otros 3.000 millones en 2027. Si se concreta, Francia habrá destinado 64.000 millones de euros al área militar en solo una década, con un acumulado de 400.000 millones de euros entre 2024 y 2030.

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Esta apuesta por el rearme coincide con campañas de preparación civil, como la promoción de kits de supervivencia y manuales de emergencia enviados a hogares. Todo ello refuerza una narrativa de tensión y militarización que contrasta con las necesidades reales de la población.

Una estrategia fiscal sin horizonte

El plan del gobierno busca reducir el déficit público del 5,4% actual al 4,6% en 2026, y alcanzar el 2,8% en 2029. Sin embargo, los analistas cuestionan la viabilidad de ese objetivo. Francia ha fallado de forma sistemática en sus previsiones fiscales. La falta de crecimiento, sumada a una política centrada en la contención del gasto social y el aumento del gasto militar, no augura un futuro de estabilidad.

Más allá de los números, la discusión está en el modelo de país que se quiere construir. El discurso oficial habla de esfuerzo, pero ese esfuerzo no se distribuye de manera equitativa. Mientras las clases medias y trabajadoras ven recortados sus derechos, las grandes fortunas continúan blindadas.

Francia, ¿sin rumbo?

La realidad fiscal francesa es el resultado de decisiones políticas deliberadas. La reducción de impuestos, el aumento en defensa y la renuncia a reformas estructurales han llevado al país a un punto crítico. Sin un cambio profundo en su estrategia económica, ¿se encamina Francia a una década perdida? En palabras del propio primer ministro, “cada segundo la deuda aumenta 5.000 euros”.

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Durante años, Elon Musk ha representado para muchos una figura de disrupción frente al aparato estatal tradicional. Su postura crítica hacia el tamaño del gobierno y el derroche fiscal lo posicionó como una voz que podría, en algún momento, contribuir a frenar el avance imparable del gasto público en Estados Unidos.

Con la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), algunos esperaban una transformación visible, inspirada en su enfoque empresarial de alta eficiencia.

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Sin embargo, los datos más recientes revelan que las aspiraciones han chocado con una realidad más compleja. Pese a sus promesas de racionalización y eficiencia, el déficit federal acumulado no solo ha continuado su curso ascendente, sino que ha crecido a un ritmo considerablemente mayor que el del año anterior.

La promesa de eficiencia se diluye en la práctica

Desde el nacimiento del DOGE, muchos ciudadanos esperaban una gestión más estricta de los recursos públicos, basada en principios de austeridad inteligente. La inspiración parecía venir del mundo corporativo, donde Elon Musk ha promovido el ahorro operativo, la automatización y el rediseño de procesos como fórmulas clave para la rentabilidad.

As much as I fully respect what @DOGE are doing, the US government are still spending more money than they did last year. In fact tracking 20% higher.

Here is the 2024/5 comparison. Can @elonmusk crew cut more to get this under last years spend?

Time will tell! pic.twitter.com/88KwZuG4Z5

— Richard Seiler (@richardseiler) May 19, 2025

Pero el Estado, con sus dinámicas más rígidas y sus compromisos estructurales, parece resistirse a este tipo de transformaciones. A lo largo de los primeros ocho meses del año fiscal, el nivel de gasto se ha mantenido por encima del registrado el año anterior en el mismo período, ampliando la brecha entre lo prometido y lo ejecutado.

DOGE como símbolo, no como solución

El Departamento de Eficiencia Gubernamental nació con un objetivo claro: reducir el derroche e introducir prácticas de control que aseguren un mejor uso del dinero de los contribuyentes. La idea, aplaudida por los sectores más liberales y tecnológicos, prometía alinear al gobierno con los valores de la innovación. Sin embargo, sus resultados concretos hasta la fecha han sido, como mínimo, decepcionantes.

Las curvas de déficit acumulado mes a mes muestran cómo el ejercicio fiscal actual ha superado en niveles de gasto al año pasado desde los primeros compases. Marzo y abril destacaron especialmente por un repunte acusado, rompiendo la esperanza de contención que algunos analistas esperaban tras las primeras medidas del DOGE.

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Los límites de la voluntad frente a la maquinaria del Estado

La figura de Musk, por más influyente que sea, se enfrenta a una estructura difícil de modificar desde adentro sin consensos políticos amplios y sin tiempo suficiente para implementar reformas profundas. La creación del DOGE fue un gesto audaz, pero está quedando claro que se trata de un cambio más simbólico que funcional.

El año 2025 y el espejismo de la reforma

Los niveles actuales del déficit han alcanzado cifras que no solo superan las del año pasado, sino que lo hacen con un margen preocupante. Agosto se cerró con una diferencia notable respecto al mismo mes de 2024, lo que confirma que el ritmo de gasto no ha sido moderado, sino acelerado. Este crecimiento acumulado ha incrementado la presión sobre el gobierno federal, que continúa sin articular una estrategia efectiva de contención.

Este comportamiento se da en un contexto donde se supone que la eficiencia debería haber comenzado a reflejarse. La contradicción entre las intenciones declaradas y el desenlace fiscal genera dudas sobre la viabilidad de iniciativas inspiradas en modelos empresariales cuando se aplican al sector público.

La brecha entre narrativa y ejecución

Mucho se ha hablado en redes sociales sobre “cortar el pelo” al gasto público, aludiendo a una necesaria poda presupuestaria. Pero lo que se observa no es aún un cabello más corto, sino una melena que sigue creciendo sin control. La idea de que el estilo de gestión Musk podría domar las finanzas estatales está, por ahora, lejos de materializarse.

¿Hasta dónde puede llegar el modelo Musk en el sector público?

Las intenciones reformistas de Musk se enfrentan a un aparato con inercias difíciles de revertir. A diferencia del sector privado, donde puede tomar decisiones unilaterales con resultados inmediatos, el ámbito gubernamental exige negociación, paciencia y adaptación a un entorno normativo complejo.

La crítica al gasto excesivo sigue siendo válida y necesaria, pero por ahora, parece que la respuesta institucional a esa preocupación ha sido más cosmética que efectiva. El DOGE, como herramienta, necesita mucho más que carisma y visibilidad para dar un giro real a la tendencia fiscal.

Para los expertos, requiere voluntad política sostenida, apoyo técnico y una estrategia a largo plazo que vaya más allá de lo discursivo.

La paradoja está servida: quien vino a reducir el tamaño del Estado está siendo testigo de cómo, bajo su era de influencia, el gasto no solo no se reduce, sino que se incrementa. El desafío, por tanto, no reside únicamente en tener buenas ideas o una imagen potente, sino en transformar estructuras desde su raíz. Y esto es lo verdaderamente complicado.

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Estados Unidos ha recibido un duro golpe a su credibilidad financiera. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha recortado la nota de la deuda soberana del país desde la máxima puntuación (Aaa) hasta Aa1, generando una oleada de reacciones en los mercados y despertando dudas sobre la sostenibilidad de su política fiscal.

El movimiento es especialmente significativo porque Moody’s había sido hasta ahora la única de las tres grandes agencias que mantenía intacta su confianza en la deuda estadounidense, incluso durante la crisis financiera de 2008 o las tensiones presupuestarias de 2011.

Esta decisión no solo refleja la creciente preocupación por el volumen de deuda nacional, sino que también reaviva una sensación de vulnerabilidad en los mercados globales.

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Llega en un momento donde la economía norteamericana comenzaba a recuperar cierto equilibrio tras semanas marcadas por tensiones comerciales y ajustes en la política monetaria. Pero con este recorte, vuelve la incertidumbre y la volatilidad, con efectos inmediatos en los bonos del Tesoro, el dólar y los índices bursátiles.

Una deuda que supera el 120 % del PIB

El detonante de esta rebaja está en las cifras que maneja el propio Departamento del Tesoro. Estados Unidos acumula actualmente una deuda bruta de 36,2 billones de dólares, lo que equivale a un 124 % de su Producto Interior Bruto.

Solo en concepto de intereses, el gobierno federal destina cada año más de 1,2 billones de dólares, una cifra que ya supera el gasto en defensa y solo es inferior a lo destinado a la seguridad social.

Un problema estructural, no coyuntural

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que esta tendencia no se revertirá a corto plazo. Si no se aplican reformas significativas, la deuda podría alcanzar el 156 % del PIB para el año 2055.

Esta espiral creciente de déficit y financiación ha sido uno de los argumentos clave que ha empujado a Moody’s a revisar a la baja su valoración. El problema no es solo el volumen, sino la incapacidad política para afrontarlo con medidas sostenibles.

La reacción de los mercados no se ha hecho esperar. Los bonos del Tesoro a largo plazo, tradicionalmente considerados refugios seguros, han registrado caídas, mientras que sus rendimientos se han disparado. El bono a 30 años ya ha superado el 5 % de rentabilidad, y el de 10 años ha alcanzado el 4,52 %. Estos niveles no se veían desde la gran dislocación financiera de 2023.

Efecto dominó sobre el dólar y la renta variable

Este aumento en los rendimientos implica que el coste de financiar la deuda será cada vez mayor, generando más presión sobre el presupuesto federal. Además, la menor confianza en los bonos estadounidenses ha llevado a muchos inversores internacionales a diversificar sus carteras hacia otros activos refugio. Como consecuencia, el dólar se ha debilitado frente al euro y otras divisas, mientras que los principales índices bursátiles de Wall Street han arrancado la semana con caídas superiores al 1 %.

¿Señales de alarma para los inversores?

Para muchas casas de análisis, la decisión de Moody’s supone una “llamada de atención” más que una sorpresa. Desde Commerzbank aseguran que se trata de una “dosis de realidad” que refleja el deterioro estructural de las cuentas públicas.

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El mercado había asumido que, mientras el dólar mantuviera su papel hegemónico y la economía mostrara fortaleza interna, no era necesario encender las alertas. Sin embargo, la creciente fragilidad fiscal ha terminado por socavar esa percepción.

Comparaciones con la rebaja de 2011

La situación recuerda a lo vivido en agosto de 2011, cuando Standard & Poor’s recortó por primera vez la calificación de Estados Unidos tras la crisis del techo de deuda. Aquella decisión supuso un impacto de más de 1.300 millones de dólares solo en intereses, según la GAO. En esta ocasión, los expertos temen que el efecto sea más persistente, ya que se produce en un entorno menos estable y con menos margen de maniobra para las autoridades.

Además del peso de los números, la rebaja también deja en evidencia la falta de consenso político en torno a la disciplina fiscal. La reciente propuesta del expresidente Donald Trump de implementar nuevas bajadas de impuestos podría añadir entre 3 y 5 billones de dólares adicionales a la deuda nacional en la próxima década.

Este tipo de iniciativas refuerzan la idea de que el deterioro es estructural y que ninguna administración, de momento, ha querido tomar medidas impopulares pero necesarias.

El verdadero riesgo la pérdida de confianza

Desde firmas como Mirabaud o Franklin Templeton advierten que las crisis de deuda no suelen estallar por el tamaño absoluto de la misma, sino por la pérdida de credibilidad. Y eso es precisamente lo que marca esta decisión de Moody’s: un punto de inflexión donde los grandes inversores comienzan a cuestionar la fiabilidad del activo más seguro del mundo.

La rebaja no significa que Estados Unidos esté al borde del impago, pero sí indica que el margen de confianza se ha reducido. El tiempo… y Trump, tendrán la última palabra. Como siempre.

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El Gobierno ha ido empeorando las previsiones de las previsiones económicas de España durante los últimos meses.

En este artículo tratamos de poner sobre la mesa, a través de diferentes gráficas, la evolución de los datos macroeconómicos en España durante el 2020 y el 2021.

Es decir, ver del pesimismo de los datos del 2020, a los buenos escenarios económicos que esperan el Banco de España, el FMI y el Gobierno de España para la economía española durante el 2021.

Evolución de la economía en España según el Banco de España

El Banco de España ha empeorado sus previsiones económicas y ha descartado una recuperación temprana durante el 2020 y prevé que la economía en España va a registrar una caída hasta el 12,6 por ciento.

Por otra parte, durante el 2021 el Banco de España prevé que la evolución de la economía española se sitúe en un 4,1 por ciento, peores previsiones de que se habían estimado hace unos meses, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución de la economía y previsión Banco de España (2020 y 2021)”:

Evolución del PIB interanual según el Gobierno de España

El Gobierno de España prevé que se va a reducir el PIB en un 11,2 por ciento durante el 2020. Se puede apreciar que el Banco de España es más pesimista que el Gobierno según la evolución de a economía en -1,4 por ciento del PIB.

Por otra parte, el Gobierno estima que durante el 2021 el PIB va a aumentar en un 7,2 por ciento. El Banco de España sigue siendo más pesimista que el Gobierno de España en un 3,1 por ciento del PIB, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución de la variación interanual del PIB y previsiones del Gobierno (2020 y 2021)”:

El empeoramiento de la reducción del PIB se ha debido del peor comportamiento de la economía española durante el tercer trimestre del 2020, que ha caído alrededor del 13 por ciento.

Evolución del PIB Mundial según el FMI

Por su parte, el FMI ha previsto que la economía mundial durante el 2020 se va a reducir hasta valores negativos en un 4,4 por ciento. Aquí España sigue la tendencia negativa durante el 2020, pero en el caso de España la diferencia es más de 7 por ciento.

Por otra parte, para el 2021 según el FMI la evolución del PIB a nivel mundial va a ser positiva en un 5,2 por ciento. Aquí España vuelve a seguir la tendencia positiva, pero hay diferencias entre las previsiones del Banco de España y el Gobierno de España, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución del PIB Mundial y previsión FMI (2020 y 2021):

Evolución del déficit público según el Gobierno de España

El déficit público de España sigue la tendencia de negatividad que ha tenido durante más de una década. Las previsiones que tiene el Gobierno de España para el 2020 es del -11,3 por ciento para el déficit público.

Aunque para el 2021 se prevé una mejora del déficit público hasta llegar el 7,7 por ciento, que no se alcanzaba este nivel de déficit público desde el 2013, que alcanzó el 7 por ciento, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución del déficit público y previsión del Gobierno (2020 y 2021)”:

Evolución de la deuda pública según el Gobierno de España

La deuda pública prevista para el 2020 es de 118, muy superior de la que se ha venido registrando durante la última década. Es decir, es el nivel más alto de deuda pública que se ha registrado en España.

La deuda pública está en plena escalada. La deuda pública española ya era un problema anterior a la crisis económica que sufre actualmente el mundo. En 2021 se esperan un rebote de la actividad económica con el desvanecimiento del impacto de las medidas que han tenido un carácter puntual y ha sido la respuesta a la pandemia, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución deuda pública y previsión del Gobierno (2020)”:

Evolución de la tasa de paro según el Gobierno de España

En España durante el 2020 se prevé un aumento del paro hasta llegar al 17,1 por ciento. Niveles muy inferiores de tasa de paro que se registraron durante la crisis financiera del 2008.

Aunque para el 2021 se prevé una mejora de la tasa de paro hasta llegar el 16,9 por ciento, que no se alcanzaba este nivel de paro desde el 2017, que alcanzó el 17,22 por ciento, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución de la tasa de paro y previsión de Gobierno (2020 y 2021)”:

Evolución del techo de gasto según el Gobierno de España

El Gobierno de España prevé que el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, denominado ‘techo de gasto’, tiene un aumento del 53,7 por ciento, hasta llegar a los 196 mil millones de euros, en este importe se incluyen las transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas y Seguridad Social, y parte de los fondos europeos.

Si no se incluye las transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas y Seguridad Social, y parte de los fondos europeos, el techo de gasto sería del 7,2 por ciento, como se puede ver en la siguiente gráfica “Evolución del techo de gasto y previsión del Gobierno (2020 y 2021)”:

En El Blog Salmón | Los retos de las empresas para superar el coronavirus

Imagen | Flickr

En el fragor de la batalla contra el Coronavirus, fuimos uno de los primeros medios en pronunciarnos alto y claro sobre la deprimente respuesta inicial del gobierno español en lo que a la lucha contra pandemia implicaba en el también ineludible plano económico.

Igualmente, tras recapacitar y escuchar por fin a los analistas que les dijimos desde el primer momento que era vital (y existencial) un auténtico plan de choque económico sin precedentes, ese plan ha llegado. Y ahora debemos congratularnos rojos y azules porque por fin España está ya más en la senda de minimizar en la medida de lo posible el shock económico que está produciendo el COVID-19, y sobre cuyos riesgos les venimos alertando y analizando desde principios de Febrero, cuando todavía era un tema mayormente chino. Posteriormente también les analizamos y alertamos, unos días más tarde, de que ya estaba afectando a las cadenas de producción y distribución occidentales.

Pero el tema es que, habremos avanzado mucho (ahora sí), aunque lamentablemente no es suficiente. Se requieren urgentemente nuevas medidas radicales e innovadoras para la economía y las empresas, producto de cómo el escenario económico va degenerando. Esperemos que ahora el gobierno no tarde tanto en escucharnos, y tome las medidas necesarias mucho más ágilmente. Nos va el país (y nuestra vida tal y como la conocemos) en ello.

El plan de choque contra el shock económico (ahora sí) es el camino correcto… Cafeína para mantener despierta la socioeconomía

Desde estas líneas, en ejercicio de nuestro deber más vocacional, hemos sido muy críticos con la penosa reacción inicial del gobierno, lo cual estaba plenamente justificado. Está claro que lo suyo era una (casi) inacción de lo más inconcebible, especialmente ante la situación de shock cardíaco a la que se enfrentaban la empresas, los autónomos y los trabajadores. Con todo ese panorama, las medidas iniciales del gobierno eran descorazonadoras (pero de verdad: eran de quedarse sin pulso económico), y lo peor era que demostraban cómo nuestros dirigentes se habían ido a por uvas, mientras el país y la economía se caían a trozos a golpe virásico. Además, por si eso no fuera poco, mientras la economía se desangraba por momentos, en vez de empezar a aplicar torniquetes como si no hubiera un mañana, el gobierno se había enfrascado en bochornosas luchas de poder internas e intestinas, que llegaron incluso a retrasar un consejo de ministros que era esencial y urgente al extremo, y que debía celebrarse cuanto antes para poder mantener la respiración asistida a una España que, también económicamente, ya estaba en la UCI en tan sólo unos pocos días.

Aquí me voy a limitar a resumirles brevemente las medidas adoptadas por el gobierno, asumiendo la mayor parte de ellas como mayormente adecuadas, y sin entrar a hacer un análisis detallado: en la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos, no se puede perder el tiempo tratando de analizar al detalle medidas que en términos generales son evidentemente oportunas, y vamos a concentrar nuestro tiempo y esfuerzo en proponer más medidas esenciales que también consideramos vital adoptar urgentemente. La síntesis de las medidas es básicamente que el importe asignado al plan esta vez ya no es mera calderilla, como calificábamos el viernes pasado las famélicas medidas iniciales. Ahora sí que el orden de magnitud se corresponde con la dimensión del problema y con la dimensión de la economía: el gobierno moviliza ahora un contundente 20% del PIB, todo un “bazooka” económico. Y permítanme la licencia de que el plan del gobierno actual ahora coincide con las líneas de actuación que exponíamos como esenciales desde estas líneas el viernes pasado: regular ERTEs temporales y más medidas que, en una situación de emergencia nacional, concluíamos que debían atenerse a la máxima de que “El déficit está precisamente para este tipo de situaciones no sistémicas, excepcionales y transitorias. Sin más”. Dicho y hecho. Genial. Ahora sí. Ya sólo queda que la implementación sea buena, y el comienzo promete, puesto que lo último que necesitamos ahora es otro despropósito como el funesto Plan E.

Empezaremos por apuntar que el gobierno ha disparado su salva de rescate sin perder el enfoque social en sus medidas. Con ello, aparte de proveer de un (a veces) necesario salvavidas a escala masiva a los ciudadanos que han caído abruptamente en situación de vulnerabilidad extrema, tenemos una medida que, además de dar al plan una dosis de justicia social, también va a prevenir el dejar más margen a la propaganda para que alimente el descontento social, y que así no pueda acabar alentando a las siempre impredecibles (y generalmente sangrientas) revoluciones. Mención especial merece la especial cobertura y protección que se da a las PYMES y autónomos, siempre mucho más vulnerables por su naturaleza. Vitales resultan también las medidas de, con el respaldo del estado, dar liquidez masiva a las empresas, cuyo giro brusco e inesperado en su situación financiera les ha podido coger en un mal momento, y pueden tener que echar la persiana para siempre por una falta momentánea y transitoria de liquidez. Muy acertada es también que la moratoria de hipotecas y reducciones de ciertos pagos de servicios básicos se aplique selectivamente a los ciudadanos que hayan caído en situación de desempleo a raíz de la pandemia.

Imprescindible era también regular y potenciar legislativamente el que empresas y trabajadores puedan recurrir a una generalización del teletrabajo. Y no lo es sólo en términos económicos: además esta medida refuerza el efecto mitigador de las medidas de contención, para aplanar la curva de infección de la pandemia. No olviden que ya les dijimos desde aquí a principios de febrero que ya pensábamos que la mortalidad del COVID-19 venía más bien por la situación que producía de colapso sanitario por infección masiva en un breve plazo de tiempo, y no tanto por la mortalidad de la propia enfermedad. Y así ha sido: hay pues que frenar también con teletrabajo el incesante caudal de enfermos graves por Coronavirus que están colapsando nuestros hospitales, y hacerlo más asumible en términos hospitalarios. Y ya por último apuntaremos la medida más evidente de que el gobierno dedica una línea de 30 millones de Euros destinada a potenciar al máximo la investigación de una posible vacuna contra el funesto virus.

Y en medio de toda esta refriega con muertos, asoma la despiadada propaganda para tratar de sembrar más muerte y destrucción

Vaya por delante que la propaganda internacional más cruda ya tenía preparados los Whatsapp, esperando caninos el momento en el que el gobierno dedicase un necesario e ineludiblemente cuantioso paquete de medidas económicas para salvar la situación. Los mensajes por la red social han empezado a circular en cuestión de minutos. Les reproduzco a continuación un mero ejemplo de la ramplona campaña de desinformación que están inoculando en las redes sociales: “Vamos a ver, si van a sacar 200.000 millones de Euros para solucionar la crisis, yo tengo una solución mejor. ¿Que somos 47 millones de españoles? Pues que nos den un millón a cada uno y se ahorran 150.000 millones. Y a nosotros se nos acaban los problemas. Pásalo”. ¡Qué decir después de semejante cosa! ¡Menudo lumbreras este individuo, debería ser por lo menos Ministro de Economía! Como Venezuela íbamos a acabar…

Para empezar, este elemento ni siquiera parece tener unos mínimos conocimientos de las matemáticas más elementales, pues resta 1 millón de Euros por español (en total 50 billones) al paquete económico de 200.000 millones , ¡Y va y al elemento le quedan 150.000 millones!: un crack, ni el milagro de los panes y los peces, a ver si va a ser verdad que debería ser ministro por encontrar dinero donde no lo hay. ¡Cómo puede ser que al restarle 50 billones de Euros (billón=millón de millones) le queden de los 200.000 millones de Euros todavía 150.000 millones! Inconcebible. Un auténtico crack. Pero esta falsedad y esta evidente mentira la ha elaborado alguien a propósito, y es que hace tiempo que ya les advertimos que la propaganda económica nos iba a inundar, pues la economía es uno de los grandes éxitos y uno de los pilares que pretenden destruir de nuestro sistema de bienestar.

Imaginen lo que puede haber realmente detrás del “susodicho” y del resto de hilos de Whatsapp surgidos rápida y simultáneamente desde la oscuridad: más intención agitadora de masas que una economía de la que no tienen ni la idea más elemental. Lo que más apunta a que muy probablemente sea una campaña de desinformación planificada es ese “Pásalo” final, que evidencia cómo su verdadero objetivo es viralizar y azuzar el descontento popular y la incultura económica más empobrecedora. Y éste es un extremo especialmente peligroso en un estado de alarma en el que la población estamos aislados en casa, y somos especialmente susceptibles de caer abducidos por estas campañas, que nos llegan por unas redes que ahora son nuestra principal conexión al mundo. Están azuzando el avispero con un palo, a ver si sacan algo para sus fines siempre destructivos.

Y la verdad es que hoy tengo algo de tiempo (y líneas por delante), así que me voy a molestar un poco más en rebatir semejante ocurrencia feliz a pesar de la falsedad de los cálculos. Aquí no se trata simplemente de dar un millón de Euros a cada ciudadano, y con eso ya vaya a tener la crisis y la vida resuelta. Nada más lejos de la realidad. Eso es literalmente pan para la hora siguiente (ni para hoy llega) y hambre eterna para mañana y para el resto de la existencia. Porque no hay que rescatar sólo a los ciudadanos (a los cuales se dedica ya en el plan del gobierno una parte importante del dinero, por cierto), sino que lo que también hay que rescatar es una economía con un PIB anual que sobrepasa holgadamente el billón de Euros anuales, y además también a más de tres millones de empresas con un capital social de millones y millones, a más de tres millones de autónomos, seguir pagando las pensiones, las nuevas prestaciones de desempleo que van a necesitarse ahora (esperemos que sean por ERTEs temporales y no por EREs), etc. etc. etc. ¿A que es literalmente vergonzoso cómo nos insulta la propaganda intentando manipularnos con argumentos más simplistas que un cubo y que no engañan ni a un niño de primaria?

Pero es que aún hay mucho más. Y es que, si por arte de magia el gobierno se dedicase a repartir millones “por la patilla” sólo a los ciudadanos, en vez de invertir parte de ellos también en que estos ciudadanos puedan conservar su empleo y su actividad económica, el resultado final, además de provocar una defunción masiva de empresas que nos dejaría a todos sin trabajo, sería que ese millón tampoco nos serviría absolutamente de nada. Porque con semejante despropósito de reparto masivo de dinero, la moneda sufriría ipso-facto una hiperinflación rampante, que en unas pocas semanas (o escasos meses) se comería literalmente todo el valor de ese dinero. Al final, tendríamos un millón de euros cada uno que no nos serviría para comprar nada, y encima nos habrán dejado sin trabajo por el camino.

Es la misma secuencia de acontecimientos que, con otra escala de tiempos, el populismo más irracional y su propaganda acabaron imprimiendo al bolívar venezolano al despeñar literalmente su economía, con toda la miseria que este tipo de políticas de total incultura económica han llevado al devastado país latinoamericano. Y miren como están allí ahora mismo… Que aquí nuestro sistema sanitario está asistiendo (como puede) a todos los enfermos de Coronavirus graves, pero en Venezuela el sistema sanitario se ha quedado en un sistema tercermundista que no puede dispensar a su población apenas asistencia ante la pandemia. Igualito que lo que hemos conseguido tener este país con décadas de esfuerzo, y con una población formada que es capaz de encontrar trabajo y ganarse su propio pan, y no repartiendo millones de euros anárquicamente por doquier de “pan para hoy y hambre para mañana”, y que además de algún sitio tienen que salir de forma económicamente sostenible aparte de una impresora.

Pero siendo el plan de choque mayormente adecuado, se necesitan urgentemente aún más medidas vitales para una economía que sigue en la UCI

Lamentablemente, si bien las medidas del “bazooka” del gobierno contra el shock económico de la pandemia van en la senda correcta, distan mucho de ser suficientes. Apuntábamos desde El Blog Salmón hace unas horas algunas medidas adicionales que no vamos a volver a abordar ahora. Y como eximente, que no para evitar que el gobierno siga trabajando a toda máquina, hemos de reconocer que realmente es materialmente imposible, con el poco tiempo del que disponen en esta vorágine, que nuestros dirigentes y su corte de asesores sean capaces de pensar en todo y en unos plazos exiguos cuyo alargamiento debe medirse en muertos. En la situación actual, todo el tejido socioeconómico nacional tenemos el deber profesional y personal de apoyar nuestro sistema de bienestar, y entre todos contribuir con ideas y propuestas que puedan acabar traduciéndose en nuevas medidas para paliar la situación conforme ésta evolucione y lo vaya requiriendo. Y es que además, ante una situación tan imprevista y tan masiva, cada día surgen literalmente nuevas medidas que se hacen esenciales en cuestión de horas, y que desde aquí debemos contribuir en divulgar y que lleguen donde tienen que llegar.

Esta crisis sólo la superaremos todos juntos y esforzándonos cada uno en la medida de nuestras posibilidades, justo lo que trata de evitar la propaganda desuniéndonos y sembrando la confusión y la discordia. Posiciónense en el bando correcto y ayúdennos a combatir esa venenosa propaganda, así como a proteger nuestro sistema de bienestar: por muy mejorable que puedan ser ciertos aspectos de éste, les puedo asegurar que sin él vamos a la “ruina caracolera” (y si no, hablen ustedes con millones de venezolanos y verán lo que les cuentan). Además, no se puede perder de vista que llevamos ya varios años instalados en un guerra socioeconómica global, de la cual tampoco se puede descartar que estemos viviendo una nueva y convulsa fase que sea aprovechada por otras superpotencias al calor de la pandemia. Así, resulta esencial adoptar medidas de protección de las capacidades e innovación europeas para combatir el COVID-19, y bloquear a nivel europeo iniciativas como la de Trump, que va detrás de arrebatar a Europa una vacuna contra el Coronavirus que unos laboratorios alemanes casi tienen ya, con el significativo agravante de que, además de hacerse con la vacuna, impuso a los responsables del laboratorio la condición de que esta vacuna fuese exclusiva de EEUU. ¿Qué interés puede tener Trump en que los europeos no tengamos acceso a una vacuna contra el Coronavirus que además hemos desarrollado nosotros mismos (y por cierto: con participación de dinero público)?.

En este sentido, son especialmente geoestratégicas y acertadas las medidas del plan del gobierno referentes a la seguridad económica nacional. Sánchez ya ha afirmado que van a blindar a las empresas españolas para impedir que, al calor de la debacle bursátil, venga capital foráneo hostil a comprar nuestras cotizadas más estratégicas. Un 10 para esta medida. Sin paliativos. Estamos en una auténtica guerra socioeconómica, y hay que desarmar a las potencias hostiles que pudieran estar al acecho para pescar en un rio que están tratando de mantener lo más revuelto posible. Pero en general al gobierno aún le queda mucho trabajo por delante, y ahora hay que ver, más allá de los anuncios, cuánto tardan en poner las medidas en marcha y cómo lo hacen, y además si van a encontrar en los mercados internacionales suficiente capacidad de financiación para afrontar el déficit y el endeudamiento extra que va a suponer toda esta batería de medidas. Éste es sin duda el punto más clave de todo este plan para el shock económico, y de ello sin duda depende si se va a poder llevar a cabo. ¡Qué bien nos habría venido ahora para tener más margen haber ido reduciendo nuestra deuda estos años atrás cuándo podíamos hacerlo, tal y como desde aquí reclamamos insistentemente en su momento.

Y además de la implementación, hay otras medidas que en las últimas horas ya se han tornado esenciales para el tejido socioeconómico. Se requiere un cierre selectivo y ordenado de la economía, al menos de los sectores que lo requieran. No, no se preocupen, no nos hemos vuelto locos proponiendo hacer un cierre económico en un momento en el que todos los planes de choque internacionales están luchando desesperadamente por mantener la economía viva. Ahora les explico el porqué, y viene con conocimiento de causa. Es esencial que el gobierno dote, a las empresas y sectores en que se hace imprescindible, de la cobertura legal necesaria para poder acometer un cese de la producción impuesto por la situación y por el estado de alarma, evitando con esto que (paradójicamente) seguir vivas ahora mismo como entidad empresarial (que no produciendo) acabe llevando a las empresas a la quiebra.

Esto no es en absoluto que estemos diciendo que el gobierno deba gripar los motores de la economía, sino que este shock transitorio nos fuerza a que los motores de la economía sean de “Start/Stop”. Indudablemente, ello conllevará alguna penalización económica severa para el país y para las empresas, pero aquí de lo que se trata es de que la penalización no sea permanente en forma de defunción empresarial y… casi hasta nacional como la cosa se cronifique y se generalice, tal y como no es descartable que pueda acabar ocurriendo si no se toman más medidas adecuadas vitalmente necesarias. Hay que parar ciertos motores de la economía durante un breve plazo de tiempo, pero hay que hacerlo de forma ordenada, y salvaguardando la actividad esencial, sanitaria y de productos de primera necesidad, y toda la actividad que pueda ser suplida con teletrabajo y que no requiera de salvaguarda legal para dejar de producir.

El motivo concreto por el que habría que cerrar una parte del país es para evitar las quiebras empresariales, que seguirían al pago masivo de indemnizaciones millonarias por parte de muchas empresas principalmente exportadoras. Estas empresas van a tener que afrontar esta insoportable carga financiera por dejar de proveer a sus clientes de productos y parar sus cadenas de producción, un perjuicio por el que en muchos sectores deben responder con el pago de indemnizaciones por obligación contractual. Ahora mismo hay muchas empresas que, aunque podrían seguir produciendo, están teniendo que dejar de hacerlo por ejemplo por no poder garantizar la desinfección del COVID-19 en sus instalaciones, y por no poder limitar el riesgo de contagio de sus plantillas. Esto ocurre por un tema tan sencillo como que actualmente no hay disponible en el mercado suficiente suministro de geles de alcohol y similares para poner a disposición de los trabajadores, y sin estas medidas higiénicas, lógicamente los sindicatos acaban impidiendo el funcionamiento de líneas de producción enteras para proteger la salud de sus trabajadores.

Y es que no hay en el mercado ni geles desinfectantes, ni mascarillas, ni apenas guantes para que las empresas los puedan adquirir y que sus trabajadores puedan trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad, porque además de que la demanda se ha multiplicado exponencialmente en unos pocos días, el gobierno con el estado de alarma está confiscando todas las existencias y toda la producción para desviarla al sistema sanitario, que es lo más urgente ahora mismo para salvar vidas en la UCI que se nos están yendo por momentos. Si el personal sanitario cae enfermo masivamente, ya sería “el acabose”. Como ven, nuestros dirigentes deben plantearse seriamente la opción de cerrar estratégicamente ciertos sectores, y dar así una causa de fuerza mayor que sirva a las empresas para poder dejar de suministrar sin tener que afrontar las indemnizaciones. Obviamente, como efecto colateral, con el cierre selectivo tendrán que resignarse a perder algo de PIB e ingresos fiscales y empresariales, pero esto será compensado con creces por evitar llevar a multitud de empresas a la quiebra segura.

Así, por contraproducente que pueda parecer, lo mejor que el gobierno puede hacer ahora mismo económicamente es cerrar una parte del país. Además de ayudar a reforzar las medidas sanitarias contra el contagio, es humana y financieramente imposible e injusto tener que indemnizar de sopetón a todos sus clientes internacionales por un factor ajeno a las empresas, cuando tus clientes siguen produciendo y requieren tus suministros porque la pandemia allí es menos explosiva. Hay que echar la persiana de parte de "España S. A." para protegerla hasta que se restablezcan los suministros a las empresas de los productos básicos para que sus empleados puedan seguir trabajando. Y con un cierre decretado gubernamentalmente las empresas podrán acogerse contractualmente a una causa de fuerza mayor que les evite los pagos de indemnizaciones y la quiebra. Y por cierto, por mucho que fuesen muy decepcionantes las medidas iniciales del gobierno español y que tal vez les queden todavía más medidas por adoptar, no se puede tampoco negar que, al menos, hicieron infinitamente más que un Johnson que ya les analizamos que mayormente, asumiendo impasiblemente la muerte de muchos de sus mayores, optó consciente y suicidamente por la inacción más irresponsable. Ahora, a la vista de su garrafal error y con incontables ciudadanos ya cayendo sin control víctimas de la pandemia, el categórico Johnson ha tenido que recular a marchas forzadas cuando ya es demasiado tarde. Es lo que tiene poner incontrolados al poder: lo son para todo.

Y para finalizar por hoy, si el otro día les contaba cómo en nuestra casa nos destrozamos las manos todas las tardes aplaudiendo a las 20h a nuestro personal sanitario, ahora un servidor, cuando los aplausos ya aflojan y habiendo guardado el debido respeto, como otros tantos miles de Españoles hacen cada tarde, pongo a todo volumen la épica canción del Dúo Dinámico "Resistiré", porque ni el virus ni nada podrá acabar con este gran país, grande (muy grande) cuando se mide por sus gentes y por el esfuerzo heróico que están haciendo. Aunque en el aislamiento de su familia con este encierro hogareño les parezca que están viviendo solos esta catástrofe socioeconómica, en realidad pocas veces en la historia tantos millones de españoles han estado tan unidos frente a la calamidad. No están solos en absoluto.

Estamos todos a una. Salgan a aplaudir cada tarde en comunidad y siéntanse unidos a sus vecinos y a todo el país. Y sobre todo sean eternamente agradecidos especialmente con nuestros héroes sanitarios, pero también con esos empleados de telecomunicaciones que nos mantienen a todos conectados y entretenidos, a esos repartidores que nos traen a casa todo lo que necesitamos, a los empleados de supermercados y de farmacias, etc. Y déjenme tomarme la licencia de decirles también que, desde estas líneas, nos tomamos en estos días como un deber ineludible (e insomnemente nocturno) el aportar contenido que leer durante la cuarentena, así como aportar ideas a nuestros dirigentes y a nuestros agentes socioeconómicos, que en algún caso me consta que han llegado sorprendentemente alto. Sean agradecidos. Sean valientes. Resistan. Esto pasará en algún momento. Suerte.

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El aumento de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2019, el cumplimiento de los objetivos del déficit público, la deuda o el rescate de la autopista... son algunos de los principales retos económicos que se va encontrar el nuevo Gobierno del PSOE.

Tras la moción de censura que Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del Gobierno, el nuevo presidente se va encontrar varios retos económicos y algunas tareas pendientes, con la dificultad de sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son los retos económicos que se va encontrar Pedro Sánchez como presidente del gobierno español?

Primer reto: los Presupuestos Generales del Estado

El principal problema que se va encontrar Pedro Sánchez va a ser los Presupuestos Generales de Estado (PGE), ya que aseguró a los nacionalistas del PNV que mantendría lo pactado en los presupuestos aprobados con el anterior gobierno del PP.

Podemos, PdeCAT, Bildu, ERC y Compromís, 5 de los socios del PSOE que han apoyado la censura del gobierno del PP, han presentado al final de la semana pasada vetos al proyecto de ley de los presupuestos. La decisión ha presentar estos vetos se ha argumentado en que consideran que no responden a la desigualdad y que incluso la agravan.

La gran incógnita es si el PP decidirá hacer variaciones en los presupuestos, en cuyo caso tendrían que volver de nuevo al Congreso de los Diputados para que se aprobaran.

Segundo reto: la reforma laboral

Según el PP, uno de sus grandes logros fue aprobar la reforma laboral que ha llevado a la creación de empleo, tras encontrarse unos niveles de paro del 20 por ciento. El PP durante estos años ha ido reduciendo el paro poco a poco, pero con una gran inestabilidad y temporalidad de contratos.

Uno de los promesas de Pedro Sánchez fue acabar con esta reforma laboral y según ellos recuperar los derechos de los trabajadores. En esta tarea encuentra apoyo en partidos como Podemos.

La respuesta de la Comisión Europea es distinta. La reforma laboral fue uno de los condiciones que impusieron desde Europa para no tener que rescatar a España, como se hizo en Grecia. Por tanto, la Comisión Europea no ve bien que se derogue esta reforma.

Tercer reto: las pensiones

El Pacto de Toledo lleva meses negociando para intentar llegar a un acuerdo en pensiones, en medio de protestas y movilizaciones de los pensionistas en la calles de las ciudades más importantes de España.

Con el Fondo de Reserva en mínimos, unos 8.000 millones de euros, y un déficit de la Seguridad Social de unos 18.000 millones de euros, el Gobierno del PSOE tendrá que llegar a acuerdos los consensos que se alcancen dentro del Pacto de Toledo, si es que se consigue.

Cuarto reto: déficit y deuda pública

Con el posible impacto del aumento del precio del crudo y el cada vez más posible finalización de las políticas de estímulos del Banco Central Europeo (BCE), el gobierno del PSOE tendrá que trabajar para conseguir reducir el déficit y la deuda pública.

Aunque es seguro que durante este año España tendrá un déficit excesivo, desde la Comisión Europea, han advertido del riesgo del posible incumplimiento del objetivo de déficit del 2,2 por ciento del PIB acordada y el objetivo de deuda pública reducirla hasta el 97 por ciento del PIB.

Para alcanzar este objetivo presupuestario y hacer frente al incremento de las pensiones adicional, el antiguo Ministro de Hacienda, Montoro, había comunicada a la Comisión Europea la intención de la creación del impuesto a las grandes empresas tecnológicas, la tasa Google, que se iba analizar en el Pacto de Toledo, por que el PSOE tendrá que decidir si avanzar en esta línea de impuestos.

Los Presupuestos Generales del Estado alternativos del PSOE a las cuentas presentadas por el PP contemplaban un incremento del gasto público de 8.000 millones de euros, con una recaudación de 6.420 millones de euros a través de un incremento de los impuestos en materia medioambiental a las empresa y a las rentas más altas.

También se proponía hacer frente al gasto en pensiones incrementando los impuestos y la creación de 2 nuevos impuestos, uno sería para la entidades bancarias y otro sería para las transacciones financieras.

Quinto reto: la transición energética

En materia energética, el gobierno del PSOE tiene por delante la tarea de reformar la transición energética en España. A través del 'Paquete del Invierno' negociando en la Comisión Europea, España debe ir definiendo cuales van a ser las actuaciones en los próximos años.

Para Esto, el anterior gobierno, estaba trabajando en un borrador de Ley de Cambio Climático, que con un nuevo gobierno, es más que probable que se realice de nuevo. Aún así, antes de la ley, se deberá adelantar un plan de actuación a la Comisión Europea antes de finalizar este año.

Sexto reto: el rescate de las autopistas

El relevo de gobierno se realiza en pleno rescate de las autopistas que han quebrado durante los últimos años. Ya se han rescatado 8 de las 9 autopistas de pago y actualmente se estaba ultimando el proceso de concurso para ceder de nuevo su explotación a empresa privadas.

A parte el Ministerio de Fomento tiene entre manos grandes planes inmobiliarios en los 2 mayores aeropuertos, establecer el acuerdo de la 'Operación Chamartín' en Madrid, blindar el sector del taxi ante el empuje de empresas sin licencia, y aprobar un nuevo plan de vivienda.

Además, el cambio se realiza en plena recuperación de las obras públicas del AVE y un plan de carreteras con capital privado cuyos 2 primeros contratos estaban previstos para mediados de año.

Séptimo reto: el sector turístico

La ampliación de la capacidad de Madrid – Barajas y en Barcelona – El Prat así como el plan de desarrrollo inmobiliario de los 2 principales aeropuertos de la red y la expansión internacional de AENA con socios de perfil financiero son otras las tareas a realizar por el Ministerio de Fomento.

En cuanto a la gestión del sector turístico español, los retos pasan por captar turistas de mayor capacidad de gasto y minimizar los posibles impactos del 'Brexit' ante las estimaciones de una moderación de la llegada de turistas y una homogenización de la de la regulación del alquiler turístico.

Octavo reto: negociación de la política agraria común y pesquera

El principal reto del Ministerio de Agricultura y Pesca es enfrentarse a la negociación de la próxima Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021 – 2027, después que la Comisión Europea pretenda recortar hasta un 5,4 por ciento de los fondos agrarios par España a partir del 2020.

En materia de pesca, se deberá seguir trabajando y negociando con otros países para ampliar los acuerdos pesqueros para la flota pesquera española pueda seguir trabajando en caladeros internacionales, mientras que deberá trabajar en la Comisión Europea para que el impacto del 'Brexit' sea el menor para la flota española.

En El Blog Salmón | Pensiones: estas son las propuestas que hay para mejorarla

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Se daba por hecho que España cumpliría su objetivo de déficit público en 2016, como ya comentamos en estas páginas, y así ha sido. A falta de que se publiquen los datos oficiales, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro aseguró el pasado miércoles que España ha cumplido "con holgura" el objetivo de déficit comprometido con la Comisión Europea para el pasado año. Sin embargo, hay gato encerrado aquí como veremos más adelante.

Montoro señala que al cierre de 2016 el desfase presupuestario del Estado central, Seguridad Social, comunidades y Ayuntamientos fue del 4,33% del PIB, prácticamente tres décimas por debajo del objetivo pactado con Bruselas, que era del 4,6%. Esta cifra, como es lógico, no incluye las ayudas financieras a la banca.

El esfuerzo de consolidación fiscal de las comunidades autónomas ha tenido mucho que ver para lograr esta meta. No en vano, estas han conseguido ajustar su déficit por primera vez desde que hay registros. El tope presupuestario que tenían era del 0,7% el pasado año y, como se esperaba (en noviembre estaban en el 4,33%), lo han cumplido sin problemas.

En situación más preocupante se encuentra la Seguridad Social, cuyo déficit aumentó durante el último año hasta situarse próximo a los 19.000 millones de euros, equivalente a un 1,7% del PIB. El alza de los ingresos frente al aumento del gasto origina este incremento del desajuste, que se ha duplicado en un año y que justifica la necesidad reformas.

Cumplimos, pero con trampas

Son varias las "trampas", si se me permite la expresión, que han propiciado el cumplimiento de déficit en 2016. Por una parte, ha ayudado mucho la no inclusión de las ayudas al sector financiero en el cálculo del mismo. Si bien es cierto que esto está perfectamente permitido por la Comisión, nos da una cifra de desajuste público que no se corresponde exactamente con la que en realidad es. El ministro de Economía Luis De Guindos señalaba en otra ocasión que teniendo en cuenta dichas ayudas financieras el desfase se iría al 4,5% del PIB, dos décimas más.

Por otra parte, como ya explicó Remo en su momento, uno de los inventos estrella de Montoro para engañar al déficit ha sido recaudar los impuestos del futuro. Nos referimos a la modificación en el sistema de cálculo de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades que permite camuflar las cifras reales de déficit mediante un desplazamiento de los flujos de caja. Qué listo es nuestro ministro.

Además de esto hay que tener en cuenta que el objetivo de déficit de 2016 estaba muy suavizado por la propia Comisión Europea. Ante los innumerables incumplimientos de años anteriores (hemos fallado en 2012, 2013, 2014 y 2015), la cifra de 2016 se ha flexibilizado en dos ocasiones antes de situarse en el 4,6% final para 2016 y en el 3,1% para 2017. Está claro que se quiere evitar un ridículo mayúsculo, tanto de nuestro país como de Bruselas.

¿Qué podemos esperar de 2017?

Pese al cumplimiento en 2016, todas las previsiones económicas que se publican sobre nuestra economía coinciden en que será muy difícil cumplir el objetivo de déficit en 2017. En un escenario de menor crecimiento económico, en torno al 2,5% según se prevé, alcanzar la meta del 3,1% de déficit parece misión imposible.

Las última estimaciones que llegan desde Bruselas señalan que España podría acabar este año con un déficit del 3,8% del PIB, siete décimas por encima. Esto supondría un desfase de 7.700 millones de euros que, como no, habría que sacar de algún sitio, por lo que no nos va a quedar más remedio que apretarnos de nuevo el cinturón.

Con el historial de pésimas decisiones económicas de nuestro gobierno, está claro que sus posibles soluciones van a ser dos: o aumentar ingresos subiendo impuestos (reforma del IVA, hidrocarburos, medioambientales...) o meter la tijera para reducir gastos.

No sabemos hasta qué punto qué opción es peor para el ciudadano de a pie, ya que la opción de reducción de gastos sería ideal si estuviese enfocada en eliminar duplicidades en la administración o gastos ineficientes, pero lo cierto es que seguro se centra en recortes en educación, sanidad o gasto social, como ya pasó con los últimos tijeretazos.

En definitiva, lo que queda de 2017 no será un año bonito en materia económica, sobre todo a partir del día después de aprobar los Presupuestos de 2017, que por si no lo recuerdan aún están en el aire. Turbio horizonte el que se vislumbra. Llamadnos ilusos porque tenemos una ilusión: que el gobierno sea capaz de cuadrar las cuentas sin volver a castigarnos.

En El Blog Salmón | Parece que esta vez sí cumpliremos el objetivo de déficit

Hacienda publicó en el día de ayer los últimos datos oficiales de déficit público de nuestra economía, correspondientes al mes de noviembre de 2016. Si excluimos las corporaciones locales, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 37.243 millones de euros, el 3,3% del PIB.

A falta de un mes para cerrar del dato de déficit del año 2016, la caída del 8,7% que ha experimentado este indicador respecto al mismo mes del año anterior, sitúa el dato final aún lejos del objetivo del 4,6% para el conjunto del año. Como recordarán, esta es la meta que nos puso Bruselas y todo apunta a que se conseguirá sin demasiados problemas.

Es importante señalar que la cifra de déficit publicada no incluye el saldo negativo de la ayuda al sector financiero de nuestro país, que asciende a 2.336 millones de euros. De hacerlo, el déficit total se incrementaría hasta los 39.579 millones de euros, lo cual representaría el 3,54% del PIB.

¿Cómo ha evolucionado el déficit por administraciones?

Desglosando el dato por administraciones, la Administración Central presentó un déficit el pasado mes de noviembre de 24.520 millones de euros, el equivalente al 2,2%. Esto supone una caída de 0,04 puntos en términos interanuales. No obstante, al considerar en el cálculo la ayuda al sector financiero, la cifra se eleva al 2,40% del PIB (2,36% del Estado y 0,04% de los diferentes organismos autónomos).

Las comunidades autónomas continuaron con su senda de reducción de déficit y situaron este en 5.418 milles de euros. La reducción interanual del déficit de estas es equivalente al 0,49% del PIB. Asturias (+0,16% del PIB), Baleares (+0,12%), Canarias (+0,59%) y País Vasco (+0,06%) fueron las únicas comunidades con superávit. Mientras tanto, los mayores déficits correspondieron a Extremadura (-1,45% del PIB), Murcia (-1,40%), Cantabria (-1,32%), Comunidad Valenciana (-0,98%) y Aragón (-0,75%).

La situación más preocupante es la de la Seguridad Social, que incrementó su déficit 4.400 millones durante el último año, hasta un total de 7.305 millones en noviembre, lo que equivale al 0,65% del PIB. El alza de los ingresos, del 2,1%, frente al aumento del gasto, del 3,3%, justifica este incremento del desajuste, que se ha duplicado en un año. Está claro que aquí hay que hacer reformas.

El Gobierno cumplirá con Bruselas, aunque si miramos la hemeroteca...

Como señalábamos más arriba, todo parece indicar que el gobierno no tendrá excesivos problemas para cumplir el objetivo de déficit del 4,6% pactado con Bruselas tras la última flexibilización de objetivos. A falta de un mes para cerrar el año, la diferencia de 1,3 puntos parece más que salvable.

No obstante, cierto es que si tiramos de hemeroteca comprobamos como históricamente a España no se le ha dado demasiado bien cumplir estos compromisos de déficit público. De hecho, en los cuatros últimos años siempre nos hemos pasado un poco de frenada. Si cumplimos en 2016 sería la primera vez en mucho tiempo:

• Año 2012: compromiso de déficit: 6,3 % (tras una revisión); déficit final: 6,7 %. Desajuste: 0,4 puntos.

• Año 2013: compromiso de déficit: 6,5 % (reducción muy light); déficit final: 6,62 %. Desajuste: 0,12 puntos.

• Año 2014: compromiso de déficit: 5,8 %, pero el gobierno dice que eso es mucho y sube el compromiso al 5,5 %; déficit final: 5,78 %. Desajuste: 0,02 puntos.

• Año 2015: compromiso de déficit: 4,2 %; déficit final: 5,2%. Desajuste: 1 punto.

Con este historial por bandera, es lógico que las dudas sobre la capacidad del ejecutivo español para cumplir los objetivos previstos se ponga continuamente en tela de juicio. Sin embargo, el pasado año el crecimiento económico fue muy bueno y, sin duda, eso es un punto a favor del gobierno para el cumplimiento de déficit.

¿Qué podemos esperar de 2017?

Las última estimaciones que llegan desde Bruselas señalan que España podría acabar este año con un déficit del 3,8% del PIB, cuando el objetivo acordado es del 3,1%. Esto supondría un desfase de 7.700 millones de euros que hay que sacar de algún sitio. Todas las previsiones económicas que se publican sobre nuestra economía coinciden en que será muy difícil cumplir el objetivo de déficit en 2017.

Con una estimación de crecimiento en torno al 2,5% para este año, a nuestro país no le va a quedar más remedio que apretarse el cinturón para cumplir con Bruselas. Quizás lo fácil para el gobierno sea una nueva subida de impuestos, posiblemente vía reforma del IVA. La subida también podría afectar a los impuestos de hidrocarburos, los medioambientales o el de sociedades. O bien se podría reducir deducciones y beneficios fiscales. De cualquiera de las maneras, esta es una vía totalmente impopular y, desde mi punto de vista, ineficaz.

Si no se aumentan los ingresos, la única alternativa es reducir los gastos. No sabemos hasta qué punto qué opción es peor para el ciudadano de a pie . Se podrían reducir gastos ineficientes, eliminar duplicidades en la administración y, en definitiva, meter la tijera con sentido común. Sin embargo, mucho nos tememos que el recorte de gastos sería en partidas como educación, sanidad o gasto social. Y no, este tampoco es el camino.

En definitiva, el horizonte se vislumbra turbio. No va a ser nada fácil cerrar el círculo del déficit y, como viene ocurriendo en los últimos años, la factura la pagaremos entre todos. ¿Será capaz el gobierno de encontrar una vía para cuadrar el déficit sin castigar a la población?

En El Blog Salmón | España vuelve a incumplir el déficit: cronología del engaño de todos los años

Durante las últimas semanas distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, han publicado sus previsiones económicas sobre la economía española. Tras casi un año sin Gobierno y con la incertidumbre que provoca Donald Trump, nuevo presidente de EE.UU, en el horizonte, estas previsiones se nos antojan bastante interesantes.

Los últimos informes publicados han sido de la Comisión Europea, de BBVA Research y de Funcas, aunque también recientemente el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la Airef han dado su opinión sobre como evolucionará nuestra economía.

Previsiones de la Comisión Europea

Hace unos días la Comisión Europea empeoró las previsiones de crecimiento para España. En concreto, desde Bruselas pronosticaron que el PIB avanzaría un 2,3% en 2017, frente al 2,6% previsto unos meses antes, en mayo. Para este año, sin embargo, la revisión es al alza, pues se espera que nuestra economía acabe con un crecimiento del 3,2%. En 2018 el crecimiento será del 2,1%.

Como vemos, mucha precaución con estas previsiones, las cuales ponen de manifiesto que la economía española irá a menos año a año. Situación preocupante y que hace temer la sombra de un nuevo estancamiento económico.

A la espera del nuevo presupuesto, desde Bruselas estiman también que el déficit bajará al 4,6% este año y se irá al 3,8% en 2017, lo que obligaría a nuestro país a hacer un duro ajuste en torno a 5.500 millones de euros. La Comisión no sancionó a España y no congeló los fondos estructurales, pero nos obligará a hacer ajustes para cuadrar las cuentas públicas el año próximo. Sin sorpresas en esta parcela.

La deuda y el paro siguen siendo para la Comisión los grandes problemas de la economía española. El paro, por ejemplo, seguirá en cifras desorbitadas durante unos años más. Así, se espera que alcance el 16,5 % en 2018, cifra que no tiene parangón fuera de nuestras fronteras (a excepción de en Grecia, país que para nada debe ser nuestro referente).

La deuda pública, mientras tanto, se mantendrá en el mismo nivel que hoy día durante varios años más: 99,5% en 2016, 99,9% en 2017 y 100% en 2018. Nuestra incapacidad para reducir esta bola de nieve pone de manifiesto que tenemos un problema grave de deuda. Repito para los del fondo: tenemos un problema bastante grave de deuda pública.

Previsiones de BBVA

BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA, también ha dado a conocer sus nuevas previsiones macroeconómicas en los últimos días en su informe "Situación España". Desde este organismo son un poco más optimistas que desde la Comisión y prevén que el PIB crezca el 3,3% este año y el 2,5% en 2017. No obstante, advierten de la necesidad de importantes reformas en los próximos años.

En materia de déficit público, en BBVA creen que también será necesario un nuevo ajuste para cumplir con el objetivo del 3,1% del PIB para 2017. No en vano, pronostica que este año el déficit se reducirá al 4,6 %, en la misma línea que la Comisión, pero el año próximo sólo se reducirá hasta el 3,6%, cinco décimas por encima del objetivo. 5500 millones de ajuste dijimos, ¿verdad?

En términos de empleo, este crecerá el 2,8% en el conjunto del año y la tasa de paro se situará en el 19,7%. Mientras tanto, en 2017 la creación de empleo será del 2,7% y la tasa de paro se reducirá hasta el 18,1%. Estas cifras siguen siendo de verdadero vértigo y están muy en la línea de las de la Comisión.

Previsiones de Funcas

El último organismo en actualizar sus previsiones económicas ha sido la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Su panel de expertos ha elevado una décima, hasta el 3,2%, la previsión de crecimiento para este año. Sin embargo, los panelistas se contagian del pesimismo del resto de organismos y pronostican que el crecimiento será del 2,4% en 2017 (una décima más que la estimación anterior).

En cuanto al déficit público, los expertos de Funcas también creen que este año el mismo terminará en el 4,6% del PIB. Mientras tanto, en 2017 se reducirá hasta el 3,6%, cinco décimas por encima del objetivo acordado con Bruselas. Vuelvo a dirigirme a los del fondo: 5500 millones de ajustes, no lo olviden.

En lo que se refiere a la evolución del empleo, la tasa de paro se rebaja hasta el 19,7% en 2016 y un punto y medio menos, hasta el 18,2%, en 2017. Las previsiones de crecimiento del empleo se mantienen en el 2,8% y el 2,1%, respectivamente, y sin cambios respecto a la ultima previsión.

En definitiva, el crecimiento va a menos

Ningún informe publicado hasta la fecha es tan optimista como el que maneja el gobierno. Como recordarán, Luis de Guindos, ministro de Economía, fijó el crecimiento para 2016 en el 2,9% hace unos meses y del 2,3% en 2017. Aunque recientemente insinuó que el PIB estaría más cerca del 3,5% que del 3%.

Otras instituciones como el Banco de España fijaban el crecimiento para 2016 en el 3,2%, mientras que para 2017 y 2018 mantenía el 2,3% y el 2,1% previsto. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que el PIB español crecería al 3,1% este año y al 2,2% en 2017. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef), colocaba su previsión de crecimiento en el 3,3%.

En definitivo, todas las previsiones, vengan del organismo que vengan, apuntan en una misma dirección: la economía española irá a menos a partir del próximo año y será necesario realizar un ajuste importante para cuadrar el déficit público. Además, paro y empleo seguirán siendo los dos caballos de batalla de la economía.

Imagen | Kazyel

En El Blog Salmón | ¿Quién acertó más en sus previsiones económicas en 2015?

Ya hay gobierno en España tras casi un año de vacío. Un año que puede costarnos caro en lo que respecta al aspecto económico. Nuestro país incumplió el objetivo de déficit pactado con la UE el pasado año, al irse hasta el 5,1% del PIB, y en estos últimos meses no ha podido hacer nada para contenerlo, a parte de algún retoque como la recuperación del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades.

Pero ya no valen excusas. El nuevo gobierno tiene deberes por delante, y bastante complicados. Esta semana la UE ha reiterado a España la necesidad de afrontar duros ajustes para cumplir con el déficit de 2017. Las últimas estimaciones que han llegado desde Bruselas apuntan a que España acabará el próximo año con un déficit del 3,8% del PIB, cuando debe bajarlo al 3,1% para cumplir lo acordado, lo que supondría un desfase de 7.700 millones de euros.

Con una estimación de crecimiento del 2,3% para 2017, la UE quiere que España tome medidas y que no fíe al crecimiento del PIB la reducción del déficit, pues espera que sea menor que este año. Por lo tanto, al gobierno no le queda otra que presentar unos presupuestos para el año que viene que recojan las peticiones de Bruselas si no quiere que esta vez nuestro país sí sea multado.

En esta tesitura… ¿qué puede hacer el nuevo Ejecutivo de Rajoy para bajar el déficit?

Subida de impuestos, casi obligada

Por mucho que durante la campaña electoral Rajoy prometiera volver a bajar el IRPF si ganaba, la realidad le va a hacer virar su estrategia. La situación de las cuentas públicas no permite que una nueva bajada impositiva se lleve a cabo sin tener aún más impacto en el déficit. Es más, requiere que se suban los tributos para poder hacer frente a los requerimientos de Bruselas.

La recuperación del pago mínimo a cuenta de Sociedades fue el primer paso, pero el camino a la meta de déficit exige muchos otros. Aunque parece que se descarta una subida de IRPF a corto plazo -pues sería una auténtica contradicción tras bajarlo el año pasado y, además, sería como un reconocimiento público por parte del gobierno de que en aquel momento se equivocó-, hay otro tipo de tributos susceptibles de sufrir incrementos.

Uno de ellos puede ser el IVA, ya que la UE se lo ha recomendado a España después de no imponerle ninguna sanción por pasarse con el déficit de 2015. Si bien puede que no afectara al tipo general, que seguiría al 21%, sino al reducido, que tributa al 10% y se aplica a los transportes o a la hostelería -lo que supondría un fuerte golpe para estos sectores-. No obstante, algunos expertos comentan que el tipo general podría subir al 23%.

Pero hay más. La pasada semana, el periódico Cinco Días apuntaba a que el gobierno estaría estudiando subir los impuestos a los hidrocarburos, los medioambientales y de nuevo sociedades, que podría registrar un aumento dirigido a las grandes corporaciones empresariales, que gracias a la ingeniería fiscal son las que menos tributan hoy en día.

Además, también se podrían reducir ciertas deducciones y beneficios fiscales, como las que afectan a la vivienda -alquiler y compra-, o a las familias numerosas.

Menos gasto, menos crecimiento a largo plazo

Otra de las medidas más probables que tomará el Ejecutivo vendrá por la partida del gasto. La ecuación es simple: ingresar más y gastar menos. Para ello, se espera que vuelvan los recortes a las partidas que todos sabemos: educación, sanidad y gasto social. Si bien el gobierno se ha propuesto el triple tirabuzón con los próximos presupuestos.

Esta semana el PP ha señalado que los presupuestos para el año que vienen tendrán que combinar la reducción del déficit con la creación de empleo. Una ecuación que tiene un resultado claro: si se quiere crear empleo invirtiendo menos recursos, el empleo que se generará será precario y temporal, nada nuevo bajo el sol.

Por lo tanto, el panorama nos hace temer lo peor, si es que se puede. Nuevos recortes se avecinan por el horizonte. Esta vez, Bruselas no está dispuesta a pasar ni una más después de tanto incumplimiento y los ajustes vendrán, de nuevo, a recaer sobre las clases medias-bajas, las que más dependen de eso que antes llamábamos gasto social y que parece haberse convertido en accesorio.